Acontecimientos de Corrupción en 1999

En relación a la corrupción, el año pasado no se distinguió de años anteriores. Al finalizar 1999, muchas denuncias, auditorías e investigaciones de casos criminales que la abordaron, en lugar de estar resueltas fueron pérdidas en el túnel ancestral del olvido y la impunidad.

Esto no fue sorprendente. Muchos de los funcionarios claves en el combate de la corrupción - Director de la Policía Nacional Cilvil (PNC), Presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, Fiscal General, Ministro de Hacienda, magistrados del Órgano Judicial, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos - no son idóneos y como las personas que los designaron en su puesto, muestran muy poca voluntad en impulsar normas, controles y sanciones que limiten la corrupción.

Funcionarios nombrados por el nuevo presidente o elegidos por la Asamblea Legislativa continúan siendo militantes políticos, sin profesionalismo y capacidad administrativa y de solvencia moral dudosa. En la Asamblea Legislativa, el partido oficial y mayoritario, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y algunos pequeños partidos como el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se comportan con desinterés en regular los procedimientos de elecciones de funcionarios, que incluiría un proceso abierto a la participación ciudadana y al escrutinio de los medios de comunicación, así como los requisitos que garantizan la elección de funcionarios con idoneidad. Demuestran preferencia por un sistema de selección flojo que permite el escenario de reparto ilegítimo de puestos entre ellos, siempre con la subordinación de los funcionarios elegidos al control del partido oficial.

Las investigaciones de los casos mencionados abajo corresponden a la Corte de Cuentas y la Fiscalía General. Analistas políticos y medios de comunicación han cuestionado la labor de estas instituciones y ponen en duda sus resultados. Si bien es cierto que en varios de los casos fue la Corte de Cuentas de la República la que descubrió las anomalías, también es cierto que las reveló con tardanza y en el contenido de sus resoluciones hay probables encubrimientos. La Corte de Cuentas no tiene la costumbre de hacer públicos sus informes de auditoría. Como dijo un columnista de El Diario de Hoy, la práctica común es "enterrarlo en los empolvados archivos de esas instituciones." O cuando los informes están publicados, las irregularidades son desvanecidas y los supuestos responsables son exonerados. Por otro lado, la Fiscalía, si bien mostró algunos fiscales valientes, se vio afectada por la falta de su titular durante cinco meses y de la falta de consistencia necesaria para enfrentar enérgicamente los principales casos de corrupción. También los medios de comunicación consideran preocupante la posición del nuevo Fiscal General que anunció que es necesario restringir el acceso de periodistas a las Unidades de Delitos Especiales, Narcotráfico y de Investigación Financiera para facilitar la credibilidad y flexibilidad en el manejo de la información. Critican esta posición por ser una forma de censura.

Sólo con raras excepciones, algunos funcionarios han tratado de dar un nuevo panorama de transparencia frente a la corrupción en la administración pública. La mayoría se ha convertido en parte del problema y no de la solución. El flagelo de la corrupción invadió a todos los órganos del Estado extendiéndose a las municipalidades y algunas organizaciones no gubernamentales. Quizás por esto el Vice Presidente reconoció en octubre que "debe aceptarse que la corrupción puede existir en todas las estructuras del Gobierno, se debe aceptar esa existencia y erradicarla".

La poca preocupación por el combate de la corrupción también se hizo evidente con el poco apoyo que recibió la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. No obstante su jefe y personal nuevos mostraron quijotescos esfuerzos por implementar mecanismos de funcionamiento efectivos y nueva normativa anticorrupción. También se evidenció en la falta de cumplimiento de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, ya que como denunció el Jefe de la Sección de Probidad en su oportunidad, de las 10,000 declaraciones patrimoniales que se debieron presentar en 1998, la oficina sólo recibió 3,500.

Los tipos de casos de corrupción descubiertos o revisados en el año, además de su gran variedad resultaron escandalosos y graves. Desde el sonado caso del faltante millonario en la Federación de Fútbol, pasando por la erogación de los 10 millones a APROAS hasta al fraude cometido en la Prueba de Aptitudes y Aprendizaje para Estudiantes de Educación Media (PAES). El común denominador de estos casos fue la tardanza con que las autoridades se percataron de los fraudes o las anomalías, que revelan un sistema de control de la gestión pública bastante ineficiente, politizado y no comprometido con la anti-corrupción. Con características semejantes, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad Pública todavía son criticados por las irregularidades que cometen en el manejo de casos graves de corrupción y el sistema judicial continuó siendo cuestionado por dudosos fallos, como la reciente liberación de los seis implicados en el caso de Lafise.

A la continuación se encuentra un resumen de los acontecimientos de corrupción, y en algunos casos, un breve sumario sobre los cuestionamientos hechos por los medios de comunicación y/o la ciudadanía.

Nombramiento de funcionarios

Los cuestionables

Mauricio Sandoval, Director de la Policía Nacional Civil: durante la administración de Alfredo Cristiani (ARENA, 1989-1994) fue encargado de comunicaciones y dirigía la cadena nacional Radio Cuscatlán que él ocupaba, durante la ofensiva de noviembre de 1989, para pedir la muerte de los jesuitas, del arzobispo metropolitano y de su auxiliar, entre otros. Seis jesuitas fueron asesinados por la Fuerza Armada el 11 de noviembre de ese año. También ha sido cuestionado por haber sido el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Francisco Merino, Presidente de la Corte de Cuentas (1998 a 1999): fue implicado en una compra-venta ilícita de terrenos de la Alcaldía de San Luis Talpa por una auditoría de la Corte de Cuentas de 1997; el ex-Presidente de la Corte de Cuentas y militante de PCN, Dr. Hernán Contreras (1990-1998) reconoció públicamente que tuvo conocimiento del caso desde octubre 1997, sin embargo, no lo mencionó cuando Merino fue promovido y elegido por su partido y ARENA a la presidencia de este ente fiscalizador porque dijo que no quería inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que le iban suceder en su gestión; vinculado con los grupos paramilitares durante la guerra civil (1979-1992); Vice Presidente arenero durante la administración de Alfredo Cristiani y después dirigente del PCN; fue elegido en un proceso no-democratíco y muy acelerado para reemplazar al Dr. Contreras, también del PCN, quien dejó su cargo como Presidente de la Corte de Cuentas para dedicarse a su candidatura para presidente de la República en los comicios de marzo de 1999. Tenía el apoyo de ARENA y del PCN para su reelección en junio de 1999 pero debido a fuertes críticas, fue obligado a renunciar de la Presidencia de la Corte de Cuentas. No cuenta con experiencia en administración financiera, auditoría y control.

Rutilio Aguilera, Presidente de la Corte de Cuentas (julio 1999 al presente): el mismo día en que fue aceptada la renuncia de Francisco Merino, fue electo por el pacto entre ARENA, PDC y PCN, que produjo 43 votos, el mínimo necesario para llevar a cabo dicha elección, el Ing.Rutilio Aguilera como su sucesor en la Presidencia de la Corte de Cuentas. Los otros 41 diputados, a pesar de haber votado junto al resto de partidos políticos para aceptar la renuncia de Merino, se retiraron de la plenaria en rechazo a la elección de Aguilera que resultó en forma rápida, sin una consulta con otros diputados y la sociedad civil para considerar los currículos de otros aspirantes, y en violación de algunas normas, como la falta de dictamen de la Comisión Política. Su idoneidad ha sido cuestionada por ser miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del PCN, al tiempo de su elección era suplente de ARENA en el Tribunal Supremo Electoral y Secretario de Finanzas del PCN, y entre otros cargos, anteriormente trabajaba en el Consejo Central de Elecciones cuando este ente fue criticado por fraudes electorales. Tampoco cuenta con experiencia en la administración financiera, auditoría y control.

Eduardo Peñate Polante, Procurador los Derechos Humanos: Desde su elección en junio 1998, la oposición política y organizaciones de la sociedad civil han rechazado al funcionario por carecer de idoneidad para el cargo y tener antecedentes de violaciones a los derechos humanos cuando este se desempeñaba como juez. Según el Centro Cívico Democrático (CCD), hubo algunas 34 denuncias contra Peñate desde antes de su llegada a la Procuraduría relacionadas con atropellos contra empleados, abuso de poder e irregularidades administrativas.

Belisario Amadeo Artiga, Fiscal General: El país estuvo sin Fiscal General por casi cinco meses. El 24 de noviembre, la Asamblea Legislativa eligió al abogado y gerente de un banco nacional Belisario Artiga. Preocupa su falta de experiencia en derecho penal que él mismo ha admitido, en contradicción a sus apoyantes, y que su estrecha relación con el partido ARENA afecte en forma negativa su desempeño.

Organo Judicial: Un reportaje de La Prensa Gráfica tocó la desconfianza de la población hacia el sistema judicial y las numerosas denuncias contra jueces y magistrados de Cámara. Según el diario, en 1999, "150 de las denuncias fueron declaradas inadmisibles y 120 se encuentran en trámite." Muchos fallos del Organo Judicial han sido duramente criticados en los medios de comunicación.

Los otros

José Eduardo Cáceres, Sección de Probidad: fue nombrado por el presidente de la Corte de Suprema de Justicia y ha mostrado mucho profesionalismo y compromiso con la anti-corrupción a pesar de la falta de apoyo que recibe de la Asamblea Legislativa, otros entes gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Consejo Nacional de Judicatura (CNJ). La Asamblea Legislativa eligió a cuatro miembros propietarios en julio 1999: Francisco Díaz, Oscar Humberto Luna, Gladys de Borjas y Amadeo Artiga Alas.

Casos de corrupción

Corrupción en la Asamblea

Caso Sobornos dentro de la Asamblea Legislativa: Roberto Serrano (Unión Social Cristiana) y Dagoberto Marroquín (PCN) hicieron varias denuncias en diciembre de 1998 y en enero de 1999, afirmando que en el Órgano Legislativo se ofrecía dinero a cambio de votos y aprobaciones de algunas leyes. El diputado Serrano y un ex-diputado, Miguel Espinal, acusaron el segundo magistrado de la Corte de Cuentas, Alfredo Arbizú Mata (1996-1999) de facilitar una oferta de soborno cuando era diputado.

Caso de cuestionables gastos legislativos: Entre enero y octubre de 1998, más de 4.5 millones de colones fueron gastados por diputados y algunos de sus asesores legislativos en viáticos y pasajes. Diputados de ARENA, PDC y PCN consideran que tal gasto público vale la pena (PG, 30/8/99). Sin embargo, diputados de otros partidos han manifestado que los viajes son utilizados para fines ilícitos, por ejemplo: "para mantener callados a algunos diputados o para que voten y completen el número mágico de 43 votos para aprobar leyes" (PG, 26/8/99). Un diputado/abogado dijo, "se vuelven turistas pagados por el pueblo y lo más grave es que no sólo van con viáticos oficiales, sino que reciben prebendas y beneficios bajo la mesa, lo cual es un delito grave."

Caso de las prácticas clientelistas: Dos reportajes de La Prensa Gráfica en diciembre abordaron el clientelismo en la Asamblea Legislativa y cómo los diputados tienen que extender frecuentemente recomendaciones de trabajo para sus seguidores y hasta entregarles dinero para mantenerlos contentos y fieles a su partido.

Mal uso de los recursos del Estado

Vehículos nacionales: La Prensa Gráfica preparó algunos reportajes acerca del abuso en el uso de los bienes del Estado y cómo las autoridades no aplican efectivamente las normas legales, como las Disposiciones Generales de Presupuesto (art. 97) que prohibe expresamente utilizar los vehículos para fines no oficiales y el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial que impone multas por esta falta (art. 23 inciso 1ro.). Aunque los funcionarios continúan utilizando los vehículos del Estado para fines personales, algo bien notable durante las épocas de vacación, la Policía Nacional Civil y la Corte de Cuentas no aplican las leyes sobre este mal uso de la propiedad Estatal

Gastos excesivos

Caso de gastos excesivos en la construcción de pasos a desnivel y de una carretera: El gobierno considera "errores administrativos" normales los gastos excesivos de proyectos de construcción de carreteras y puentes cuyos valores finales superan significativamente los montos contratados originalmente. Sin embargo, algunos diputados pidieron una auditoría por la Corte de Cuentas para identificar porque el margen de variación de los gastos imprevistos en la carretera a Las Chinamas fue tan exagerado, llegando a los 94 millones de colones. Por ejemplo, la carretera entre los puertos de Acajutla y La Libertad costará 130 millones de colones más. Comentando sobre tales errores "normales", una socióloga y columnista de La Prensa Gráfica escribió: "Pareciera que incrementos de 100 millones en el proyecto del Puente de Oro o 94 millones en la carretera entre El Portezuelo y Las Chinamas fueran normales y esperados. Y para sorpresa de muchos, pareciera que un puente de medio millón que colapsa antes de ser inaugurado fuera normal y hasta esperado porque el río se crece." (Prensa Gráfica, 3/9/99) La misma autora criticó al gobierno por la falta de voluntad reflejada en la posición del gobierno de no revelar, ni tampoco tomar acción, contra los responsables de esos costosos errores.

Caso de mala administración de fondos en la Policía Nacional Civil (PNC): La Corte de Cuentas informó a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de una auditoría a los gastos por la remodelación del edificio central de la PNC que, según reveló la institución contralora, se efectuaron algunos desembolsos sin justificación, y recomendó que las empresas RENNO, S.A. de C.V. y AQSA, S.A. de C.V. reintegren 297 mil 455 colones y 43 mil 193 colones respectivamente.

Mal uso de recursos del Estado por los partidos políticos

Caso del mal uso de vehículos nacionales por ARENA: El partido de oposición, FMLN, entregó una demanda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra del partido oficialista ARENA, por haber utilizado siete vehículos del Estado en un seminario para sus candidatos a alcaldes y diputados sobre las líneas de trabajo para la próxima campaña.

Caso de mal uso de fondos públicos para campaña electoral por Alcalde de San Salvador (FMLN-USC-CD): ARENA presentó una demanda al TSE contra del alcalde de San Salvador en la cual lo critica por impulsar su candidatura con publicidad pagada por la alcaldía.

Enriquecimiento ilícito

Caso de las declaraciones patrimoniales en el pasado gobierno de ARENA: Se reportó en septiembre que todos los funcionarios del gobierno electo en marzo habían entregado sus declaraciones patrimoniales a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. El encargado de esta oficina caracterizó como inconsistente, incompleta y contradictoria, la información proporcionada por los funcionarios del pasado gobierno de ARENA. Según El Diario de Hoy: "En algunos casos se han descubierto cuentas absolutamente idénticas en activos y pasivos para la fecha de toma de posesión de su cargo, así como al cese de las funciones."

Caso de la no aplicación de la ley de enriquecimiento ilícito: Desde que la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos entró en vigencia, hace 40 años, no se ha aplicado. Una auditoría de la Sección de Probidad reveló que de las 10 mil declaraciones patrimoniales que se debieron presentar durante 1998, la oficina recibió 3,500. Señaló el jefe de esta oficina que la Asamblea Legislativa ha mostrado poco interés en la probidad.

Caso Ronal Umaña: Este ex-encargado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha sido acusado por apropiarse de la deuda política de 4.5 millones de colones que el Estado dio al partido para las elecciones de 1997. La Fiscalía General sigue las investigaciones y está considerando un proceso de antejuicio contra otros dos diputados del PDC que el ente considera están entorpeciendo sus investigaciones, que incluyen también la malversación de unos 9 millones 600 mil colones. Después de acusaciones que Umaña no ha efectuado las declaraciones de la renta correspondientes a varios negocios, como un motel y una universidad, un informe del Ministerio de Hacienda ha revelado una posible evasión de impuestos.

Caso de la Procuraduría General: En octubre 1998, el Procurador General, Miiguel Angel Cardoza, denunció una estafa de más de 100 mil colones a la Procuraduría General (PGR). Casi un año después, tres ex-empleados de este ente - Oswaldo Morales, Benjamín Pérez y Nelvin Saúl Rivera - fueron condenados judicialmente por cobros ilícitos en cheques de cuotas alimenticias.

Corrupción y la politización de la Corte de Cuentas

Caso FEDEFUTBOL: Un informe de auditoría preparado por la Corte de Cuentas que aborda los ingresos y egresos de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), durante el período de agosto 1996 a agosto 1998, mostró un supuesto faltante de 96 millones de colones y confirmó que la Federación no cuenta con ningún sistema de control interno. La Corte de Cuentas estableció un faltante de 35.3 millones de colones que no pudieron ser justificados.

Después de ser duramente criticada por sus nexos políticos con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), la Corte de Cuentas avisó al presidente de la FEDEFUT, Juan Torres, de las responsabilidades administrativas y patrimoniales relacionadas con el faltante de 35 millones de colones. Si la FEDEFUT no desvanece el faltante durante los próximos 60 días, el caso, que ahora está en la Dirección de Responsabilidades de la Corte de Cuentas, deberá pasar al presidente del ente contralor, Rutilio Aguilera, para que lo envíe a la Fiscalía General.

A pesar de que la Corte de Cuentas exonerará al Sr. Torres de responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República y otros juristas consultados por La Prensa Gráfica no están de acuerdo con esta decisión ni con el tratamiento que ha hecho del caso la Corte de Cuentas.

Caso de conflictos de interés, Corte de Cuentas-FEDEFUT: Aunque el Ing. Aguilera ha manifestado que no existe un conflicto de intereses en el caso FEDEFUT, La Prensa Gráfica y otros fuentes noticiosas han demostrado las relaciones partidistas estrechas entre la dirigencia de la FEDEFUT y la Corte de Cuentas. La familia Torres mantiene una relación estrecha con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que casi siempre ha manejado el ente contralor desde su creación. El ex-presidente de la FEDEFUT, Sergio Torres, ha sido propuesto por el PCN como candidato a alcalde de Usulután. Es padre del actual presidente, Juan Torres, quien ha sido cuestionado por auditores debido a anomalías durante su gestión de 1996-1998. El asesor del presidente de la Corte de Cuentas, el arquitecto Pedro Angel, diseño supermercados para la familia Torres y construyó un albergue de la FEDEFUT, el costo del cual fue cuestionado por los auditores pero que no se menciona en el informe. El ex-primer magistrado y el ex-segundo magistrado de la Corte de Cuentas, ambos militantes de PCN, actualmente se encuentran trabajando en la FEDEFUT como asesor y auditor interno, respectivamente.

Caso de anomalías en la Corte de Cuentas: Durante una entrevista televisiva, Carlos Posada Majano, un ex-asesor de la Corte de Cuentas, dijo que debido a los compromisos políticos algunos informes de auditoría habían sido cambiados para proteger a funcionarios. Como ejemplo, mencionó una auditoría involucrando el actual Presidente de esta institución, cuando estaba como magistrado suplente ante el Tribunal Supremo Electoral. Entre otras denuncias, el ex-empleado, con 24 años de laborar en la Corte de Cuentas, hablaba de compras fraudulentas durante el período del presidente anterior. Las denuncias van desde administración corrupta de los recursos, hasta arreglos para cambiar los informes de auditoría y favorecer a algunos funcionarios y diputados. A raíz de esas denuncias, en la Asamblea Legislativa, surgió nuevamente el tema sobre la necesidad de auditar la gestión de la Corte de Cuentas, que nunca ha sido efectuada a pesar de ordenarlo la ley. Esta situación también motivó al partido de oposición, FMLN, a presentar una propuesta para reformar la Constitución y convertir a la Corte de Cuentas en una Contraloría.

Corrupción en otras instituciones nacionales

Caso de cobro de combustible: Hubo varias denuncias sobre la corrupción en el cobro del combustible subsidiado por el Estado. Según algunos despachadores, los empresarios los presionan a avalar viajes fantasmas de buses para que los dueños de las unidades puedan reclamar el diesel subsidiado sin tener derecho a él. Las denuncias se refieren a corrupción en más de 100 rutas.

Caso de IPSFA: Desde su creación en 1981, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ente autónomo, ha funcionado casi en el secreto. Se ha comenzado a cuestionar algunas inversiones realizadas por dicha institución, la ausencia de controles y el "desinterés de las dos administraciones anteriores que no solicitaron los informes de auditorías sobre sus inversiones en bienes raíces".

Caso del Aeropuerto Internacional: Un juzgado de San Salvador dejó libre a cambio de una fianza de casi 20 millones, a Ángel Roberto Calderón, implicado en un caso de fraude el año pasado por unos 35 millones de colones en contra el Aeropuerto Internacional El Salvador.

Caso de la Superintendencia de Pensiones: La Corte de Cuentas hizo 32 observaciones después de una auditoría a la Superintendencia de Pensiones durante el período del 2 de enero al 31 de diciembre de 1997, durante la gestión de la funcionaria Francia Brevé. Entre los irregularidades descubiertas se encuentran: falta de un plan informático de contingencia; incumplimiento de reglamentos; gastos excesivos en alimentación; el grado académico de la funcionaria; y entre otros, el uso de vehículos por personas ajenas a la Superintendencia. Algunos diputados están exigiendo que se investigue más el caso.

Caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Una auditoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conducida por la Corte de Cuentas, reveló gastos injustificables de 2.9 millones de colones durante los años 1995 y 1997. El Ministro de esa instancia dijo que existe documentación relacionada a estos gastos pero no dijo si el Ministerio va a entregarla a la Corte de Cuentas.

Corrupción en las municipalidades

Caso San Luis Talpa: El ex-presidente de la Corte de Cuentas, Francisco Merino (1998-1999), está implicado en este caso de una compra-venta ilícita a través de un "prestanombre". En febrero de 1999, la Fiscalía General presentó acusación contra el Concejo Municipal de San Luis Talpa por el delito de actos arbitrarios al vender zonas verdes sin seguir el procedimiento legal. La Fiscalía ha manifestado que sus tres investigaciones del caso han sido obstaculizadas durante un año debido a que los magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han remitido una resolución sobre la jurisdicción de los tribunales para juzgar al Concejo Municipal.

Caso del Concejo de Illopango: Entre las denuncias contra el Concejo es que habría concedido a Halgec S.A. de C.V, una firma constructora, autorización para edificar un complejo habitacional en una zona declarada reserva forestal y que el síndico del Concejo habría retirado, "sin autorización", un cheque por más de 45 mil colones, para la compra de armas para la Policía Municipal. El denunciante, el ex síndico del Concejo, exigió que el FMLN y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investiguen un presunto enriquecimiento ilícito de algunos miembros de la municipalidad y que la Corte de Cuentas investigue la supuesta malversación de fondos públicos por parte de algunos miembros del Concejo.

Caso del Alcalde de San Miguel: El alcalde de San Miguel negó acusaciones de malversación durante su gestión, señaladas en un informe de auditoría de la Corte de Cuentas. En dicho documento se recomienda el reintegro de más de 376 mil colones.

Corrupción en las ONGs

Caso PROCADES: Esta ONG pro gubernamental vinculada al partido oficial nació de un proyecto de Rada Barnen con la Cruz Verde Internacional. No obstante, inicialmente se manejaba que se cometió una estafa contra el Fondo Nacional de la Vivienda Popular (FONAVIPO), empleados de la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES) y ex-directivos del ente gubernamental encargado de la vivienda (FONAVIPO), están involucrados en una estafa de asciende a 40 millones de colones. También un juez sospecha de algunos fiscales, por un posible entrampamiento de la investigación. Entre otras acusaciones el juez ha señalado una "convivencia" entre FONAVIPO y PROCADES que facilitaba el desembolso de fondos para proyectos inexistentes.

Caso Madres Demandantes: Una resolución judicial reveló que la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda han descubierto evidencia que tres dirigentes de la Asociación de Madres Demandantes, una ONG que promovía denuncias contra padres irresponsables ante la Procuraduría, están involucradas en posible malversación de fondos y de la sustracción, destrucción o ocultación de documentos relacionados. La Juez del caso ha ordenado diferentes estudios y una audiencia preliminar para enero 2000.

La ex-vicepresidenta de la Asociación de Madres Demandantes, Ana Aracely López Melgar, fue capturada por delitos de administración fraudulenta y supresión, y la destrucción y ocultación de documentos de esa organización. La Fiscalía está investigado la erogación de un millón de colones, donados por instituciones internacionales, para el pago de tres plazas fantasmas y proyectos que nunca fueron realizados. Arrestaron a Vilma Gladys Vásques Melgar, ex-presidenta de la misma ONG, también por el delito de administración fraudulenta. Todavía se busca a otra directiva e investigan si López desvió fondos de la ONG para financiar la propaganda de un partido político.

¿Casos de corrupción olvidados?

INSEPRO/FINSEPRO: El fraude de más de 1,500 millones de colones cometido en 1997 por las financieras INSEPRO/FINSEPRO, que involucra a los empresarios Roberto Mathies Hill (hijo), Roberto Annichiarico y entre otros, Mario Galdámez. Unas 1,500 personas resultaron afectadas con el fraude.

Un magistrado dijo que una resolución de las múltiples apelaciones del caso, que salió a la luz pública en 1997, puede tardar un año o más, debido a los numerosos documentos que se deben estudiar. La Corte Suprema de Justicia rechazó una orden de un juez ejecutor que había determinado que Galdámez podría salir en libertad porque, según el juez, su encarcelamiento no es constitucional

Se hizo del conocimiento público que otra demanda contra Roberto Mathies hijo y Roberto Annichiarico relacionado al escándalo INSEPRO/FINSEPRO fue registrada en 1999 por Yolando Marin Villafane. Una jueza, Zoila Morena Solórzano, decidió que no existía estafa contra la denunciante ya que su caso tenía carácter mercantil.

Mathies Hill y Galdámez está en prisión mientras algunos dirigentes de INSEPRO/FINSEPRO han sido exonerados de cargos o excarcelados bajo fianza.

Caso de Manuel Córdova Castellanos: El ex-Fiscal General ha sido interrogado por la Policía Nacional Civil, la Policía Internacional (INTERPOL), y otros sobre un caso de falsificación de pasaportes - conocido como "los narcopasaportes de Italia" - durante la época en que se desempeñaba como Director de Migración. También es blanco de una investigación que determinará si él participó en la omisión y el encubrimiento en la investigación del escándalo INSEPRO-FINSEPRO. Según un reportaje de La Prensa Gráfica en agosto, estuvo "laborando en el Ministerio de Interior".

Caso APROAS: Según dirigentes de la Asociación de Productores Agrícolas Salvadoreños (APROAS), antes de la elección presidencial en marzo 1999, 5 mil ex-paramilitares recibieron del gobierno un total de 10 millones de colones y cantidades de camisetas de campaña de ARENA. Aunque hubo muchas inconsistencias entre diputados y funcionarios de dicho partido sobre el origen de esta erogación de fondos, todos dijeron que el dinero fue parte de la asistencia internacional "Apoyo a Productores Afectados por el Huracán Mitch".

Muchos miembros de APROAS - que recibieron dos mil colones por familia - dijeron que no fueron víctimas del huracán y/o que recibieron el dinero a cambio por su votos para el candidato del partido gobernante, el actual presidente, Francisco Flores. Según los ex-paramilitares, este pacto fue negociado por algunos diputados y funcionarios del partido de Flores que también ofrecieron el dinero para callar las protestas y detener un boicot planificado por los ex-paramilitares para los comicios presidenciales.

El Presidente de la Corte de Cuentas manifestó que una auditoría encontró que una oficina del gobierno que administra fondos internacionales, la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), no tenía facultades legales para erogar estos fondos, porque no confirmó si los beneficiarios eran afectados por el huracán Mitch ni verificó el destino de la ayuda. La reacción de Presidente Flores al informe de la Corte de Cuentas fue que el huracán causó "una crisis [que] no permitió verificar previamente si los beneficiarios de los 10 millones de colones calificaban como afectados de Mitch." (La Prensa Gráfica, 15/10/99)

La Corte de Cuentas no investigará las denuncias en contra de APROAS, a pesar de ser una organización de fachada de ex-paramilitares, para averiguar si los beneficiados de los fondos eran o no afectados del huracán, si eran agricultores, si han invertido el dinero en proyectos para superar los daños de huracán Mitch, si el dinero fue recibido en concepto de una indemnización o de una compra de votos, ni entre otros aspectos, para determinar cómo los fondos fueron canalizados y entregados.

Casos de CONSEFIP: El ex-presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) creó una comisión presidencial anti-corrupción en noviembre 1992 - Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los Programas de Inversión y Gastos del Sector Público - que investigó más de 100 casos de corrupción en el sector público. Pero cuando el informe de la comisión CONSEFIP le fue entregado en octubre 1993, él anunció que lo mantendría confidencial y que el gobierno no tomaría acciones en base a sus resultados. No se sabe del contenido ni paradero del informe. En octubre de 1995, el entonces ex-presidente Cristiani dijo que el informe no contuvo evidencia ni nombres de involucrados. Manifestó que las copias del informe de CONSEFIP fue enviado a cuatro instituciones del Estado donde se encontraban anomalías pero que no sabía qué acción tomaron con respecto a los hallazgos del informe. En 1998, la Fiscalía manifestó que había recibido una copia y que retormaría algunos de los casos y solicitaría a la Corte de Cuentas una verificación de las denuncias.

Otro casos

Caso PAES: El fraude cometido con la Prueba de Aptitudes y Aprendizaje para Estudiantes de Educación Media (PAES) consistió en la venta de copias del examen que habían filtrado en muchos colegios. El rector de la UCA, Padre José María Tojeira, comunicó que se había descubierto que fue en la imprenta de esa universidad que se filtró la prueba, por lo que investigarían quienes eran los autores y asumirían las responsabilidades del caso. El Ministerio de Educación elaboró una nueva prueba y los estudiantes la repitieron. El promedio nacional alcanzado, por los estudiantes que asisten escuelas públicas fue cuatro punto nueve y para los estudiantes en las escuelas privadas fue cinco con dos. Los resultados estuvieron calculados en base de una escala de 1 (lo peor) a 10 (lo mejor). La Fiscalía abrió un expediente por fraude en PAES para investigar el caso y determinar responsabilidades en la compra ilícita de los exámenes y la sustracción ilícita de las papeletas de los lugares de elaboración y distribución.

Caso FIAES: Carlos Rodríguez está acusado de estafar 300 mil colones a una institución manejando fondos internacionales para la recuperación y protección del medio ambiente. El ex-coordinador financiero del Fondo de Iniciativa para las Américas, El Salvador-Estados Unidos (FIAES), está esperando una cita para comparecer ante un tribunal.

Caso de los casinos: La Fiscalía General está dando seguimiento a una investigación legislativa que fue entrampada por la falta de cooperación de algunos alcaldes que han entregado los permisos de operación a casinos. Quiere averiguar si existe nexos entre los permisos y actividades ilícitas.

Caso INPEP: Empleados del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) han sido acusados de tramitar de manera fraudulenta visas estadounidenses para 44 jubilados. Fueron capturados en mayo el jefe de la Unidad Integral de Atención al Pensionado, Juan Rafael Uribe, y a la Jefa de la Oficina de Pensionados de Chalatenango, Dora Alicia Anduray Alvarenga por. falsedad material, ideológica y estafa.

Fallos cuestionables

Caso ISSS: En julio de 1995, salió un orden de captura para Romeo Majano Araujo y cuatro directivos más del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) - Alicia Córdova de Rivera, Oscar López, Nuria Menjívar de Muñoz y René Cabrera - en base a 14 auditorías de examen especial de la Corte de Cuentas que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamientos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto superior a los 21 millones de colones. En abril de 1998, un juez los dejó en libertad debido que no se había logrado establer el delito contra los imputados.

Este año, la Cámara 3a. de lo Penal de San Salvador anuló un orden de sobreseimiento del ex-director de Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Romeo Majano Araujo, y otros ex-empleados, acusados de negociaciones ilícitas y otros actos de corrupción, explicando que la Fiscalía y el Juzgado 2o. de Hacienda, entidades en favor de la exoneración, no han finalizado sus investigaciones.

Caso FIS: En 1996, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas reveló una malversación 18 millones de colones a manos de la junta directiva, bajo el liderazgo de Norma de Dowe, del Fondo de Inversión Social (FIS), referente a la irregular aplicación de la Ley Temporal de Compensación Económica, conocida también o como Decreto 471. Altos funcionarios de FIS se aprovecharon del decreto para regalarse aumentos de salarios considerables pocos días antes de recibir sus indemnizaciones para que resultaran más grandes y, algunas indemnizaciones alcanzaron 800 mil colones. Calcularon las indemnizaciones tomando en cuenta todo el tiempo que los funcionarios laboraron en otros entes estatales. Recibieron también una compensación económica calculada a partir del salario de sus últimos seis meses de labores y, después de todo esto, algunos empleados fueron recontratados por el FIS el mismo día o pocos días después de su retiro. El total de indemnizaciones ilegales alcanzó más que 18 millones de colones. Después de un año de tardanza, la Corte de Cuentas definió la responsabilidad administrativa y patrimonial de la junta directiva de FIS dejándola con leves sanciones.

Siegfried Guth Zapata y Lafise: Persisten sospechas que el asesinato de Siegfried Guth Zapata, presidente de la firma financiera Lafise, el 2 de septiembre de 1996, está relacionadoa con una estafa y el lavado de dólares en El Salvador y en Miami.

Santiago Leiva presentó documentos técnicos para probar que hubo estafa de 26 millones de colones y ha dicho que piensa que "los únicos beneficiados con la muerte del señor Guth eran quienes habían estafado la empresa. Porque, al matarlo, la oficina quedaba cerrada y podían quedar impunes". No descartó la posibilidad que el representante legal y gerente general de Lafise en El Salvador, Francisco Esquivel, estuviera involucrado en la estafa y el asesinato. Hallazgos de una auditoría y un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero imputaron a Esquivel como el principal beneficiario de la estafa y señalaron a él y cinco otras personas en una sustracción de 26 millones de colones.

Estas seis implicados en una supuesta estafa en Lafise fueron exonerados por falta de pruebas sobre su participación. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía, diputados y otros criticaron el fallo del juez Roberto Arévalo Ortuño, que todavía está provocando serios cuestionamientos al sistema judicial salvadoreño en las páginas editoriales de los periódicos salvadoreños, en las entrevistas televisivas y en otros sectores. Los abogados de Lafise siempre están considerando acusar al juez de prevaricato por liberar a los implicados y por el delito de omisión en la investigación.

El caso del asesinato de Guth permanece en el limbo hasta que la Asamblea Legislativa informe a la Corte si puede o no proceder el enjuiciamiento del diputado Walter Araujo (ARENA), implicado con el empresario y ex-presidente de ARENA, Juan José Domenech por un testigo encarcelado por delitos criminales..

Promesas

Francisco Flores, Presidente: manifestó que anualmente se hará público el estado patrimonial de los miembros de su gabinete, que "es importante suscribir un Código de Etica ante la ciudadanía.", y que estudiará "la posibilidad de tener una persona al interior del gabinete que complemente el trabajo de los demás órganos de fiscalización, como la Corte de Cuentas. Será una persona que esté dedicada a ver la transparencia de la gestión pública." También dijo que castigaría de forma ejemplarizante a los funcionarios que se les comprueben actos de corrupción. (21 de marzo de 1999)

Belisario Artiga, Fiscal General: se comprometió a redactar un reglamento contra el lavado de dinero y crear una unidad investigadora financiera dentro de un período de 60 días. (24 de noviembre de 1999)

Legislación

Aprobadas

Ley de Lavado de Dinero: entró en vigencia el 2 de junio de 1999 pero no se ha implementado ya que su artículo 3 establece la creación de la Unidad de investigación Financiera (UIF) y la aprobación de un reglamento para establecer los mecanismos de investigación, requerimientos que no ha cumplido la Fiscalía General.

Ley de Bancos: entró en vigencia el 9 de octubre, después de más de un año y medio de estudio y debate. La nueva ley creó el Instituto de Garantía de los Depósitos que protegerá los ahorros de los depositantes y monitoreará los manejos del sistema financiero. Ni el nuevo IGD ni otro ente del Estado regulará las tasas de interés. El Banco Central de Reserva puede controlarlas solamente en las situaciones especificadas en el Artículo 29 de la Constitución: "guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia, u otra calamidad general o de graves perturbaciones al orden público."

Un editorial describió los objetivos de la ley como "para garantizar un sistema financiero solvente, moderno, ágil, confiable y competitivo, más transparente frente al consumidor y sometido a mayor supervisión." Sin embargo, señalo que ya hay algunos abusos y recomendó que se vigilará el cumplimiento de esta ley y se denunciará cualquier abuso a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia. Otro editorialista hizo eco de la preocupación de muchos sobre "el uso indebido del Estado como mecanismo de acumulación o de salvación de ciertos grupos empresariales, en detrimento de otros empresarios o de la sociedad en su conjunto." Se espera que la nueva Ley de Bancos contribuya al control y al desaparecimiento de lo que este economista y otros salvadoreños llaman "la verdadera Privatización del Estado".

Propuestas o leyes en estudio

Ley de Probidad Pública: un borrador para el estudio de las reformas de la ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que han sido propuestas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entre las propuestas esta la creación de un ente anticorrupción de rango constitucional que pertenezca al Ministerio Público, que goce de autonomía, que rinda cuentas únicamente a la Asamblea y que sus dirigentes gocen de fuero constitucional y sean nombrados por los diputados.

Contraloría General de la República: Desde que fue propuesta por primera vez en 1994, esta reforma ha esperado legislatura tras legislatura para ser aprobada, sin embargo, hasta la fecha, nunca ha contando con los votos necesarios. Se espera que la presente legislatura, antes de terminar su período en abril/2000, estudie nuevamente esta propuesta y pueda aprobar la reforma que dé vida a la Contraloría General de la República, institución que sustituiría a la tan cuestionada Corte de Cuentas.

Comisión de Ética: La Asamblea Legislativa y muchos de sus diputados han sido el centro más frecuente del señalamiento público por la falta de ética de los funcionarios públicos. Se viene proponiendo, cada vez con más frecuencia, la creación de una Comisión de Ética Legislativa que pueda investigar y sancionar las conductas antiéticas de los diputados propietarios y suplentes.

Comisión Anti-Corrupción: Se considera que la Asamblea Legislativa debe encabezar los esfuerzos anti-corrupción en el Gobierno, para lo cual se piensa en la creación de una Comisión Anti-corrupción que revise e investigue las gestiones de los funcionarios y las instituciones, que de seguimiento y exija el cumplimiento de su deber a los entes estatales encargados del control y entre otras cosas, que vele por la adecuación de la legislación anti-corrupción salvadoreña y el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por El Salvador en esta materia. El Primer Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Gerson Martínez, tiene propuestas elaboradoras para la Comisión Anticorrupción, la Comisión de Ética y la Contraloría General de la República.

Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público: esta es una propuesta que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa, con la que se pretende simplificar los procesos de licitaciones y compras en el Estado y evitar la corrupción que se da en este tipo de transacciones.

Comisión Electoral: en mayo, después de la reelección de Francisco Merino, quien fue forzado a renunciar del cargo en julio, el bloque de diputados del pequeño Centro Democrático Unido (CDU) propuso la creación de una comisión para elegir a funcionarios de segundo grado, como el Fiscal General y el Presidente de la Corte de Cuentas. Su propuesta también incluye el establecimiento de un plazo para definir la selección y el requisito de que los candidatos no responden a un partido político. La propuesta, que implica una reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, no tiene apoyo del bloque mayoritario de ARENA-PCN.

Los malos momentos para la ayuda internacional

Huracán Mitch. La comunidad internacional comprometió financiamiento para ayudar al país en la reconstrucción después del Huracán Mitch sin implementar controles para vigilar su ejecución y potenciales situaciones de malversación. Hasta la fecha, un resultado conocido fue revelado en una auditoría por la Corte de Cuentas, después de un escándalo público candente, que encontró que una oficina del gobierno que administra fondos internacionales, la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), no tenía facultades legales para erogar 10 millones de colones a ex-patrulleros porque no confirmó si los beneficiarios eran afectados por el huracán Mitch, ni verificó el destino de la ayuda. No se sabe de un seguimiento de este caso y ya que SETEFE no funciona con transparencia, tampoco se sabe si han existido otros desembolsos para fines que no estaban previstos.

Modernización de la Corte de Cuentas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestará \$300 millones a El Salvador. Entre los proyectos financiados por el BID está una partida para la modernización de la Corte de Cuentas. Desde 1987, la USAID ha donado fondos para la misma meta, sin embargo, la institución sigue siendo duramente criticada por su falta de efectividad en la prevención y combate de la corrupción gubernamental. Pues, se está cuestionando si es el momento apropiado para que la institución financiera internacional invierta tiempo y tanto dinero en la Corte de Cuentas cuando hay una obvia falta de voluntad por parte de la dirigencia del ente de cumplir con su mandato y esta se encuentra aún más politizada por el PCN y ARENA.


Probidad - El Salvador, C.A. (archivo histórico)
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