Resumen Anual de los Acontecimientos de Corrupción Salvadoreña durante el año 2000

Aclaración

Una de las áreas de trabajo de la ONG anticorrupción Probidad es un monitoreo de las denuncias de corrupción hechas en El Salvador y su manejo por los medios de comunicación y el gobierno. Su página web, un centro de documentación sobre la corrupción/anticorrupción salvadoreña, ofrece recopilaciones diarias de noticias sobre el tema y basándose en ellas, resúmenes semanales con un enfoque histórico. Este es el segundo año en que se ofrece el "Resumen Anual de los Acontecimientos de Corrupción", construido a partir de los resúmenes semanales. Las fuentes de las noticias son los matutinos, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, y el periódico virtual El Faro.

Aunque este documento provee mucha información útil sobre la corrupción/anticorrupción salvadoreña, no es completo. Los medios de comunicación frecuentemente no dan seguimiento a los casos de corrupción. Esto puede ser, en parte, porque las oficinas gubernamentales salvadoreñas se resisten a ofrecer información sobre su respuesta a una denuncia, el estado de su investigación/auditoría/proceso jurídico y sobre informes finales. Pero también, en El Salvador es muy difícil encontrar fuentes de información dispuestas a colaborar y a la vez que sean confiables. Además, aunque Probidad considera que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy han mejorado mucho desde los Acuerdos de Paz (1992), que junto a Canal 12 han sido los actores anticorrupción más importantes en el país desde 1998, y continuarán siéndolo, todavía les faltan el grado de independencia necesario y algunas habilidades editoriales para ofrecer investigaciones y/o reportajes completos y de alta calidad.

Probidad espera que en el 2001, los medios sigan a ofrecer los reportajes sobre las denuncias y su tratamiento por el gobierno hasta su conclusión, que provean una mejor cobertura sobre iniciativas anticorrupción (anteproyectos de leyes, tratados y estrategias regionales, esfuerzos locales) y que continúen mostrando más independencia, mejor capacidad técnica en sus investigaciones y reportajes, y aún más energía y compromiso con su papel fiscalizador. Así, Probidad podrá construir un informe anticorrupción del año 2001 que será aún más completo.

I. Nombramientos de funcionarios claves a la anticorrupción

Corte de Cuentas: En julio/1999, José Rutilio Aguilera Carreras, fue elegido con 43 votos por el auto denominado "pacto de la derecha" compuesto por el partido gobernante, ARENA; el partido que ha dominado la Corte de Cuentas por casi 20 años, Partido de Conciliación Nacional/PCN; y el partido en deterioro, el Partido Demócrata Cristiano/PDC. Aguilera es un dirigente de la vieja guardia del PCN y miembro de su Consejo Ejecutivo Nacional. Al momento de su elección también era secretario de finanzas del partido y se había desempeñado como suplente del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Díaz (ARENA), durante los cinco años anteriores.

Fiscalía General: El 24/noviembre/1999, Belisario Artiga fue elegido para un período de 3 años como Fiscal General. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas que obtuvo de la Universidad "José Matías Delgado" en 1985. Anteriormente se desempeñó como fiscal auxiliar entre 1980 al 84; luego laboró en el departamento jurídico del FIGAPE; fue consultor de USAID; trabajó en el Banco Cuscatlán dirigido por el ex presidente Alfredo Cristiani (ARENA, 1989-1994); y después como gerente legal del Banco Ahorromet Scotiabank.

Corte Suprema de Justicia (CSJ): El 22/junio/2000, la Asamblea Legislativa eligió por unanimidad a Agustín García Calderón como presidente de la CSJ (2000-2003). Desde 1997, García Calderón ha sido magistrado suplente de la CSJ (1997-2006). También fue Procurador Adjunto de Derechos Humanos (1992-1995) y desde 1992, miembro propietario del primer Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). En esta misma oportunidad la Asamblea eligió a otros cuatro magistrados propietarios: Mauricio Clará, Julio Enrique Acosta, Mauricio Ernesto Velasco y Victoria Marina de Avilés. Estos serán miembros propietarios de la Sala de lo Constitucional hasta el 2009. Los nuevos suplentes incluyen a: Ana Elisa Martínez, Marco Sánchez Trejo, Juan José Jaime Portal, Gustavo Vega y Ovidio Bonilla. Clará y Acosta fueron propuestos por ARENA; Calderón y de Avilés por el FMLN; y Velasco fue apadrinado por el PCN. Clará ha trabajado con ARENA en Casa Presidencial y Avilés fue precandidata presidencial del FMLN.

Sección de Probidad, CSJ: El Dr. José Eduardo Cáceres Chávez, abogado y jefe de la Sección de Probidad de la CSJ, fue reconocido por la ONG Probidad como "el funcionario del año en 1999" por ser el salvadoreño que había demostrado más compromiso con la transparencia y el combate de la corrupción en El Salvador a pesar del desinterés y falta de apoyo de la Asamblea Legislativa, de otros entes gubernamentales y del pueblo salvadoreño hacia las reformas de la Ley de Enriquecimiento Ilícito que él promovió.

Se ha observado que durante el presente año, el Lic. Cáceres no continuó con sus esfuerzos para promover reformas al control del enriquecimiento ilícito y por la probidad pública. Aunque la falta de respuesta de la Asamblea Legislativa y de la ciudadanía puede causar desmotivación, aún con las leyes y sistemas administrativos vigentes, el Lic. Cáceres puede hacer mucho para ganar interés por el tema y exponer cómo los funcionarios incumplen la ley y los obstáculos que existen para lograr su aplicación.

Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ): En julio de 1999, la Asamblea Legislativa nombró a cuatro miembros propietarios del CNJ que vela por la selección, evaluación y capacitación de los jueces. Los seis miembros del CNJ son elegidos por la Asamblea Legislativa con 53 votos para turnos de tres años. En 1999 fueron elegidos: Francisco Díaz, Oscar Humberto Luna, Gladys de Borjas y Amadeo Artiga Alas. En 2000 dos nuevos miembros propietarios fueron elegidos al CNJ: Francisco Salvador Tobar, candidato de las universidades privadas, y Estella Pineda de Rodríguez, de la Universidad de El Salvador.

II. Funcionarios cuestionados

Caso Lacayo: evasión de impuestos, conflicto de interés y falta de ética

La Prensa Gráfica y su suplemento de periodismo investigativo, la Revista Enfoques, a través de una serie de reportajes publicados una semana antes de las vacaciones navideñas, pusieron al descubierto los conflictos de intereses y la falta de ética del Ministro de Economía, Miguel Lacayo, quien ha favorecido con aranceles a cero la importación de componentes para la fabricación de baterías. Lacayo es presidente de las empresas Baterías de El Salvador y Partes para Baterías.

El Consejo de Ministros de la Integración Económica, COMIECO, ha refrendado en cuatro ocasiones, a solicitud del ministro Lacayo, prórrogas a una resolución ministerial de salvaguardia. Dicha resolución otorga una exención de impuestos a la importación de componentes para baterías. Aunque la resolución fue suscrita el 17 de junio de 1999 por el anterior ministro de Economía, Eduardo Zablah, ha sido Lacayo el que ha gestionado las prórrogas. Además, aún cuando Lacayo no era ministro en el momento en que fue aprobada la resolución, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a La Prensa Gráfica que él ya se encontraba trabajando en dicha cartera.

Esta exención de impuestos a la importación ha sido aplicada basándose en el artículo 26 del Tratado General de Integración Económica de Centroamérica el cual estipula que: "cuando alguno de los Estados Contratantes se viere enfrentado a graves problemas de desequilibrio de la balanza de pagos; o a deficiencias repentinas y generalizadas en el abastecimiento de materias primas y bienes finales básicos o a desorganización de mercado, o a prácticas de comercio desleal; o a cualquier otra circunstancia que amenace derivar en situaciones de emergencia nacional, dicho ESTADO queda facultado para aplicar unilateralmente la modificación de los derechos arancelarios a la importación durante un plazo máximo de 30 días".

Según Lacayo la cláusula de salvaguardia ha sido aplicada por desabastecimiento de materia prima, sin embargo el mismo gerente de mercadeo y ventas de la Baterías de El Salvador, Álvaro Corpeño, dijo a La Prensa Gráfica: "En ningún momento hemos estado desabastecidos, ni siquiera en los tiempos de guerra, porque siempre hubo una política bastante sana de inventarios".

Las autoridades gubernamentales, entre ellos el Presidente de la República, el Secretario Técnico de la Presidencia, el Ministro de Hacienda, el Viceministro de Economía y diputados del partido gobernante, ARENA, han defendido la conducta de Lacayo, aduciendo entre otros argumentos que son varias las empresas que han sido favorecidas con la cláusula de salvaguardia y han negado la existencia de conflicto de intereses en este caso. El Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, a pesar de haber anunciado recientemente la próxima aprobación de un código de ética, que entre otros aspectos regularía los conflictos de intereses, no se ha pronunciado sobre el caso. Según La Prensa Gráfica, Quintanilla Schmidt aparece como apoderado legal de Baterías de El Salvador en los archivos del Centro Nacional de Registros.

Aunque Lacayo afirma que hay cuatro industrias más en El Salvador que se dedican a la fabricación de baterías, los reportajes de La Prensa Gráfica han mostrado que su empresa es la que ha solicitado estas exenciones y que ha sido la más beneficiada. Desde noviembre de 1999, ingresaron a El Salvador con arancel cero o con descuento, 66 contingentes de componentes para baterías, de los cuales 62 eran de Baterías de El Salvador.

Este no es el primer caso de esta naturaleza que es de conocimiento público. En 1994, durante la administración de Armando Calderón Sol, renunciaron a sus puestos Ricardo Montenegro, ministro de Hacienda, y Carlos Mejía Alférez, ministro de Agricultura y primer designado a la Presidencia. Ambos fueron señalados por ocupar sus cargos para aplicar discrecionalmente aranceles de importación más bajos a sus empresas y perjudicar arbitrariamente a otras empresas. Después de su renuncia no se supo si continuaron las investigaciones o si les fueron impuestas sanciones.

Según La Prensa Gráfica, los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura y Ganadería han emitido más de 120 resoluciones en la última década, en las que se eximen o rebajan los aranceles a ciertos productos importados al país.

Varios sectores se han pronunciado pidiendo que Lacayo renuncie a su puesto y que se investigue a fondo cómo han sido manejadas las disminuciones de aranceles y exenciones de impuestos. En el caso específico de los componentes para baterías, El Salvador es el único país de Centroamérica que ha reducido a cero el arancel de importación.

La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa acordó citar en enero/2001 al ministro Lacayo para que explique cómo se maneja la política arancelaria y aclare su actuación para favorecer a Baterías de El Salvador.

Caso Merino: conflictos de intereses e impunidad

Durante la madrugada del 26 de agosto, el diputado y jefe de la fracción legislativa del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Francisco Merino, en estado de ebriedad, causó un escándalo en las calles de San Salvador que resultó en lesiones graves en perjuicio de una agente policial. También apuntó su arma contra un vigilante privado y causó daños a la patrulla policial en que llegaron los agentes que respondieron a la llamada de auxilio. La Fiscalía acusó a Merino, quien goza de fuero, de homicidio imperfecto, lesiones graves y daños agravados.

Una Comisión Especial de Antejuicio fue formada para estudiar el caso y determinar si despojaría de la protección constitucional a Merino, dejando a la Fiscalía General libre para procesarlo por los tres delitos.

Merino concilió con la agente de la policía herida, con el agente de seguridad privada y con la PNC, en este caso, pagando la reparación de la patrulla. La Fiscalía recordó al público que las conciliaciones no lo protegen del proceso penal.

Hubo muchas críticas sobre las irregularidades de un dictamen de Medicina Legal basado en un expediente médico de la agente policial herida, que beneficia a Merino en cuanto a su responsabilidad penal. Como reportó El Diario de Hoy: "Según se supo, el procedimiento normal es que la Fiscalía cita a la persona para que acuda a ese instituto (de Medicina Legal) y se le haga un segundo examen, y así advierte en cuánto tiempo sanó la herida. La convocatoria jamás le llegó a esa mujer. El examen de sanidad fue pedido por la Asamblea Legislativa al instituto. En éste debieron cerciorarse de si a la mujer se le convocó para examinarla. Se tienen pruebas de que eso no ocurrió. Normalmente, los forenses extienden el segundo examen basados en expedientes del Seguro Social, una vez que confirman que al ofendido se le llamó y no acudió a la cita. ¿Por qué esta vez se aseguró que la mujer sanó en 20 días sin convocársele?"

La noche del 23 de noviembre la Asamblea Legislativa aprobó por 43 votos (mayoría simple) - de ARENA, PCN y PAN - mantenerle el fuero constitucional a Merino.

Dos semanas después, la Fiscalía anunció que no enjuiciará a Francisco Merino cuando deje de ser diputado y que considera que el caso está cerrado ya que los delitos ocurrieron durante el tiempo en que Merino ha sido diputado y ha gozado de fuero parlamentario. Esta posición ha sido fuertemente criticada, aún por expertos jurídicos. Por ejemplo, el magistrado Mario Alberto Solano dijo a El Diario de Hoy que: "una vez termine su período, termina también su inmunidad y siempre y cuando el delito no hubiese expirado en la persecución penal, podría ser reclamado por la justicia".

Raíces de la impunidad: Merino fue Vice Presidente (ARENA) durante la administración de Alfredo Cristiani (1989-1994) y después dirigente del PCN. Fue presidente de la Corte de Cuentas (1998 a 1999). Tenía el apoyo del partido gobernante (ARENA) y del PCN para su reelección en junio de 1999 como presidente del entre contralor pero debido a fuertes críticas por su involucramiento en una compra-venta ilícita, ocupando un prestanombre, fue obligado a renunciar de la Presidencia de la Corte de Cuentas. Informes de la CIA han vinculado a Merino con los escuadrones de la muerte que aterrorizaron al país desde los años 70’s hasta los Acuerdo de Paz (1992) y con una amenaza a muerte en contra de Cristiani (1991). Actualmente es diputado y jefe de fracción del PCN en la Asamblea Legislativa.

El PCN, como ARENA, son partidos de la derecha. El primero fue formado como el partido oficial de la Fuerza Armada; el segundo fue fundado por el ex militar Roberto D\'Aubuisson, quien, según el gobierno estadounidense y organizaciones internacionales, tenía fuertes nexos con los escuadrones de la muerte y con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los dos partidos abiertamente admiten que son aliados en la Asamblea Legislativa. A cambio de los votos para aprobar legislación y candidaturas promovidas por ARENA, el PCN ha gozado del control de la Corte de Cuentas. La conducta de la Corte de Cuentas ha sido criticada por su manejo en los casos de corrupción que se considera es influenciada por negociaciones con ARENA y por los nexos de los implicados con el PCN.

Antes de la votación en la Asamblea, algunos miembros de PCN decían que si Merino perdía su fuero, el PCN expondría escándalos de corrupción involucrando a miembros de otros partidos políticos. Como reportó La Prensa Gráfica: "Los pecenistas están dispuestos a aplicar la vieja ley del \'ojo por ojo\': si la Asamblea decide quitarle el fuero a Merino, ellos ya pusieron su vista en algunos diputados, entre ellos el subjefe de fracción de ARENA, Rodrigo Ávila y ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) ... Nidia Díaz, la ex diputada de FMLN, ... y el ex diputado y cruzado anticorrupción Kirio Waldo Salgado, entre otros".

III. Otros funcionarios cuestionables

Eduardo Peñate Polanco: En febrero, Peñate Polanco renunció a su puesto de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, después de una serie de denuncias y acusaciones de corrupción en su contra como gastos cuestionables de viajes realizados por el funcionario y otros de su oficina, de combustible, e irregularidades en la licitación de seguros para vehículos, edificios y mobiliario de la Procuraduría. En octubre/2000, fue expulsado de la planilla de magistrados de cámara de la Corte Suprema de Justicia. No se sabe lo qué pasará con las denuncias de corrupción que existen en contra el ex funcionario.

Caso de Manuel Córdova Castellanos: El período del ex Fiscal General terminó en julio/1999. Aunque su candidatura para la reelección fue promovida por el partido gobernante (ARENA), no pudo lograr otro turno. En 1999 fue interrogado por la Policía Nacional Civil, la Policía Internacional (INTERPOL), y otros sobre un caso de falsificación de pasaportes - conocido como "los narcopasaportes de Italia" - durante la época en que él se desempeñaba como Director de Migración. El Diario de Hoy reportó el 20/agosto/1999 que Córdova renunció a su cargo en Migración en 1996 por las presiones relacionadas al caso de los pasaportes falsificados. Inmediatamente después fue nombrado Fiscal General Adjunto y en el mismo año fue elegido como Fiscal General. También en agosto/1999, Córdova fue demandado bajo acusaciones de haber participado en la omisión y el encubrimiento en la investigación del escándalo INSEPRO-FINSEPRO. Según un reportaje de La Prensa Gráfica en agosto/1999, para esa fecha Córdova estaba "laborando en el Ministerio de Interior".

A principios del 2000, actúo como asesor legal del director de la Imprenta Nacional Lud Dreikorn cuando este ente fue investigado por haber impreso folletos de campaña del candidato de ARENA a la alcaldía de San Martín. Basándose en una auditoría de la Corte de Cuentas, los imputados fueron exonerados.

En diciembre/2000, Córdova fue mencionado en reportajes de La Prensa Gráfica que revelaron fuertes nexos entre contrabandistas y un grupo de fiscales de la Unidad de Procuración, incluyendo a su coordinadora. Según el reportaje, el ex-fiscal tuvo conocimiento de la situación pero no respondió.

Hans Bodewig, de ARENA y ex viceministro de Vivienda, enfrentó un juicio por el delito de depredación de bosques debido a la tala ilegal de más de 700 arboles en 100 lotes de Santa Elena, La Libertad, hecha por la empresa TRAFALGAR, propiedad del imputado. Bodewig sostuvo que no violó la Ley del Medio Ambiente porque había recibido un permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y había sembrado más árboles en sustitución de los talados. Después de pocos meses, fue exonerado en junio/2000 por el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla.

Bodewig también está involucrado con las anomalías detectadas en el caso FONAVIPO-PROCADES. Además, una auditoría de la Corte de Cuentas detectó que entre el 11 de febrero y el 11 de mayo de 1998, Bodewig, el presidente de la junta directiva de FONAVIPO, se desempeño a la vez como director propietario de CREDISA, lo que, según la Ley de Bancos, es una violación. Un aspecto del caso FONAVIPO-PROCADES son préstamos que el ente estatal brindó a la ONG PROCADES y a CREDISA (30 millones de colones) que se declaró en quiebra.

Tomás Mejía, un diputado del PAN y fiscal de la Comisión Especial de Antejuicio que estudiaba el caso Merino, fue acusado en septiembre/2000 por amenazar a muerte a una policía en Usulután. También fue acusado de nepotismo, por haber contratado a su hijo como su asesor legislativo.

Julio Mejía Vaquerano. Hace varios años, más de 50 miembros de la Asociación de Desmovilizados de la Fuerza Armada de El Salvador (ADEFAES) denunciaron que fueron víctimas de una venta ilícita de tierras conducida por el ex asesor presidencial Julio Armando Mejía Vaquerano, el ex magistrado de Cámara Luis López Fortis y el notario José Virgilio Joya. Según la denuncia, los acusados les vendieron terrenos a través del Banco de Tierras, el cual estuvo facilitando terrenos para los desmovilizados de la guerra civil, que no eran de su propiedad. Relacionado al caso, La Prensa Gráfica reportó en septiembre/2000 que "la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamamiento a juicio por el delito de estafa en contra de desmovilizados de la Fuerza Armada".

Rafael Antonio Ruiz: En octubre/2000, este diputado suplente del PCN, fue denunciado por haber comprado un pick up con un cheque sin fondos. La Fiscalía está estudiando el caso para determinar si lo manejará como una estafa o como libración de cheques sin fondo.

José María Castellanos, el alcalde de Ilobasco por el partido de ARENA, fue capturado el 11 de noviembre y acusado por conducir en estado de ebriedad, el delito de resistencia y por haber disparado un arma, dejando 9 vainillas en el interior del vehículo que manejaba. Por el primer delito, recibió una multa de 500 colones. Por el delito de resistencia puede recibir una pena de 6 meses a 2 años de prisión y por disparar una arma, una multa de 10 a 30 días.

Fiscal no identificado: El Diario de Hoy reportó en noviembre/2000 que un fiscal de la Unidad de Medio Ambiente de San Miguel fue detenido y dentro de las 72 horas fue puesto en libertad en San Miguel. Fue acusado de conducir a excesiva velocidad, insultar a policías y dañar una pared de madera en la delegación policial, todo durante la noche de un domingo. Cuando la policía logró parar su vehículo y le pidieron sus documentos de identificación, el sujeto anunció que era fiscal y "más autoridad que ellos". También "les amenazó con entrar a su casa y sacar armas con las que los enfrentaría". Se sospecha que el fiscal se encontraba en estado de ebriedad. El Lic. Elmer Rolando Benítez, juez Segundo de Paz, ordenó la libertad del fiscal, quien no fue identificado. El diario reportó que hay que "esperar a que la Fiscalía determine si entablará proceso judicial contra su representante y los procedimientos que se deberán seguir para ello".

Caso Ronal Umaña: Este ex-secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue acusado en 1999 por apropiarse de la deuda política de 4.5 millones de colones que el Estado le dio a su partido para las elecciones de 1997. La Fiscalía General siguió las investigaciones y estuvo considerando un proceso de antejuicio contra otros dos diputados del PDC por considerar que estaban entorpeciendo sus investigaciones, que incluían también la malversación de unos 9 millones 600 mil colones. Después surgieron acusaciones de que Umaña no había efectuado las declaraciones de la renta correspondientes a varios de sus negocios, como un motel y una universidad, en sociedad con Hernán Contreras, actual diputado por el PCN y ex presidente de la Corte de Cuentas (1989-1998), según un informe del Ministerio de Hacienda en el que se revelaba una posible evasión de impuestos. No se sabe del estado de estos casos.

IV. Casos de corrupción

Asamblea Legislativa

Composición: Los diputados electos en marzo/2000 comenzaron a trabajar en mayo/2000. La composición del Organo Legislativo incluye: FMLN, 31 diputados; ARENA, 28 diputados; PCN, 14 diputados; PDC, 5 diputados; CDU, 3 diputados; PAN, 2 diputados; y 1 diputado sin partido (fue expulsado de ARENA).

El "pacto de la derecha" toma la presidencia: Según la opinión pública, una de las muestras de la falta de representatividad en la Asamblea Legislativa salvadoreña es el auto denominado "pacto de la derecha" - de ARENA, PCN y PDC - que logró la aprobación de un decreto antes del comienzo de la nueva Asamblea, para implantar una nueva modalidad de la presidencia rotativa con lo que minaron la toma de la presidencia por el partido que había ganado la mayoría de los diputados en la elección de marzo, el FMLN. El FMLN y PAN no participaron en la sesión plenaria en la cual el "pacto de la derecha" acordó poner a Ciro Cruz Zepeda, secretario del Partido de Conciliación Nacional (PCN), como nuevo presidente. El pacto político formado por ARENA, PCN y PDC logró la presidencia de la Asamblea y ha influenciado otras decisiones legislativas con sus más de 43 votos combinados, los necesarios para la aprobación de leyes secundarias y para la elección de algunos funcionarios. Aunque el pacto tiene la mayoría simple en las votaciones, el FMLN tiene voz en la legislación y en la elección de funcionarios que requieren la mayoría calificada (56 votos).

En protesta por el decreto que reformó el Reglamento Interior de la Asamblea y las anomalías asociadas con esto, el FMLN no ha participado en la Junta Directiva.

Cabe mencionar que entre 1988/89, ARENA promovió y ganó la destitución de Ciro Cruz Zepeda (PCN), cuando era presidente de la Corte de Cuentas, basándose en varios factores incluyendo "actos de corrupción en el manejo de fondos" y la falta "de honradez y competencia notoria" del funcionario. La Prensa Gráfica reportó el 29/09/93 que" las afirmaciones de los generales Juan Rafael Bustillo y Adolfo O. Blandón, sobre actos de corrupción del Secretario General del PCN (Ciro Cruz Zepeda), fueron calificadas como faltas de seriedad y responsabilidad".

Casos pendientes de 1999

Caso de sobornos dentro de la Asamblea Legislativa: Roberto Serrano (Unión Social Cristiana) y Dagoberto Marroquín (PCN) hicieron varias denuncias entre diciembre de 1998 y enero de 1999, afirmando que en el Órgano Legislativo se ofrecía dinero a cambio de votos y aprobaciones de algunas leyes. El diputado Serrano y un ex-diputado de su mismo partido, Miguel Espinal, acusaron al entonces segundo magistrado de la Corte de Cuentas, Alfredo Arbizú Zelaya (1996-1999) de facilitar una oferta de soborno cuando este era diputado.

Caso de cuestionables gastos legislativos: En 1999, los medios reportaron que entre enero y octubre de 1998, más de 4.5 millones de colones fueron gastados por diputados y algunos de sus asesores legislativos en viáticos y pasajes. Diputados de ARENA, PDC y PCN consideraron que tal gasto público "vale la pena". Sin embargo, en agosto/1999 diputados de otros partidos manifestaron que los viajes son utilizados para fines ilícitos, por ejemplo: "para mantener callados a algunos diputados o para que voten y completen el número mágico de 43 votos para aprobar leyes". Un diputado/abogado dijo, "se vuelven turistas pagados por el pueblo y lo más grave es que no sólo van con viáticos oficiales, sino que reciben prebendas y beneficios bajo la mesa, lo cual es un delito grave."

Caso de las prácticas clientelistas: Dos reportajes de La Prensa Gráfica en diciembre/1999 abordaron el clientelismo en la Asamblea Legislativa y cómo los diputados tienen que extender frecuentemente recomendaciones de trabajo para sus seguidores y hasta entregarles dinero para mantenerlos contentos y fieles a su partido.

Casos de 2000

Mal uso de los escasos fondos públicos: Desde julio/2000, los medios de comunicación han reportado sobre los excesivos gastos de algunas fracciones en la nueva Asamblea Legislativa, especialmente el PCN y ARENA, relacionados con almuerzos caros, lujosas remodelaciones de sus oficinas, costosos viajes no justificables, su aumento de asesores legislativos y el nepotismo en la contratación de personal con altos salarios. También, durante diciembre/2000 hubo una amplia cobertura en los medios y mucha crítica de la opinión pública contra algunas propuestas legislativas de prestaciones especiales para los diputados.

Nepotismo: El artículo 93 de las Disposiciones Generales de Presupuestos estipula: "Queda terminantemente prohibido que sea nombrada, para llenar una plaza de Ley de Salarios o planilla en oficina, dependencia o ramo, una persona que sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguno de sus jefes". La práctica del nepotismo en la Asamblea Legislativa fue señalada en julio y agosto/2000 por los medios de comunicación y duramente condenada por la opinión pública. Algunos ejemplos son:

Debido al clamor público y la cobertura de los medios, renunciaron tres asesores de ARENA (el sobrino de la diputada Milena Calderón, el hijo del diputado suplente Gerardo Escalón y la cuñada de Walter Araujo), el hijo del diputado de PAN y la sobrina de la diputada del FMLN. Todavía hay muchos asesores y otro personal de ARENA, FMLN, PDC y PCN que continúan trabajando en la Asamblea a pesar de haber obtenido su empleo a través del nepotismo o el clientelismo.

54 diputados citados por no presentar sus declaraciones patrimoniales: En septiembre/2000, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia anunció que después de advertir a los funcionarios sobre la obligación de declarar su patrimonio, 14 diputados de la actual legislatura y 40 diputados del período 1997-2000, habían violado la Ley de Enriquecimiento Ilícito porque no lo habían hecho. Entre los ocho diputados propietarios actuales se encuentran 3 del PCN, 3 de ARENA, 1 del FMLN y 1 del PDC, incluyendo al Presidente de la Asamblea (PCN), Ciro Cruz Zepeda.

Anteriormente, los diputados habían aprobado un decreto para ampliar en 30 días mas el plazo para la presentación de las declaraciones. Sin embargo, el Presidente de la República lo devolvió a la Asamblea por considerarlo "innecesario".

Falta de Auditoría de la Corte de Cuentas: La ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor cada año. Sin embargo, desde su creación en 1939, la Corte de Cuentas nunca ha sido fiscalizada. *

Después de la denuncia hecha en agosto por La Prensa Gráfica sobre el estancamiento del proceso de auditoría a la Corte de Cuentas y el clamor público sobre el tema, una misión de diputados fueron a Washington, D.C., para averiguar si la Oficina General de Contabilidad (GAO, por sus siglas en inglés) podría auditar a la Corte de Cuentas. Lo que no se entiende es por qué buscaron a la GAO, ya que esta no tiene facultades para hacer auditorías fuera de los Estados Unidos y por qué tuvieron que viajar hasta Washington para hacer la consulta. La GAO les entregó una lista de firmas que puede hacer la auditoría pero los diputados dicen que no hay dinero para contratar una de estas firmas.

Como reportaron los medios, se sospecha que la resistencia de auditar a la Corte de Cuentas está basada en nexos y negociaciones políticas entre el partido que ha manejado el ente por casi 20 años, el PCN, y el partido gobernante, ARENA. Ya que la mayoría de las empresas de auditoría nacionales certificadas por el gobierno están afiliadas con uno de estos partidos, ha existido presión por buscar una empresa o ente internacional que sea independiente. Otro factor puede ser el desinterés y la ignorancia de algunos diputados sobre el funcionamiento y la importancia de la Corte de Cuentas. Por ejemplo, uno de los diputados que fueron a Washington, D.C. dijo que una alternativa a una auditoría es una capacitación a los empleados de la Corte. Los funcionarios y empleados del ente han gozado de múltiples y caras capacitaciones en el extranjero y localmente y aún así no se han visto mejoramientos significativos en la falta de eficiencia, ética y transparencia de la Corte de Cuentas, ni existen evidencias de que hay voluntad política entre sus funcionarios para reformarla.

Como escribió El Diario de Hoy en agosto/2000: "La Corte de Cuentas de la República se ha convertido en la institución más escurridiza del Estado. Desde que se emitió su ley, en 1995, nunca ha sido auditada, pese a que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacerlo... Es más, ha desaparecido importante información de los expedientes que se llevan al respecto en la Comisión de Hacienda. Entre la documentación "extraviada" se encuentran las bases del concurso de licitación fallido de 1998".

Robos: La Fiscalía General anunció el 6/octubre/2000 que estaba investigando denuncias del robo de materiales y equipos en el departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa, que involucraba a empleados que han falsificado firmas de funcionarios. También continuaba con su investigación sobre los documentos perdidos relacionados con una licitación de 1998 para contratar a una empresa que auditaría a la Corte de Cuentas.

Intereses que impiden el buen gobierno, la transparencia y la anticorrupción: Como fue mencionado anteriormente, el PCN, como ARENA, son partidos de la derecha. Desde que ARENA asumió la Presidencia en 1989, los dos partidos abiertamente han admitido que son aliados en la Asamblea Legislativa. A cambio de los votos para aprobar legislación y candidaturas promovidas por ARENA, el PCN ha gozado del control de la Corte de Cuentas. La conducta de la Corte de Cuentas ha sido criticada por su manejo en los casos de corrupción, la que se considera es influenciada por negociaciones con ARENA y por los nexos de los implicados con el PCN. Desde 1994, los remanentes del Partido Demócrata Cristiana (PDC), que estuvo en la Presidencia entre 1984 y 1989 y cuya ideología ha cambiado de moderado/liberal hacia la derecha, para lograr puestos públicos también ha apoyado ARENA.

Se considera que el pacto entre ARENA y PCN ha obstaculizado una auditoría de la Corte de Cuentas.

La elección del nuevo Procurador: ¿elección partidista o basada en idoneidad? En febrero/2000, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, renunció después de una serie de denuncias y acusaciones de corrupción en su contra. En septiembre/2000, una Subcomisión Especial legislativa comenzó a entrevistar a 26 candidatos; dos se han retirado. Algunos tienen nexos partidistas como el actual procurador en funciones, Marcos Valladares (PCN); el ex diputado y analista Guillermo Wellman (ARENA); Rafael "Lito" Montalvo, ex diputado por ARENA y ex candidato a alcalde de San Salvador (PAN); y Roberta Meza, ex candidato a Vice presidente de la República (CDU). También entre los candidatos están Orlando de Sola, ex Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones durante la administración de Armando Calderón Sol, y Eulogio de Jesús Guerra Payés, ex inspector de la PNC. Al finalizar el año la Asamblea Legislativa aún no ha decidido cuando procederá a realizar la elección del nuevo procurador.

Partidos Políticos

Evasión de impuestos: PAN y USC: Después de la publicación de un artículo que apareció en El Diario de Hoy, la Fiscalía comenzó a investigar al Partido de Acción Nacional (PAN) y a la Unión Social Cristiana (USC) por haber emitido bonos de donaciones - para financiar sus campañas para los comicios del marzo/2000 - de forma fraudulenta. Según un reportaje de este matutino publicado en abril/2000: "la Dirección de Impuestos Internos tiene las pruebas sobre la compra fraudulenta de bonos de donaciones. Varios bonos del PAN y la USC por valores que oscilan entre cien mil y 600 mil colones habrían sido vendidos por un valor inferior al declarado" para evadir el pago del impuesto de la Renta.

Deudas pendientes: El Diario de Hoy reportó en octubre/2000 que varios partidos políticos, incluyendo algunos que ya han desaparecido, tienen cuentas pendientes con el Ministerio de Hacienda, por las deudas que acumularon durante las elecciones de 1997 y 1999. Por ejemplo:

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) debe 2.2 millones de colones para 1997 y ¢2.6 millones para 1999. El Partido de Conciliación Nacional (PCN) debe ¢200 mil. De los partidos pequeños que pueden desaparecer: la Convergencia Democrática (CDU) debe ¢174 mil; el Partido Demócrata (PD) debe ¢136 mil; el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato (PUNTO) debe ¢377 mil colones; y el difunto Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN) debe ¢75 mil.

Enriquecimiento Ilícito

La Ley de Probidad requiere que los funcionarios presenten su declaración patrimonial, 60 días después de su toma de posesión, para que se puedan comparar los bienes de un funcionario cuando asume un cargo, contra su patrimonio al terminar su mandato, y detectar si durante su gestión se ha enriquecido en forma ilegal. Desde que esta Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos entró en vigencia, hace 41 años, no se ha aplicado. Una auditoría de la Sección de Probidad reveló que de las 10 mil declaraciones patrimoniales que se debieron presentar durante 1998, la oficina recibió 3,500.

La sanción máxima por no presentar la declaración a tiempo es una multa de 5 mil colones; pero también se puede imponer una doble sanción para aquellos que optan por no presentar definitivamente sus declaraciones patrimoniales.

Caso de las declaraciones patrimoniales en el pasado gobierno de ARENA: Se reportó en septiembre/1999 que todos los funcionarios del gobierno electo en marzo/1999 habían entregado sus declaraciones patrimoniales a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el encargado de esta oficina, José Eduardo Cáceres, caracterizó como inconsistente, incompleta y contradictoria, la información proporcionada por los funcionarios del pasado gobierno de ARENA. Según El Diario de Hoy Cáceres dijo que: "En algunos casos se han descubierto cuentas absolutamente idénticas en activos y pasivos para la fecha de toma de posesión de su cargo, así como al cese de las funciones."

Multa a funcionarios que no entregaron su declaración patrimonial: En febrero 2000, Cáceres anunció que la CSJ multó a cuatro funcionarios del gobierno del ex-presidente Armando Calderón Sol por no presentar sus declaraciones de probidad. Uno de estos funcionarios, Erick Casamiquela, aún continuaba en un puesto público. Los otros multados fueron: Hugo Barrera, ex-ministro de Seguridad Pública, un empresario y presidente de la ONG CEDEM; Silverio Henríquez Toledo, ex-director del Centro Nacional de Registros (CNR); y Edgar Mejía, ex-presidente del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

54 diputados citados por no presentar sus declaraciones patrimoniales: Como fue mencionado anteriormente, en septiembre/2000, la Sección de Probidad anunció que después de advertir a los funcionarios sobre la obligación de declarar su patrimonio, 14 diputados de la actual legislatura, incluyendo el presidente, y 40 diputados del período 1997-2000, habían violado la Ley de Enriquecimiento Ilícito porque no lo presentaron su declaración.

Mal uso de los recursos del Estado: los vehículos nacionales

En las Disposiciones Generales de Presupuestos (Art. 97) se prohibe expresamente utilizar los vehículos Estatales para fines no oficiales y el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial impone una multa de 100 colones (\$11.50) o más leve por esta falta (Art. 23 inciso 1ro.). [Normalmente, en San Salvador se cobran algunos 300 colones (\$35.00) por el alquiler de un carro.) Aunque los funcionarios continúan utilizando los vehículos del Estado para fines personales, algo bien notable durante las épocas de vacación, tradicionalmente no han sido aplicadas las leyes sobre este mal uso de la propiedad Estatal.

La Policía Nacional Civil (PNC) infraccionó a 64 vehículos con placas nacionales durante las fiestas navideñas/1999 y del año nuevo/2000. En lugar de decomisar los vehículos, como establece la ley, la PNC anunció en abril/2000 que enviaría un informe a la Corte de Cuentas para que proceda administrativamente o pecuniariamente contra los infractores. En 1998, el número de vehículos estatales reportados o infraccionados durante la misma vacación fue 30.

Durante la Semana Santa/2000, período cuando el gobierno está en vacación, la Policía contabilizó 51 carros nacionales conducidos por empleados públicos. Sólo 2 vehículos - uno del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el otro de la alcaldía de Jutiapa - fueron decomisados porque, según la PNC, lo demás presentaron una autorización justificando su uso oficial fuera de horas laborales. Una lista de placas de estos vehículos gubernamentales fue presentada al viceministro, quien debería enviarla a la Corte de Cuentas para investigar la veracidad de los permisos. Hablando en los permisos cuestionables, un jefe de la Policía de Tránsito dijo en abril/2000: "Creo que ahí falta que el procedimiento de la Corte de Cuentas sea más preciso".

Entre los casos detectaron por los medios durante 2000 están:

Un reportaje en La Prensa Gráfica reveló que auditorías de la Corte de Cuentas, para el período junio-septiembre de 1999, detectaron varias anomalías en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, entre ellas el mal uso de 21 vehículos nacionales. Ya que los vehículos no son guardados en las instalaciones de su institución se sospecha que son utilizados para fines personales. Según el matutino, el Ministro, Francisco Bertrand Galindo, comentó que "la naturaleza del trabajo de algunas personas dentro de su institución, hace necesario que los vehículos sean asignados a tiempo completo, sin embargo, aseguró que todos ellos cuentan con el permiso respectivo". Sin embargo, no aclaró qué tipo trabajo requiere el uso de 24 horas de un vehículo nacional.

Licitaciones publicitarias

Ya que su primera gestión en julio/2000 no dio frutos, la fracción legislativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó en agosto/2000 una segunda solicitud para que la Comisión de Hacienda citara al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Carlos Rosales, para que aclarara el perfil y los criterios de contratación de directores de comunicación, sus salarios asignados, el aporte de los profesionales de comunicaciones gubernamentales y su competencia en planificación estratégica; el manejo de los presupuestos publicitarios y las licitaciones de las cuentas del Gobierno. Según el PDC, tiene conocimiento que el Secretario de Comunicación de la Presidencia está violando la Ley de Contrataciones y Licitaciones.

En septiembre/2000, las fracciones del FMLN, PCN y PDC de la Comisión de Hacienda expresaron su deseo de citar a Rosales ya que el informe que él les entregó para explicar el manejo de la inversión publicitaria del Órgano Ejecutivo no respondió a las inquietudes de los diputados quienes sospechan que existe tráfico de influencias que favorece a ciertas empresas publicitarias.

En septiembre/2000, La Prensa Gráfica señaló varias preguntas que el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia debería contestar:

Títulos fraudulentos

A principios de diciembre/2000, la Fiscalía y el Ministerio de Educación (MINED) comenzaron a investigar a 89 fiscales que obtuvieron su título de abogado en la Universidad Las Américas de El Salvador (ULAES) o en la Universidad Salvadoreña (USAL). Hay evidencia que algunos títulos fueron emitidos de manera fraudulenta. Estas universidades fueron cerradas en 1998 por orden del MINED por no cumplir con los requisitos mínimos para una institución educativa de nivel superior. Otras universidades salvadoreñas desaparecidas, como la Universidad de Administración de Negocios (UNAE), graduó abogados sin estar autorizada.

A la luz del escándalo sobre los títulos de abogado irregulares o fraudulentos, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ha enviado 200 títulos de jueces al MINED para que determine su validez. De los 77 títulos que el MINED ha revisado, 16 no están registrados.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió a cuatro jueces de Paz y uno de Primera Instancia, basándose en un informe del CNJ que denuncia anomalías en la obtención de los títulos profesionales. El informe contiene otros 52 casos de funcionarios bajo el mismo señalamiento.

El MINED anunció el 21/diciembre/2000 que ha revisado otros 322 títulos de abogados y entre ellos más de 75 títulos, algunos de jueces y fiscales, no son registrables porque les faltan materias para poder obtener el título o debido a otras anomalías. Ha recomendado como una solución la realización de exámenes privados o de suficiencia a los jueces y fiscales que cuentan con títulos cuestionables. Sin embargo, muchos abogados la han rechazado.

En diciembre/2000, La Prensa Gráfica recibió un informe interinstitucional que revela que: "De los 566 jueces de Paz y de Primera Instancia del país, 205 proceden de la ULAES y la USAL".

En el mismo mes, el director de Educación Superior, Adalberto Campos, dijo que el MINED no tiene capacidad para realizar dichas investigaciones y una fuente del CNJ dijo a La Prensa Gráfica que este ente tampoco cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.

Corte Suprema de Justicia

Desde 1994, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido criticada por salvadoreños, las Naciones Unidas, el Departamento de Estado estadounidense y otros, por tener jueces corruptos e ineficientes y por resistirse a una depuración verdadera de esos malos elementos.

En enero/2000, un informe del Departamento de Estado estadounidense señaló que hay mucha corrupción e ineficiencia dentro del Poder Judicial salvadoreño.

Los resultados de una encuesta de La Prensa Gráfica y Unimer, hechos público en marzo/2000, coincidieron con el informe. Según la encuesta, "uno de cada dos salvadoreños (el 51.7 por ciento) piensa que la labor de los jueces en la aplicación de justicia es mala o muy mala". En mayo/2000, una encuesta realizada por la CID-Gallup reveló que 73% de los salvadoreños consultados consideran que con las tareas del Órgano Judicial los únicos beneficiados son los delincuentes.

El Órgano Judicial está estudiando un informe hecho por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), encargado de capacitar, evaluar el desempeño de los jueces y recomendar sanciones. El informe, que fue entregado a finales de julio/2000, es de una evaluación practicada por la Unidad Técnica de Evaluación (UTE). El desempeño del 50% de los 322 jueces fue caracterizado como no satisfactorio. El CNJ recomendó sanciones de 3 a 60 días de suspensión para 162 jueces y la destitución de otros tres.

A principios de diciembre/2000, el CNJ, presentó un informe sobre el desempeño de todos los jueces de Instrucción (43). Su evaluación no encontró corrupción y recomendó la remoción del cargo solamente para un juez basándose en "denuncias por atrasos en sus fallos, desorden de expedientes y mala conducta".

Luego, la CSJ destituyó al juez de Instrucción de Santa Ana, Héctor Eduardo Alemán Gerónimo, debido a un "mal manejo de un depósito que se dio en un proceso penal". Según fuentes de la CSJ, Alemán no fue evaluado por el CNJ.

También la CSJ ha suspendido a 5 jueces por denuncias de irregularidades en la obtención del título; de estos, uno podría revertir su caso.

En su informe sobre el desempeño de los jueces de Sentencia (63), también presentado en diciembre/2000, el CNJ recomendó la suspensión entre 3 y 60 días de 18 funcionarios por violaciones al debido proceso judicial.

En agosto/2000, comenzó la vista pública contra Luis Arturo Ventura Rivas, ex juez de primera instancia, quien liberó en 1994 a un grupo de narcotraficantes salvadoreños y colombianos que fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) con un cargamento de cocaína por un valor de unos 14 millones de dólares. Se sospecha que Ventura Rivas liberó los sospechosos a cambio de un soborno. En septiembre/2000, Ventura Rivas fue sentenciado a cinco años con nueve meses de prisión, por los delitos de prevaricato y actos arbitrarios. El condenado es prófugo de la justicia.

En junio y octubre/2000 los medios reportaron que el ex juez 2o. de lo Penal de Zacatecoluca, Eduardo Morales Martínez, ha sido acusado de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho propio, cometidos entre los años 1996-1998. Supuestamente en 1996 se aprovechó de algunas fianzas pagadas por diferentes personas imputadas de varios delitos. El enriquecimiento ilícito puede sumar unos 100 mil colones. La Prensa Gráfica reportó que: "la Fiscalía ha solicitado un tiempo de seis meses para la presentación de pruebas contundentes. En un tercer proceso tipificado como cohecho fue sobreseído definitivamente por la Jueza Primero de Instrucción".

Corrupción en la Fiscalía

El crimen organizado "ha colocado en entredicho a la institución, corre el peligro\ de contaminarse con malos elementos que perjudican las labores del personal honesto". Belisario Artiga, Fiscal General, 20 diciembre 2000

La Fiscalía General ha sido fuertemente criticada en los medios y por la opinión pública por incapacidad, hacer "un show" y tener motivaciones oscuras, todo lo cual se sospecha ha contribuido a fallos que han exonerado a imputados de corrupción, asesinatos y otros delitos graves.

En junio/2000, el Consejo Nacional de Judicatura (CNJ) señaló la ausencia de sanciones y propuso un saneamiento del personal de la Fiscalía que ha cometido actos criminales y por incompetencia. La propuesta, apoyada por jueces y abogados, diputados y el Director de la PNC, fue reconocida por el Fiscal General, Belisario Artiga, quien prometió tomar las medidas que corresponden a una depuración.

En septiembre/2000, el Fiscal General admitió que su institución había recibido denuncias de corrupción contra varias de sus unidades que tratan casos de contrabando, malos manejos de fondos públicos y evasión de impuestos. También dijo que fiscales habían sido señalados por hacer arreglos para facilitar la exoneración de contrabandistas.

En noviembre/2000, Artiga tomó una posición fuerte, admitiendo que su institución "está enferma" de corrupción. Señaló varios problemas, entre ellos la falta de recursos, de capacitación, de idoneidad, de eficiencia y de mística así como el nepotismo que influencia negativamente las actuaciones de los fiscales, fraude en la obtención de títulos que acreditan como abogados a algunos fiscales, corrupción y vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía está impulsando un proceso de depuración para separar del ente a personal que tiene relaciones de parentesco dentro de la institución; fiscales que poseen títulos falsos; y fiscales que están involucrados en actos de corrupción o delictivos. Inició el proceso de depuración el 21 de noviembre cuando presentó un decreto legislativo para depurar por ley a la institución. Antes de que el decreto fuera aprobado, decidió no renovar 35 contratos a fiscales y personal administrativo que no gozan de su confianza. Otros cinco empleados presentaron su renuncia. Según el Fiscal Adjunto, Romeo Benjamín Barahona, la mayoría de ellos están en la lista de depuración, que contiene alrededor de 100 fiscales.

En diciembre/2000, reportajes de La Prensa Gráfica revelaron que hay nexos fuertes entre contrabandistas y un grupo de fiscales de la Unidad de Procuración que incluye a su ex coordinadora. No investigar casos, extraviar o archivar expedientes han sido prácticas utilizadas por ellos para impedir las investigaciones a contrabandistas por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Hacienda y para favorecer los delincuentes. En algunos casos, el ex Fiscal Manuel Córdova Castellanos tenía conocimiento de la situación pero no respondió. Desde agosto/2000, el actual Fiscal ha denunciado la corrupción en esta unidad.

No existen cifras para cuantificar las pérdidas que tiene el gobierno a causa de la evasión fiscal por el contrabando. La Prensa Gráfica consultó con aduaneros, quienes explicaron que por cada furgón que ingresa al país de contrabando, el Estado deja de percibir entre 700 mil y un millón de colones, de los cuales unos 100 mil colones son repartidos por los capos entre aduaneros y policías.

La lista de depuración y todas las nuevas denuncias contra el personal de la Fiscalía serán estudiadas por la Comisión Evaluadora que fue juramentada el 19/diciembre/2000. La Comisión también se dedicará a revisar el perfil de los fiscales y personal administrativo y presentará un informe de diagnóstico antes de abril/2001 sobre la selección, desarrollo y capacitación del personal y los recursos económicos y de infraestructura que la Fiscalía necesita.

Además, la Fiscalía ha creado el Tribunal de Apelaciones que recibirá las solicitudes de revisión de los candidatos a destitución. Los miembros son Ricardo Córdova (economista), director de la Fundación Ungo, que funcionará como el presidente del Tribunal; María Silvia Guillén (abogada), directora de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD); y José Néstor Castaneda (abogado), de la Federación de Abogados. Ellos también integran la Comisión Evaluadora.

Como reportaron los medios en septiembre/2000, anteriormente la investigación de los 762 fiscales cayó en la Unidad de Auditoría Legal de la Fiscalía. La unidad tenía tres empleados, no contaba con un teléfono y fue criticada por no procesar las denuncias recibidas.

El Fiscal General, Belisario Artiga, confirmó en diciembre/2000 que el primer caso de nepotismo que investigará es su presunto parentesco con Tatiana Artiga, que según El Diario de Hoy, es "una fiscal que de la noche a la mañana pasó de fiscal a coordinadora y luego a jefa".

Trascendieron también durante noviembre y diciembre/2000 diferencias entre la Fiscalía y el CNJ. La Fiscalía aduce que la capacitación impartida por el CNJ está relacionada con "la deficiencia detectada en algunos fiscales" y ha manifestado que capacitará a su propio personal.

Corte de Cuentas

El Caso FEDEFUT: Cuando la Corte de Cuentas hizo pública en agosto de 1999 su auditoría a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), durante el período 1996-98, anunció que había detectado un faltante, originalmente de 90 millones de colones, luego de 35 millones de colones, y que la FEDEFUT no contaba con un adecuado sistema de control interno. En agosto/2000, desvaneció 32 de los 35 millones de colones.

La Fiscalía General de la República no ha estado de acuerdo con la posición de la Corte de Cuentas y ha hecho su propia investigación sobre las múltiples anomalías administrativas y financieras en la FEDEFUT, así como otros posibles faltantes. Aunque el informe de auditoría que la Corte de Cuentas entregó a la Fiscalía sólo señaló indicios de responsabilidad administrativa y patrimonial, la Fiscalía ha creído en la existencia de responsabilidad penal.

También la Fiscalía ha investigado si funcionarios de la Corte de Cuentas han manipulado los informes y documentos relacionados al caso de la FEDEFUT. En septiembre/2000, la Fiscalía allanó oficinas de la Corte de Cuentas y la FEDEFUT en busca de supuestos documentos falsos, después de pedir documentos a la Corte en tres ocasiones, sin obtener respuestas.

A finales de octubre/2000, fueron sobreseídos definitivamente de los delitos de peculado, malversación de fondos, de negociaciones ilícitas y el de falsedad agravada los implicados en el caso de la FEDEFUT. La jueza Patricia Velásquez dijo que FEDEFUT no es una institución pública y "esto desvirtúa todos los argumentos de la representación fiscal".

Los procesados eran el ex presidente de la FEDEFUT, Juan Torres, así como los directivos del período 1996-98 (Fidel Chávez, Pedro Joaquín Valencia, Juan Antonio Gamero Sibrián, Federico García Prieto, Marvin Reynaldo Bernal Silva y Roberto Mathies Hill), Fredy Vega, ex gerente de selecciones, y Roger Barberena, presidente del Comité de Clubes de las Ligas Infanto Juveniles de El Salvador (COLIJES). También se emplazó al gerente personal de Torres, Guillermo Valiente.

Además eran procesados Juan de Dios Pérez De León, director de responsabilidades de la Corte de Cuentas, y Ricardo Antonio Mena, asesor jurídico de la misma, por avalar documentación presuntamente falsa o alterada que favorecía a los sospechosos. En su favor la jueza desestimó los cargos de actos arbitrarios porque en última instancia quien tiene el poder de decisión y avala la actuación del ente es el presidente del mismo, el señor Rutilio Aguilera. La jueza no quiso afirmar si entonces el acusado debió haber sido el Presidente de la Corte de Cuentas.

La única persona que sigue siendo procesada por la jueza Velásquez es el notario de la FEDEFUT, Pablo Noé Recinos Valle, por el delito de falsedad de documentos agravada.

En un primer momento, la Fiscalía anunció que no apelaría el caso para no "desgastarse" y no empeorar su imagen. El fallo y la actitud de la Fiscalía fueron duramente criticados por juristas y otros. Aún se habló de iniciar un proceso de antejuicio contra el Fiscal General por no apelar el caso, sobre la base del delito de omisión a la investigación. Citaron la Ley de la Federación Salvadoreña de Fútbol que en su artículo 1 establece que: "la Federación Salvadoreña de Fútbol es una institución de utilidad pública de carácter autónomo y con personalidad jurídica..." También han hecho referencias a la Ley de Presupuesto, en el capítulo del Ministerio de Educación, a la Ley de Salarios, y a manuales del Ministerio de Hacienda, que muestran que la FEDEFUT es una institución autónoma del Estado.

A la luz de tantas críticas y presión, la Fiscalía presentó el escrito de apelación que está basado en las siguientes razones: la jueza reconoció la existencia de los delitos imputados; la FEDEFUT es una institución autónoma y los ex federativos son funcionarios públicos; en la FEDEFUT se han malversado fondos del Estado y se han falsificado documentos.

En noviembre/2000, el juez Levis Italmir Orellana ordenó reabrir el proceso penal contra los ex directivos de la FEDEFUT Juan Torres Polanco y Pedro Joaquín Valencia. La resolución revocó, en parte, el fallo del 31 de octubre de la jueza Velásquez, que exoneró a los ex directivos con el argumento de que la FEDEFUT no es una ente público. A finales del mismo mes, Orellana, juramentó a cuatro peritos de la PNC para analizar y verificar si las firmas que aparecen en documentos relacionados con el caso FEDEFUT son falsas o auténticas.

Conflictos de interés, Corte de Cuentas-FEDEFUT: Aunque el Presidente de la Corte de Cuentas, Ing. Rutilio Aguilera ha manifestado que no existe un conflicto de intereses en el caso FEDEFUT, La Prensa Gráfica y otras fuentes noticiosas han demostrado desde 1999 las relaciones partidistas entre la dirigencia de la FEDEFUT y la Corte de Cuentas. La familia Torres mantiene una relación estrecha con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que casi siempre ha manejado el ente contralor desde su creación. El ex-presidente de la FEDEFUT, Sergio Torres, fue propuesto por el PCN como candidato a alcalde de Usulután. Era padre de Juan Torres, quien ha sido señalado por los auditores de la Corte de Cuentas en el caso FEDEFUT debido a anomalías durante su presidencia entre 1996 y 1998. Entre otras relaciones señaladas por La Prensa Gráfica, el asesor del presidente de la Corte de Cuentas y actual Coordinador General Administrativo, el arquitecto Pedro Angel, diseñó supermercados para la familia Torres y construyó un albergue de la FEDEFUT, el costo del cual fue cuestionado por los auditores pero no se mencionó en el informe. El ex-primer magistrado, José Adalberto Amaya, y el ex-segundo magistrado, Alfredo Arbizú Zelaya, de la Corte de Cuentas, ambos militantes de ARENA, trabajaban el año anterior en la FEDEFUT como asesor y auditor interno, respectivamente.

Conflictos de interés, la Corte de Cuentas (PCN) y el partido gobernante (ARENA): El PCN, como ARENA, son partidos de la derecha. El primero fue formado como el partido oficial de la Fuerza Armada; el segundo fue fundado por el ex militar Roberto D\'Aubuisson, quien, según el gobierno estadounidense y organizaciones internacionales, tenía fuertes nexos con los escuadrones de la muerte y con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los dos partidos abiertamente admiten que son aliados en la Asamblea Legislativa. A cambio de los votos para aprobar legislación y candidaturas promovidas por ARENA, el PCN ha gozado del control de la Corte de Cuentas. Por consiguiente, la conducta de la Corte de Cuentas ha sido criticada por su manejo en los casos de corrupción que se considera es influenciada por negociaciones con ARENA y por los nexos de los implicados con el PCN.

En marzo/2000, La Prensa Gráfica escribió que "La Corte es el feudo tradicional del PCN. Nadie entra allí si no es azul y blanco. Y nadie mete allí las narices desde... siempre. Nadie excepto el PCN. ... A la fecha nadie examina a la entidad examinadora del Estado. El FMLN acusó en 1999 a ARENA y al PCN de confabular para evitar la licitación de la auditoría. Desde el 1o. de mayo habrá casi una sucursal de la Corte en el Salón Azul. ¿Apoyarán que se audite a su sucesor, Rutilio Aguilera? ¿O es más fácil prever que éste sea diputado desde el 2003?"

Caso de anomalías en la Corte de Cuentas: Durante una entrevista televisiva en 1999, Carlos Posada Majano, un ex-asesor de la Corte de Cuentas, dijo que debido a los compromisos políticos algunos informes de auditoría habían sido cambiados para proteger a funcionarios. Como ejemplo, mencionó una auditoría involucrando el presidente de esta institución, Rutilio Aguilera, cuando era magistrado suplente ante el Tribunal Supremo Electoral. Entre otras denuncias, el ex-empleado, con 24 años de laborar en la Corte de Cuentas, hablaba de compras fraudulentas durante los períodos de Hernán Contreras (1989-1998) y Francisco Merino (1998-1999). Las denuncias van desde administración corrupta de los recursos, hasta arreglos para cambiar los informes de auditoría y favorecer a algunos funcionarios y diputados. A raíz de esas denuncias en la Asamblea Legislativa, surgió nuevamente el tema sobre la necesidad de auditar la gestión de la Corte de Cuentas, que nunca ha sido efectuada a pesar de ordenarlo la ley. Esta situación también motivó al diputado Gerson Martínez del partido de oposición, FMLN, a presentar una propuesta para reformar la Constitución y convertir a la Corte de Cuentas en una Contraloría.

Falta de auditoría de la Corte de Cuentas: Como fue mencionado anteriormente, la ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor cada año. Sin embargo, desde su creación en 1939, la Corte de Cuentas nunca ha sido fiscalizada. Como escribió El Diario de Hoy en agosto/2000: "La Corte de Cuentas de la República se ha convertido en la institución más escurridiza del Estado. Desde que se emitió su ley orgánica, en 1995, nunca ha sido auditada, pese a que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacerlo... Es más, ha desaparecido importante información de los expedientes que se llevan al respecto en la Comisión de Hacienda. Entre la documentación "extraviada" se encuentran las bases del concurso de licitación fallido de 1998". Se sospecha que no hay voluntad política para auditar debido a las negociaciones entre el partido gobernante (ARENA) y el partido que ha manejado el ente por casi 20 años.

Caso olvidado - Viaje no realizado (1999): Cuando era presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999), Francisco Merino López no realizado un viaje a Uruguay, no reintegró ni valor de pasaje de avión ni viáticos.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación (MINED) ordenó auditorías internas en los 218 centros educativos para examinar el uso de los fondos públicos. Hasta la fecha, el MINED ha detectado múltiples casos de malversación de fondos, faltantes, la venta de títulos y de plazas de docentes. También, se encuentran irregularidades financieras y administrativas (faltantes, el uso no justificado y requisiciones sin firma de autorizado) en el uso de combustible asignado a varias Direcciones Departamentales del MINED, en el suministro de uniformes para personal y en pagos indebidos a algunos directores. Los informes de MINED han sido enviados a la Fiscalía y la Corte de Cuentas.

Entre otras irregularidades detectadas están los cobros indebidos. Para evitar esas anomalías, en octubre/2000, el MINED anunció que había elaborado reglamentos que establecen las contribuciones de los padres de familia.

Caso de soborno por Director de una escuela pública: El director del Complejo Educativo de Ciudad Credisa, Soyapango, Ascencio Escobar Henríquez, fue capturado en 1999 por pedir a un maestro de Apopa algunos 9 mil colones a cambio de trasladarlo a una escuela cerca de su casa. El Departamento de Cuello Blanco de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) anunció en enero/2000 que investigaría si personal del Tribunal Calificador de Selección de Profesores del Ministerio de Educación estaba involucrado en este u otros sobornos. Además de denuncias de acoso sexual a las alumnas y una malversación de fondos, el Lic. Escobar Henríquez está involucrado en la venta de títulos de bachiller.

Auditorías detectaron faltantes en:

Fiscalía no está dando seguimiento a los casos: Los informes de auditoría sobre la escuela "Juana López" de Ciudad Delgado, el Centro Escolar "Saúl Flores" en Zacatecoluca, la Escuela de Educación Especial La Unión y el Centro Escolar "Barrio Las Delicias" de Mejicanos, han sido presentados a la Fiscalía General. Según La Prensa Gráfica, "en el Departamento de Procuración de la Fiscalía, que investiga los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, se dijo en marzo/2000 que no tienen ningún caso referente a escuelas o institutos públicos".

Caso de venta de diplomas falsos: El Departamento de Investigación de Delitos de Cuello Blanco de la Policía Nacional Civil dijo en febrero/2000 que está investigando la venta de miles de diplomas fraudulentos. Hasta la fecha, han capturado a varias personas, incluyendo al profesor Pedro Heriberto Antonio Gil y al director del Instituto Escolar de Ciudad Credisa, Ascensio Escobar Henríquez. El último también está involucrado en otro delito, por pedir 9 mil colones a cambio de facilitar un traslado de escuela a un profesor.

Escuela "Juana López" de Ciudad Delgado: Además de detectar faltantes en este centro escolar, una auditoría reveló que la directora de la institución, Elsy Josefina Castillo, había contratado a dos maestros que no cuentan con los requisitos mínimos, entre ellos, un hijo de ella. Además de otras irregularidades, la directora había ocupado dinero de la escuela para comprar muebles para su casa.

Centro Escolar "Saúl Flores" de Zacatecoluca, La Paz: Carlos Antonio Nuila, director del centro escolar; y los profesores José Antonio Cornejo, Dinora del Carmen Rivas de Moreno y Daniel Martínez Borja fueron acusados de los delitos de peculado y administración fraudulenta, cuyo monto puede ascender a 150 mil colones, que fueron señalados en un informe de auditoría de la Corte de Cuentas que cubrió los años de 1997 a 1999. Supuestamente utilizaron para fines personales un bono de calidad educativa y fondos de la tormenta tropical "Mitch". En agosto/2000, el Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca dejo que salieran libres con una fianza. Debían presentarse semanalmente al tribunal y no podían salir del país.

PAES: caso perdido: Después de un año, la Fiscalía resolvió responsabilidades por el fraude académico en la Prueba de Aptitudes y Aprendizaje para los egresados de Educación Media (PAES). Copias del examen fueron compradas por centenares de alumnos y por esto el MINED tuvo que repetirlo en noviembre del año pasado. Según fuentes de la Fiscalía no hay pistas y es posible el caso será archivado. Sin embargo, la misma Fiscalía anunció que investigará la denuncia hecha por El Diario de Hoy en octubre/2000, sobre la venta por Internet de 15 exámenes de la PAES a 100 colones cada uno.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Anomalías administrativas: La Corte de Cuentas de la República detectó una serie de fallas administrativas en el Ministerio de Relaciones Exteriores que corresponden al período enero-diciembre de 1998. Según un reportaje de La Prensa Gráfica de julio/2000, los auditores encontraron "deficiencias importantes, como la falta de un proceso planificador, de herramientas administrativas y de una efectiva administración del recurso humano". Luego, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa recibió un informe de la canciller María Eugenia de Avila sobre las observaciones de la Corte de Cuentas.

Corte de Cuentas cuestiona embajadas salvadoreñas: En 1998, un informe de la Corte de Cuentas vinculó a 13 de las 24 embajadas y consulados auditados, con distintos delitos de mal manejo de fondos. Entre ellos, se encuentra Raúl Tadeo Figueroa, ex cónsul en Brasil, que está acusado de peculado por más de 43 mil dólares. En febrero/2000, la Fiscalía anunció una orden de captura para él y que retomaría la investigación contra el ex embajador y ex cónsul de El Salvador en Brasil, Guillermo Iraheta Basil y Hugo Leonel Santos Quiroz, quienes están involucrados en varios actos de corrupción.

En mayo/2000, la Corte de Cuentas cuestionó al Ministerio de Relaciones Exteriores por deficiencias administrativas y financieras que una auditoría encontró en las embajadas y consulados salvadoreños en Bélgica, Washington, Estados Unidos, España e Inglaterra. Según la Corte, aunque los faltantes son "mínimos" lo que es más preocupante es que las sedes diplomáticas no cuentan con un control de los fondos: " no hay registros, por ejemplo, de los depósitos y retiros de algunas misiones, embajadas y consulados. No hay remesas diarias y los bienes no están codificados".

Faltante en misión ante la ONU: Un informe de la Corte de Cuentas indicó un faltante de 441 mil 500 dólares (3.8 millones de colones), en la oficina diplomática del representante de El Salvador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). El reportaje de junio/2000 de La Prensa Gráfica indicó que se está guardando en anónimo el nombre del embajador responsable, quien fungió entre 1989 y 1996.

Policía Nacional Civil (PNC)

Desde su nacimiento en los Acuerdos de Paz (1992), la Policía Nacional Civil (PNC) frecuentemente ha decepcionado al pueblo salvadoreño que tenía muchas expectativas sobre su primer cuerpo policial civil y que todavía tiene mucha necesidad de una policía que pueda responder al auge de la delincuencia que ha marcado el período de post-guerra. Por varios años, El Salvador ha sido el país más violento en el mundo que no está en guerra y es muy aterrorizado por los secuestros. Desde mayo/2000, los medios de comunicación han abordado el desenfrenado involucramiento de miembros de la PNC en asesinatos, secuestros, robos, violaciones sexuales, corrupción y otros delitos.

En junio/2000, la Policía Nacional Civil (PCN) inició un proceso de depuración, el cual esperaba terminar en diciembre. Su personal ha estado involucrado en numerosos casos de secuestros, asesinatos, narcotráfico, contrabando y corrupción. A principios de diciembre las autoridades policiales pidieron una prórroga de 120 días del decreto legislativo que permite la inmediata separación de estos policías con conductas irregulares.

El 7/diciembre/2000, La Prensa Gráfica reportó que "La Policía tiene prevista la separación de mil 400 de sus miembros, como parte del proceso de depuración. 500 han sido removidos", incluyendo 15 jefes, por supuestas conductas delictivas, entre ellas, actos de corrupción.

Caso pendiente/mala administración de fondos: En 1999, la Corte de Cuentas informó a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de una auditoría a los gastos por la remodelación del edificio central de la PNC que, según reveló la institución contralora, se efectuaron algunos desembolsos sin justificación, y recomendó que las empresas RENNO, S.A. de C.V. y AQSA, S.A. de C.V. reintegraran 297 mil 455 colones y 43 mil 193 colones respectivamente.

Gastos no justificados: La Corte de Cuentas envió al director de la PNC, Mauricio Sandoval, un informe de auditoría señalando anomalías en la administración de fondos en 1997, entre ellas un faltante de más de 61 mil colones por la pérdida de cupones de combustible y la autorización de más de 75 mil colones en viáticos para viajar al exterior. En mayo/2000, los medios reportaron que la PNC no había respondido al pedido de la Corte de Cuentas de revelar la identidad de los involucrados. Tampoco había explicado el uso de los fondos del Estado para pagar fianzas de policías que eran procesados por diferentes delitos y la pérdida de más de 700 mil colones por el deterioro de bienes de la institución.

El "exhibicionismo" de los funcionarios públicos: En uno de sus editoriales de mayo/2000 en La Prensa Gráfica, el abogado y ex-juez, Ivo Priamo Alvarenga, criticó "los sueldos en las alturas estatales [que] alcanzan cifras chocantes e injustificables", la compra de "camionetas de alrededor de medio millón de colones, los vehículos más ostentosos del momento" que ocupan los funcionarios y el uso exorbitante de "2, 4 y hasta 8 guardaespaldas." Citó como el peor caso, el del Director de la PNC, Mauricio Sandoval, "que entre él y su familia tiene como seguridad a unos 30 agentes" que le cuestan a la población algunos "180 mil colones mensuales, sólo en sueldos."

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

Incumplimiento de horarios: En enero/2000, la ex directora del ISSS, María Julia Castillo pidió que la Corte de Cuentas investigara a 20 médicos para averiguar si son culpables de incumplimiento de horarios debido a que están contratados en el ISSS y en otros lugares al mismo tiempo.

Cuestionamiento a licitación en el Seguro Social (ISSS): En febrero/2000, el Colegio Médico pidió a la Fiscalía General y a la Corte de Cuentas que investiguen lo que considera como irregularidades en la adjudicación de servicios de cirugía. Según la denuncia, la licitación favoreció a "hospitales predeterminados" que presentaron las mismas ofertas, el Ministerio de Salud Pública adjudicó a las ofertas más caras, y entre otras criticas, el proceso no fue transparente.

Ministerio de Obras Públicas

Durante 1999, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue criticado por gastos excesivos en la construcción de pasos a desnivel y de carreteras, anomalías en sus licitaciones, y la falta de responsabilidad de las empresas que han dejado algunas obras incompletas. Algunos funcionarios dijeron que consideran como "errores administrativos" normales los gastos excesivos de proyectos de construcción de carreteras y puentes cuyos valores finales superan significativamente los montos contratados originalmente.

Luego, varios diputados pidieron una auditoría por la Corte de Cuentas para identificar por qué el margen de variación de los gastos imprevistos en la carretera a Las Chinamas fue tan exagerado, llegando a los 94 millones de colones y por qué la carretera entre los puertos de Acajutla y La Libertad costaría 130 millones de colones más. Comentando sobre tales errores "normales", una socióloga y columnista de La Prensa Gráfica escribió en marzo/1999: "Pareciera que incrementos de 100 millones en el proyecto del Puente de Oro o 94 millones en la carretera entre El Portezuelo y Las Chinamas fueran normales y esperados. Y para sorpresa de muchos, pareciera que un puente de medio millón que colapsa antes de ser inaugurado fuera normal y hasta esperado porque el río se crece." La misma autora criticó al gobierno por la falta de voluntad reflejada en la posición del gobierno de no revelar, ni tampoco tomar acción, contra los responsables de esos costosos errores.

Más incrementos: Un reportaje reveló en marzo/2000 que modificaciones a la reconstrucción de la carretera de Quitasol a la frontera de El Poy resultaría en un incremento entre 45 millones y 65 millones de colones adicionales. También, la reconstrucción de la carretera de la ciudad de San Miguel a la frontera de El Amatillo ha sufrido un incremento de 60 millones de colones debido, según un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a los atrasos e imprevistos en el diseño original. Sin embargo, el MOP dijo que ha logrado reducir en ¢43 millones el incremento en la carretera que va de El Portezuelo a El Jobo (Las Chinamas) a través de algunas modificaciones en su diseño.

Anomalías en adjudicación de obras: La Corte de Cuentas anunció en septiembre/2000 los hallazgos de una auditoría del Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la gestión del ex ministro Roberto Bará. Entre ellos, detectó que no hubo licitación pública por los trabajos de alumbrado que correspondieron al contrato firmado con la empresa PRINEL y que la empresa comenzó el trabajo de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador antes de que el MOP aprobara el contrato, que el trabajo de alumbrado que hizo en la autopista hacia Comalapa quedó con muchas deficiencias, que nunca realizó el alumbrado del tramo de Santa Tecla-La Cuchilla, que estuvo en el mismo contrato, y que PRINEL cobró 5 millones de colones más que otra empresa aspirante. Según la Constitución, Art. 234, los contratos con fondos públicos requieren una licitación pública. El informe de dicha auditoría está en la Fiscalía General, la que continuaría la investigación.

Empresa EDISAL: En 1993, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) contrató a la empresa EDISAL para pavimentar 26 kilómetros de la carretera entre Comalapa y Zacatecoluca. La empresa NHA Supervisores fue contratado para supervisar la obra. Hace dos años el contrato fue terminado de mutuo acuerdo entre ambas partes y la obra fue entregada inconclusa. Ya que la empresa dejó el trabajo sin poner una capa de asfalto en casi 19 kilómetros, esta parte de la carretera se encuentra en malas condiciones. La empresa no hizo ningún trabajo en los otros 6 kilómetros. La Prensa Gráfica reportó en octubre/2000 que: "no se otorgaron pagos por adelantado y, por el contrario, aún está pendiente la cancelación de una parte de dinero correspondiente a obra ejecutada y justa compensación".

Obras mal hechas: En octubre/2000, el diputado David Rodríguez (FMLN), de la Comisión de Obras Públicas, hizo referencia a algunas obras que no quedaron bien hechas, como la Carretera de Oro y la iluminación de la autopista a Comalapa, y señaló otras como la reconstrucción del tramo de carretera entre Comalapa y Zacatecoluca que se finalizó en diciembre pero que quedó "en pésimas condiciones". El diputado sospecha que el tráfico de influencias en las licitaciones ha resultado en obras incompletas y mal hechas.

Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL)

El Diario de Hoy reportó que el 17/octubre/2000, "la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), confesó públicamente que le paga a la empresa estadounidense Duke Energy International El Salvador Investment por la energía que no genera. ... El contrato de reserva de potencia - ése es el nombre técnico - , es la compensación que el Gobierno le está haciendo a la mencionada compañía eléctrica por la energía que ésta no puede vender en el mercado, debido a los elevados costos de materia prima, y por la mala inversión que ésta hizo cuando le pagó \$125 millones por las tres centrales térmicas estatales. ... Las plantas son tan ineficientes que su operación cuesta un ojo de la cara, de tal manera que para obtener alguna participación en el mercado, Duke ha tenido que invertir \$70 millones en la modernización de la Central Térmica de Acajutla. Las otras dos, la de Soyapango y San Miguel, están descansando".

El contrato con la empresa Duke estipula pagos mensuales hasta el 2003. El presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, dijo que solamente puede hacer público el contrato si la empresa Duke está de acuerdo.

Corrupción en el Viceministerio de Transporte

Por más de un año han sido múltiples las denuncias de corrupción en la entrega de diesel, viajes fantasmas y anomalías en los trámites de permisos de línea de buses y microbuses.

En septiembre/1999, dos miembros de la Comisión de Obras Públicas solicitaron una investigación legislativa sobre la corrupción en la entrega de diesel, después de las denuncias públicas hechas por Rosa Álvarez sobre viajes fantasmas de algunos buses y anomalías en los tramites de permisos de línea de buses y microbuses. Sus denuncias fueron avaladas por el entonces director de Transporte Terrestre, Armando Cienfuegos, quien dijo que "ha habido denuncias de corrupción en por lo menos 100 rutas".

En febrero/2000, el Viceministerio de Transporte dijo que investigaría la venta ilícita de permisos de líneas de buses y que había habilitado una línea telefónica para recibir denuncias e información.

En marzo/2000, la Alianza Intergremial del Transporte (AIT) y la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) hicieron denuncias de corrupción por "la asignación irregular de diesel, imposición de servicio de grúas privadas y cobros injustificados en el Registro Público de Vehículos". Pidieron una investigación por parte de la Fiscalía General y que la nueva Asamblea Legislativa, que tomó posesión en mayo, solicitara la interpelación de los funcionarios del Viceministerio de Transporte.

En septiembre/2000, miembros de la Asociación Cooperativa de Microbuseros de Usulután (ACOMUS) y la Sociedad de Microbuseros Usulutecos (SOSMUS) se acusaron mutuamente de estar involucrados en la adquisición fraudulenta de permisos de línea. SOSMUS entregó al Viceministerio de Transporte pruebas contra los directivos de ACOMUS.

En septiembre/2000, el viceministro de Transporte, Ricardo Yúdice, despidió a Armando Cienfuegos; Fernando Villalobos, asesor de la Dirección General de Tránsito; Patricia de García, asesora de Tránsito; y Mayulin Alvarenga, jefa del Departamento Jurídico del VMT y dos otros funcionarios por corrupción en la asignación de cuotas de diesel. El manifestó: "Sí hay corrupción y no nos oponemos a que se destape todo". Supuestamente a los destituidos se les canceló sus sueldos hasta diciembre. Algunos consideran que: "Eso es estafa, son plazas fantasmas".

En el mismo mes el Ministro de Obras Públicas, José ángel Quiróz, manifestó que no sabía nada sobre el caso y que se había enterado a través de los reportajes de los medios.

Aunque la Fiscalía General no había recibido una denuncia formal, en base a la cobertura de los medios de comunicación y el artículo 26 del Código Procesal Penal, abrió un expediente para iniciar su investigación del caso que incluye la identificación de los nexos entre estos funcionarios y los dirigentes de la Federación de Cooperativas del Transporte (FECOATRANS). Se sospecha que algunos de ellos están involucrados en la venta ilícita de permisos.

El 15 de noviembre/2000, la Asociación de Transportistas de Autobuses (ATP) pidió a la Asamblea Legislativa que forme una comisión especial para investigar los casos de corrupción en el Viceministerio de Transporte (VMT) durante la gestión de Julio Valdivieso y las nuevas anomalías bajo la administración actual, de Ricardo Yúdice.

En diciembre/2000, el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, denunció nuevos casos de corrupción en la distribución de diesel por parte del VMT. Indicó que ha puesto las denuncias ante el director y subdirector de Transporte, y el Ministro de Obras Públicas, pero que "no han hecho nada... por lo que no existe seriedad ni voluntad para resolver los problemas en el VMT".

Ministerio de Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente realizó una licitación para el control de emisión de gases. Su comisión evaluadora de ofertas descalificó a la empresa Mustang ya que según su constitución, se dedica a la venta de vehículos en violación al requerimiento de la licitación que estipula que serían descalificadas: "las empresas, sociedades, personas jurídicas o consorcios cuya actividad principal sea la comercialización de vehículos, repuestos o la reparación general de vehículos".

Mustang considera que fue descalificada "arbitrariamente", y dijo que vende equipos para control de emisiones de gases y no vehículos. También cuestiona a las dos empresas ganadoras de España, Icasur e Inseysa Vallisoletana, ya que en lugar de tener experiencia en control de emisiones de gases, una se dedica a la construcción y la otra a la confección de ropa interior. Presentaría una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la exclusión en la licitación.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

En febrero, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, renunció después de una serie de denuncias y acusaciones de corrupción en su contra, como gastos cuestionables de viajes realizados por el funcionario y otros de su oficina, de combustible, e irregularidades en la licitación de seguros para vehículos, edificios y mobiliario de la Procuraduría. Luego, fue destituido de su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

En octubre/2000, Marcos Valladares (PCN), el actual procurador, pidió la renuncia de cuatro funcionarios que trabajaban con Peñate con base en la "pérdida de confianza, incumplimiento en sus funciones e irrespeto a la autoridad". También les sigue un juicio civil.

El coordinador de Proyectos de la Cooperación Sueca, David Morales, persiste en su llamado para que se investigue a Peñate por administración fraudulenta y actos arbitrarios.

La posición de la Fiscalía es que no podrá perseguir a Peñate penalmente debido a las acciones tomadas por la Asamblea Legislativa.

Superintendencia de Pensiones

En 1999, la Corte de Cuentas hizo 32 observaciones después de una auditoría a la Superintendencia de Pensiones durante el período del 2 de enero al 31 de diciembre de 1997, durante la gestión de la funcionaria Francia Brevé. Entre las irregularidades descubiertas se encontraban: falta de un plan informático de contingencia; incumplimiento de reglamentos; gastos excesivos en alimentación; el grado académico de la funcionaria; y entre otros, el uso de vehículos por personas ajenas a la Superintendencia. Algunos diputados exigieron que se investigara más el caso.

En enero/2000, la Corte de Cuentas reveló que una auditoría a la Superintendencia de Pensiones, entre el 1 de abril al 31 de julio de 1999, encontró indicios de responsabilidades administrativas relacionadas con la elaboración del presupuesto previo a la realización de un evento y patrimoniales, por el mal uso de fondos en la adquisición de bienes y servicios que suman más de 32 mil colones. La ex-funcionaria implicada en el caso, Francia Brevé, sostuvo que contaba y presentaría evidencia en su favor antes del 2 de febrero, fecha establecida para desvanecer las responsabilidades. No se sabe si esto sucedió.

Ministerio de Hacienda

Tres empleados del Ministerio de Hacienda fueron acusados en julio/2000 de desviar fondos utilizados para la devolución de la renta de los contribuyentes del año fiscal 1999. Supuestamente llenaron declaraciones de renta con sus nombres o de sus hijos y les pusieron que tenían devoluciones. La estafa puede ascender a más de 240 mil colones. Uno de los imputados, el único que es un empleado actual del Ministerio, fue puesto en libertad provisionalmente. Se decretó detención a Claudia Lorena Rivas y medidas sustitutivas a Ana Ruth Sasso Landaverry, ambas ex empleadas.

Aduanas y sus cómplices en la PNC, Hacienda y la Fiscalía

Se reportó en septiembre/2000 que la PNC y la Fiscalía General estaban investigando una red de contrabandistas que operan en las Aduanas de la frontera con Guatemala. Se sospecha que agentes de la Unidad de Patrulleros de Caminos y de la División de Finanzas de la PNC y empleados de la Dirección General de la Renta de Aduanas del Ministerio de Hacienda y de la Unidad de Procuración de la Fiscalía General, han participado en el contrabando de mercaderías a través de facilitar trámites y encubrir denuncias de corrupción, entre otros delitos. Hasta la fecha, han capturado solamente al encargado de la aduana La Hachadura, en Ahuachapán, Manuel de Jesús Pleitez.

Red de corrupción: los pasaportes salvadoreños

Los medios revelaron en septiembre/2000 que la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía, el Ministerio del Interior y Cancillería iniciaron investigaciones sobre la falsificación y distribución de pasaportes salvadoreños a través de redes internacionales que los venden en Sur América y Europa. Se sospecha que la red internacional está vinculada con instituciones públicas salvadoreñas como la Dirección General de Migración, algunos consulados salvadoreños en el extranjero y el Ministerio de Hacienda a través de su Dirección de Servicios Gráficos.

En 1999, el ex Director de Migración y ex Fiscal General (1996-1999), Manuel Córdova Castellanos, fue interrogado por la Policía Nacional Civil, la Policía Internacional (INTERPOL), y otros sobre un caso de falsificación de pasaportes - conocido como "los narcopasaportes de Italia" - ocurrido durante la época en que se desempeñaba como Director de Migración. El Diario de Hoy reportó el 20/agosto/1999 que Córdova renunció su cargo en Migración en 1996 por las presiones relacionadas al caso de los pasaportes falsificados. Inmediatamente después fue nombrado como Fiscal General Adjunto y en el mismo año fue elegido como Fiscal General.

Dirección de Centros Penales

Rodolfo Garay Pineda, Director de Centros Penales, anunció en enero/2000 que después de descubrir tráfico de influencias "en los nombramientos y falta de idoneidad para desempeñar los cargos", no se renovarían los contratos de varios empleados, entre ellos, familiares del gerente de Planificación del Ministerio de Justicia, Hugo Córdova, amigo del ex-ministro Rubén Mejía Peña que laboraba en esa fecha como asesor en el Centro Nacional de Registros (CNR). El Sr. Garay Pineda mencionó que se sospecha que hay otros familiares de Córdova en puestos claves y que la Corte de Cuentas está investigado la pasada administración de él.

Imprenta Nacional

El Código Electoral prohibe el uso de los recursos del Estado para fines propagandísticos. En la investigación del tiraje de cinco mil folletos de campaña del alcalde de San Martín, Valentín Castro (ARENA), que fueron impresos por la Imprenta Nacional, el Fiscal Electoral señaló contradicciones y anomalías en los documentos que había presentado el Director sobre esta posible violación al Código Electoral. También reveló que la cuenta por la impresión fue pagada el 23 de enero, después de que el FMLN denunció el hecho. Según un reportaje de enero/2000 en El Diario de Hoy, la Imprenta Nacional contaba con el apoyo del ex-Fiscal General, Manuel Córdova Castellanos, quien fue recordado por el Fiscal Electoral, José Arturo Cruz Salgado, por impedirle "abrir un expediente contra ARENA por un mitin celebrado en horas de trabajo en el Centro Nacional del Registros (CNR)" durante las elecciones de 1999. El Fiscal Electoral pidió una auditoría por la Corte de Cuentas para averiguar si los fondos que cubrieron los gastos de los folletos eran de la Alcaldía.

En febrero/2000, un Fiscal Electoral, en base a la auditoría de la Corte de Cuentas, absolvió al candidato arenero a alcalde de San Martín por utilizar la Imprenta Nacional para preparar su propaganda.

Registro Nacional de las Personas Naturales

El Diario de Hoy reportó en diciembre/2000 que una auditoría al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) hecha por la Corte de Cuentas detectó varias anomalías durante la administración del ex presidente Arturo Zaldívar, entre ellas nepotismo. Hay evidencias de que Zaldívar contrató a su hija Karla María Zaldívar Espinal como asesora jurídica-informática, con un alto salario de 15 mil colones mensuales.

También la Corte de Cuentas considera que hay indicios de mal manejo en la contratación de servicios: "Al realizar nuestro examen en el área de adquisiciones de bienes y servicios, comprobamos que se efectuó en concepto de remodelación de los edificios que ocupa el RNPN, por la cantidad de ¢91,514.00, en la que no se realizó licitación ni contrato". Además, el matutino señaló que "los auditores se encontraron con que la mayoría de facturas no presenta el sello de cancelado, ni la firma de la persona que recibe el bien o servicio".

Ministerio de Salud

En octubre/2000, la PNC capturó a seis empleados del Ministerio de Salud, incluyendo un médico y tres enfermeras, que están acusados de desviar 250 mil colones del proyecto Salvadoreño Saludable (SALSA).

Otras instituciones: Casos olvidados de 1999

Caso de IPSFA: Desde su creación en 1981, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, ente autónomo, ha funcionado casi en el secreto. En 1999, se cuestionaron algunas inversiones realizadas por dicha institución, la ausencia de controles y el "desinterés de las dos administraciones anteriores que no solicitaron los informes de auditorías sobre sus inversiones en bienes raíces". No se sabe si han continuado las investigaciones del IPSFA.

Caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Una auditoría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conducida por la Corte de Cuentas, reveló gastos injustificables de 2.9 millones de colones durante los años 1995 y 1997. El Ministro de esa instancia dijo en 1999 que existía documentación relacionada a estos gastos pero no dijo si el Ministerio iba a entregarla a la Corte de Cuentas. No se sabe de los avances del caso.

INPEP: Empleados del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) fueron acusados de tramitar de manera fraudulenta visas estadounidenses para 44 jubilados. Fueron capturados en mayo el jefe de la Unidad Integral de Atención al Pensionado, Juan Rafael Uribe, y a la Jefa de la Oficina de Pensionados de Chalatenango, Dora Alicia Anduray Alvarenga por falsedad material, ideológica y estafa. No se sabe del estado del caso.

V. Corrupción en las municipalidades

San Luis Talpa

El ex-presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) y actual diputado y jefe de fracción del Partido de Conciliación Nacional (PCN), José Francisco Merino López, está implicado en este caso de una compra-venta ilícita a través de un "prestanombre".

En febrero/1999, la Fiscalía General presentó acusación contra el Concejo Municipal de San Luis Talpa por el delito de actos arbitrarios al vender zonas verdes sin seguir el procedimiento legal. La Fiscalía manifestó que sus tres investigaciones del caso fueron obstaculizadas durante un año debido a que los magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no habían remitido una resolución sobre la jurisdicción de los tribunales para juzgar al Concejo Municipal.

Hace más de un año, el ex-Presidente de la Corte de Cuentas y militante del PCN, Dr. Hernán Contreras (1990-1998) reconoció públicamente que tuvo conocimiento del caso desde octubre 1997. Sin embargo, no lo mencionó cuando Merino fue promovido y elegido en agosto de 1998 por su partido y ARENA a la presidencia de este ente fiscalizador porque dijo que no quería inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que le iban a suceder en su gestión.

El informe de auditoría de la Corte de Cuentas encontró anormalidades con respecto a la venta, pero durante la gestión de Merino como su presidente, fueron exonerados el alcalde, su concejo y el mismo Merino.

La Fiscalía General dijo en agosto/2000 que necesita seis meses más para terminar su investigación del caso de la ilícita venta de las zonas verdes por parte del Concejo Municipal de San Luis Talpa, y su compra por personas de escasos recursos y por Merino quien renunció a su cargo de presidente de la Corte de Cuentas debido a las criticas fuertes sobre su involucramiento en el caso.

En base a pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez falló en febrero/2000 en contra del alcalde y candidato a reelección en el municipio San Luis Talpa, Yohalmo Augusto González Varela (ARENA) y algunos miembros del Concejo Municipal de la misma localidad, debido a los procesos penales pendientes en su contra por una venta ilícita de zona verdes a Merino. Sin embargo, el TSE resolvió, contradiciendo a la Junta Departamental de La Paz, que el alcalde de San Luis Talpa tuvo derecho a inscribirse como candidato a reelección por el partido ARENA, aunque según el artículo 222 del Código Electoral, no puede postularse como candidato a concejos municipales si tiene pendiente "juicio contencioso administrativo o controversia judicial con la municipalidad o con el establecimiento que de ella dependa o administre".

San Miguel

San Miguel: En 1999, el entonces alcalde de San Miguel, Martín Zaldívar (ARENA), negó acusaciones de malversación durante su gestión, señaladas en un informe de auditoría de la Corte de Cuentas. En dicho documento se recomienda el reintegro de más de 376 mil colones. No se sabe del estado del caso.

Los medios reportaron en marzo/2000 que había sido detenido Luis Alberto Pineda, candidato a concejal del municipio de San Miguel, por el partido FMLN, debido a una denuncia en su contra por una supuesta estafa de 30 mil colones, hecha por Leopoldo Reyes Guzmán, quien era su jefe inmediato y que también era candidato del FMLN a concejal.

En diciembre/2000, salieron a luz pública acusaciones mutuas entre el alcalde, Will Salgado, y su concejo municipal (PDC). Los concejales lo señalan de no dar ingreso a las arcas municipales a ganancias obtenidas por la municipalidad en eventos públicos. Mientras tanto el Alcalde acusa a los concejales de obstaculizarle la ejecución de los proyectos y de estarse aprovechando de sus cargos para beneficiarse personalmente. Como ejemplo citó que los concejales aprobaron un incremento en sus dietas para el próximo año: ganaban 5,500 colones por asistir a cuatro reuniones al mes, ahora ganarán 11,500.

Ciudad Barrios: En junio/2000 la CSJ absolvió a Edgar Yoni De La O (PDC), ex alcalde, de los cargos de malversación de fondos y la venta ilícita de partidas de nacimiento. De La O fue acusado por el Concejo Municipal, el cual lo destituyó y reemplazó por Pedro Santos Márquez. La Sala de lo Constitucional de la CSJ también ordenó que se le cancelaran los sueldos dejados de percibir durante trece meses, y abrió la posibilidad para iniciar un proceso civil declarativo de indemnización por daños y perjuicios en contra de los miembros del Concejo.

Chinameca: El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca determinó en octubre/2000 que el ex alcalde de San Rafael Oriente, Mauro Enrique Chávez (ARENA), debe devolver a la comuna una porción de terreno que adquirió ilegalmente, una posición promovida por la Unidad de Procuración de la Fiscalía General de la República (FGR). Si Chávez no cumple con las ordenes del juzgado, será objeto de un proceso penal.

El Tránsito - la Corte de Cuentas no responde: Una auditoría realizada por la Corte de Cuentas detectó "una serie de anomalías en el gasto de fondos municipales y un faltante de 2 millones 520 mil colones" en el municipio de El Tránsito durante la administración del ex alcalde Nelson Castro, del partido gobernante, ARENA. El actual alcalde, David Penado (FMLN), quiere hacer público el informe pero anunció en diciembre/2000 que la Corte de Cuentas no quiere entregárselo. Mucha de la información relevante al caso fue borrada de las computadoras de la alcaldía antes de que Penado asumiera su puesto. Penado seguirá con sus esfuerzos por obtener el informe de la Corte de Cuentas.

Santa Ana

En marzo/2000, José Angel de la Cruz Juárez y Daniel Mendoza fueron condenados a cinco años de prisión por administración fraudulenta y apropiación o retención indebida. Fueron denunciados por la Alcaldía de Santa Ana cuando no ejecutaron un proyecto de electricidad después de recibir dinero para hacerlo.

La Libertad

Antiguo Cuscatlán: La Fiscalía y miembros de la División de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) anunciaron en marzo/2000 que están investigando denuncias de administración fraudulenta hechas por un ex empleado. Entre las supuestas irregularidades se encuentra trámites fraudulentos para una compra-venta de una zona verde y la compra de llantas para vehículos pesados a una empresa propiedad de un concejal.

Sacacoyo: La Junta Electoral Departamental (JED) de la Libertad confirmó en febrero que las instalaciones de la alcaldía de Sacacoyo, La Libertad, fueron ocupadas por ARENA como sede de la campaña electoral. Esto es una violación de los artículos 232 y 237 del Código Electoral. No se sabe cuál fue su determinación con respecto al imputado, la candidatura del alcalde actual de Sacacoyo, Pedro Leopoldo Montoya.

Cuscatlán

San Rafael Cedros: La Corte de Cuentas anunció en junio/2000 que Lucio Ronney Flores Huezo, el ex alcade debe devolver gastos injustificados por más de medio millón de colones. El ex funcionario y su concejo se comprometieron a desvanecer el faltante, pero hasta la fecha no lo han hecho.

Ahuachapán: la Corte de Cuentas no responde

El Dr. Luis Antonio Cortez (FMLN), el nuevo alcalde de Ahuachapán, manifestó en junio/2000 que había heredado un faltante de 700 mil colones de la administración anterior. También identificó anomalías administrativas y una lista de deudores, entre los cuales figura la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que adeuda a la municipalidad 8 millones de colones, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y numerosas casas comerciales y empresarios. Además las moras que deben los contribuyentes que suman un total superior a los 24 millones de colones, también la alcaldía cuenta con múltiples deudas, por ejemplo, debe 500 mil colones a ANDA y casi 697 mil a FISDL. El 4 de mayo, el alcalde notificó la Corte de Cuentas de los problemas y pidió una auditoría para verificarlos legalmente. Hasta la fecha, la Corte de Cuentas no ha respondido.

Sonsonate

Sonsonate: La Fiscalía anunció en junio/2000 que está investigando al actual alcalde de Sonsonate, Douglas Feliciano Galicia Hernández, y a los miembros de su concejo municipal, por los delitos de usurpación de terrenos y actos arbitrarios durante 1997-2000. Los imputados son miembros de FMLN y de la desaparecida Convergencia Democrática.

Santo Domingo de Guzmán: En mayo/2000, la ex alcadesa, María Luisa Pineda García (ARENA), fue capturada por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, los cuales fueron detectados en una auditoría de la Corte de Cuentas.

Usulután

Jiquilisco: Se reportaron en febrero/2000 que Ricardo Osegueda Herrera, candidato a alcalde de Jiquilisco por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), debe a la municipalidad 75 mil colones por no pagar sus impuestos desde 1991.

San Agustín: José Lorenzo Romero Zelaya (FMLN), quien no ganó su campaña de reelección a alcalde de San Agustín en los comicios del 12 de marzo, fue capturado en marzo/2000 y acusado de peculado y falsedad material. Se sospecha que el ex-alcalde está asociado con la falsificación de documentos (cédulas y pasaportes), el tráfico de ilegales a Estados Unidos y de armas.

San Agustín y San Francisco Javier: José Lorenzo Romero, ex alcalde de San Agustín, fue acusado de falsedad material. Durante un operativo en julio/2000 que montó la Fiscalía y la Policía para capturar a uno de los guardaespaldas del ex alcalde, se encontraron documentos falsos y sellos de las alcaldías de San Agustín y San Francisco Javier.

Usulután: Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República detectó un faltante de ¢ 4.5 millones colones en la alcaldía municipal de Usulután, ocurrido bajo de la administración del ex alcalde Mauricio Arnoldo Durán (ARENA). Según un reportaje de La Prensa Gráfica en septiembre/2000, "... la auditoría detalla que las anteriores autoridades elaboraron uniformes deportivos con colores y bandera del partido ARENA, pagados con fondos de la municipalidad, cuya cantidad asciende a los 97 mil 665 colones. Otro cuestionamiento es el suministro de gasolina con fondos municipales a vehículos particulares". Entre los acusados están el ex alcalde, el ex gerente, José Hernán Reyes Zelaya, el ex jefe de Ingeniería, José Ángel Benítez y el ex tesorero Óscar Roberto Pineda Peña.

El informe de la Corte de Cuentas fue entregado al actual alcalde Hipolito Baltazar Rodríguez Contreras (PCN) quien no ha querido ofrecer detalles sobre el caso y en septiembre/2000 manifestó que el diputado Rafael Machuca (PCN) "iba a dar a conocer de manera más específica el informe de la Corte". La Prensa Gráfica reportó que: "El alcalde no justificó porqué tendría que ser el diputado Machuca quien detallaría el informe, tomando en cuenta que las alcaldía municipales son autónomas y que en teoría no deberían obedecer a líneas de partidos políticos. El mismo como alcalde pudo hacerlo."

Area Metropolitana y San Salvador

Ciudad Delgado: En febrero/2000, la destituida alcaldesa de Ciudad Delgado por utilizar su posición y los recursos municipales en su campaña política, Dina Landaverde (USC), denunció a varios miembros del consejo municipal del FMLN por aprovecharse los recursos de la Alcaldía para fines electorales.

Soyapango: Una investigación de El Diario de Hoy reveló anomalías en las licitaciones para renovar el Mercado Municipal de Soyapango. Durante la administración de Vazques Corena (ARENA), la Alcaldía contrató a la empresa INVINTER para realizar una ampliación del Mercado y le entregó un adelanto de dos millones de colones. Sin embargo, la empresa nunca realizó ninguna construcción. La siguiente administración, de Manuel Aguilar (renovador, FMLN), convocó a nuevas licitaciones, convenció a INVINTER a devolver 700 mil colones del adelanto, y contrató a la empresa constructora de René Esquivel aunque la oferta de la empresa CONSINMA era la más barata. Según el reportaje de octubre/2000, la nueva alcaldesa, Marta Elena de Rodríquez (ortodoxa, FMLN) explicó que "altos dirigentes del ala renovadora del FMLN presionaron al ex alcalde Aguilar para que adjudicara la obra a René Esquivel, con el afán de saldar una deuda política adquirida en las últimas elecciones presidenciales".

Ilopango - ¿caso olvidado?: Entre las denuncias contra el Concejo hechas en 1999 se señalaba que habría concedido a Halgec, S.A. de C.V, una firma constructora, autorización para edificar un complejo habitacional en una zona declarada reserva forestal y que el síndico del Concejo habría retirado, "sin autorización", un cheque por más de 45 mil colones, para la compra de armas para la Policía Municipal. El denunciante, el ex síndico del Concejo, exigió que el FMLN y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigaran un presunto enriquecimiento ilícito de algunos miembros de la municipalidad y que la Corte de Cuentas investigara la supuesta malversación de fondos públicos por parte de algunos miembros del Concejo.

Anomalías en el contrato relleno sanitario: Caso de la Alcaldía de San Salvador. El relleno sanitario ubicado en Nejapa, recibe basura de 10 municipios del Área Metropolitana de San Salvador que son controlados por el partido FMLN. Como reportó La Prensa Gráfica en diciembre/2000: "La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) señaló ante los diputados de la comisión del Ambiente de la Asamblea, varias irregularidades en el contrato firmado por la alcaldía capitalina con la empresa canadiense CINTEC para el funcionamiento del relleno sanitario de San Salvador. Según los representantes de la UNES, la empresa internacional está cobrando a las alcaldías como si la obra estuviera terminada por completo".

También han sido varias las denuncias hechas por los diputados del partido gobernante (ARENA): Norman Quijano, Roberto d\'Aubuisson y Rafael Arévalo. Entre ellas:

Antes de la vacación navideña, se creó una Comisión Especial para investigar el caso, integrada por diputados de los partidos derechistas ARENA, PCN, PDC, y PAN y uno del partido liberal CDU. El partido legislativo mayoritario, el izquierdista FMLN, se abstuvo de participar. (Desde mayo/2000 el FMLN también ha rechazado integrarse a la Junta Directiva de la Asamblea.)

VI. Corrupción en las ONGs

Caso PROCADES

La Asociación de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), vinculada al partido oficial, nació de un proyecto de Rada Barnen con la Cruz Verde Internacional. Está implicada en una estafa contra el Fondo Nacional de la Vivienda Popular (FONAVIPO). En 1999, un juez dijo que sospecha de algunos fiscales por un posible entrampamiento de la investigación. Entre otras acusaciones el juez ha señalado una "convivencia" entre FONAVIPO y PROCADES que facilitaba el desembolso de fondos para proyectos inexistentes.

Los imputados en la estafa de más de 40 millones de colones a FONAVIPO incluyen a dirigentes de la ONG PROCADES, como la ex presidenta Claudia Margarita Cáceres que actualmente huye de la justicia. Dos de sus colegas, Herberth Rivas y Alfonso Bonilla (Director de Auditoría de la Corte de Cuentas desde 1994), fueron absueltos en enero/2000 por el Juzgado 2º de Sentencia, pero la Fiscalía General, que no está de acuerdo con el fallo, tomó acciones para llevar el caso ante un tribunal superior.

La Corte de Cuentas determinó responsabilidad penal contra tres ex consejos directivos de FONAVIPO relacionado a préstamos por 43 millones de colones a PROCADES. Los delitos señalados en el informe del ente contralor durante enero de 1993 a abril de 1999 incluyen peculado, malversación de fondos e incumplimiento de deberes.

La Fiscalía está investigando a la ex directora de PROCADES, Claudia Margarita Cáceres y dando seguimiento al informe de la Corte de Cuentas para determinar responsabilidades. Entre otras anomalías la auditoría detectó que durante el 11 de febrero y el 11 de mayo de 1998, el presidente de la junta directiva de FONAVIPO, Hans Bodewig, se desempeño a la vez como director propietario del desaparecido banco Credisa, que, según la Ley de Bancos, es una violación. Credisa también gozaba de créditos de FONAVIPO.

Caso Madres Demandantes

Una resolución judicial de 1999 reveló que la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda habían descubierto evidencia que tres dirigentes de la Asociación de Madres Demandantes de la Cuota Alimenticia, una ONG que promovía denuncias contra padres irresponsables ante la Procuraduría, estaban involucradas en posible malversación de fondos y en la sustracción, destrucción u ocultación de documentos relacionados.

En mayo/2000, la Fiscalía reveló que tiene en su posesión evidencia para probar que la ONG Asociación de Madres Demandantes utilizó fondos para financiar la campaña de la ex procuradora de Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, quien, fue precandidata a la presidencia por el partido FMLN en 1998 y actualmente es magistrada a la Corte Suprema de Justicia. Las imputadas - Nelly Susana Rivera, Vilma Gladis Vásquez Melgar y Ana Aracely López - fueron procesadas por los delitos de supresión, sustracción y ocultación de documentos verdaderos y administración fraudulenta. En noviembre/2000, fueron declaradas culpables por la desviación de más de un millón de colones en esa institución. Sin embargo, su condena consiste solamente en desarrollar trabajos comunitarios por tres años y un pago de 442 mil colones en total.

ADEFAES

En febrero/2000, la PNC capturó el ex síndico de la Asociación de Desmovilizados de la Fuerza Armada (ADEFAES), Juan Ramón Mancía, por una estafa de más de 300 mil colones que la Fiscalía General está investigando. Según el ente gubernamental, Mancía solicitó dinero ilegalmente a varios campesinos para hacer algunos trámites de legalización de unas parcelas de tierra regaladas por la cooperativa Los Lagartos del municipio de San Julián, Sonsonate.

ATRAM

En junio/2000, treinta y dos ex miembros del sindicato Asociación de Trabajadores Municipales (ATRAM) denunciaron a los dirigentes del sindicato por utilización ilícita de fondos y por no convocar a una asamblea general para conocer el estado financiero a partir de las cuotas de los asociados. El presidente de ATRAM, Juan José Barahona Canizales, desmintió las acusaciones.

Estafa en perjuicio de la Asociación de Desarrollo Comunal del cantón El Pedregal, de El Rosario de La Paz

En junio/2000, Cristian Armando Barrutia Rivera, fue acusado de estafar a "más de 21 comunidades rurales de los municipios de San Pedro Masahuat, El Rosario, Santiago Nonualco, San Pedro Nonualco, San Luis La Herradura y otros, a quienes prometía proyectos de introducción de servicios de agua potable a través de su supuesta empresa FUNDAGUA. Los proyectos, después de más de cuatro años, nunca se ejecutaron. Sumando las cantidades de dinero que entregaban las comunidades a través de las ADESCOS, la estafa puede ser millonaria".

AMPES

En diciembre/2000, la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios (AMPES) presentó una denuncia a la Fiscalía contra Pedro Dalmau, el presidente de la financiera Calpiá y ex presidente de AMPES, y Teresa de Jesús Chávez, ex gerente de la oficina de servicio crediticio de AMPES. Ambos están acusados de administración fraudulenta de unos 50 millones de colones, aprovechándose de los cargos que ocupaban en AMPES.

FIAES: ¿caso olvidado?

En 1999, Carlos Rodríguez fue acusado de estafar con 300 mil colones a una institución que manejando fondos internacionales para la recuperación y protección del medio ambiente. No se sabe si el ex-coordinador financiero del Fondo de Iniciativa para las Américas, El Salvador-Estados Unidos (FIAES), ha recibido una cita para comparecer ante un tribunal.

VII. Corrupción en los sindicatos

En octubre/2000, varios artículos en la revista semanal Enfoques de La Prensa Gráfica trataron el tema de la corrupción en los sindicatos, enfocando acusaciones hechas por la ORIT (Confederación Regional Interamericana de Trabajadores) y la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), que supuestamente trabaja en favor de los empleados de las maquilas. También los reportajes mencionaron anomalías en otras organizaciones laborales, como en el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS).

VIII. Otros casos

Químicas Aliadas/Central de Licores: ¿y su evasión de impuestos?

En octubre/1977 Químicas Aliadas fue creada por los empresarios José Alejandro Bellegarrigue en representación de la sociedad Representaciones Industriales, además de Ramírez Smith y Rafael Enrique Álvarez. La junta directiva ha sido integrada por: Ramírez Schmidt (Director presidente); Patricia Panzacchi de Ramírez (Director secretario); Rolando Ramírez Smith (Director tesorero); y Ricardo Panzacchi, Romano Panzacchi y Coralia de Ramírez (los Directores suplentes).

La empresa química y la Central de Licores se unieron en junio/2000 y están bajo el control de la misma persona, Óscar Alberto Ramírez Smith, quien es presidente de Químicas Aliadas y administrador de la Central de Licores. Desde febrero/1997, la Central de Licores ha sido manejado por Ramírez Smith, como administrador único y Patricia Beatriz Panzacchi de Ramírez (suplente).

La Fiscalía General, la División Policial Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría General han manifestado que el Estado tiene responsabilidad civil en la intoxicación masiva sucedida octubre/2000 por aguardiente adulterado con metanol que ha dejado más de 130 muertos. Algunos sobrevivientes han quedado ciegos. Consideran que el Estado es responsable de controlar el ingreso al país del alcohol etílico y del metanol, de supervisar la venta de bebidas embriagantes y de inspeccionar las farmacias.

Los trabajadores de las empresas Químicas Aliadas y Central de Licores las han denunciado por la venta de alcohol a granel y su distribución a expendios, cantinas y farmacias, así como por evasión de impuestos. La Fiscalía y la División de Finanzas de la PNC están investigando ambas denuncias. (Desde antes que explotara el escándalo, Químicas Aliadas ya estaba siendo investigada por evasión de Impuestos.)

La Prensa Gráfica reportó en octubre/2000 que la empresa fabricaba alcohol bebible y lo camuflaba como producto farmacéutico para evadir más de un 30 por ciento de los impuestos que debía pagar al Estado. Un trabajador dijo que "Químicas Aliadas compraba el alcohol en la destilería La Salvadoreña, lo trasegaba, y bajo el disfraz de la Central de Licores, lo vendía y distribuía". Supuestamente el Ministerio de Salud hizo varias inspecciones de estas empresas, pero sin revisar el contenido de los envases. Y en el mismo reportaje, se citó a otro trabajador que dijo: "En una ocasión, llegaron del Ministerio a realizar una inspección. Durante la visita, se estaba vendiendo alcohol a granel a un vendedor y, ni siquiera se dieron cuenta. Ellos estaban delante y no prestaron ninguna atención".

Aunque ha sido mucha cobertura en los medios sobre la intoxicación masiva, las noticias sobre la supuesta investigación de evasión de impuestos han sido pocas y ningún ente Estatal se ha pronunciado sobre este tema.

Ricardo Cavallo y SERTRACEN

Ricardo Miguel Cavallo, el director del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) en México, también ex militar argentino y miembro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue capturado en ese país por agentes de la INTERPOL el 24 de agosto/2000 acusado de genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Además, se sospecha que, a través de sus empresas - de registros policiales y bancarios, de manejo de información y registros de personas y bienes, registros vehiculares y de armas - en Paraguay, Bolivia, Uruguay, México y El Salvador, está involucrado con el lavado de dinero.

Cavallo se encuentra preso en México, enfrentando un proceso de extradición solicitado por la Audiencia Nacional española. También, Francia está investigando a Cavallo por su posible participación en el homicidio de 15 ciudadanos franceses, incluidas dos monjas. Después de su detención, el Congreso mexicano exigió a su gobierno la cancelación de la concesión al RENAVE.

Cavallo es socio de Talsud, una empresa argentina que a su vez es socia de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN), la empresa que está encargada en El Salvador del registro vehicular y la emisión de licencias de conducir. Es hermano del gerente general de SERTRACEN, Óscar Eduardo Cavallo. Aunque la empresa dice que Cavallo renunció a su participación en la directiva en junio pasado, este aparece en el Registro de Comercio como primer director suplente de la junta directiva electa para el período 2000-2002.

Aunque otros países están investigando con mucho rigor los negocios de Cavallo, aquí en El Salvador hay poca voluntad de aclarar cómo SERTRACEN ganó las licitaciones para implementar el Registro Nacional de Vehículos y el Registro de Armas, quiénes participaron en el comité que seleccionó a esta empresa de Cavallo, cuáles son sus vínculos con personalidades salvadoreñas, especialmente aquellos que han sido asociados por la Comisión de la Verdad (Naciones Unidas) y otras investigaciones sobre los escuadrones de la muerte y otros nexos oscuros entre los 70s y 1992 cuando se firmaron los Acuerdos de Paz.

Otros países que han sufrido de guerras e innumerables casos de torturas, desapariciones y masacres, han investigado y analizado sus pasados sangrientos. En El Salvador, todavía es tabú tocar tal tema. Cualquier intento por hacerlo es inmediatamente rechazado por los líderes de los dos bandos de la guerra: la derecha, protagonizada por la Fuerza Armada y los partidos ARENA (partido gobernante desde 1989) y PCN (originalmente formado por los militares como el "partido oficial"); y del FMLN, el partido de las ex guerrillas.

Entre otros hechos preocupantes señalados por los medios, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, quien públicamente avaló en noviembre/1989 la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), dijo que los directivos de SERTRACEN son "empresarios de reconocida trayectoria y de mucho éxito, son personas honorables", y que no deberían ser juzgados precipitadamente. Sin embargo, nadie, aún los medios, han querido revelar quienes aparecen como directivos de SERTRACEN en los documentos archivados en el Registro de Comercio salvadoreño. También Sandoval dijo que Cavallo entró a El Salvador la última vez hace cinco años. En contraste, el Ministro del Interior anunció que Cavallo ingresó a El Salvador un total de 28 veces entre mayo de 1998 y octubre de 1999, pero no reveló su movimiento migratorio entre 1970 y el presente.

El partido legislativo mayoritario, FMLN, ha gestionado la formación de una comisión especial que investigue sobre el proceso de licitación del Registro de Vehículos, que fue ganado por SERTRACEN, y los nexos, acciones e intereses nacionales y extranjeros que la empresa SERTRACEN tiene con Cavallo. También, quiere que la Fiscalía General informe a la Asamblea Legislativa sobre sus investigaciones de SERTRACEN. El Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) manifestaron su apoyo a estas gestiones.\

El diario salvadoreño virtual, El Faro, aprovechó su independencia de influencias o censura por intereses partidistas, del gobierno y de anunciantes y publicó un extenso reportaje el 14/noviembre/2000 basado en su investigación del caso SERTRACEN. Como reconoció el reportaje, SERTRACEN puede ser una caja de Pandora. De investigarlo, es bien posible que los nexos entre los militares argentinos que entrenaron a las tropas salvadoreñas, ambos conocidos por ser violadores notorios de los derechos humanos, y entre estos y algunos empresarios y políticos salvadoreños, serían descubiertos. Un legislador entrevistado por El Faro dijo: "Esto pasa por la mafia colombiana, y por supuesto sus conexiones en Centroamérica. Estamos hablando de un grupo muy poderoso, y uno no puede meterse solo a pelear contra esta gente. Las consecuencias pueden ser más graves de lo que usted se imagina".

Caso CREDISA

El 26 de enero/1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario/CREDISA decidieron liquidar la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. El quebranto financiero se atribuyó a la mala administración. En julio/1999, el Banco Central de Reserva (BCR) aprobó una línea de crédito para CREDISA por 1,200 millones de colones con un interés anual del uno por ciento, pagadero mensualmente y por un plazo de dos años a partir de su desembolso. Los depósitos individuales fueron protegidos inicialmente con la asistencia del BCR, de tal manera que se pudo atender, hasta ciertos límites, el retiro masivo de fondos.

Actualmente, CREDISA se encuentra en proceso de liquidación, víctima de los manejos irregulares. Según un reportaje de octubre/2000 de El Diario de Hoy, los accionistas "están interesados en recolectar las pruebas suficientes para iniciar un proceso legal contra los ex directivos. También se investigaría a los directivos que fungieron en 1998.."

Se sospecha que altas autoridades gubernamentales y los otros bancos fraguaron la quiebra de CREDISA, para favorecer la concentración del capital en los grandes grupos financieros que controlan el país. El analista Alberto Arene citó los siguientes argumentos para sostener está posición: "1. Un ex presidente dijo a un grupo de banqueros -después del escándalo FINSEPRO-INSEPRO- que "aquí ojalá quedaran sólo 4 bancos"; 2. La contratación de CREDISA por órdenes del Banco Central de una empresa chilena que exigió un excesivo monto de reservas de saneamiento, sin que la Superintendencia diera oportunidad de discusión, conduciendo inmediatamente después a la insolvencia técnica del banco; 3. La corrida de depósitos originada por la forma en que las autoridades manejaron la información pública sobre la situación financiera del banco; 4. El cambio de un mes a otro en el monto de incremento del capital social exigido por la Superintendencia, de 50 a 450 millones de colones, después que los directivos de CREDISA reunieron el primer monto; 5. La convocatoria de la Superintendencia a junta general de accionistas con sólo 24 horas de anticipación, donde ordena la "disolución voluntaria" del banco; 6. El reparto posterior del 70% de la cartera de depósitos de CREDISA a uno de los principales bancos y el otorgamiento de un crédito del Banco Central obligado a CREDISA de 1,200 millones de colones a 1% de interés, que originalmente sería de 2,000 millones para cubrir también la compra de la cartera de créditos al precio valuado por la misma empresa chilena."

Banco de Fomento Agropecuario

La Asamblea Legislativa recomendó que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) investigue un multimillonario préstamo del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al ingenio azucarero El Carmen que, por su privatización en 1994, quedó en las manos de Héctor Cristiani y Enrique Rais, dos señores asociados con la pequeña élite salvadoreña. Por entregar el préstamo, el banco se encuentra en crisis con una mora enorme que será difícil a superar. Un editorial de La Prensa Gráfica describe el manejo del BFA como "más político que técnico". Dice que la situación "pone en evidencia que el país no puede seguir funcionando con un tipo de criterios arbitrarios, fundados en los intereses particulares y en el tradicional amiguismo."

En referencia a los préstamos millonarios cuestionables hechos por el Banco de Fomento Agropecuario a algunos ingenios de azúcar, otros editoriales escritos en febrero/2000 mostraron similares preocupaciones. Herman Bruch, ex columnista de El Diario de Hoy, manifestó que la situación resulta de "un esquema de privilegios que le sale muy, pero muy conveniente a unos pocos, pero influyentes benefactores del partido, a costa de los bolsillos de todo el resto de salvadoreños." Otro columnista del mismo matutino, el ex encargado de la modernización del Estado Alfredo Mena Lagos, criticó los decretos transitorios que permiten que el Estado ayude a los dueños de los ingenios, y enfatizó que se debe "meditar profundamente sobre la viabilidad y legitimidad de un sistema que estructuralmente está al servicio de minorías poderosos e influyentes, llámense éstas \'asociaciones de productores\', cúpulas gremiales, o cúpulas sindicales".

Caso FINSEPRO/INSEPRO

El mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador fue descubierto en junio de 1997. El monto de la estafa asciende a más de 130 millones de dólares. Involucró a miembros de prominentes familias salvadoreñas afiliadas con el partido gobernante y afectó a 1,400 personas que invirtieron en la Financiera de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Seguras Productivas (INSEPRO). Fue detectado por autoridades del Gobierno, cuando algunos de los usuarios reclamaron la devolución de sus fondos, pedido que fue rechazado por las financieras.

Roberto Mathies Hill, Roberto Annichiarico y Mario Galdámez fueron capturados en 1997 y luego procesados por el delito de defraudación a la economía pública y/o estafa de mil millones de colones en las financieras INSEPRO/FINESPRO. También acusados fueron Roberto Mathies Regalado y Ricardo García que han huido de la justicia. En 1999, Annicchiarico fue sobreseído del delito de defraudación a la economía pública y del delito de estafa con una fianza de dos millones de colones.

En Diciembre de 1997, un juez, ordenó la libertad del Superintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez Loucel, que había sido destituido por el presidente (Calderón Sol), y otros implicados como Francisco Giammattei-Sobalbarro, Michel Salvador Laennec, Oscar Antonio Núñez y Marco Tulio Rodríguez, miembros de las juntas directivas de las financieras. En 1999 Annicchiarico fue sobreseído del delito de defraudación a la economía pública y del delito de estafa por una fianza de dos millones de colones. Los fallos fueron cuestionados y siempre se sospecha que los jueces los liberaron a cambio de un soborno.

Entre otros acontecimientos relacionados al caso cuando dominó el debate público, el ex presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla, fue interpelado por la Asamblea Legislativa después de que saltara a la opinión pública el escándalo y su supuesto involucramiento. A pesar de que la mayoría de diputados recomendaron al presidente (Calderón Sol) su destitución, esta no se hizo efectiva, pero Orellana renunció a su cargo luego debido a las presiones. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa investigó el caso y en 1999, el ente legislador aprobó la Ley de Bancos que, entre sus objetivos principales, busca brindar protección a los depositantes.

También en 1999, la Corte Suprema de Justicia rechazó una orden de un juez ejecutor que había determinado que Galdámez podría salir en libertad porque, según el juez, su encarcelamiento no es constitucional. En diciembre/2000, su petición de presentar más pruebas a su favor fue denegada.

En mayo/2000, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró inconstitucional el decreto con el cual le fueron quitadas algunas propiedades a Galdámez. Con el fallo le fueron devueltas algunas 11 propiedades a Galdámez que el Estado había intervenido en favor de los afectados del fraude, una decisión que es disputada por la Fiscalía General. Los abogados de Galdámez están pidiendo su libertad ya que, según ellos, Galdámez ya cumplió la pena, del delito de defraudación en la economía pública en grado de complicidad, en forma anticipada. Galdámez también es procesado por el delito de estafa en perjuicio de diez personas pero supuestamente ya ha devuelto el dinero que había quitado a los ofendidos.

Decepcionados con el tratamiento del caso por los entes gubernamentales, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y la Superintendencia de Sistema Financiero (SSF), los afectados conformaron una asociación, denominada "IN/FIN S.A." que los representa legalmente. Según su presidente, Manuel Párraga, los afectados acordaron demandar al Estado salvadoreño, presentando un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la intención de recuperar los 525 millones de colones aún perdidos. Si reciben un fallo favorable, la asociación administrará los certificados pendientes de pago y los cobrará. A pesar de este plan de acción, basado en el precepto constitucional de que el Estado debe responder solidariamente por los actos de sus funcionarios, los afectados no retirarán la denuncia contra Galdámez y Mathies Hill.

El 29 de noviembre, un fallo judicial sobre el caso cambió el delito de estafa por el de defraudación a la economía pública, beneficiando a varios de los imputados que eran líderes del sector financiero y en algunos casos, vinculados con el partido gobernante, ARENA.

Mario Galdámez y Ricardo García Tejada continuarán enfrentando juicios por el delito de estafa.

Roberto Mathies hijo irá a juicio por defraudación a la economía y el delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos. Sin embargo, podría obtener un beneficio de libertad condicional anticipada a través una fianza. Según La Prensa Gráfica, una de sus fuentes en la Fiscalía General expresó: "con dicha resolución, prácticamente se está exonerando al imputado de responder a la responsabilidad civil. Con la tipificación anterior, Mathies debía devolver el dinero a cada persona estafada, sin importar el veredicto del jurado de conciencia. Pero, con el delito de defraudación a la economía, como el perjudicado es el Estado, no es preciso que el imputado devuelva el dinero, explicó la fuente".

Roberto Mathies padre, fue liberado del delito de estafa ya que delegó poder sobre las empresas Caribe y Autosal a su hijo Roberto.

Roberto Annichiarico Vides fue sobreseído del delito de defraudación a la economía pública y luego procesado sólo por un delito de estafa en perjuicio de Julia Dolores Novoa de Pacas. Esta semana, Levis Italmir Orellana, juez Primero de Instrucción de San Salvador, ordenó el sobreseimiento para Annicchiarico. Como reportó La Prensa Gráfica: "Annicchiarico era procesado por más de 500 estafas; sin embargo, la Cámara lo dejó sólo con un delito... Se trata de una estafa por 50 mil dólares, de cuya cantidad ya habría saldado el 50 por ciento con la víctima".

Desde 1997, algunos 20 imputados más han sido sobreseídos por el delito de estafa. La Prensa Gráfica reportó en diciembre que: "Se especula que la FGR podría presentar una revocatoria en el caso de Roberto Mathies Regalado y de Roberto Annicchiarico. Esto podría alargar el proceso".

Caso Bonilla

En junio/2000, El Diario de Hoy, reportó que "los habitantes de Ciudad Real Poniente, en San Miguel, serán desalojados por orden del Juzgado Primero de Paz de esta ciudad. El motivo: el inmueble sobre el que se edificaron las casas no pertenece a la empresa constructora a la que ellos identifican como "Bonilla". El matutino dijo que la Fiscalía General, regional oriental, llevaba a cabo un proceso penal contra el Ing. Pedro Ulises Bonilla y la Arq. Martha Emperatriz Bonilla de Bonilla, ambos acusados del delito de estafa agravada, en perjuicio de los propietarios de las viviendas que serán desalojadas". El reportaje anotó que: "La Constructora Bonilla, al conocer sobre el proceso penal en su contra, inició una serie de represalias en contra de los denunciantes, como la suspensión de algunos servicios básicos y otras comodidades que ofrecían a los residentes, según lo expuesto por dos de afectados que no se identificaron".

APROAS: ¿caso olvidado?

Dos semanas antes de los comicios presidenciales de marzo/99, el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) entregó 10 millones de colones a la Asociación de Productores Agrícolas de El Salvador (APROAS), haciéndolos pasar por damnificados de la tormenta tropical Mitch.

Según dirigentes de la Asociación de Productores Agrícolas Salvadoreños (APROAS), antes de la elección presidencial en marzo 1999, 5 mil ex-paramilitares recibieron del gobierno un total de 10 millones de colones y cantidades de camisetas de campaña de ARENA. Muchos miembros de APROAS - que recibieron dos mil colones por familia - dijeron que no fueron víctimas del huracán y/o que recibieron el dinero a cambio de su votos para el candidato del partido gobernante, el actual presidente, Francisco Flores. Según los ex-paramilitares, este pacto fue negociado por algunos diputados y funcionarios del partido de Flores que también ofrecieron el dinero para callar las protestas y detener un boicot planificado por los ex-paramilitares para los comicios presidenciales. La respuesta del Presidente Flores fue que el huracán causó "una crisis [que] no permitió verificar previamente si los beneficiarios de los 10 millones de colones calificaban como afectados de Mitch." (La Prensa Gráfica, 15/10/99)

La Corte de Cuentas únicamente ha investigado si se cumplió el procedimiento administrativo para el desembolso de fondos. Una auditoría de la Corte de Cuentas señaló en julio/2000 que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), no cumplió el procedimiento de ley para entregar el dinero.

La Fiscalía cerró el caso en febrero/2000 diciendo que no se ha encontrado evidencia de malversación de fondos públicos.

Los diputados de la Comisión de Defensa dijeron en agosto/2000 que llamarían al Fiscal General (Belisario Artiga), a los ministros de Hacienda (José Luis Trigueros) y de la Defensa Nacional (Juan Martínez Varela), para que expliquen el desembolso de 10 millones de colones que hizo el Ejecutivo a los ex patrulleros. No se sabe si estos funcionarios se presentaron o si la comisión legislativa aún está estudiando el caso.

Hasta la fecha el gobierno no ha investigado si APROAS, una asociación de ex paramilitares, es una organización legal, si sus miembros son agricultores, si fueron afectados por el Mitch y si el dinero fue recibido en concepto de una indemnización o de una compra de votos.

Caso de Guth Zapata y LAFISE

LAFISE es una casa de cambio con sedes en Miami y El Salvador. El 2 de septiembre de 1996, su presidente, Siegfried Guth Zapata, fue asesinato. Uno de los abogados de Lafise, Roberto Vilanova Chica, mantiene que el homicidio estuvo vinculado con una estafa millonaria en LAFISE y con el lavado de dólares en El Salvador y en Miami. Belisario Artiga, Fiscal General, comparte esta tesis y ha dicho que "si se aclara quién mató a Guth Zapata, se puede llegar a los estafadores en LAFISE".

No se sabe si Vilanova Chica ha presentado o va a presentar una petición de anulación o revocatoria a la decisión de mayo/2000 de un tribunal de apelaciones que apoyó el fallo del juez del Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo, quien ordenó la liberación de (a) seis acusados de una defraudación de LAFISE (Francisco Javier Esquivel Vilanova, Sandra Galán, Roberto Mauricio Pereira, Mario Fernando Salguero Mejía, Roberto Alfredo Fernández Machuca y José Ángel González) y (b) los representantes legales, Archie Baldocchie Dueñas y Mauricio Samayoa, de los bancos Agrícola Comercial y Cuscatlán, que fueron acusados de ocultación de documentos. El abogado de Lafise y la Fiscalía General consideran que hay evidencia para probar el delito y que habían sido múltiples anomalías en el caso. Una auditoría, ordenada por Arévalo y que concluyó que no hubo estafa, fue cuestionada por un tribunal de actuación profesional de la Asociación de Contadores. Sin embargo Arévalo consideró que informes de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), una auditoría de la firma Peak Marwik y otros documentos "no constituyen elementos para comprobar que se cometió una millonaria estafa en LAFISE por parte de los imputados."

En octubre/2000, el mismo juez exoneró a Santiago Leiva, un alto ejecutivo de la corredora de Bolsa LAFISE de Miami, por la muerte de Guth Zapata, debido a la falta de pruebas. La acusación contra Leiva fue basada en correos electrónicos que le envió a Guth Zapata antes de que éste fuera asesinado, en los cuales Guth Zapata le pedía cuentas claras de los 26 millones de colones que habían desaparecido de LAFISE.

En diciembre/2000, el juez Arévalo expresó la posibilidad de archivar el caso. Ya que desde que se cometió el crimen, las investigaciones no han determinado quiénes son los responsables materiales e intelectuales.

Lavado de dinero

El 4 de noviembre/2000, el chileno Héctor Orlando Ochoa Merino y el salvadoreño Carlos Ernesto Vásquez, ambos gerentes de la nueva empresa de telefonía Skylink Communications S.A. de C.V., fueron arrestados. Fueron acusados del delito especial de lavado de dinero y activos por haber cambiado más de 31 mil dólares en moneda falsa y por realizar el "lavado" de 5 a 10 millones de dólares provenientes de algún cártel del narcotráfico colombiano. Como reportó La Prensa Gráfica: "La captura se constituye en el primer caso de este tipo, al menos hecho público, desde que entró en vigencia la ley de lavado de dinero a principios de este año".

La misma semana la Policía y la Fiscalía allanaron la oficina de Skylink para buscar documentación que reflejara si existen o no vínculos entre los acusados y la empresa. También investigarán la legalidad de esta compañía en el Registro de Comercio y la existencia de otra empresa de Ochoa Merino, Solavite Catalizadores.

CONSEFIP: El informe desaparecido

El ex-presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) creó una comisión presidencial anti-corrupción en noviembre 1992 - Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los Programas de Inversión y Gastos del Sector Público - que investigó más de 100 casos de corrupción en el sector público. Pero cuando el informe de la comisión CONSEFIP le fue entregado en octubre 1993, él anunció que lo mantendría confidencial y que el gobierno no tomaría acciones en base a sus resultados. No se sabe del contenido ni paradero del informe. En octubre de 1995, el entonces ex-presidente Cristiani dijo que el informe no contuvo evidencia ni nombres de involucrados. Manifestó que las copias del informe de CONSEFIP fueron enviadas a cuatro instituciones del Estado donde se encontraban anomalías pero que no sabía qué acción tomaron con respecto a los hallazgos del informe. En 1998, la Fiscalía manifestó que había recibido una copia y que retomaría algunos de los casos y solicitaría a la Corte de Cuentas una verificación de las denuncias. Hasta la fecha, no se sabe del contenido del informe y se sospecha que no ha recibido seguimiento.

IX. Antinarcoactividad

Un reportaje de agosto/2000 de La Prensa Gráfica reveló que cada año, 600 toneladas de cocaína de Sudamérica llegan a los mercados estadounidenses. El Salvador ha servido como puente para el narcotráfico. Transportan unas 10 toneladas de cocaína por El Salvador a través de lanchas, aviones y vehículos. Supuestamente una tonelada es vendida en el mercado local, una muestra de que el tráfico y consumo de drogas han crecido en el país. Solamente en el área metropolitana de San Salvador, los investigadores antinarcóticos han identificado más de 100 puestos de venta de cocaína, marihuana, heroína y crack, entre ellos: el Hoyo en el Barrio Santa Anita; la Fortaleza; las cuatro Tutunichapas; sectores inmediatos al cementerio La Bermeja; Montemaría en la colonia Escalón; el barrio San Esteban; la colonia Miranda en San Antonio Abad; y la Zona Rosa y algunas discotecas.

División Antinarcoactividad sin recursos

En junio/2000, El Diario de Hoy reportó que el presupuesto destinado a la División Antinarcotráfico (DAN), de la Policía Nacional Civil (PNC) "solo alcanza para alimentar a los perros y reparar Infraestructura". Citando una fuente de la DAN, el mismo artículo señaló que la Comisión fue creada a finales de 1999 por el presidente Francisco Flores para conseguir recursos para el combate del narcotráfico en El Salvador, "no nos ha conseguido ni un lápiz". Prometieron que el apoyo iba a ser de inmediato, sin embargo, no ha habido nada".

Convenio de narcotráfico

Este convenio entre los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador fue ratificado por la Asamblea Legislativa en julio/2000. El convenio permite la instalación de un Centro de Monitoreo de la Narcoactividad estadounidense en el aeropuerto internacional de Comalapa, El Salvador, y el estacionamiento de tropas extranjeras y aeronaves militares. Ahora, los Estados Unidos mantiene tales centros en El Salvador, Ecuador y las islas de Aruba y Curazao.

En agosto, los Estados Unidos aprobó 600.000 dólares para entrenar y equipar a las fuerzas policiales antinarcotráfico del gobierno de El Salvador.

Recurso contra el convenio antinarcotráfico

En septiembre/2000, el partido mayoritario legislativo, FMLN, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto que ratificó un convenio antinarcotráfico entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos. El partido de izquierda considera que el convenio viola la soberanía nacional y 11 artículos de la Carta Magna.

Narcotráfico y Lavado de dinero

En diciembre/2000, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alfred A. Valenzuela, dijo que en los últimos seis años los países de Centro América y el Caribe se han convertido en tránsito de droga. Explicó que un treinta por ciento de la droga que ingresa a los Estados Unidos es transporta vía terrestre a través de los países centroamericanos.

Hay temor que con la libre circulación del dólar en El Salvador a partir de enero/2001, vigente con la nueva Ley de Integración Monetaria, el país también tenga un incremento en las operaciones de lavado de dinero. Ante eso, la Fiscalía está exigiendo efectividad en la aplicación de los controles que estable la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y anunció la realización de capacitaciones para jueces y fiscales sobre la tema.

X. Fallos

FONAVIPO

Mientras unos imputados en el fraude de FONAVIPO huyen de la justicia, el Tribunal 2º de Sentencia absolvió en enero/2000 Alfonso Bonilla (auditor externo y actual Director de Auditoría de la Corte de Cuentas desde 1994) y Herbert Trinidad quienes fueron acusados de falsedad ideológica. Como los otros, son ex-directivos de la ONG PROCADES que gestiona viviendas para familias pobres.

Caso Majano Araujo

Uno de los escándalos de corrupción más famoso en los noventas involucró al ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Romeo Majano Araujo, que desde 1995 ha huido de las autoridades policiales. Majano Araujo y la junta directiva del ISSS tenían seis demandas por administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito en perjuicio del Seguro Social, llegando a algunos 5 millones de colones, en el entonces Juzgado Segundo de Hacienda. Entre otros delitos, algunos que fueron señalaron en un informe de la Corte de Cuentas que se hizo público el 6 de septiembre de 1995, están "La millonaria compra de medicamentos vencidos a una empresa fantasma, la compra de radio comunicadores, la instalación de un equipo de circuito cerrado dentro del ISSS y la compra de 2 automóviles de lujo". En febrero/2000, el Juzgado Segundo de Menor Cuantía, exoneró a Majano Araujo y a la Junta Directiva del ISSS de los delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito y confirmó que la orden de detención había sido suspendida.

Caribe Motors y AUTOSAL

En enero/2000, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la exoneración del delito de administración fraudulenta a Roberto Mathies padre, hecha por la Cámara 3a. de lo Penal en agosto pasado. El empresario, quien entre numerosos cargos es ex presidente de Caribe Motors y AUTOSAL, fue acusado de administración fraudulenta en estas distribuidoras de vehículos por dos accionistas, María Elena Francés de Mendizábal y Alicia Mercedes Francés de González Giner, quienes también son sus sobrinas.

Procurador de Derechos Humanos

En febrero/2000, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, renunció después de una serie de denuncias y acusaciones de corrupción en su contra. Después pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le devolviera su vieja plaza de magistrado de la Cámara de San Miguel. En octubre/2000, la CSJ anunció que lo ha removido de su cargo pero no explicó por qué. El Diario de Hoy reportó el 12/octubre/2000: "¿Qué pasará con las denuncias que existían contra Peñate Polanco por su mal desempeño como juzgador? Según se explicó, las denuncias existentes ya no tendrían razón de ser con la remoción de Peñate Polanco del Organo Judicial. Es decir, que los casos quedarían cerrados".

Alcaldía de Santa Ana

En marzo/2000, José Angel de la Cruz Juárez y Daniel Mendoza fueron condenados a cinco años de prisión por administración fraudulenta y apropiación o retención indebida en perjuicio de la alcaldía.

Obras Públicas

Luis López Cerón, el ex ministro de Obras Públicas, fue acusado por el Departamento de Procuración de la Fiscalía, de favorecer y negociar de forma ilícita la construcción de un tramo de una carretera desde San Miguel a Santiago de María, Usulután. El tramo fue construido por la empresa constructora estadounidense DL Harrison. Entre sus señalamientos, la Fiscalía dijo que el ex funcionario infló el presupuesto para el trabajo que pasó de 24 millones de colones a 107 millones. En mayo/2000, el Juzgado 1o. de Menor Cuantía (antes Juzgado 1o. de Hacienda), determinó que la Fiscalía no pudo probar su acusación y López Cerón fue sobreseído de manera provisional de cargos penales. La Fiscalía apelará el fallo. Un artículo de El Diario de Hoy recordó que "López Cerón fue miembro del gabinete del gobierno duartista. Luego del terremoto de 1986, fue puesto en tela de juicio el uso que hizo de una millonaria cantidad de dinero para recoger el ripio acumulado en las calles de la capital".

Ciudad Barrios, San Miguel

En junio/2000 la CSJ absolvió a Edgar Yoni De La O (PDC), ex alcalde, de los cargos de malversación de fondos y la venta ilícita de partidas de nacimiento. De La O fue acusado por el Concejo Municipal, el cual lo destituyó y reemplazó por Pedro Santos Márquez. La Sala de lo Constitucional de la CSJ también ordenó que se le cancelaran los sueldos dejados de percibir durante trece meses, y abrió la posibilidad para iniciar un proceso civil declarativo de indemnización por daños y perjuicios en contra de los miembros del Concejo Municipal.

Dr. Carlos Francisco Moisa

El médico fue capturado en junio/2000 y acusado de una estafa millonaria, que consiste en la venta de lotes en Usulután, en perjuicio de 230 familias. Según los ofendidos, el médico hipotecó un terreno de 25 manzanas a los seis meses de haber negociado la venta de los lotes. La Jueza del Tribunal Segundo de Instrucción de la ciudad de Usulután lo liberó una semana después de su detención y le decreto medidas sustitutivas. La Fiscalía no estuvo de acuerdo y apelaría la decisión. Sostuvó que desde que se inició el proceso, el ginecólogo no se ha había presentado a los citatorios.

INSEPRO/FINESPRO

En julio/2000 la Cámara Primera de lo Penal emitió un fallo en favor del Roberto Mathies Hill (hijo), aprobando la decisión de diciembre/1999 del Juzgado Séptimo de Paz, en el sentido de que una demanda nueva en contra de él, relacionado a INSEPRO/FINESPRO fue "de carácter mercantil, y no penal". Mathies Hill, quien se encuentra encarcelado, es uno de los más famosos implicados en el fraude de INSEPRO/FINESPRO y en otro caso de corrupción, FEDEFUT.

Caso de D.L. Harrison

En julio/2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia anunció que fue ilegal que el Ministerio de Obras Públicas diera por terminado en 1996 un contrato con la compañía estadounidense D.L. Harrison Company para la reconstrucción de dos tramos viales, entre ellos la carretera de Oro y la carretera San Salvador-San Miguel. Todavía hay mucha confusión sobre el caso ya que el Ministerio de Obras Públicas y la Fiscalía tienen dudas sobre la legalidad de D.L. Harrison, y no han explicado porque aún así la compañía fue contratada.

Eduardo Morales Martínez, ex juez

El ex juez de Zacatecoluca, Dr. Eduardo Morales Martínez, fue investigado por actos de corrupción durante su gestión en 1996-98 y de enero a marzo del 98. En julio/2000 fue exonerado del delito de cohecho propio debido a la falta de evidencias suficientes.

Supuestamente en 1996 se aprovechó de algunas fianzas pagadas por diferentes personas imputadas en varios delitos. El enriquecimiento ilícito puede sumar unos 100 mil colones. La Prensa Gráfica reportó en octubre/2000 que: "La Fiscalía ha solicitado un tiempo de seis meses para la presentación de pruebas contundentes."

INSEPRO/FINESPRO

Varias empresas de Mario Galdámez fueran intervenidas por la Superintendencia de Valores debido a su involucramiento en la estafa millonaria de FINSEPRO-INSEPRO en 1997. En agosto/2000, autoridades judiciales fallaron en favor de Galdámez, ordenando la devolución de los bienes embargados a Automotriz Sabater y el descongelamiento de ocho o más de las cuentas bancarias de esta empresa.

En una resolución anunciada a finales de noviembre/2000, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, anunció que Roberto Mathies hijo enfrentará juicio por los delitos de defraudación a la economía pública y libramiento de cheques sin fondos; Mario Galdámez, Ricardo García Tejada y Roberto Annichiarico Vides enfrentarán juicio por el delito de estafa; Roberto Annichiarico Vides fue sobreseido del delito de defraudación a la economía pública; Roberto Mathies padre fue sobreseido por el delito de estafa.

Según La Prensa Gráfica, una de sus fuentes en la Fiscalía General expresó: "con dicha resolución, prácticamente se está exonerando al imputado de responder a la responsabilidad civil. Con la tipificación anterior, Mathies debía devolver el dinero a cada persona estafada, sin importar el veredicto del jurado de conciencia. Pero, con el delito de defraudación a la economía, como el perjudicado es el Estado, no es preciso que el imputado devuelva el dinero, explicó la fuente".

En diciembre/2000, Levis Italmir Orellana, juez Primero de Instrucción de San Salvador, ordenó el sobreseimiento para Annicchiarico. Como reportó La Prensa Gráfica: "Annicchiarico era procesado por más de 500 estafas; sin embargo, la Cámara lo dejó sólo con un delito... Se trata de una estafa por 50 mil dólares, de cuya cantidad ya habría saldado el 50 por ciento con la víctima".

Crediclub

Durante los primeros siete meses de 1997, casi 175 millones de dólares desaparecieron de empresas propiedad de prominentes familias vinculadas con el partido gobernante. En junio/1997 se detectó una estafa por más de 10 millones de dólares en la empresa Crediclub y un mes después, salió a la luz pública otra estafa de algunos 160 millones de dólares de las financieras INSEPRO/FINESPRO.

En septiembre/2000, el Juez 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, anunció que la Fiscalía General no presentó suficientes pruebas para sustanciar los delitos de estafa y defraudación a la economía pública en Crediclub. El juez exoneró a los miembros de la extinta junta directiva de Crediclub, entre ellos: Ernesto Gutiérrez, Federico Enrique Guirola Salazar, Gabriel Rivera, Roberto Martínez, María Elena Guirola, Juan Orlando Valencia, Alfredo Sosa, Ana Olga Monedero de López Harrison y Guillermo Antonio Mendoza López. Aunque manifestó que la Fiscalía puede reabrir sus investigaciones del caso y presentar nuevas acusaciones, la Fiscalía no ha indicado su interés en darle seguimiento.

Luis Romeo Ventura Rivas, ex juez

Este ex juez de Primera Instancia de La Libertad fue sentenciado, en septiembre/2000, a cinco años con nueve meses de prisión y una multa de 50 mil colones por los delitos de soborno y actos arbitrarios, luego de dejar en libertad en 1994 a varios narcotraficantes que habían detenidos con 121 millones de colones de cocaína. Es prófugo de la justicia.

FEDEFUT

El 31 de octubre/2000, los ex directivos de FEDEFUT fueron sobreseídos definitivamente de los delitos de peculado, malversación de fondos, de negociaciones ilícitas y el de falsedad agravada los implicados en el caso de la FEDEFUT. La decisión de la jueza Patricia Velásquez fue basada en su criterio que FEDEFUT no es una institución pública y "esto desvirtúa todos los argumentos de la representación fiscal". Además eran procesados Juan de Dios Pérez De León, director de responsabilidades de la Corte de Cuentas, y Ricardo Antonio Mena, asesor jurídico de la misma, por avalar documentación presuntamente falsa o alterada que favorecía a los sospechosos. En su favor la jueza desestimó los cargos de actos arbitrarios porque en última instancia quien tiene el poder de decisión y avala la actuación del ente es el presidente del mismo, el señor Rutilio Aguilera. La única persona que sigue siendo procesada por la jueza Velásquez es el notario de la FEDEFUT, Pablo Noé Recinos Valle, por el delito de falsedad agravada de documentos.

En noviembre/2000, el juez Levis Italmir Orellana ordenó reabrir el proceso penal contra los ex directivos de la FEDEFUT Juan Torres Polanco y Pedro Joaquín Valencia. La resolución revocó, en parte, el fallo de la jueza Valezquez.

Caso Madres Demandantes

En noviembre/2000, Nelly Susana Rivera, Ana Aracely López y Vilma Gladis Vásquez Melgar, ex directivas de la ONG Asociación Madres Demandantes de la Cuota Alimenticia fueron declaradas culpables por la desviación de más de un millón de colones en esa institución. Sin embargo, su condena consiste solamente en desarrollar trabajos comunitarios por tres años y un pago de 442 mil colones en total.

XI. Legislación

Propuesta o en estudio

Ley de Probidad Pública: En 1999, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia presentó un borrador para el estudio de las reformas de la ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (1959). Entre las propuestas está la creación de un ente anticorrupción de rango constitucional que pertenezca al Ministerio Público, que goce de autonomía, que rinda cuentas únicamente a la Asamblea y que sus dirigentes gocen de fuero constitucional y sean nombrados por los diputados. Aunque la Sección de Probidad frecuentemente ha señalado que su oficina no puede contribuir a la anticorrupción bajo de su ley anticuada, nadie en la Asamblea Legislativa ha mostrado un compromiso a promover su reforma.

Código Etico: En febrero/2000, el FMLN propuso un Código Ético, para regular el desempeño y el comportamiento de los diputados, para el estudio por miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la actual legislatura.

Reforma al Reglamento Interior del Órgano Legislativo: En febrero/2000, el FMLN propuso una reforma relacionada al proceso de examen de los candidatos a puestos de elección de segundo grado (Fiscal, los procuradores, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia). Propone que antes de la elección de dichos funcionarios se realice la investigación sobre su desempeño y no después de ser electos, tal y como se hace actualmente.

Hacer permanente la subcomisión de Actividades Financieras: La investigación legislativa de la millonaria estafa bancaria INSEPRO-FINESPRO le tocó a una Subcomisión Especial Para la Investigación de Actividades Financieras. La misma comisión redactó reformas a la Ley de Bancos y un anteproyecto de Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. El Centro Democrático Unido (CDU) presentaría en abril/2000, una propuesta de reforma del Reglamento Interno de la Asamblea para que la Subcomisión tenga carácter permanente y pueda considerar enmiendas a la Ley del Banco Central de Reserva, la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero y al Banco Multisectorial de Inversiones, entre otras tareas.

Reformas para controlar la corrupción en el Organo Judicial: En abril/2000, hubo una propuesta de enmiendas a siete artículos de la Constitución para reformar la CSJ que no es apoyada por el partido gobernante ARENA ni por el PDC. El FMLN y PLD consideran que son necesarias para combatir lo que ven como un ente gubernamental estructuralmente corrupto. Las reformas redefinen las funciones de la CSJ, delegando algunas facultades administrativas al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para que este pueda auditar la función jurisdiccional de la CSJ. Varios magistrados de la CSJ, incluyendo su presidente, no están de acuerdo con la reforma.

Comisión Electoral: El bloque de diputados del pequeño Centro Democrático Unido (CDU) propuso la creación de una comisión para elegir a funcionarios de segundo grado, como el Fiscal General y el Presidente de la Corte de Cuentas. Su propuesta también incluye el establecimiento de un plazo para definir la selección y el requisito de que los candidatos no respondan a un partido político. La propuesta, hecha en mayo/2000, que implica una reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, no tiene apoyo del bloque mayoritario de ARENA-PCN.

Ley de Viáticos para diputados: A la luz de las duras críticas sobre los gastos por viajes, algunos diputados comenzaron a estudiar en septiembre/2000 unas propuestas para una Ley de Viáticos que establecería una cuota diaria, una limitación a siete días de viaje, y el requisito de que cada diputado presente un informe público antes y después de una misión para justificar sus gastos.

¿Reformas a la Ley de Licitaciones?

En julio/2000, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) solicitó postergar hasta enero del 2001 la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Licitaciones), que entró en vigencia en julio pasado, ya que la mayoría de las municipalidades no tiene unidades de adquisición ni fondos para crearlas.

En agosto/2000, la Comisión de Hacienda avaló la petición y el Ministerio de Hacienda prometió realizar intensivas capacitaciones sobre la Ley de Licitaciones para los alcaldes.

En octubre/2000, COMURES exigió 38 reformas a la Ley. Según COMURES, algunas de las disposiciones de la Ley violan la autonomía municipal. Un reportaje de noviembre/2000 en El Diario de Hoy señaló: "Una buena parte de las enmiendas busca evitar la intromisión del Consejo de Ministros en la labor de desarrollo local. Sin embargo, otras nada más persiguen evadir el cumplimiento de disposiciones generales y aumentan la discrecionalidad de los munícipios. ... Otra de las propuestas se refiere a las denuncias por actos de corrupción. La ley obliga a los empleados públicos a denunciarlos ante la Fiscalía. COMURES quiere que sea al Concejo, y, éste, a la Fiscalía".

Un editorial de noviembre/2000 en El Diario de Hoy reflejó la preocupación pública sobre la posición de COMURES: "Las licitaciones y adjudicaciones de compras han sido, y son, la principal causa de enriquecimientos ilícitos. Se manipulan las bases de los concursos, se juega con las cualificaciones y ¡presto! ganan firmas e individuos desconocidos. No se requiere de grandes luces mentales para saber que detrás de estas empresas de pipiripao, hay y hubo funcionarios y amigotes. Además se declaran urgencias que no son tales, para pasar por encima de una licitación".

En noviembre/2000, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto del Seguro Social (SIMETRISSS) solicitó una reforma a la Ley de Licitaciones, explicando que la escasez de medicamentos en el Seguro Social es resultado a los procesos estipulados por la Ley que causan atrasos.

Aprobada

Ley de Lavado de Dinero fue aprobada en 1999. Su aplicación corresponde a la Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Investigación Financiera. En noviembre/2000 fueron detenidos un chileno y dos salvadoreños por falsificación y presunto lavado de dinero. Según El Diario de Hoy fue la primera captura que ocurre desde que fue aprobada la ley.

Ley de Licitaciones: Según el ex-diputado del PLD, Kirio Waldo Salgado, fue "urgente que se apruebe" la Ley de Licitaciones y Adquisiciones de Obras Públicas "para controlar la corrupción, el amiguismo y el tráfico de influencias en las licitaciones." El anteproyecto de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que fue presentado a la Asamblea hace casi dos años, pasó a aprobación en marzo/2000.

La ley estipula una Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) en el Ministerio de Hacienda. El ente debe crear un reglamento que permita aplicar la ley a partir del 2001. Entre otros aspectos, la ley cuenta con sanciones para los funcionarios que la violenten: de la suspensión por tres meses sin goce al sueldo al despido.

En su editorial de abril/2000, el Centro de Estudios Jurídicos iluminó cinco debilidades de la nueva Ley y manifestó que "no se trata la concesión de servicios públicos, que establece normas referentes a las bases para licitaciones o concursos, con sus requisitos, estructura y contenidos mínimos pero en la práctica, la existencia de dichas regulaciones no es capaz de impedir la oscura forma de redacción de las bases de licitación." Entre otros problemas, hay una preocupación que la ley permite que "los funcionarios del orden político y no técnico se involucren en aspectos muy específicos que no son del área de su competencia."

Otro columnista de La Prensa Gráfica, Ernesto Valiente Durán considera que " la corrupción, es como un silencioso cáncer que nos va comiendo tan rápido y sin darnos cuenta. Es claro y obvio el despilfarro que se hace en todo lo que compra o contrata el Gobierno, y más obvio es entre más grandote es el paquete licitado." En su editorial explicó porque piensa que la nueva Ley de Licitaciones "es tan solo una aceptación tácita de la corrupción y dudosos manejos que nunca han dejado de existir en las oficinas de Gobierno."

Convenio de narcotráfico: Este convenio entre los gobiernos de los Estados Unidos y El Salvador fue ratificado por la Asamblea Legislativa en julio/2000. Entre otras cosas, permite a los militares estadounidenses ocupar el aeropuerto internacional como un centro de monitoreo regional contra el narcotráfico. El partido mayoritario legislativo, FMLN, ha iniciado un proceso para apelar al convenio porque considera que viola la Constitución y la soberanía nacional.

Acuerdos 211 y 196: Limitaciones al acceso a la información: En julio/2000, la Junta Directiva de la nueva Asamblea Legislativa, que no cuenta con la participación del partido mayoritario (FMLN), aprobó el Acuerdo 211 que estipula que el ciudadano debe obtener el apoyo de al menos un diputado para entregar una pieza de correspondencia al Órgano Legislativo. Después, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) solicitó a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que derogue el acuerdo porque limita la participación de la población en los asuntos legislativos.

Durante el mismo mes de julio, la Junta Directiva también aprobó el Acuerdo 196 que restringe a los periodistas, a los diputados y al público el acceso a la información financiera y de gastos internos de la Asamblea y prohibe a los empleados legislativos facilitar dicha información a los medios. Se sospecha que la extensa cobertura parte de los medios sobre el tema de la libertad de la prensa y la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presionaron a la Junta Directiva a derogar el Acuerdo en agosto/2000.

Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría: aprobada en febrero/2000, la ley regulará la contaduría pública. Según La Prensa Gráfica, los auditores "tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades si una empresa lleva doble contabilidad. La ley también creará un Consejo Administrador de Contaduría Pública que consistirá en representantes del gobierno (3), del sector profesional (2) y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (1)".

En su columna del 28/octubre/2000, publicada en El Diario de Hoy, Mario Rosenthal abordó el Decreto Nº 828 del Órgano Legislativo, la Ley Reguladora de la Contaduría, que fue aprobada en febrero/2000 y que entró en vigencia en abril/2000. Escribió que: "El Art. 26 establecía que un Consejo que tendría por finalidad vigilar el ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública; regular los aspectos éticos y técnicos de dicha profesión de acuerdo con las disposiciones de la Ley con arreglo a las normas legales, y velar por el cumplimiento de los reglamentos y demás normas aplicables y las resoluciones que dictara dicho Consejo, que se debería conformar, según el Art. 63, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, o sea el 23 de junio del presente año. Hasta el momento no se ha conformado el Consejo y por lo consiguiente esta ley, por falta del Consejo que lo debería administrar, ha quedado inoperante y continúa el vacío legal que deja sin control las operaciones contables y el consecuente abuso de ellas a todo nivel, perjudicando los intereses de particulares y del estado".

Comisión de Modernización: En septiembre/2000, la Asamblea Legislativa creó la Comisión de Modernización. Muchos pensaban que el objetivo de la comisión era fiscalizar los procesos de reestructuración en las instituciones del Órgano Ejecutivo. La fracción del partido gobernante (ARENA) promovió limitaciones a la comisión y ganó una decisión por la Junta Directiva legislativa que la comisión no fiscalizará los proyectos del Ejecutivo. Ahora la comisión se llama "Comisión de Modernización de la Asamblea Legislativa".

Muerta

Contraloría General: En 1994, la Asamblea Legislativa (1991-1994) estudió una reforma constitucional que convertiría la Corte de Cuentas en una Contraloría General. La reforma se ha mantenido estancada desde entonces. Para fortalecer la reforma, FMLN propuso varios arreglos incluyendo: que el Contralor y Subcontralor se elijan con los votos de 56 diputados; que los funcionario son mayor de 35 años y posean un titulo de licenciado en ciencia jurídicas, economía, administración de empresas, auditoría o contador público; y que la gestión de Contralor dure seis años.

Nuevamente al final de la pasada legislatura (mayo 1997 a mayo 2000) volvió a ser punto de agenda, pero no tuvo el respaldo del partido gobernante y sus partidos aliados. Los desacuerdos y atrasos causado por el pacto de la derecha - ARENA/PCN/PDC - resultaron en el aborto de la reforma. La Asamblea tendrá que esperar 3 años para votar nuevamente por su aprobación.

Comisión Anticorrupción: El proponente principal de la reforma de la Corte de Cuentas fue el ex diputado Gerson Martínez. También desarrolló y gestionó la aprobación de una Comisión Anticorrupción que tendría las siguientes atribuciones: revisar e investigar las gestiones de los funcionarios y las instituciones, dar seguimiento y exigir el cumplimiento de su deber a los entes estatales encargados del control y entre otras cosas, velar por la adecuación de la legislación anticorrupción salvadoreña y el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por El Salvador en esta materia.

Comisión de Ética Legislativa: La Asamblea Legislativa y muchos de sus diputados han sido el centro más frecuente del señalamiento público por la falta de ética de los funcionarios públicos. Por esto, Martínez propuso la creación de una Comisión de Ética Legislativa que pudiera investigar y sancionar las conductas antiéticas de los diputados propietarios y suplentes.

Martínez, el único activista anticorrupción en la Asamblea Legislativa entre 1994 y el presente, no fue candidato a reelección en marzo/2000. Sus esfuerzos murieron con el fin de la última legislatura.

Reformas para controlar la corrupción en el Organo Judicial: En abril/2000, hubo una propuesta de enmiendas a siete artículos de la Constitución para reformar la CSJ que no fue apoyada por el partido gobernante ARENA ni por el PDC. El FMLN y PLD consideran que son necesarias para combatir lo que ven como un ente gubernamental estructuralmente corrupto. Las reformas redefinen las funciones de la CSJ, delegando algunas facultades administrativas al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para que este pueda auditar la función jurisdiccional de la CSJ. Varios magistrados de la CSJ, incluyendo su presidente, no estuvieron de acuerdo con la reforma.

XII. Iniciativas ciudadanas

Movimiento Independiente Pro Reformas Electorales (MIRE)

Esta nueva iniciativa cívica que surgió en diciembre busca hacer más transparente el sistema electoral salvadoreño a través reformas a la Constitución y al Código Electoral.

Entre otros objetivos han propuesto que los diputados sean electos por medio de distritos, para que esté claramente definido ante que grupo de ciudadanos deben responder; la posibilidad de presentar candidaturas independientes, es decir, fuera de los partidos políticos; la despolitización del Tribunal Supremo Electoral; y que los funcionarios que actualmente son nombrados por la Asamblea sean electos a través de votaciones populares.

Centro Cívico Democrático (CCD)

El CCD fue formado hace cinco años por un grupo de más de 50 ciudadanos "interesados en promover y estimular la democracia en El Salvador, entendiendo por democracia la participación ciudadana, la vigencia de los derechos humanos, el respeto a la dignidad de la persona humana, el combate a la corrupción y la impunidad, la búsqueda de soluciones concertadas a los problemas de El Salvador en particular y los de Centroamérica en general". Se ha reunido cada semana para analizar la situación nacional, observar los acontecimientos y hacer propuestas, sirviendo al país como una especie de conciencia crítica del gobierno y de los partidos políticos. Semanalmente publica en el Diario Co-Latino una página con propuestas, denuncias, análisis y comentarios sobre sucesos de la vida nacional, incluyendo la corrupción, y frecuentemente llama a conferencias de prensa sobre los mismos temas.

Su director, el distinguido activista político, Eduardo Molina, falleció en septiembre 2000.

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

FESPAD ha contribuido a la anticorrupción desde 1995. Sus actividades incluyen: (1) seguimiento y vigilancia de elecciones de segundo grado (Procurador de Derechos Humanos, Fiscal General); (2) seguimiento de casos ejemplarizantes referidos a violaciones a la legalidad y constitucionalidad; (3) denuncia pública de actos contrarios al Estado de Derecho; (4) elaboración y presentación de propuestas legislativas de cara a asegurar el respeto de los derechos humanos; (5) desarrollo de programa de actualización jurídica dirigido a abogados con una visión progresista del derecho; (6) trabajo de investigación sobre la Corte de Cuentas y la reforma constitucional; (7) estudio de la Ley de Enriquecimiento Ilícito y la reforma de la Sección de Probidad; y (8) cooperación mutua con la ONG Probidad, y sus iniciativas regionales - la Revista Probidad y Periodistas Frente a la Corrupción - en los estudios de propuestas de leyes anticorrupción, conferencias, artículos y otras actividades.

Probidad - Revista Probidad - Periodistas Frente a la Corrupción (PFC)

Sitio Web. El sitio web de Probidad es un centro de recursos sobre la corrupción en El Salvador e iniciativas para frenarla que cuenta con recopilaciones y resúmenes de noticias, leyes y regulaciones anticorrupción, bibliografía y contactos. Probidad prepara webpages, anexos a su sitio web, para las iniciativas ciudadanas salvadoreñas que abordan la corrupción. También el sitio publica pronunciamientos; anuncios y sumarios de eventos anticorrupción realizados por organizaciones salvadoreñas y latinoamericanas; la Revista Probidad; proporciona una página web al Foro de Mujer Contra la Corrupción, un movimiento de mujeres profesionales del Cono Sur; y otra información de utilidad regional. (http://www.probidad.org.sv)

Localmente, durante 2000 Probidad preparó la propuesta "Agenda Legislativa Anticorrupción". Gestionó y distribuyó el libro Etica y la Corrupción (1999) y otra bibliografía a líderes políticos, analistas políticos, periodistas, universitarios, asociaciones profesionales, ONGs, entre otros, para enfatizar la importancia de combatir la corrupción y promover la participación de los receptores del libro en iniciativas anticorrupción. Proporcionó servicios gratuitos de asesoría a varias instituciones internacionales con componentes anticorrupción, entre ellos, la Fundación para las Américas, la OEA, la OECD y el Banco Mundial; a empresas estadounidenses de consultoría; a ONGs latinoamericanas y a centros de investigación en la región y en Europa; a diputados salvadoreños; a la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible, de la oficina del Vice Presidente; y para organizar un capítulo salvadoreño de COORDICA. En diciembre, realizó el seminario "Ocupando Internet en la Anticorrupción."

La Revista Probidad es una iniciativa regional de Probidad que ofrece un espacio donde los latinoamericanos pueden participar en el debate público sobre la corrupción en sus países y región. A través de sus ediciones bimensuales, el jornal ofrece comentarios, artículos y ensayos de análisis e investigación sobre el problema de la corrupción y estrategias para combatirla. En sus ediciones especiales como la Séptima (Periodismo Frente a la Corrupción) y la Novena (Iniciativas Anticorrupción de la Sociedad Civil), también provee enlaces, conexiones a bibliografía electrónica y otros recursos relacionado al tema de enfoque.

Dos de las áreas de trabajo de Probidad y la Revista Probidad son la promoción del máximo uso de Internet en las iniciativas anticorrupción latinoamericanas y la estimulación de más investigación y cobertura de la corrupción por los medios de comunicación. Durante 2000, la Revista Probidad presentó ponencias y capacitaciones sobre uno o ambos temas en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, y Colombia. No pudo aceptar una invitación de presentar en una conferencia anticorrupción en Ecuador (marzo) y está invitada a ser ponente en una conferencia regional en Perú durante el mes de enero/2001. Los co-editores de la Revista Probidad también fueron contratados para diseñar e implementar el componente regional "ONG" de RESPONDANET (octubre 1999-marzo 2000) y han sido participantes activos en foros virtuales anticorrupción. En mayo/2000, hizo un sondeo de periodistas al nivel regional, para el Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE), con la meta de identificar potenciales servicios virtuales que ayuden al periodismo investigativo.

Periodismo Frente a la Corrupción (PFC): En agosto/2000, la Revista Probidad arrancó, en alianza con el Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE), afiliado con la Cámara de Comercio estadounidense, y la Fundación para las Américas, afiliada con la OEA, un proyecto diseñado en base a un sondeo de mayo, denominado Periodismo Frente a la Corrupción (PFC). El proyecto virtual promueva más y mejores investigaciones y reportajes de corrupción en los medios de comunicación latinoamericanos a través de proporcionar múltiples servicios a periodistas que se dedican al tema, en su página web y por una red de correo electrónico. (http://www.cipe.org/pfc)

COORDICA

En febrero/2000, durante la realización de la Primera Cumbre Regional contra la Corrupción y la Narcoactividad, desarrollada en Costa Rica, los participantes de la sociedad civil centroamericana decidieron formar COORDICA, una red regional anticorrupción, y se comprometieron a organizar capítulos en cada país. Por El Salvador, se designó a Eduardo Molina, entonces Director del Centro Cívico Democrático, como contacto nacional y coordinador de la iniciativa. Entre los propósitos de COORDICA/El Salvador fueron: Impulsar el combate de la corrupción y promover la ética y la moral pública; dar seguimiento a los acuerdos de la Cumbre; promover la participación de la sociedad civil en iniciativas anticorrupción; facilitar la cooperación y comunicación entre los principales actores anticorrupción de El Salvador; propiciar espacios de interacción entre el gobierno, partidos políticos, la empresa privada, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales, trabajadores y otros sectores para el desarrollo de programas anticorrupción; proporcionar un ejemplo de un esfuerzo anticorrupción no partidario, democrático, participativo y con altos estándares de ética; y contribuir a la organización de la próxima Cumbre Regional contra la Narcoactividad y la Corrupción que se realizará en El Salvador en 2001.

En junio/2000, Eduardo Molina integró una comisión de trabajó para desarrollar el concepto de COORDICA/El Salvador y diseñar su plan de acción. Dicha comisión estaba integrada además por Jaime López (Co-Editor Revista Probidad y el otro miembro de la sociedad civil salvadoreña que participó en el Cumbre), Renán Alcides Orellana (ex-presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador) y el Prof. Manuel de Jesús Cortez Mira (miembro de Concertación Magisterial). En la actualidad y tras la muerte de Eduardo Molina, la iniciativa está inactiva.

XIII. Otros acontecimientos

Encuesta de La Prensa Gráfica-Unimer

En marzo/2000, La Prensa Gráfica anunció que los resultados de una encuesta conducida por el matutino y Unimer coincidieron con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que señaló la corrupción e ineficiencia en el sistema judicial salvadoreño: "uno de cada dos salvadoreños (el 51.7 por ciento) piensa que la labor de los jueces en la aplicación de justicia es mala o muy mala". Según un editorial publicado en La Prensa Gráfica, el problema está relacionado con "fallas tanto en la formación como en la selección de los jueces. El no haberse podido concretar, a partir de 1994, una verdadera depuración del cuerpo de la judicatura es también uno de los factores que influyen negativamente en toda esta problemática. Y dicha falta deriva, en importante medida, de que el Órgano Judicial no ha sido reestructurado administrativamente conforme a las necesidades del proceso actual: la Corte Suprema de Justicia continúa ejerciendo todas las funciones cupulares, como en los viejos tiempos".

Informe de FESPAD

"... yo creo que éste es un buen momento para que aquí caigamos a la cuenta\ de que toda la administración de justicia está colapsado". María Silvia Guillén, Directora, FESPAD

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) es una ONG que por 12 años ha proporcionado servicios de asesoría legal así como de investigación y capacitación jurídica. Su fundador principal y ex director, Francisco Díaz es miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Su directora actual, María Silvia Guillén, acaba de ser nombrada en el Tribunal de Apelaciones y en la Comisión Evaluadora que tendrán a su cargo la depuración de la Fiscalía General.

El 20 de diciembre/2000, FESPAD presentó su evaluación de la labor del sector justicia - Policía Nacional Civil (PNC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República y Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) - durante el año 2000. Expresó su preocupación por el estado de inseguridad ciudadana e impunidad.

Según El Diario de Hoy, el informe señala que:

¿Ayuda suspendida?

Modernización de la Corte de Cuentas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había acordado conceder un préstamo de \$300 millones a El Salvador. Entre los proyectos financiados por el BID se encontraba una partida, que suma 5 millones de dólares, para la modernización de la Corte de Cuentas. Por casi 10 años, la Corte de Cuentas se ha beneficiado de varios préstamos, incrementos sustanciales en su presupuesto y otros fondos, incluyendo de USAID, destinados para la misma meta. Sin embargo, la institución sigue siendo duramente criticada por su excesiva politización y su falta de efectividad en la prevención y combate de la corrupción gubernamental.

En diciembre/2000 el partido mayoritario en la Asamblea, el FMLN, anunció que no daría sus votos para ratificar el préstamo para la Corte de Cuentas por considerarlo innecesario. Los créditos internacionales requieren la ratificación de dos tercios de los legisladores, es decir, 56 votos. Sin los votos de FMLN, el préstamo será engavetado.

Obstáculos al acceso de la información

En octubre/2000, los directores ejecutivos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, José Roberto Dutriz y Fabricio Altamirano, participaron en la 56a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Chile. Denunciaron obstáculos al acceso de información impuestos por los tres poderes del Estado salvadoreño. El artículo en La Prensa Gráfica reportó que: "El director ejecutivo de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz señaló que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia ha creado una "autopista de información en una sola vía: del Gobierno hacia el país". Eso permitía a la Presidencia de la República, "sólo dar a conocer lo que era de interés para ellos", manifestó. Fabricio Altamirano, miembro de la familia propietaria de "El Diario de Hoy", denunció que los problemas de acceso a la información en la fuente presidencial persisten a pesar de que el mismo Presidente, Francisco Flores, firmó, en agosto pasado, la Declaración de Chapultepec".

Promesas

Francisco Flores, Presidente: antes de tomar posesión de su cargo, en marzo/1999, manifestó que anualmente se hará público el estado patrimonial de los miembros de su gabinete, que "es importante suscribir un Código de Etica ante la ciudadanía.", y que estudiará "la posibilidad de tener una persona al interior del gabinete que complemente el trabajo de los demás órganos de fiscalización, como la Corte de Cuentas. Será una persona que esté dedicada a ver la transparencia de la gestión pública." También dijo que castigaría de forma ejemplarizante a los funcionarios que se les comprueben actos de corrupción.

Agustín García Calderón, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anunció en agosto que la CSJ haría hará públicas todos los viernes las resoluciones que emiten.

Carlos Quintanilla Schmidt, Vicepresidente: Como señaló el periodista Alfredo Hernández en su reportaje de una entrevista con el vicepresidente en noviembre/2000, no se sabe nada de los planes anticorrupción del Órgano Ejecutivo. Sin embargo, el vicepresidente manifestó que está comprometido en impulsar la Convención Interamericana contra la Corrupción y mencionó: "un proyecto junto con la OEA para poder proponer las reformas de ley que involucre la armonización de las leyes salvadoreñas con los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue ratificada por El Salvador en 1998. Para este proyecto contratamos como consultor local el Dr. José Enrique Silva y él ha hecho ya el proyecto de cuáles son los artículos del Código Penal, Procesal Penal que hay que reformar. Se someterá a discusión y se realizará un seminario".

También el Vice Presidente anunció que: "El Salvador firmó un convenio con los Estados Unidos en donde se busca crear la oficina, primero, del Código de Ética gubernamental y de la Oficina de Ética gubernamental. Primero queremos impulsar un Código de ética para el Órgano Ejecutivo; sabemos que todos los funcionario públicos deberían tener un código. En segundo lugar, queremos crear la Oficina de Ética". Dijo que el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible sería la oficina encargada de concretizar la propuesta para el próximo año.

Aunque el vicepresidente reconoció que "corrupción hay en todas partes: en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en las municipalidades, en la sociedad civil", no está de acuerdo con una comisión anticorrupción porque "esas son comisiones pasajeras, temporales".

Asistencia USAID/CREA Internacional de El Salvador

USAID/El Salvador arrancó este año su proyecto Gobernabilidad y Participación Ciudadana, administrado por CREA Internacional de El Salvador.

Un componente del proyecto es ofrecer apoyo al convenio de cooperación firmado en abril/2000 entre el GOES y los Estados Unidos para la creación de una oficina de ética y un código de ética gubernamental. En julio/2000 visitaron el país los consultores Moisés Rodríguez Rodríguez (Puerto Rico) y Marina Ramírez Altamirano (Costa Rica), quienes elaboraron un diagnóstico para la formulación del código de ética y la organización de la oficina encargada de velar por su aplicación.

Por otro lado, CREA contrató a los consultores Carlos Umaña (El Salvador) y Raúl Monte Domeq (Paraguay), quienes presentaron en agosto/2000 un marco teórico para la transparencia en El Salvador y diagnósticos a nivel del gobierno central y de los gobiernos locales. Asimismo, entre agosto y septiembre/2000, CREA organizó desayunos con representantes de diversos sectores para someter a discusión y obtener observaciones de los informes de Umaña y Monte Domeq.

Unos productos de la corrupción salvadoreña

El periódico virtual salvadoreño, El Faro, reportó en enero/2000 que según informe de la Banca Nazionale de Lavoro (NNL) de Italia, el PIB de El Salvador lo pone en la categoría de los países más pobres en América Latina. Solamente Bolivia, Nicaragua y Haití sufren más pobreza. [Nota: con el terremoto del 13/enero/01, es bien posible que El Salvador será el país más pobre en la región.]

En un editorial en mayo/2000, Juan José Dalton, hijo del famoso escritor Roque Dalton, abordó el lado oscuro de las crecientes remesas que llegan al país, enviadas principalmente por salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Ahora algunos dos millones de salvadoreños residen allá. La mayoría huyeron del país durante la guerra civil que terminó en 1992; otros han ido "al norte" debido a la desesperada situación económica que ha dejado más de una mitad de la población sin fuentes de trabajo estables.

Estas remesas familiares han representado la tercera fuente de divisas del país, después de la maquila y el café. Refiriéndose a un informe del Banco Central de Reserva (BCR), Dalton señaló: "Al finalizar 2000 las remesas llegarán a los 1,500 millones de dólares. Un monto de 1,373 millones de dólares entró el año pasado y significaron ¡siete veces! las exportaciones de café".

Dalton describió los riesgos de los salvadoreños que buscan mejorar las vidas de sus seres queridos a través de irse a los Estados Unidos. "Para comenzar, mensualmente se están deportando desde Estados Unidos por indocumentados y otros delitos a 500 salvadoreños. Además, nuestros hermanos tienen que correr graves riesgos en su tránsito hacia el norte: coyotes estafadores e insensibles que los dejan abandonados a medio camino, en los desiertos de Sonora o en el de Arizona; travesías totalmente inseguras por tierra o por mar con tal de evadir a las autoridades; el uso de contenedores sobrecargados (el 14 de abril ocho indocumentados -entre ellos tres salvadoreños- murieron en México asfixiados dos horas después de que los coyotes metieron a 200 personas en un contenedor de un tren); las mujeres son sometidas a violaciones sexuales y en algunos casos obligadas a ejercer la prostitución.

Recién se supo de un joven de Santa Ana que había salido en octubre pasado. Cruzando el río que divide a Guatemala con México murió ahogado y fue enterrado como "desconocido" en la frontera guatemalteca. Su anciana madre no sabía que su hijo había muerto hasta que los señores de CARECEN le avisaron e incluso le ayudaron a que fuera a identificarlo y colocarle una cruz a su tumba.

El cadáver de otro indocumentado salvadoreño está sirviendo para que estudiantes de medicina de una universidad mexicana practiquen en sus clases, sin que su familia lo haya autorizado." Dalton concluyó su editorial con un llamado: "Así pues, estimados lectores, tenemos que hacer conciencia acerca de que las remesas llegan a nuestro país cargadas de un sufrimiento inmenso y que algo debemos de hacer para detener esa cruel expulsión de nuestros compatriotas de sus tierras, donde no encuentran trabajo digno ni las esperanzas que se deberían cosechar al nacer en El Salvador".


Probidad - El Salvador, C.A. (archivo histórico)
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