Memoria Anual la Corrupción Salvadoreña 2001

Introducción

Este documento es el producto anual del monitoreo que Probidad hace a los hallazgos y denuncias de corrupción, y al tratamiento que reciben por parte de los entes fiscalizadores gubernamentales y los medios de comunicación.

La información proviene principalmente de las recopilaciones que diariamente se hacen de los reportajes y editoriales que abordan los temas de la corrupción, aparecidos en los matutinos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, así como de otras fuentes noticiosas locales y extranjeras. De dichas recopilaciones, Probidad semanalmente elabora un resumen donde contextualiza los acontecimientos de la corrupción salvadoreña con una perspectiva histórica, vinculándolos con otros casos y sus actores más representativos, elementos que normalmente no son considerados por los medios de comunicación, y que son imprescindibles para comprender la causas y las motivaciones que sostienen y protegen las redes de corrupción. Finalmente la Memoria Anual sumariza y organiza estos acontecimientos para que los lectores puedan tener una perspectiva más amplia e integral de la corrupción en el El Salvador.

Los objetivos de la Memoria Anual son: (a) servir como testimonio, para que los casos de corrupción y sus responsables nunca sean olvidados; (b) concientizar al público sobre cómo la corrupción frena la convivencia democrática y el desarrollo social y económico del país; y (c) motivar acciones - de parte del gobierno, de los partidos políticos, de los grupos empresariales, de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los ciudadanos - que resulten en investigaciones rigurosas de los hechos de corrupción y castigos ejemplares contra sus responsables, así como adoptar posturas intolerantes a las conductas antiéticas, a las relaciones clientelistas, al abuso de los recursos y del poder público y a la falta de transparencia, que caracteriza en gran medida nuestro comportamiento social.

Funcionarios más cuestionados

Orlando Arévalo, Diputado tránsfuga, símbolo de impunidad

El diputado Orlando Arévalo, ex miembro de ARENA, fue acusado de privación de libertad por haber impedido la salida de las instalaciones del Centro de Gobierno a empleados y diputados, durante una manifestación de ex-patrulleros que él encabezó en octubre 2000.

La Fiscalía lo acusó del delito de privación de libertad, sin embargo su caso no puede ser judicializado mientras la Asamblea no decida quitarle la inmunidad.

Durante los primeros meses del año se mencionaba en los corredores legislativos que Arévalo estaba negociando su incorporación al Partido de Conciliación Nacional (PCN) a cambio de que este partido obstaculizara el antejuicio contra él. Poco tiempo después se concretizó el ingreso de Arévalo al PCN y hasta la fecha la acusación en su contra continúa pendiente.

Rafael Arévalo, Diputado tránsfuga, conflictos de intereses y empleado fantasma

El diputado Rafael Arévalo, electo a través del partido Centro Democrático Unido (CDU), de tendencia centro izquierda, se cambió en mayo al partido gobernante de derecha ARENA. Los dirigentes del CDU dijeron que Arévalo se cambió de partido porque ellos se negaron a garantizarle la candidatura para reelegirse como diputado en el año 2003, garantía que -según estos dirigentes- sí le ha ofrecido ARENA.

Un dirigente del partido de izquierda FMLN, Salvador Sánchez Cerén, denunció que en este caso "nuevamente, el Ejecutivo y ARENA proceden a la compra de voluntades". Con la incorporación de Arévalo a ARENA este partido completó 29 diputados, con los cuales impide que las demás fracciones legislativas puedan completar la mayoría calificada (56 votos) requerida para superar los vetos presidenciales y elegir a ciertos funcionarios.

En julio La Prensa Gráfica publicó que el diputado Rafael Arévalo, además de cobrar un sueldo en la Asamblea Legislativa de 35 mil 225 colones mensuales (4 mil veinticinco dólares), cobraba otro de 3 mil 485 colones (398 dólares) por una plaza de médico en el Hospital Nacional de Sonsonate. Según el reportaje, Arévalo, quien debía asistir todos los días al Hospital a prestar sus servicios, sólo se presentó dos veces durante el mes de mayo y atendió a 3 pacientes. Entre enero y junio el legislador únicamente brindo 25 consultas médicas y sin embargo recibió sus sueldos íntegros.

Edwin Jaimes, el jefe de Arévalo en el Hospital, denunció que el diputado tenía un arreglo con el director del centro médico, Carlos Aguilar Chavarría, quien consintió las inasistencias del legislador. Aguilar Chavarría, a pesar de las evidencias, dijo desconocer del incumplimiento laboral de Arévalo y ordenó una investigación que, de confirmar los señalamientos, debía conducir a la destitución del legislador.

A inicios de agosto y ante la vigilancia de los medios de comunicación y la presión del público, las autoridades del Hospital de Sonsonate anunciaron que Arévalo debía reintegrar 20 mil colones de los salarios cobrados ilegalmente y que quedaba suspendido de su cargo de médico hasta abril 2003, cuando concluye su período como diputado en la Asamblea Legislativa.

Arévalo cobró notoriedad pública en diciembre 2000, por ser uno de los principales impulsores de una propuesta que buscaba exonerar a los diputados del pago de impuestos para importar vehículos, la cual no fue aprobada gracias al clamor popular y la amplia cobertura que dieron los medios de comunicación. En la plenaria donde la referida propuesta fue rechazada, Arévalo se quejó que el salario que gana no le alcanzaba "ni para comprar un vehículo".

Entre otros señalamientos, La Prensa Gráfica reportó que Arévalo había ocupado un vehículo de la Asamblea Legislativa durante las fiestas agostinas, bajo el argumento que su carro se había arruinado, violando así el artículo 97 de las disposiciones generales del presupuesto que dicen: "Ningún funcionario ni empleado público podrá hacer uso de los automotores propiedad nacional en su servicio particular, excepto los presidentes de los tres poderes del Estado". El Diario de Hoy también señaló los conflictos de intereses de Arévalo, por haber exigido "al viceministro de Transporte, Ricardo Yúdice, revisar la tarifa de la ruta de buses de Sonsonate-San Salvador" y porque "su esposa, padre y hermanos son los que tienen buses, aunque se conoce que unas siete unidades son de su propiedad".

Armando Cienfuegos, Cómplice de los buseros y ladrón de armas

Armando Cienfuegos, ex-diputado por ARENA (1994-1997) y ex-director de Transporte Terrestre, fue detenido el 17 de agosto 2001 por portar una pistola propiedad de la Policía Nacional Civil. Según Cienfuegos, cuando abandonó su último cargo público, de parte de la Policía se le dijo que podía conservar el arma para su seguridad personal.

Cienfuegos fue despedido en septiembre 2000 de la Dirección General de Transporte Terrestre, junto a otros cinco funcionarios de esa dependencia, por estar involucrados en una red de corrupción que facilitaba el otorgamiento de permisos de transporte público. La Fiscalía General de la República abrió un expediente sobre el caso, en base a la denuncia presentada por el Viceministro de Transporte, Ricardo Yudice, desconociéndose hasta la fecha cuál es el estado o resultado de la investigación.

Miguel Lacayo, Ministro evasor de impuestos

La Prensa Gráfica puso al descubierto en diciembre 2000 los conflictos de intereses y la falta de ética del Ministro de Economía, Miguel Lacayo, quien ha favorecido con aranceles a cero la importación de componentes para la fabricación de baterías. Lacayo es presidente de las empresas Baterías de El Salvador y Partes para Baterías.

El Consejo de Ministros de la Integración Económica, COMIECO, ha refrendado en cinco ocasiones, a solicitud del ministro Lacayo, prórrogas a una resolución ministerial de salvaguarda. Dicha resolución otorga una exención de impuestos a la importación de componentes para baterías.

Según Lacayo, la cláusula de salvaguarda fue aplicada por desabastecimiento de materia prima, sin embargo el mismo gerente de mercadeo y ventas de la Baterías de El Salvador, Álvaro Corpeño, dijo a La Prensa Gráfica: "En ningún momento hemos estado desabastecidos, ni siquiera en los tiempos de guerra, porque siempre hubo una política bastante sana de inventarios".

Las autoridades gubernamentales, entre ellos el Presidente de la República, el Secretario Técnico de la Presidencia, el Ministro de Hacienda, el Viceministro de Economía y diputados del partido gobernante, ARENA, defendieron la conducta de Lacayo, aduciendo entre otros argumentos que son varias las empresas que han sido favorecidas con la cláusula de salvaguarda y negado la existencia de conflicto de intereses en este caso. Aunque Lacayo afirmó que hay cuatro industrias más en El Salvador que se dedican a la fabricación de baterías, los reportajes de La Prensa Gráfica han mostrado que su empresa es la que ha solicitado estas exenciones y que ha sido la más beneficiada. Desde noviembre de 1999, ingresaron a El Salvador con arancel cero o con descuento, 66 contingentes de componentes para baterías, de los cuales 62 eran propiedad de Baterías de El Salvador.

Lacayo asistió en marzo 2001, tras ser convocado en cuatro ocasiones, a la Asamblea Legislativa para dar explicaciones sobre la política arancelaria, y cómo su empresa resultaba beneficiada. Entre sus argumentos mencionó que la cláusula que favorece a sus empresas se aprobó antes que él aceptara el cargo y que las salvaguardas son aprobadas por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). Sin embargo, no dijo nada de su intervención en cinco ocasiones solicitando la prórroga de la salvaguarda que exonera a sus empresas del pago de impuestos o por qué El Salvador es el único país en la región que no cobra aranceles por la importación de materia prima para la fabricación de baterías. Los diputados no fueron capaces de rebatir los argumentos de Lacayo.

Elizardo González Lovo, Diputado busero

La Constitución, en su art. 127 inciso 6o., prohibe que puedan postularse como candidatos a diputados quienes tengan concesiones con el Estado, para evitar conflictos de intereses. Dicha disposición es aplicable a los empresarios de buses.

A pesar de existir dicha prohibición, el diputado Elizardo González Lovo (PCN), siempre se ha presentado como empresario de buses y ha sido el principal aliado de las gremiales del transporte en la Asamblea Legislativa, incluyendo el apoyo público del paro de finales noviembre y a una prórroga que promovió para que los buses de más de 20 años puedan circular, en violación de la La Ley de Tránsito.

En diciembre 2001 se conoció que el diputado se valió de su cargo para influir ante las autoridades de transporte y favorecer a un transportista de nombre José Rubén Guerrera. González Lovo envió una carta al Director General de Transporte para solicitarle la renovación y elaboración de permisos provisionales para 5 taxis, 16 buses, 2 microbuses y tres pick ups, según reportó El Diario de Hoy. La carta la dirigió en su calidad de diputado y haciendo uso del papel oficial de la Asamblea Legislativa. De acuerdo a la ley ningún funcionario tiene más atribuciones de las que la ley le confiere, y en el caso de los diputados no está dentro de sus atribuciones gestionar permisos de transporte para terceros.

En los registros del Viceministerio de Transporte, según reveló La Prensa Gráfica, este diputado tiene a su nombre cuatro permisos de línea y otros dos buses registrados a nombre de otra persona pero con su número de identificación tributaria. González Lovo admitió que tiene 5 buses matriculados a su nombre, pero dijo que los permisos de línea no son de él.

De comprobarse que González es concesionario de permisos de línea, o que lo era cuando se postuló como candidato en 1997 y 2000, procedería un antejuicio contra él y la anulación de su nombramiento como diputado.

Cabe mencionar que el diputado dirige la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, en la que se tratan todos los asuntos relacionados al transporte público y a los buseros, y además es presidente honorario de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS).

Tomás Mejía Ahora, abusador de los vehículos nacionales

El diputado Tomás Mejía del Partido Acción Nacional (PAN) ocupó un vehículo de la Asamblea Legislativa durante las vacaciones de agosto 2001, bajo el argumento de que su carro se habían arruinado. En septiembre/2000 fue acusado de amenazar a muerte a una policía en Usulután. También ha sido acusado de nepotismo, por haber contratado a su hijo como su asesor legislativo. No se sabe si estos casos están bajo de investigación o si fueron archivados.

Francisco Merino, Símbolo de la corrupción y la impunidad

Francisco Merino es ex-vicepresidente de la República (1989-1994), ex-presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) y actualmente diputado y jefe de fracción por el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Terrenos en San Luis Talpa

Merino está implicado en una compra-venta ilícita de terrenos municipales en San Luis Talpa, efectuada en 1994 con precios subvaluados a través de un \'prestanombre\'. En 1999, el diputado del PCN Hernán Contreras, ex-presidente de la Corte de Cuentas (1990-1998), reconoció públicamente que tuvo conocimiento del caso desde octubre de 1997. Dijo que no mencionó nada sobre el caso cuando Merino fue electo en agosto 1998 por el PCN y ARENA a la presidencia del ente fiscalizador, para no inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que le sucederían en su gestión.

La auditoría de la Corte de Cuentas encontró anormalidades en la venta de los terrenos, pero durante la gestión de Merino fueron exonerados el alcalde, su consejo y el mismo Merino, cuando éste era presidente de dicha institución (1998-1999). En 1999 Merino fue obligado a renunciar a su cargo en la Corte de Cuentas, debido a las fuertes críticas por su involucramiento en dicho caso.

Amenazas de muerte nunca investigadas

En febrero 2001, la jueza Ana Marina Guzmán Morales, que ventilaba el proceso judicial en contra de los miembros del concejo municipal de San Luis Talpa por la compra-venta ilícita de los terrenos municipales, denunció que Francisco Merino, a través de una llamada telefónica, amenazó su integridad física y laboral si fallaba en contra del alcalde Yohalmo González y los demás miembros de la municipalidad implicados en el caso. Merino negó las acusaciones y dijo que había personas y sectores que querían perjudicarlo. Ningún ente continuó con las investigaciones.

Implicado en homicidio imperfecto, lesiones graves y daños agravados

Durante la madrugada del 26 de agosto 2000, Merino, en estado de ebriedad, causó un escándalo en las calles de San Salvador, hecho en el cual lesionó de bala a una agente policial. También apuntó su arma contra un vigilante privado y causó daños a la patrulla policial de los agentes que respondieron a la llamada de auxilio. La Fiscalía acusó a Merino, quien gozaba de fuero, de homicidio imperfecto, lesiones graves y daños agravados.

El 23 de noviembre de 2000, la Asamblea Legislativa aprobó por 43 votos (mayoría simple) - de ARENA, PCN y PAN - mantenerle el fuero constitucional a Merino, liberándolo así de un proceso judicial. Antes de la votación en la Asamblea, algunos miembros de PCN decían que si Merino perdía su fuero, el PCN, que controla la Corte de Cuentas, expondría escándalos de corrupción involucrando a miembros de otros partidos políticos. Como reportó La Prensa Gráfica: "Los pecenistas están dispuestos a aplicar la vieja ley del \'ojo por ojo\' si la Asamblea decide quitarle el fuero a Merino, ellos ya pusieron su vista en algunos diputados, entre ellos el subjefe de fracción de ARENA, Rodrigo Ávila, ... Nidia Díaz, la ex diputada de FMLN, ... y el ex diputado y cruzado anticorrupción Kirio Waldo Salgado, entre otros".

El informe estadounidense de Derechos Humanos del Departamento de Estado, publicado en enero 2001, citó varios casos de impunidad, entre ellos, este de Merino.

Interesado en los casinos

A finales de junio, en la Asamblea Legislativa se conoció un dictamen para aprobar una ley que regularía los casinos, a través de la cual sería el Ministerio de Gobernación el encargado de otorgar los permisos para el funcionamiento de esos negocios. El dictamen fue preparado por Merino, Presidente de la comisión de Municipalismo, a espaldas - según denunciaron algunos diputados - de los miembros de esa comisión.

Merino, quien se encontraba fuera del país cuando el dictamen fue presentando al pleno legislativo, justificó - vía telefónica - la decisión, mencionando que fue tomada en una reunión de la Comisión de Municipalismo celebrada en un hotel capitalino. Según Merino, él cubrió con fondos propios el costo de un almuerzo para los diputados en dicha reunión.

Al regreso de su viaje Merino debió responder a la Junta Directiva por no haberle notificado -según los procedimientos pertinentes- de la realización de esa reunión, fuera de la Asamblea Legislativa; a la Comisión de Municipalismo por el dictamen que Merino elaboró en nombre de ésta; y a su partido (PCN), por no haberle consultado anticipadamente sobre esta ley.

Con relación a esta ley también hubo intentos del PDC por introducir modificaciones en beneficio de los propietarios de los casinos, como el de omitir el requisito de buena reputación y la legalización automática de los casinos que operan actualmente.

Las anomalías en relación a este nueva ley, protagonizadas por Merino y el PDC, despertaron sospechas sobre la existencia de tráfico de influencias y pago de sobornos que los propietarios de los casinos pueden estar utilizando para lograr una ley que favorezca sus intereses.

Eduardo Peñate Polanco, Ex procurador impune

En febrero 2000, Peñate Polanco renunció a su puesto de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, después de una serie de denuncias y acusaciones de corrupción en su contra, como gastos cuestionables de viajes realizados por él y otros funcionarios de su oficina, de combustible, e irregularidades en la licitación de seguros para vehículos, edificios y mobiliario de la Procuraduría. En octubre 2000, fue expulsado de la planilla de magistrados de cámara de la Corte Suprema de Justicia, cargo que desempeñaba antes de ser procurador.

En julio 2001 la Corte de Cuentas, después de haber pasado más de un año desde que Peñate Polanco abandonó el cargo, presentó el informe de auditoría a su gestión. Una de las observaciones más graves es la contratación innecesaria de 20 asesores, con un costo anual un millón 379 mil colones. Según el mismo informe, antes de renunciar Peñate Polanco redujo, por las observaciones de la Corte de Cuentas, a 13 el número de asesores.

Ni la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas afirmaron si le impondrían sanciones al ex-procurador o si le pedirían a la Fiscalía abrir un proceso penal.

Marcos Valladares, Procurador cuestionado

Marcos Valladares, del PCN, estuvo al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos entre febrero 2000 y junio 2001. Su antecesor, Eduardo Peñate Polanco fue forzado a renunciar a su cargo acusado de cometer actos de corrupción. En igual forma, Valladares fue denunciado por empleados, ciudadanos y la comunidad internacional de cometer actos arbitrarios y de manejar irregularmente el ente durante su gestión.

Valladares abandonó su cargo, sin justificación legal alguna, desde el 29 de enero hasta finales de marzo, argumentando temer por su seguridad en vista de los múltiples conflictos que generó con los empleados de la PDDH. Durante ese tiempo en la institución no se emitieron resoluciones.

Al volver a su cargo, Valladares trasladó su oficina a otra sede resultando en gastos adicionales por el alquiler del edificio, y dejando nuevamente la sede principal de la Procuraduría sin conducción.

En febrero La Prensa Gráfica reportó que fuentes de la Procuraduría habían manifestado que el ente había recibido más de 160 denuncias contra alcaldes por mal manejo de la asistencia humanitaria para afectados de los terremotos, la mayoría que tuvieron motivos partidistas. No se sabe cuántas denuncias más existen ni si fueron investigados. A inicios de agosto se hizo pública la denuncia de que Valladares ordenó archivar 13 denuncias en su contra, interpuestas por empleados de la PDDH a quienes se les habría impedido ingresar al ente el 23 de mayo 2001. Normalmente los funcionarios deben exonerarse de conocer casos en los que ellos mismos están involucrados.

Valladares negoció su reincorporación a la Procuraduría, mediante un decreto legislativo que establecía la posibilidad de suprimir personal a través de una decisión del mismo Procurador.

En julio 2001, fue reemplazado por la abogada Beatrice de Carrillo que sigue ocupando el edificio alquilado por Valladares en lugar de minimizar los gastos de su oficina utilizando la sede oficial.

El caso del año: los títulos falsos

Antecedentes

Durante el año 2000 fueron múltiples las denuncias de que muchos abogados, incluyendo a jueces y fiscales, habían obtenido sus títulos de manera irregular. En diciembre 2000, la Fiscalía y el Ministerio de Educación (MINED) comenzaron a investigar a 89 fiscales por esa causa. Luego el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) envió 200 títulos de jueces al MINED para que determinará su validez. En el mismo mes, el MINED anunció que había revisado 322 títulos de abogados y entre ellos, más de 75 títulos no eran registrables porque a sus portadores les faltaban materias para poder graduarse o debido a otras anomalías.

En esa forma se inició el debate público sobre la legalidad de los títulos de los profesionales del derecho y la presión para que se hiciera una investigación integral del caso.

La Corte actúa pero se arrepiente

En base a un informe del CNJ, donde señalaba a 57 jueces que presuntamente habían obtenido su título en forma irregular, en noviembre 2000 la CSJ resolvió suspender solamente a cuatro jueces de paz y a uno de primera instancia, pero luego decidió a finales de febrero volverlos a reinstalar tras restar méritos a los señalamientos del CNJ.

Según los magistrados de la CSJ, la única irregularidad que observaron fue que los títulos no estaban registrados ante el Ministerio de Educación, pero por ser anteriores a 1996 no necesitan cumplir con ese requisito establecido en la Ley de Educación Superior, vigente desde ese año; un argumento que fue rebatido duramente por el CNJ.

La investigación del Fiscal Especial

Ante la resistencia de la CSJ para investigar los títulos fraudulentos, en marzo el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, en un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, decidió nombrar a un Fiscal Especial, figura que no se utilizaba desde hace 50 años, para investigar el caso.

En el cargo designó a Roberto Vidales, miembro del Centro de Estudios Jurídicos, una de las organizaciones de la sociedad civil que más certera y duramente ha criticado la corrupción en el sistema judicial.

Vidales identificó 2 mil 800 títulos sospechosos de los cuales, en tres meses de trabajo, investigó 819. Como resultado estableció que 169 abogados tenían títulos falsos u obtenidos irregularmente, entre los que se encontraban 14 jueces de primera instancia, 56 jueces de paz, 7 jueces suplentes y 12 fiscales.

Además de la acciones correspondientes que lleva la Fiscalía contra los 164 abogados, también la CSJ abrió expedientes administrativos en su Departamento de Investigación Profesional, y en los casos de jueces, en el Departamento de Investigación Judicial.

Las universidades cuestionadas

Los abogados señalados en el Informe Vidales, obtuvieron sus títulos en las siguientes universidades:

Las Américas (ULAES), bajo el decanato de la Dra. Maura Concepción Díaz de Valenzuela (1984-1996). Según algunas versiones no confirmadas, los estudiantes pagaban por su título entre 7 y 40 mil colones. Está universidad graduó 1,340 alumnos de derecho, de los cuáles, hasta mayo/2001, 1,133 habían sido autorizados como abogados. Fue cerrada por el Ministerio de Educación en 1998.

Salvadoreña (USAL), bajo la responsabilidad de Tomás David Hernández. Graduó 800 alumnos de derecho en siete años, de los cuales por lo menos 221 no cuentan con ningún registro. Fue cerrada por el Ministerio de Educación en 1998.

Dr. Luis Escamilla. Ha sido calificada como una universidad que "se dedicó a la emisión de títulos irregulares en forma descarada". En algunos casos, después de conceder equivalencias, en una semana realizaba las graduaciones. El Ministerio de Educación ordenó su cierre a partir de enero 2002.

Nueva San Salvador (UNSSA). Está vinculada con el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Su rector Hernán Contreras es directivo de dicho partido, actualmente diputado y fue presidente de la Corte de Cuentas (1989-1998). También tenía como administrador al ex-diputado (1997-2000) y ex-secretario general del PDC, Ronald Umaña, quien fue acusado de facilitar sobornos para comprar votos legislativos, de malversar fondos de su partido y de evasión de impuestos (nunca ha sido investigado ni juzgado). De los casos detectados por el Fiscal Especial, 37 títulos, que correspondían a abogados de la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA), fueron inmediatamente anulados por el MINED. A finales de marzo 2001 el Ministerio de Educación ordenó el cierre de la carrera de derecho en esta universidad.

Militar. Graduó a 130 alumnos de derecho. Al igual que en otras universidades, se encontraron irregularidades en la concesión de equivalencias y en la extensión de certificaciones de notas.

Andrés Bello. Tuvo pocos graduados, pero igualmente se detectaron anomalías en el otorgamiento de equivalencias y violaciones en los procesos de graduación.

A inicios de mayo, fueron allanadas casas y locales de los ex-rectores de la ULAES, Rodrigo Contreras Teos (quien actualmente es concejal de la Alcaldía de San Salvador), y de la USAL, Tomas Hernández. La Fiscalía declaró que sospechaba que los ex-rectores habían estado vendiendo certificaciones de notas después de que las universidades fueron cerradas.

Aunque el MINED anunció que había ordenado el cierre de la Universidad "Dr. Manuel Luis Escamilla" a partir de enero 2002, por emitir títulos en forma fraudulenta, violaciones a la Ley de Educación Superior e infraestructura deficiente, la Fiscalía aún no ha emprendido ninguna acción legal contra autoridades de esta universidad, ni de las ya cerradas "Las Américas" y "Salvadoreña", ni de las otras que emitieron títulos fraudulentos.

Los casos judicializados

De los 169 títulos irregulares detectados por Vidales, la Fiscalía ha presentando ante los tribunales únicamente los siguientes 13 casos:

José Luis Osorio Nuñez, al juez de Paz de Arcatao: Sus equivalencias de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" a la USAL revelan que debió haber cursado al menos 15 asignaturas más para graduarse. Ya había sido destituido el año pasado de su cargo de juez, pero fue reincorporado por la CSJ. En noviembre fue suspendido nuevamente por la CSJ. En el mismo mes, fue sobreseído provisionalmente por el juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana, argumentando que la Fiscalía no sometió a peritajes la documentación presentada como prueba, por lo que no se pudo establecer si efectivamente era falsa.

Carlos Héctor Tobar Campos, juez de Paz de Suchitoto. Se presume que falsificó firmas de las autoridades de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" para pasarse a la U. Escamilla, donde se graduó. Su caso fue declarado inadmisible por el juez Orellana.

María Cristina Sagastizado, jueza de Paz de Jocoaitique: la CSJ la suspendió del cargo en octubre.

Edgar Amilcar Sánchez, juez de Paz de Aguilares. Graduado de la ULAES en 1992. El Ministerio de Educación rechazó el registro de su título, sin embargo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo autorizó para ejercer la abogacía y lo contrató como juez. En octubre, la Cámara Primera de lo Penal resolvió sobre la existencia de indicios suficientes para procesarlo, anulando así el sobreseimiento que había obtenido en un tribunal de primera instancia.

Ricardo Emilio Henríquez, juez de paz de La Palma. En la USAL le dieron equivalencias por 5 materias que había reprobado en la Universidad de El Salvador (UES), por 8 que no eran válidas y por 2 que nunca cursó. Es el único caso en que se ha declarado instrucción formal.

Morena Antonia Revelo Salazar, fiscal de Mejicanos. Ingresó a la Universidad Escamilla en septiembre/1993 y se graduó en menos de un año, en junio/1994. Fue destituida de su cargo en la Fiscalía.

Carlos Stanley Revelo Salazar, empleado del Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Delgado. Hermano de Monerna Antonia Revelo Salazar. Se graduó en la Universidad Escamilla con una certificación de la ULAES, según la cual habría cursado las materias y el proceso de graduación antes de haber ingresado a esa última universidad.

Franciso Javier Ulises Rivera, resolutor del Juzgado Quinto de Instrucción.

Marina del Carmen Ferrufino, secretaria del Juzgado Primero de Paz de San Miguel y jueza suplente en el Juzgado de Paz de Yamabal.

Mario Salvador González, abogado particular.

Manuel Chacón, abogado particular. Adquirió notoriedad pública en 1994 cuando se hizo cargo de defender al Tne. Rafael Coreas, de la Policía Nacional, que estaba acusado del asalto a un camión blindado, habiendo logrado su libertad. Asimismo ha defendido a implicados en otros casos controversiales, como el de la matanza de "Valle Nuevo". Se graduó de la USAL después de haber sido sacado de la UCA por reprobar materias en 3ra. Matrícula. Chacón fue exonerado en forma definitiva, pero la Fiscalía apeló y la Cámara Primera de lo Penal resolvió cambiar el sobreseimiento de definitivo a provisional por el delito de uso de documentos falsos. La realización de la nueva audiencia preliminar contra él esta pendiente.

Froilán Machado Gómez, abogado particular. Obtuvo su título irregularmente en la Universidad Escamilla.

Gustavo Arias, abogado particular. Habría falsificado en una certificación de notas la firma del decano de derecho de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", el actual vicepresidente de la República.

La cuestionable intervención de la Asamblea Legislativa

En la Asamblea Legislativa se conoció la propuesta, que pretendía aprobarse a finales de diciembre, de un decreto para legalizar los procesos de equivalencia y de graduación realizados en las universidades con anterioridad a la vigencia de la Ley de Educación Superior (1996). Con ello, todos los títulos que han sido cuestionados quedarían legalizados. Cabe mencionar que la Comisión de Educación, impulsora del señalado decreto, es presidida por Hernán Contreras, rector de la UNSSA, una de las universidades cuestionadas.

Un decreto de esta naturaleza había sido solicitado por la Asociación de Mujeres Abogados de El Salvador. Es esa oportunidad, magistrados de la CSJ y el FGR refutaron la solicitud de la gremial de abogados y se pronunciaron en favor de continuar las investigaciones y si correspondía, sancionar a los implicados.

Diversos sectores rechazaron de inmediato la iniciativa legislativa y 26 asociaciones profesionales pidieron al Presidente de la República, en caso de que la Asamblea aprobare dicho decreto, ejercer su facultad de veto. Esas organizaciones también se pronunciaron para que se continúen investigando a las universidades privadas, advirtiendo que los mecanismos para obtener títulos en forma fraudulenta pueden estar aún operando.

Las investigaciones pendientes

Después de que el Informe de Vidales fuera hecho público, la Fiscalía propuso a la CSJ y al CNJ conformar una comisión insterinstitucional para continuar con las investigaciones de los otros títulos sospechosos. Sin embargo la CSJ se negó a participar, abortando así la iniciativa.

La CSJ, obligada por la fuertes críticas que se le hacían, designó en octubre a una Comisión Investigadora de Títulos Irregulares. Dicha Comisión quedó conformada por Carlos Molina Fonseca, ex-procurador de Derechos Humanos (1992-1995); Orlando Baños Pacheco, ex-magistrado de la CSJ; Eduardo Urquilla, ex-procurador adjunto de Derechos Humanos; María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); y los abogados José Rodríguez y Ernesto Criollo. Está Comisión aún no ha hecho público el informe de sus investigaciones.

Además, muchos se han pronunciado porque las investigación no se limiten únicamente a profesionales de derecho, sino a otras carreras que se sospecha han sido escenarios de la emisión de títulos en forma fraudulenta.

Los entes fiscalizadores

La Corte de Cuentas: encubriendo la corrupción

Desde 1986 la Agencia Interamericana para el Desarrollo (USAID) y otros donantes han proporcionado fondos y asistencia técnica para modernizar a la Corte de Cuentas de la República. Sin embargo, el ente, cuya misión es controlar y auditar la gestión pública, ha sido duramente criticado por su pasivo papel frente a la corrupción, su conducta encubridora mostrada en importantes casos y su politización. La Corte de Cuentas es una institución que no rinde cuentas públicas de su gestión, no publica sus informes de auditoría y nunca en su historia, desde 1939, ha sido fiscalizada.

Desde 1993, la Asamblea Legislativa ha conocido varias propuestas para transformar a la Corte de Cuentas en una Contraloría General de la República, cuyas principales características son: la independencia política con que actuaría; una fuerte capacidad técnica para evaluar la gestión de los entes y funcionarios públicos; y la difusión pública de información sobre sus auditorías, la corrupción y otras anomalías detectadas, las sanciones impuestas y el seguimiento dado a los casos de corrupción por otros entes. Sin embargo, hasta le fecha los partidos ARENA, PCN y PDC, los únicos que en la historia reciente de El Salvador han gobernado, siempre han negado sus votos para aprobar dicha reforma.

Su oficina de denuncias ciudadanas

Cuando Francisco Merino (PCN) era presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) abrió una oficina de denuncias ciudadanas, que acompañó con una millonaria campaña publicitaria bajo el lema "Dale corte a la corrupción". Nunca se conocieron los resultados del trabajo de esa oficina, es decir, cuántas denuncias se recibieron y fueron investigadas, cuál fue el resultado de las investigaciones y en los casos en que se hubiera confirmado irregularidades, quiénes resultaron implicados y cuáles fueron las sanciones impuestas. Únicamente se sabe que para el año 2000, de 833 auditorías iniciadas, 205 fueron en base a denuncias recibidas por ese ente fiscalizador.

El 30 de julio 2001, el actual presidente de la Corte de Cuentas, Rutilio Aguilera, también del PCN, sin hacer referencia a la oficina creada por su antecesor ni rendir cuentas por sus resultados, presentó como un nuevo proyecto del ente la apertura de la Dirección de Atención de Denuncias Ciudadanas. Los medios de comunicación que dieron cobertura a la presentación tampoco consideraron ni cuestionaron el antecedente de la oficina creada por Merino.

Los extraños informes de la Corte de Cuentas

El 16 de diciembre, la Revista Enfoques de La Prensa Gráfica publicó un reportaje sobre el Informe de Labores de la Corte de Cuentas correspondiente al año 2000. De 883 auditorías realizadas en el 2000, los auditores reportaron 5 mil 107 hallazgos y establecieron irregularidades por 1 mil 239 millones de colones.

Esos casos pasan luego a la Dirección de Responsabilidades, donde la mayoría son desvanecidos. En el 2000 de 405 resoluciones giradas por esa dependencia, solo en un 25% se establecieron responsabilidades, sin que se reporten los montos de dinero a que corresponden las mismas.

Los casos donde hay responsabilidades no terminan ahí, sino que pasan a un juicio de cuentas, donde los implicados nuevamente tienen oportunidad de desvanecer los señalamientos. Y aún después, hay una segunda instancia para hacer apelaciones. Hay juicios de cuentas que llevan más de 50 de años sin ser resueltos o sin que se reponga el dinero reparado.

Cabe mencionar que la Corte de Cuentas no proporciona información que permita dar seguimiento a un caso. Por ejemplo de las auditorías realizadas en un año no se sabe en cuántas han sido exonerados sus implicados, en cuántas se han establecido responsabilidades y de ahí, si han sido dictadas las sanciones y si estás han sido aplicadas.

El informe de labores de la Corte de Cuentas del año 2000 se encuentra en: http://www.cortedecuentas.gob.sv/memoria.htm

Amenazas contra empleados

La Prensa Gráfica reportó en diciembre de casos en la Corte de Cuentas en que auditores que habían trabajado en investigaciones controversiales, como la de FEDEFUT, BFA e INAZUCAR, habían sufrido represalias en forma de traslados o degradaciones laborales, y citó algunos ejemplos:

"Un auditor que fungió como supervisor de equipo, y bajo cuya dirigencia se descubrieron anomalías trascendentales en las tres auditorías mencionadas, ahora labora como capacitador.

Cuando la auditoría del BFA estaba en curso, autoridades de la Corte decidieron trasladar a varios miembros del grupo a una auditoría en el Hospital Zacamil.

En el caso INAZUCAR, uno de los auditores fue sacado del equipo y trasladado al BFA. Un mes después, también lo sacaron de éste último para que practicara peritajes."

Por su parte, dirigentes de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC) denunciaron que dentro de la institución se practican altos niveles de violencia administrativa. El 5 de septiembre ADECC acudió a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos para denunciar a un funcionario del ente fiscalizador, Pedro Angel, por violar derechos humanos y laborales. Según las denuncias, Angel ordena la suspensión de empleados de manera ilegal y la retención y descuentos arbitrarios de salarios. También intimida a los empleados para que renuncien a su gremio.

Vicepresidente pide resultados

Por primera vez el Gobierno actual reconoció públicamente la ineficiencia de la Corte de Cuentas en las investigaciones de casos de corrupción.

El vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, declaró en octubre que desde hace un año han esperado un informe de auditoría que fue solicitado para la Orquesta Sinfónica de El Salvador, sin que hasta la fecha el ente contralor haya respondido. Según Quintanilla Schmidt, el Gobierno quiere establecer el paradero y deducir responsabilidades por el extravío de unos instrumentos musicales donados por el gobierno de Japón.

Conflictos de interés, Corte de Cuentas-FEDEFUT

La estrecha relación entre funcionarios de la Corte de Cuentas y los implicados del caso FEDEFUT ha sido señalada, discutida y criticada en los medios de comunicación.

Aunque el Presidente de la Corte de Cuentas, Ing. Rutilio Aguilera ha manifestado que no existe un conflicto de intereses en el caso FEDEFUT, La Prensa Gráfica y otras fuentes noticiosas han demostrado desde 1999 las relaciones partidistas entre los implicados, la ex dirigencia de la FEDEFUT liderada por la familia Torres, y la Corte de Cuentas. La familia Torres mantiene una relación estrecha con el Partido de Conciliación Nacional (PCN) que casi siempre ha manejado el ente contralor desde su creación. El ex-presidente de la FEDEFUT, Sergio Torres, fue propuesto por el PCN como candidato a alcalde de Usulután. Era padre de Juan Torres, quien fue señalado por los auditores de la Corte de Cuentas como el protagonista principal en el caso FEDEFUT durante su presidencia (1996 a 1998). Entre otras relaciones señaladas por La Prensa Gráfica, el asesor del presidente de la Corte de Cuentas y actual Coordinador General Administrativo, el arquitecto Pedro Angel, diseñó supermercados para la familia Torres y construyó un albergue de la FEDEFUT, el costo del cual fue cuestionado por los auditores pero no se mencionó en el informe. El ex-primer magistrado, José Adalberto Amaya, y el ex-segundo magistrado, Alfredo Arbizú Zelaya, de la Corte de Cuentas, ambos militantes de ARENA, trabajaban el año anterior en la FEDEFUT como asesor y auditor interno, respectivamente.

La Fiscalía General ha sospechado que la relación partidista ha contribuido al manejo irregular del caso por el ente fiscalizador. Acusó a la Corte de Cuentas de haber manipulado los informes y documentos relacionados al caso de la FEDEFUT y en septiembre 2000, la Fiscalía allanó las oficinas de la Corte de Cuentas y la FEDEFUT en busca de supuestos documentos falsos, después de pedir documentos a la Corte en tres ocasiones, sin obtener respuestas.

Casos BFA/FIGAPE y los conflictos de intereses de la Corte de Cuentas: ¿tráfico de influencias y encubrimiento?

Por más de un año la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República han investigado irregularidades en préstamos concedidos por el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) durante la administración de Raúl García Prieto (1995-1999), cuyo monto total asciende a unos 300 millones de colones y que en su mayoría se consideran irrecuperables.

Uno de los deudores es el Ingenio El Carmen que en 1998 recibió préstamos con una garantía hipotecaria de 18 millones de colones, valor que no cubría el monto de la deuda. Cuando el Ingenio cayó en mora, el BFA inicio un juicio de embargo pero a la vez concedió nuevos préstamos por unos 50 millones de colones. Finalmente los propietarios entregaron en pago el Ingenio al BFA, estimando su valor en 59 millones de colones cuando el valor real era de 18 millones. A finales del mismo año el BFA vendió el Ingenio a la Administradora El Carmen, que está integrada por INCAÑA y Granja Los Patos. Los principales socios de esta última empresa, que fue registrada tres días antes de la transacción, son Enrique Rais y Héctor Cristiani, personas asociadas con la pequeña élite económica salvadoreña y el partido gobernante ARENA. Rais y Cristiani únicamente le pagaron al BFA 5 millones de colones, por los otros 54 millones que completaban el valor de la compra-venta el mismo BFA les concedió un crédito.

En abril 2001, la Asamblea Legislativa acordó citar al actual presidente del BFA, Guillermo Funes, y al gerente general del Fondo de Garantía de la Pequeña Empresa (FIGAPE), institución donde también se han reportado irregularidades. Asimismo llamó al Presidente de la Corte de Cuentas, Rutilio Aguilera, para explicar de los atrasos en las auditorías a estos entes que la Asamblea y la Fiscalía le habían solicitado.

Pocos días después, se reportó un robo en las instalaciones de la Corte de Cuentas, de donde se habrían sustraído documentos relacionados a las auditorías del BFA, FIGAPE y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT). El robo fue en la oficina de la Dirección de Auditoría del Sector Social y Económico donde resultó difícil lograr establecer quienes eran los responsables del robo ya que la escena fue contaminada por los mismos empleados del ente fiscalizador.

Aunque Rutilio Aguilera declaró que ningún documento había sido sustraído de la Corte de Cuentas, se sospecha que hay interés en encubrir las irregularidades que pudieron haberse detectado en el BFA y FIGAPE. Según la Ley de la Corte de Cuentas (Art. 46) los informes de auditoría tienen carácter público. Sin embargo, en violación a la referida norma, y como normalmente sucede en otros casos, este ente fiscalizador negó en repetidas oportunidades a reporteros de La Prensa Gráfica que existiera un informe de auditoría al BFA. En abril, a raíz del robo, el Presidente de la Corte de Cuentas mostró ocho informes del BFA y el Director de Auditoría a cargo de la investigación admitió que desde noviembre 2000 tenía en su poder el borrador de uno de los informes.

En los casos del BFA y FIGAPE los medios de comunicación reportaron los siguientes vínculos entre la Corte de Cuentas y los implicados en las irregularidades:

el hijo del Presidente de la Corte de Cuentas, Mario Aguilera, trabajó como Gerente Administrativo del BFA durante el período en de Raúl García Prieto.

en ese mismo período, Guillermo Rodríguez, actual Presidente del FIGAPE, fue Vice-presidente del BFA y antes se había desempeñado como Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas. Guillermo Rodríguez es miembro del Consejo Nacional del PCN.

Carlos Remberto González, actualmente diputado del PARLACEN, fue presidente del FIGAPE y durante su administración se habrían cometido las irregularidades que ahora son investigadas. Remberto González es miembro del Consejo Nacional del PCN.

Rutilio Aguilera, el presidente de la Corte de Cuentas, es miembro del Consejo Nacional del PCN. Ganó la presidencia del ente contralor con el apoyo del bloque legislativo de ARENA-PCN.

Tanto las investigaciones del BFA y FIGAPE, al igual que la de la FEDEFUT, han estado a cargo de Alfonso Bonilla, Director de Auditoría del Sector Social y Económico, en la oficina de quien se suscitó el robo de documentación. Bonilla estuvo implicado en un caso de estafa, del cual fue absuelto, por más de 40 millones de colones que la Asociación de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES) habría cometido en contra del Fondo Nacional de la Vivienda Popular (FONAVIPO). Bonilla era auditor externo de PROCADES al mismo tiempo en que ocupaba el cargo de Director de Auditoría en la Corte de Cuentas.

Conflictos de interés, la Corte de Cuentas (PCN) y el partido gobernante (ARENA)

La Corte de Cuentas ha sido manejado por más de 20 años por altos dirigentes del Partido Conciliación Nacional (PCN). El PCN como ARENA, son partidos de la derecha. El primero fue formado como el partido oficial de la Fuerza Armada; el segundo fue fundado por el ex militar Roberto D\'Aubuisson, quien, según el gobierno estadounidense y organizaciones internacionales, tenía fuertes nexos con los escuadrones de la muerte y con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Los dos partidos abiertamente admiten que son aliados en la Asamblea Legislativa. A cambio de los votos para aprobar legislación y candidaturas promovidas por ARENA, el PCN ha gozado del control de la Corte de Cuentas. Por consiguiente, la conducta de la Corte de Cuentas ha sido criticada por su manejo en los casos de corrupción que se considera es influenciada por negociaciones con ARENA y por los nexos de los implicados con el PCN.

Sobre la falta de una auditoría de la Corte de Cuentas, en marzo 2000, La Prensa Gráfica escribió que "La Corte es el feudo tradicional del PCN. Nadie entra allí si no es azul y blanco. Y nadie mete allí las narices desde... siempre. Nadie excepto el PCN. ... A la fecha nadie examina a la entidad examinadora del Estado. El FMLN acusó en 1999 a ARENA y al PCN de confabular para evitar la licitación de la auditoría. Desde el 1o. de mayo habrá casi una sucursal de la Corte en el Salón Azul. ¿Apoyarán que se audite a su sucesor, Rutilio Aguilera? ¿O es más fácil prever que éste sea diputado desde el 2003?"

Se sospecha que la resistencia de auditar a la Corte de Cuentas está basada en nexos y negociaciones políticas entre el partido que ha manejado el ente por dos décadas, el PCN, y el partido gobernante desde 1989, ARENA. En la Asamblea Legislativa, ambos partidos han persistido en su posición de no apoyar una auditoría al ente contralor o de poner excusas del por qué no puede ser auditada, como la falta de financiamiento o de empresas idóneas que puedan efectuarla.

[Ver el extenso ensayo "La falta de transparencia y ética gubernamental: el ejemplo de la Corte de Cuentas", publicado en la Edición Doce(enero-febrero 2001) de la Revista Probidad. http://www.probidad.org/ediciones/012/art08.html Constituye una reseña de sus historia, politización e inconsistencias.]

Corrupción Judicial: El signo de la impunidad

"No tenemos espacio para recapitular todas las fallas de la justicia en el país durante el presente año. El caso Mathies ha sido el más sonado de todos, pero han sido una infinidad. El reciente caso de los tripulantes de una avioneta utilizada para tráfico de drogas ha puesto de relieve la deficiente preparación de los jueces, por decirlo suavemente y los alcances de los tentáculos del crimen organizado internacional en el país. ... Sabemos que hay miles de títulos de abogados falsos en el país y la investigación de la Fiscalía ha proporcionado los primeros casos comprobados de ello, pero se ha iniciado la prosecusión de trece, de los que tres ya han sido sobreseídos y la falta de voluntad para solucionar el problema es patente. El caso FEDEFUT ha demostrado que un argumento rebuscado, sacado de libros de textos, aunque no tenga nada que ver con lo que dice la ley salvadoreña, es la solución para que se pierdan en los bolsillos de alguien unos 40 millones de colones, que podrían utilizarse mejor en beneficio de todos los salvadoreños. ... Un campo en el que no ha habido el más mínimo avance es el combate de la corrupción. ¿Hace cuánto no se castiga a un funcionario salvadoreño por actos de esa clase?" Centro de Estudios Jurídicos, en su editorial titulado "El Año de la Impunidad", 24 diciembre 2001

Desde 1994, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido criticada por salvadoreños, las Naciones Unidas, el Departamento de Estado estadounidense, ANEP (la mayor gremial empresarial) y otros, por contar con jueces corruptos e ineficientes, por resistirse a una depuración verdadera de esos malos elementos, y por emitir fallos que dejan en impunidad a los implicados en casos de corrupción y otros delitos criminales.

En 2001 esta tendencia fue seguida por la excesiva tardanza de los procesos, la falta de independencia de los jueces, la existencia de actos de corrupción en los diferentes niveles del Órgano Judicial, y la falta de apoyo que la CSJ ha mostrado para fortalecer su oficina contra el enriquecimiento ilícito.

Además, muchos funcionarios judiciales fueron señalados este año de conductas ilícitas, sin embargo, ha habido poco intereses en profundizar sobre estas acusaciones a fin de determinar si los funcionarios responsables realmente incurrieron en faltas o delitos.

Auditoría a la CSJ

En septiembre se dio a conocer una auditoría financiera realizada por la Corte de Cuentas a la CSJ correspondiente al año 2000. El informe concluyó que la CSJ no cuenta con un control administrativo eficiente y que hay incumplimiento de recomendaciones hechas en auditorías de años anteriores.

La Prensa Gráfica reportó que dicho informe de auditoría señaló, entre otros hallazgos, que: la CSJ no cuenta con registros adecuados para el control de sus bienes, de la asistencia y de la legalización de planillas de sueldo; hubo tres proyectos de construcción en los que el Departamento de Ingeniería no realizó el diseño y la supervisión, tal como se estableció en los contratos respectivos; no hay justificación adecuada en pagos por servicios profesionales; y no se rinde fianzas para el Fondo de Actividades Especiales. Además, de 11 recomendaciones efectuadas en la auditoría correspondiente a 1999, solo 1 se encuentra en proceso de atenderse y las demás siguen sin cumplirse.

Encubriendo el enriquecimiento Ilícito

En 42 años de vigencia de la ley que regula esa materia ningún funcionario público ha sido sancionado, y la CSJ nunca ha mostrado ningún interés en promover reformas a esa ley, a pesar de contar con propuestas presentadas desde junio 1999 por el Jefe de la Sección de Probidad, José Eduardo Cáceres.

La Ley de Enriquecimiento Ilícito requiere que los funcionarios presenten su declaración patrimonial entre los 60 días después de su toma de posesión, para que se puedan comparar los bienes de un funcionario cuando asume un cargo contra su patrimonio al terminar su mandato, y de las diferencias detectar si durante su gestión se ha enriquecido en forma ilegal.

La sanción máxima por no presentar la declaración a tiempo es una multa de 5 mil colones (art. 17); pero lo funcionarios de elección popular pueden optar por no presentarla definitivamente pagando una segunda multa, cuyo valor máximo es de diez mil colones (art. 18).

Ricardo Córdova se refirió, en su columna de La Prensa Gráfica, al estudio "Probidad Pública Municipal: Compendio estadístico 1991-2000", elaborado por Francisco Castro. Según dicho estudio para los años de 1997 a 2000 los concejos del 22% de los municipios no presentaron sus declaraciones al inicio de su gestión, y el 37% no lo hizo al concluir su período. En cuanto a los alcaldes, el 88.93% presentaron su declaración al inicio de su gestión, pero al final únicamente la presentaron el 53.05%

Impunidad salvadoreña reconocida: Informe Departamento de Estado

Por segundo año consecutivo en su informe sobre derechos humanos, el Departamento de Estado estadounidense criticó el sistema judicial salvadoreño por su "ineficiencia y corrupción" y que "la corrupción en el sistema judicial y la Fiscalía contribuyó a la impunidad".

El informe citó varios casos de impunidad. Entre esos casos se encuentra el de Francisco Merino, a quien la Asamblea Legislativa no le quitó la inmunidad para que fuera procesado penalmente por haber herido de bala a una agente policial, amenazado con su arma a un vigilante y destruido una patrulla policial en agosto 2000; los vínculos entre fiscales y abogados defensores, para favorecer a imputados en los procesos judiciales; el cuestionamiento a jueces y fiscales sobre la autenticidad de sus títulos de abogado; la impunidad de que gozan personas "bien conectadas" política, económica e institucionalmente; el retraso en la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, desde la renuncia de Eduardo Peñate Polanco en febrero 2000 hasta el 06 de julio de 2001.

Los jueces descalificaron el informe, mientras otros salvadoreños reafirmaron los señalamientos. Por ejemplo, para la directora de FESPAD, Silvia Guillen, el problema "son los apadrinamientos... gente de muy alto nivel que ha sabido de las debilidades del sistema y no los ha enfrentado". (27, 28/febrero 2000)

Otro ejemplo de impunidad citado en el Informe fue la exoneración, en noviembre 2000, que la jueza Patricia Velásquez resolvió en favor de los directivos de la FEDEFUT y dos empleados de la Corte de Cuentas, implicados en un faltante de 35 millones de colones y la falsificación de documentos, ocupando el argumento de que la FEDEFUT no era una institución pública.

Los jueces y empleados judiciales cuestionados

Aunque durante el año se suspendieron o destituyeron a algunos jueces, la tendencia de la CSJ siempre es resistirse a investigar y exponer públicamente los casos. Normalmente no dice los nombres de los jueces que están siendo investigados o que han sido sancionados. Y típicamente, cuando el ente o sus jueces son criticados, su reacción es defenderse en lugar de tomar medidas para identificar, investigar, sancionar y limpiarse de jueces que han actuado en forma no ética. En el año 2001 únicamente se conoció que los siguientes funcionarios o empleados judiciales fueron cuestionados:

Paula Patricia Velázquez. En mayo aún se desconocía la resolución tomada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, en base al informe que le fue presentado por el Departamento de Investigación Judicial, sobre una auditoría realizada a la jueza Velázquez por su actuación en el caso de la FEDEFUT. Está jueza exoneró en octubre 2000, a través de un fallo cuestionable, a todos los implicados por el millonario faltante en la FEDEFUT argumentando que la misma no era un ente público. Un Cámara de Segunda Instancia anuló posteriormente su resolución.

Nicolás Menjívar. En abril los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron la destitución del juez séptimo de instrucción de San Salvador, Nicolás Menjívar, por anomalías en un proceso de estafa y libramiento de cheques sin fondos en contra de Rigoberto Serrano. En este caso también estuvo implicado el colaborador de la Sala de lo Civil, Vicente de Jesús Palencia, quien actúo como defensor de Serrano, algo prohibido por la ley. A Palencia los magistrados le aceptaron la renuncia.

Levis Italmir Orellana. En mayo, afectados por la defraudación FINSEPRO/INSEPRO protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pidieron que se investigará al juez Levis Italmir Orellana, a quien acusan de obviar investigaciones y retardar el proceso contra los imputados en este caso. También señalaron al Departamento de Investigación Judicial de la CSJ, donde han denunciado anomalías en el proceso sin obtener respuesta.

Carlos Ernesto Calderon. En mayo, la CSJ acordó la destitución del juez décimo de instrucción, Carlos Ernesto Calderón, responsable de actos arbitrarios, falsedad documental y privación de libertad.

Manuel Marín Palomo. La CSJ suspendió al magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de Usulután, Manuel Marín Palomo, acusado de malos tratos hacia los empleados. Al mismo tiempo, al referido funcionario se le abrió un expediente de investigación para establecer irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo.

Carlos Ernesto Calderón Alfaro. El juez Décimo de Instrucción de San Salvador, Carlos Ernesto Calderón Alfaro, también fue suspendido, acusado de prevalecerse de su cargo "para ejercer influencias indebidas" en beneficio de uno de los empleados de su tribunal.

Eduardo Morales Martínez. En julio fue sobreseído definitivamente el ex-juez segundo de instrucción de la ciudad de Zacatecoluca, Eduardo Morales Martínez, quien estaba acusado del delito de peculado. Según la Fiscalía, el ex-juez se habría apropiado y cobrado 10 depósitos de fianzas. En las pruebas realizadas a las firmas en los documentos de cobro, no se pudo comprobar que estás fueran de Morales Martínez, aunque hubieron varios testimonios de empleados de su tribunal que lo incriminaban.

Claus Arthur Flores Acosta. Los primeros días de agosto la Cámara de San Vicente pidió a la Fiscalía investigar a Claus Arthur Flores Acosta, citador del Juzgado Segundo de Instrucción de Zacatecoluca, por ser supuesto responsable del delito de peculado. Presuntamente Flores Acosta falsificó firmas para sustraer aproximadamente 22 mil 850 dólares, que estaban depositados a nombre del juzgado para el que labora en calidad de fianzas. Por está misma causa también estuvo procesado el juez Eduardo Morales Martínez, que fue absuelto por falta de evidencias.

Manuel Antonio Magaña. Fue detenido el 1ro. de agosto en Santa Rosa de Lima, Manuel Antonio Magaña, motorista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien según el reporte policial transportaba en un microbus de la CSJ un contrabando de queso valorado en 3 mil 771 dólares. Magaña es procesado por los delitos de contrabando de mercadería y defraudación a la hacienda pública. En este caso, los fiscales cuestionaron a la policía por haber dejado en libertad a otros empleados del Órgano Judicial y parientes de Magaña que lo acompañaban.

Magaña fue puesto en libertad bajo fianza, después de que una persona pagara un depósito de 26 mil 250 colones en el Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima. La Fiscalía sospecha que la misma persona que pagó la fianza es la propietaria del cargamento de queso decomisado.

José Gregorio Ascendio. A finales de abril José Gregorio Ascencio, magistrado suplente de la Cámara Segunda de Usulután, chocó su vehículo contra un microbús. En lugar de responder por el accidente se dio a la fuga, hasta que el motorista del microbús lo alcanzó y juntos protagonizaron un escándalo en la vía pública. Los agentes de seguridad del magistrado amenazaron con disparar contra el cobrador y el motorista del microbús. El chofer por su parte desenfundó un machete que le costó la detención. El magistrado también agredió a periodistas que llegaron a dar cobertura al hecho.

Miembros de la gremial de transportistas FECOATRANS pidieron a la CSJ que destituya al magistrado. Según ellos no debió haber huido del lugar del choque y tuvo que responder por los daños. Ascencio ya había sido sancionado antes por la CSJ por retardación de justicia.

Desconocido. "Un magistrado" de la Cámara de Oriente fue destituido en octubre. Al hacerlo, la CSJ no reveló la identidad del funcionario destituido, ni detalló las razones por las que adoptó tal resolución. Se sabe que el magistrado afectado apeló por su destitución.

Mal uso de los vehículos

Como se señala abajo, una auditoría conducida por la Corte de Cuentas a la CSJ, referente al uso de los vehículos y del combustible, encontró numerosas irregularidades como la utilización de los vehículos fuera de lo que estipula la ley, y evidencia de una práctica de ocultar la identidad de los vehículos para no atraer sospechas cuando son ocupados para fines no oficiales. En atención a los señalamientos de la Corte de Cuentas, el presidente de la CSJ declaró que en adelante los funcionarios tendrán que dejar guardados los vehículos en las instalaciones de la CSJ al final de las jornadas laborales.

Robos en los juzgados

En el mes de abril se conoció el robo de más de 170 gramos de cocaína y aproximadamente 2 mil 300 colones de los archivos de los tribunales de La Libertad, hecho cometido supuestamente por un empleado quien renunció a su cargo a inicios de dicho mes.

En los últimos meses se volvieron más frecuentes las robos y pérdidas de evidencias - dinero, drogas y otros - de varios tribunales del país. En uno de los últimos casos, medio kilogramo de heroína, con un valor de más de 37 mil dólares, se perdió del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. El Fiscal General, Belisario Artiga, pidió a la CSJ tomar medidas para evitar que las evidencias sigan siendo sustraídas de los tribunales.

Aguinaldos ilegales en Medicina Legal

En julio, la Corte de Cuentas anunció que varios médicos del Instituto de Medicina Legal (IML), una dependencia del Órgano Judicial, deberán reponerle al Estado más de 39 mil colones. Dicha suma corresponde a aguinaldos cobrados ilegalmente durante el período 1996-1998. El entonces presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, fue notificado en su momento de las anomalías detectadas en el IML. No se sabe si notificó a los médicos sobre la necesidad de devolver los fondos cobrados indebidamente, y la Corte de Cuentas no ha anunciado cuando se hará efectivo dicho reintegro.

Depuración del Órgano Judicial

En su balance anual, la Corte Suprema de Justicia, por medio de su presidente, Agustín García Calderón, declaró a finales de diciembre haber procesado 889 denuncias contra abogados, cifra que según él es una muestra del permanente proceso de depuración judicial.

El Departamento de Investigación Profesional, que vigila el ejercicio de los abogados y notarios del país, recibió 640 denuncias. Como resultado, 19 profesionales fueron suspendidos. Por su parte el Departamento de Investigación Judicial, encargado de controlar a los jueces, magistrados y secretarios, recepcionó 249 denuncias. De estas se produjeron amonestaciones contra 9, 11 funcionarios fueron suspendidos provisionalmente y 4 removidos definitivamente, mientras que 20 fueron librados de toda responsabilidad. No se mencionó del total de denuncias recibidas en cuántas se concluyeron las investigaciones o cuántas aún se encuentran sin resolver.

La Asamblea Legislativa: Donde la ética no existe

Incumplimiento de su obligación fiscalizadora

Además de su función de legislar, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de fiscalizar y evaluar el quehacer de los otros entes del Estado y la conducta de los funcionarios (Art. 131 Cn. numerales: 18, 32, 34, 36 y 37). Para ello cuenta con organismos de apoyo, como la Corte de Cuentas, y la potestad de pedir a cualquier persona colaborar en sus investigaciones (Art. 132 Cn.)

Los medios de comunicación han señalado como la falta de responsabilidad, idoneidad y solvencia de los diputados y las motivaciones partidistas - ganar protagonismo, destruir al adversario, negociar cuotas de poder, etc. - normalmente hacen que las iniciativas fiscalizadoras en la Asamblea Legislativa fracasen, y que en suma constituyan un incumplimiento a su mandato. Como reportó en julio La Prensa Gráfica:

"La Asamblea creó, desde diciembre hasta mayo pasado, cinco comisiones investigadoras. Sólo una de ellas, hasta el momento, ha producido un dictamen por cuyo valor nadie apuesta nada. Varias de las otras ni siquiera tienen un plan de trabajo."

Dos de estas comisiones fueron creadas en mayo 2001 a iniciativa del PCN, después de haber perdido la presidencia de la Asamblea ante ARENA. Un miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Aristides Alvarenga, del PDC, declaró que las comisiones especiales se crean sabiendo de antemano que "no va a servir para mayor cosa" y calificó como un abuso la forma en que la Asamblea conforma tales comisiones. Por esas declaraciones, el PCN se dio por ofendido y pidió que Alvarenga fuera separado de su cargo de directivo, petición que no fue aceptado por la Junta Directiva.

En octubre el presidente de la Comisión de Educación, Hernán Contreras (PCN), quien anteriormente fue presidente de la Corte de Cuentas (1989-1998), anunció que dejaría esa comisión por la poca productividad de la misma. Actualmente tiene pendientes de resolver 115 expedientes, algunos desde 1999.

Otro año sin fiscalizar a la Corte de Cuentas

La ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor cada año. Sin embargo, desde su creación en 1939, la Corte de Cuentas nunca ha sido fiscalizada. Como escribió El Diario de Hoy en agosto 2000: "La Corte de Cuentas de la República se ha convertido en la institución más escurridiza del Estado. Desde que se emitió su ley orgánica, en 1995, nunca ha sido auditada, pese a que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacerlo..." Se sospecha que no hay voluntad política para auditar debido a las negociaciones entre el partido gobernante desde 1989 (ARENA) y PCN, el partido que ha manejado el ente por casi 20 años.

Pago de sobresueldos

En octubre el Presidente de dicho la Asamblea Legislativa, Walter Araujo (ARENA), declaró que anualmente se gastan cerca de 3 millones y medio de colones en sobresueldos, justificándolos como horas extras, para privilegiar a un pequeño sector de empleados. Araujo prometió terminar con esta práctica.

Gastos excesivos

Durante el primer trimestre del año 2001 la Asamblea Legislativa fue duramente criticada por los excesivos gastos en los que incurrió a pocos meses de pasado el terremoto. Entre los gastos se encontró la compra de nuevo mobiliario para el local donde se llevan a cabo las sesiones plenarias. Para realizar dicha compra se omitió la licitación calificándola de urgente en base a los artículos 71, 72 literal "g" y 73 de la Ley de Licitaciones.

En mayo se conoció que el agasajo de bienvenida que habría ofrecido el nuevo presidente de la Asamblea, Walter Araujo (ARENA), tuvo un costo de 25 mil colones. El presidente saliente, Ciro Cruz Zepeda (PCN), gastó el año pasado en su recepción de bienvenida 214 mil colones.

Mientras tanto, se conoció que los diputados del partido de izquierda FMLN hicieron un pedido de nuevo equipo de oficina, cuyo costo superaba los 250 mil colones. Los diputados efemelenistas querían sillones de lujo, equipos de aire acondicionado y equipo de video, entre otros.

En octubre se conoció que la Junta Directiva, integrada por nueve miembros, se hospedaron en el hotel de playa "Suites de Jaltepeque", para discutir por dos días el presupuesto del próximo año para la Asamblea Legislativa. En dicho hotel, el costo por día de cada habitación es de 84 dólares.

¿Partida secreta?

En junio diputados del partido de izquierda FMLN acusaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo, de manejar en secreto un fondo rotativo de 100 mil colones. Además pidieron, junto al partido de derecha PCN, que los últimos tres presidentes de la Asamblea -Francisco Flores, Juan Duch y Ciro Zepeda - rindan cuentas sobre el uso de dicho fondo.

Los fondos rotativos, o circulantes, no solo existen en la Asamblea Legislativa. Generalmente todas las dependencias gubernamentales cuentan con uno o más de estos fondos para atender pagos urgentes. Estos fondos circulantes ofrecen a los funcionarios discresionalidad y una vía rápida para adquirir bienes y servicios en forma directa, sin tener que seguir el trámite normal establecido para las compras y pagos en el Estado.

Este tipo de fondos debieron desaparecer con la Ley de Administración Financiera del Estado, aprobada en 1995, que contemplaba la agilización de los pagos a proveedores del Estado, que normalmente toman semanas o meses, y consecuentemente la prescindibilidad de otros mecanismos, como los fondos circulantes. Los diputados de la Asamblea Legislativa nunca han evaluado el cumplimiento y aplicación de esta Ley.

Evasión de impuestos

A principios de mayo, el diputado del PDC Aristides Alvarenga declaró que los diputados no pagan impuestos por los gastos de representación, transporte y comunicación que reciben. Esto lo lograron gracias a una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en la que se exoneraban los ingresos bajo ese concepto (Decreto 629, 1993). Su fracción legislativa -el PDC- pidió el 16 de mayo que se derogará el decreto 629, sin embargo hasta la fecha ningún otro partido ha ofrecido su respaldo a esta propuesta.

Turismo legislativo

Los medios de comunicación, especialmente El Diario de Hoy, constantemente muestran cómo los legisladores, entre otros malos usos de los recursos del Estado, aprovechan sus puestos para realizar viajes innecesarios al exterior. Además de exigir idoneidad, en varios países de América Latina los funcionarios y empleados públicos no pueden viajar al extranjero si los costos no son cubiertos con fondos propios, los organizadores del evento o de algún otro donante; es decir que los fondos públicos no son utilizados para este fin.

Unos ejemplos de turismo legislativo reportados este año por los medios de comunicación incluyen:

En el mes de marzo, El Diario de Hoy reportó que para ese mes la Asamblea Legislativa había gastado un millón 615 mil colones en viáticos y pasajes aéreos, que representaban 52 viajes al exterior hechos por "14 diputados de ARENA, 15 del FMLN, 12 del PCN, cinco del PDC, dos del CDU y dos del PAN".

A finales de abril se conoció que una segunda comisión, integrada por Ciro Cruz Zepeda (PCN), Dagoberto Marroquín (PCN) y Juan Miguel Bolaños (ARENA), viajará a España para conocer el sistema de libre competencia de ese país. En mayo 2001, una comisión integrada por Ileana Rogel (FMLN), Juan Ramón Medrano (CDU), Julio Moreno Niños (PCN) y el asesor Francisco Morán Castaneda, viajaron a España con el mismo propósito. Estas misiones oficiales son parte del trabajo de la Comisión de Fomento de la Competencia, la cual en un año de estar funcionando no ha presentado ningún resultado. Zepeda y Moreno Niños ni siquiera forman parte de esa Comisión.

A inicios de agosto El Diario de Hoy reportó quienes eran los diputados de la actual legislatura (2000-2003) que más veces han viajado al exterior desde mayo 2000: Rafael Machuca del PCN, 12 veces; Aristides Alvarenga y Agustín Díaz Saravia, ambos del PDC, 11 veces; y Blanca Flor Bonilla del FMLN, 9 veces.

Mientras tanto hubo denuncias hechas a diputados a nombre de quienes se habrían emitido cheques de viáticos para misiones oficiales a las cuales nunca asistieron. Entre estos diputados se encontraban Violeta Menjívar (FMLN), René Aguiluz (PDC) y Mauricio Quinteros (ARENA). El Reglamento General de Viáticos de la Asamblea establece que "no es necesario comprobar los gastos incurridos en concepto de cuotas de viáticos".

El Diario de Hoy reportó que 6 diputados viajaron a Estados Unidos el miércoles 14 de noviembre, por 8 ocho días, y que en concepto de viáticos recibieron 225 dólares diarios cada uno, haciendo un total de 10 mil 800 dólares, más los gastos de pasajes. El propósito del viaje fue para sostener reuniones con organizaciones de inmigrantes salvadoreños y con funcionarios y congresistas estadounidenses. Aunque la misión era una gestión de la Comisión de Relaciones Exteriores, solo dos de los diputados designados pertenecen a ella. También, dicha misión oficial rompió el compromiso que había hecho el presidente de la Asamblea, Walter Araujo, de que a lo sumó solo cuatro diputados podrían conformar las comisiones al exterior. Los participantes en el viaje son Mario Ponce y Rubén Orellana, del PCN; Mauricio López Parker, de ARENA; José Marinero, del FMLN; René Aguiluz, del PDC; y Juan Ramón Medrano, del PSD. Además los acompaña el técnico legislativo Alejandro Solano.

Cabe destacar que también hubo algunos buenos ejemplos:

Los diputados, Salvador Sánchez Cerén (FMLN), Gerardo Suvillaga (ARENA) y Jorge Villacorta (CDU), quienes asistieron a la XVII Conferencia Interamericana de Alcaldes, realizada en Miami del 26 al 28 de junio, invitados por la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). La referida agencia ofreció cubrir los gastos de viaje, a excepción del boleto aéreo y gastos de representación. Dichos diputados declararon que no cobrarían los \$675 que les correspondían como gastos de representación, una partida a la que solo tienen derecho los diputados y altos funcionarios gubernamentales, y que se les reconoce con monto mensual y en cada viaje que realizan. En el caso de los diputados la cuota fija de gastos de representación, comunicación y transporte asciende a 15 mil colones mensuales, para los directivos la asignación es mayor.

En lo que pareció ser una muestra de su política de austeridad, la Junta Directiva de la Asamblea, decidió no conceder permiso - y su correspondiente erogación - a tres diputados que viajarían a Perú como observadores del proceso electoral. Los participantes eran Elizardo González Lovo (PCN), Guillermo Gallegos (ARENA) e Irma Amaya (FMLN).

Mal uso de los vehículos nacionales

Las normas para controlar el uso de vehículos nacionales estipulan que un vehículo nacional sólo podrá usarse en días y horas hábiles para misión oficial, es decir, no durante las vacaciones. Sin embargo, la junta directiva de la Asamblea Legislativa puso a disposición tres carros durante las vacaciones agostinas a los diputados Rafael Arévalo (ARENA), Tomás Mejía (PCN) y Horacio Ríos (sin partido). En los casos de vehículos prestados, la Asamblea no hace un monitorea de su uso.

Diputados ebrios

En enero 2001, Pablo Parada Andino, diputado suplente del partido de izquierda FMLN, se estrelló en su automóvil contra unos árboles en la carretera que conduce hacia Zacatecoluca. Según el reporte policial se supone que Parada Andino conducía a excesiva velocidad y en estado de ebriedad. Parada no pudo ser detenido porque presentó su carné de diputado y gozar de fuero. Manejar en estado de ebriedad está calificado, según la normativa de tránsito, como una falta grave.

Diputados denunciados

Orlando Arévalo: Tránsfuga e instigador de desordenes callejeros. Este ex miembro de ARENA, fue acusado de privación de libertad por haber obstruido la salida de las instalaciones del Centro de Gobierno a empleados y diputados durante una manifestación de ex-patrulleros que encabezó en octubre 2000. La Asamblea Legislativa deberá decidir si le quitará el fuero para que responda ante un tribunal penal por el delito que se le imputa. Se conoció que para conservar su fuero el diputado Arévalo negoció su incorporación al Partido de Conciliación Nacional (PCN.

Carlos Centi: Defraudador. El diputado suplente Carlos Centi fue acusado del delito de estafa agravada, junto a Gustavo Rogelio Salinas, José Alberto Guzmán García, Santos Isabel Tino Gutiérrez, Atilio Humberto Orozco y Felipe Campos Ramírez, todos directivos del Partido Acción Nacional (PAN). La demanda fue interpuesta por el también diputado y ex-compañero de partido de Centi, Horacio Ríos.

Ríos declaró que en las pasadas elecciones del año 2000, recibió de la dirigencia del PAN bonos para captar fondos para la campaña a cambio de los cuales firmó letras de cambio. Al finalizar la campaña, él devolvió los bonos sobrantes pero no le fueron entregas las letras de cambio, cuyo monto superaba la cantidad de 1 millón 300 mil colones. Luego,usando las letras de cambio, la dirigencia del PAN entabló demanda mercantil contra Ríos.

La Fiscalía determinó que habían elementos suficientes para acusar a la dirigencia del PAN por estafa, pero en marzo el juez Octavo de Paz, Carlos Ernesto Béndix, dijo que el proceso no podía iniciar mientras la Asamblea no le quitara la inmunidad a Centi.

Hasta la fecha la Asamblea Legislativa aún mantiene pendiente la realización del antejuicio contra Carlos Centi.

Conflictos de interés: los diputados buseros

La Constitución, en su art. 127 inciso 6o., prohibe que puedan postularse como candidatos a diputados quienes tengan concesiones con el Estado, para evitar conflictos de intereses. Dicha disposición es aplicable a los empresarios de buses.

El diputado Elizardo González Lovo (PCN) que dirige la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, que trata todo los asuntos relacionados a los buseros, es presidente honorario de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS). Ha ocupado su posición para promover legislación a favor de los buseros. También en los registros del Viceministerio de Transporte, según reveló La Prensa Gráfica, este diputado tiene a su nombre cuatro permisos de línea y otros dos buses registrados a nombre de otra persona pero con su número de identificación tributaria. González Lovo admitió que tiene 5 buses matriculados a su nombre, pero dijo que los permisos de línea no son de él.

A finales de diciembre, El Diario de Hoy reportó otros casos de "diputados buseros". El matutino dijo tener en su poder una copia del Registro Público de Vehículos Automotores donde se hace constar que el diputado Mauricio Quinteros (ARENA) es propietario de al menos un bus de transporte público con placas AB 77204. Quinteros declaró que vendió ese bus a otra persona antes de llegar a la Asamblea Legislativa. El diario también manifestó que los diputados Blanca Flor Bonilla (FMLN) y Rafael Arévalo (ARENA), quienes han promovido intereses de buseros, tienen lazos familiares con el sector.

Venta de vehículos

Los medios de comunicación, especialmente La Prensa Gráfica, revelaron en agosto un potencial caso de corrupción. El 17 de julio la Junta Directiva de la Asamblea suscribió el acuerdo No. 1224, en el que autorizó la venta de doce vehículos propiedad del Órgano Legislativo a través de una subasta privada. Según el Instructivo No. 1/95 de la Corte de Cuentas, las subastas deben ser públicas.

Ante la exposición del caso en los medios, los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea coincidieron en calificar como un "error" el haber autorizado la subasta, acordando a su vez suspender la venta de los vehículos. Los directivos que estaban a cargo de organizar la subasta son Rafael Machuca (PCN), Alfonso Aristides Alvarenga (PDC) y William Pichinte (ARENA).

Algunos empleados de la Asamblea señalaron que la venta de los vehículos sería entre los mismo diputados y uno de ellos denunció que uno de los vehículos fue reparado justo antes de la subasta. Sobre ese vehículo, el denunciante dijo que: "ahora está nítida, con todo funcionando, hasta casetera y aire acondicionado nuevos

Aumentos irregularidades

En marzo, la Junta Directiva de la Asamblea anuló un aumento salarial que había ordenado irregularmente el presidente de la Asamblea, Ciro Cruz Zepeda (PCN). Zepeda había nombrado a Alejandro Solano como jefe de la unidad de asesoría técnica, asignándole una plaza no contemplada en la Ley de Salarios y violando un acuerdo que prohibe aumentos y la creación de nuevas plazas en ese órgano del Estado. Con la revocatoria del aumento salarial el caso fue declarado cerrado por la Junta Directiva, sin que Zepeda tenga que responder por esta irregularidad. Como dijo uno de los directivos, el diputado Aristides Alvarenga (PDC), en referencia a este caso: "Todos somos solidarios hasta para las cosas anormales".

Prácticas clientelistas

El diputado Rafael Ruiz fue denunciado por Hérctor Geovanni Herrera por no haberle cumplido la promesa de proveerle una plaza en la Corte de Cuentas. Ruiz es diputado por el PCN, partido que ha controlado la Corte de Cuentas por dos décadas y, como es de común conocimiento, ha usado los puestos de trabajo en el ente contralor para favorecer a sus militantes.

Vacaciones legislativas

En una propuesta de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, los diputados pretendían establecer en receso de 130 días al año. Los recesos estarían divididos en dos períodos, uno del 1 de febrero al 30 de abril y otro del 16 de septiembre al 31 de octubre. Al respecto, Jaime Ulises Marinero, editor de noticias departamentales de La Prensa Gráfica, escribió que: "En fin, se cansan tanto de hacer tan poco por los salvadoreños, que ahora los diputados quieren 130 días de receso (vacaciones con goce de sueldo)... Vaya forma de abusar del poder y de hacer méritos para seguir como los más impopulares".

Incumplimiento de responsabilidades

Las oficinas gubernamentales permanecieron cerradas desde el 23 de diciembre de 2000 hasta el 01 de enero de 2001 debido a vacaciones de fin de año. Algunos diputados no se presentaron a sus labores el 2 de enero y por su ausencia se suspendieron por una semana las reuniones de las Comisiones de Legislación y Defensa.

A inicios de mayo El Diario de Hoy reportó sobre la irresponsabilidad de los diputados miembros de la Comisión de Fomento a la Competencia, que fue creada el año pasado. Hasta enero 2001 solo se habían reunido una vez y hasta esa fecha no habían emitido ningún dictamen. Se conoció que la referida comisión había recibido fondos y asistencia técnica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el compromiso de elaborar un borrador de ley de libre competencia antes del 30 de abril, lo que no cumplieron a pesar de contar con dos propuestas presentadas por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y la Fundación para el Desarrollo Económico (FUNDE). No se sabe el uso que dieron al financiamiento de FLACSO.

Aunque una nueva semana de vacaciones inició el 3 de agosto, la mayoría de los diputados no asistieron a sus labores el lunes 1 y martes 2. Como escribió uno de los reporteros de La Prensa Gráfica: "El edificio de reuniones legislativas era un pueblo fantasma. Luces apagadas, mesas vacías. Estaba tan vacío y en tanta quietud que dejar caer una moneda bien hubiera producido eco. El otro inmueble, el que alberga a las fracciones legislativas, estaba con el mismo ambiente."

En agosto el diputado José Almendáriz (PCN) - ante el reclamo y la presión de sus colegas de la de la Comisión de Defensa - se retractó del anuncio que había hecho una semana antes, de pedir que se aplicarán descuentos a los diputados que injustificadamente no asistieran a las reuniones de su comisión, las cuales reiteradamente son suspendidas por falta de quórum.

Otro ejemplo de la responsabilidad legislativa ocurrió el 23 de agosto, cuando la sesión plenaria y las reuniones de comisiones legislativas programadas para ese día fueron suspendidas debido a que los diputados del partido ARENA no se presentaron por asistir a una actividad partidista, la celebración del natalicio del fundador de su partido, el difunto Roberto D\'Aubuisson.

En septiembre El Diario de Hoy denunció al presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo, quien reportó varias inasistencias - sin pedir permiso para ausentarse - por participar en reuniones del Concejo Ejecutivo del partido ARENA. Ante el señalamiento, Araujo respondió que: "El permiso me lo puedo dar solo. Estamos hablando de un funcionario de primer nivel, no de un ordenanza".

También los medios de comunicación, y los mismos diputados, cuestionaron al jefe del equipo técnico de la Asamblea Legislativa, Alejandro Solano, por haber participado el 2 de septiembre en una convención del PCN, a pesar de que los técnicos deben comportarse en una manera no partidista. Solano, en marzo 2001, fue el centro de otra controversia, tras haber recibido un aumento de salario por parte del entonces presidente del Órgano Legislativo, Ciro Cruz Zepada (PCN), a pesar que la Junta Directiva había congelado los movimientos salariales.

El atraso en la elección del Procurador de Derechos Humanos

En marzo se conoció un informe de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA) en el que se señalaba como uno de los casos más graves de la región la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en El Salvador. Posteriormente de la destitución de Eduardo Peñate Polanco como titular de la PDDH en febrero de 2001, el cargo fue asumido interinamente por el Procurador Adjunto Marcos Valladares, militante del partido derechista PCN.

Para febrero de 2001 la Asamblea Legislativa había recibido la presentación de al menos 26 candidatos para el cargo y no lograba ponerse de acuerdo para designar al nuevo Procurador debido al interés de cada fracción en elegir a un allegado a su partido o por lo menos alguien que respondiera a sus lineamientos. Tampoco fueron abiertos espacios para que los ciudadanos presentaran recomendaciones, quejas y pruebas en favor o en contra de los candidatos.

En abril la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite y a propuesta del partido ARENA, un decreto para separar de la institución a aquellos empleados que el nuevo procurador, a ser electo, considere que tienen "conductas inadecuadas". Diputados de oposición y empleados de la Procuraduría consideraron mal intencionado dicho decreto.

La elección permaneció estancada debido a los intereses y agendas partidistas, especialmente de las fracciones legislativas mayoritarias ARENA y FMLN. En la segunda semana de abril se conoció que ARENA le había propuesto al FMLN dos nuevos candidatos, pero sus nombres no fueron revelados, reflejo de la falta de transparencia en estas negociaciones legislativas. Para elegir al nuevo procurador se requieren las dos terceras partes de los votos de los diputados electos.

A pesar de las presiones internacionales para elegir un Procurador, la elección fue bloqueada por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa que insistieron en nombrar un nuevo titular fiel a intereses partidistas.

Para fines de junio fue sometida a consideración la postulación de la abogada Beatrice de Carrillo, ex-presidenta de la Federación de Abogados, pero solo obtuvo 54 votos, es decir, 2 menos de los requeridos para obtener mayoría calificada y poder ser designada en el cargo de Procurador. Días después perdió 8 de los votos que había ganado.

Sin embargo, Allamani de Carrillo fue electa el 6 de julio 2001, con el respaldo de 83 de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Una semana antes la nueva funcionaria no contaba con el respaldo del partido ARENA (29 diputados) ni del CDU (1 diputado). Estos partidos no consideraban correcto que semanas antes se hubiera reformado la ley de la PDDH - con el propósito de facilitar la elección de Allamani de Carrillo, quien es de origen italiano - para eximir del requisito de ser salvadoreño de nacimiento al titular de ese ente. Sin embargo, enfrentado ante la candidatura de Florentín Meléndez, un apasionado defensor de los derechos humanos y funcionario de la ONU, que gozaba de mucho apoyo entre la oposición, el partido ARENA desistió en su posición y terminó concediendo sus votos para designar a Allamani de Carrillo como la nueva titular de la PDDH.

En julio la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso, presentado por un grupo de ciudadanos, referente al atraso de 17 meses que tuvo la Asamblea Legislativa para designar al nuevo procurador en elegir a uno de sus simpatizantes. En el recuso se declaró que los diputados habían violado la constitución al no cumplir con los plazos establecidos para realizar está elección.

Código de Ética Parlamentaria

La Asamblea Legislativa es uno de los órganos más cuestionados del Estado por las reiteradas y frecuentes muestras de conductas antiéticas por parte de sus diputados y oscuras negociaciones entre las fracciones políticas.

Actualmente una comisión legislativa trabaja en la preparación de un Código de Ética Parlamentaria. La propuesta buscaría regular la conducta de los diputados en sus actuaciones públicas y frente a conflictos de intereses. La iniciativa ha sido descalificada desde ya por muchos, no solo por ser una de tantas que en otras ocasiones han sido planteadas pero nunca concretizadas, sino también porque en la referida comisión está participando el diputado Francisco Merino (PCN), quien está involucrado en varios de actos de corrupción y es responsable de intento de homicidio contra una agente policial.

[]{#anchor-6}El ambivalente papel anticorrupción de la Fiscalía General

La Fiscalía ha sido duramente cuestionada por su falta de efectividad en el manejo de los casos ante los tribunales de justicia, donde normalmente los pierde. En lo referente a casos importantes de corrupción, hasta la fecha la Fiscalía no ha sido capaz de ganar ninguno.

A pesar de ese récord negativo, la Fiscalía ha desarrollado a lo largo del año importantes iniciativas anticorrupción, nunca antes aplicadas en dicho ente: un proceso de depuración, la conformación de comisión independiente para evaluarla, la designación de un fiscal especial para investigar los títulos falsos y la conformación de una nueva unidad anticorrupción.

Su depuración

El proceso de depuración de la Fiscalía fue iniciado por el Fiscal General, Belisario Artiga, en noviembre 2000, a través de un decreto legislativo que lo facultó para separar del ente a los elementos involucrados irregularidades, prácticas de corrupción o delitos. Antes de que el decreto de depuración de la FGR fuera aprobado el ente decidió no renovar 40 contratos a fiscales y personal administrativo y resolvió la destitución de 14 fiscales.

Fueron 63 empleados que la Fiscalía sometió al proceso de depuración, de los cuales 15 fueron confirmados en sus cargos, 11 aceptaron la destitución y 37 apelaron. De las apelaciones, el Tribunal de Apelaciones, una instancia especial creada para este proceso, solo ratificó la destitución para 13, decidiendo que los otros 24 fueran restituidos. También se conoció que durante el proceso de depuración varios fiscales habían presentado en forma voluntaria su renuncia, aunque no se reveló el número. Otros 50 fiscales fueron trasladados a diferentes puestos.

Entre los depurables se encontraban jefes de regionales y sub-regionales, y los miembros de la Unidad de Patrimonio Privado (llamado G-9). Según reportes de La Prensa Gráfica estos últimos estaban acusados de "vender los procesos judiciales a reconocidos abogados defensores" durante la anterior administración del Fiscal Manuel Córdova Castellanos, quien a pesar de haber recibido denuncias nunca realizó una investigación.

Aunque el Fiscal prometió judicializar los casos de fiscales que hubieran resultado implicados en delitos, hasta la fecha ningún requerimiento ha sido presentado en los tribunales.

Su evaluación

A partir de mayo comenzó a funcionar una Comisión Evaluadora, integrada por Ricardo Córdova, director de FUNDAUNGO; María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); y José Néstor Castaneda, ex-presidente de la Federación de Abogados de El Salvador. Entre los hallazgos, la referida Comisión logró establecer que: los fiscales auxiliares poseen una débil formación profesional (de 726 fiscales solo 415 son abogados en ejercicio, los otros 311 son graduados, egresados o estudiantes de ciencias jurídicas); el ente no cuenta con un mecanismo idóneo para la selección de nuevos fiscales, capacitación y evaluación de sus actividades; y la cantidad de atribuciones y responsabilidades de la Fiscalía, dispersas en varias leyes, no corresponden a sus recursos y capacidad.

En septiembre la Comisión dio por concluidas sus funciones y presentó su diagnostico y 61 recomendaciones para el fortalecimiento de la Fiscalía en las áreas de legislación, indicadores de impacto, recursos humanos y procesos de gestión, y lo administrativo-financiero. Entre otras recomendaciones se platea que a los fiscales se les exija ser abogados autorizados por la CSJ, que se implante un mecanismo de reclutamiento de nuevo personal basado en idoneidad, la preparación de una nueva ley para el ente y la extensión del mandato del Fiscal a 5 años, y una fuerte política de comunicaciones para educar a la sociedad sobre el papel de la Fiscalía. El informe se encuentra en: http://diagnosticofgr.org.sv

El Fiscal General, se ha comprometido a aplicar las recomendaciones de corto plazo hechas por la Comisión antes de concluir el período para el cual fue electo, que vence en noviembre/2002.

Sobre el desempeño del ente, su titular, Belisario Artiga, declaró el 20 de diciembre a La Prensa Gráfica sentirse satisfecho de los logros durante el presente año. Según él, de todas las resoluciones obtenidas en los tribunales, un porcentaje superior al 50% han sido condenatorias, y en el caso de los secuestros, otro de los graves problemas que enfrenta el país, el porcentaje sube al 80%.

Frente a los títulos falsos

Entre las prácticas de la corrupción salvadoreña se encuentra la adquisición de títulos universitarios sin cumplir los requisitos establecidos por las universidades y el Ministerio de Educación. Aunque ha existido por muchos años está práctica, nunca había sido cuestionada hasta que a finales del año 2000 el Consejo Nacional de la Judicatura comenzarón a señalar casos de jueces y fiscales que presuntamente habían obtenido su título de manera irregular.

En 2001, la Fiscalía designó al reconocido abogado Roberto Vidales como Fiscal Especial para investigar los títulos falsos y su investigación confirmó que inicialmente hay al menos 169 abogados falsos, dentro de los cuales 77 son jueces y 12 fiscales. Muchos de ellos, además de quedar inhabilitados para el ejercicio de la abogacía, podrían ser sancionados penalmente por el uso de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión. La Fiscalía al final del año había judicializado 13 de esos casos, acusando a los implicados de uso de documento falsos o de ejercicio ilegal de la profesión.

Amenazados de muerte por la anticorrupción

Las investigaciones y hallazgos sobre los títulos académicos irregulares causaron muchas reacciones entre los señalados. La vergüenza no se ha expresó mucho, pero el enojo sí.

En septiembre el Fiscal General, Belisario Artiga, reveló que él así como el ex-fiscal especial del caso, Roberto Vidales, habían recibido amenazas de muerte a través de panfletos, anónimos y llamadas telefónicas, y que aún vehículos de la Fiscalía fueron dañados desde que el ente inició el proceso de depuración. También han sufrido presiones y amenazas los fiscales auxiliares que llevan los casos sobre los títulos cuestionados.

Artiga consideró que abogados, jueces, ex fiscales y empresarios están detrás de la conspiración. En declaraciones a La Prensa Gráfica, dijo que: "Tenemos noticias de unas reuniones, no sólo de abogados y jueces, sino de algunos ex funcionarios (de la Fiscalía) que están siendo investigados, algunos empresarios que tienen intereses en casos que están dentro de la Fiscalía, es decir, son métodos de presión que se están ejerciendo a la institución".

La nueva unidad anticorrupción

En junio 2001 fue integrada la Unidad Anticorrupción y de Delitos Complejos. Su función principal es "investigar aquellos casos graves de corrupción que afectan los intereses del Estado, causando gran alarma social, así como ciertos delitos que por su condición tengan características que para su investigación sea necesario un apoyo técnico multidisciplinario y una logística eficaz". Actualmente está unidad es la encargada, entre otros, de los proceso judiciales contra los abogados acusados de poseer títulos irregulares y contra los implicados en la defraudación BFA-El Carmen.

Corrupción en el gobierno central

Mal uso de los vehículos del Estado

El mal uso de los vehículos del Estado es una de las muchas formas de corrupción salvadoreña que frecuentemente no recibe seguimiento por parte del gobierno. En las Disposiciones Generales de Presupuestos (Art. 97) se prohibe expresamente utilizar los vehículos estatales para fines no oficiales. Nadie teme a incumplir dicha norma porque la sanción prevista es ridícula. El Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial impone una multa de 100 colones por esta falta (Art. 64), valor muy inferior a lo cuesta un auto de alquiler, unos 300 colones al día.

En los períodos de vacaciones, cuando la mayor parte de oficinas públicas permanecen cerradas, es común ver vehículos nacionales en las playas, restaurantes y sitios recreativos. Durante la Semana Santa, periodistas de La Prensa Gráfica reportaron los siguientes vehículos:

el microbús póliza 2000-Y -54, con logo de la Alcaldía de Mejicanos, fue visto en la playa El Majahual.

el vehículo placas N 6-119, de la Dirección de Aduanas (Ministerio de Hacienda), fue visto en La Puntilla con personas "vestidas en calzoneta y camiseta". Su conductor presentó un permiso para usar el vehículo en vacaciones.

el vehículo N-13-832, que tenía oculto el logo del Ministerio de Hacienda, fue visto en el centro turístico Costa del Sol.

también frente a restaurantes en las playas observaron cuatro vehículos nacionales más, dos de los que pudieron identificar pertenecen a la Alcaldía de San Salvador y uno a la Procuraduría General de la República.

En ese mismo período, la Policía reportó el decomiso de seis vehículos nacionales en sitios turísticos, sin embargo no se dieron detalles de las instituciones a las que estos pertenecen.

Aunque las autoridades manifiestan que ha habido una reducción en el mal uso de los vehículos nacionales, de los 38 autos vistos por la Policía de Tránsito, 30 portaban permiso para circular en la vacación. La Prensa Gráfica reportó que aunque varios vehículos portaban permisos fueron vistos en restaurantes, playas o con personas en ropa de baño.

A finales de abril, reporteros de La Prensa Gráfica fotografiaron el vehículo placas N-13909 que permaneció por espacio de tres horas en un motel de la capital. Luego se confirmó que el vehículo pertenecía al Consejo Nacional de la Judicatura y estaba asignado al concejal Amadeo Artiga, padre del Fiscal General, Belisario Artiga. El concejal admitió que conducía el vehículo en esa ocasión y según él, visitaba al propietario del motel con quien tiene una relación comercial. Artiga reconoció su error y se disculpó públicamente por hacer uso inadecuado del vehículo.

También en abril, el vehículo placas N-9-707, propiedad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), fue chocado en la autopista que conduce a Comalapa. Aunque el vehículo contaba con autorización para circular en día no hábil, era conducido por una persona diferente a la consignada en el permiso. La causa del accidente fue la excesiva velocidad.

Durante la primera semana de agosto, que corresponde a los festejos patronales de San Salvador, la Policía detectó en circulación a 24 vehículos nacionales, de los cuales 9 no contaban con autorización. La Prensa Gráfica reportó que los diputados Rafael Arévalo (ARENA), Horacio Ríos (sin partido) y Tomás Mejía (ARENA) tomaron cada uno, con la autorización de la Junta Directiva, un vehículo de la Asamblea Legislativa para ocuparlo durante la semana de las vacaciones agostinas, bajo el argumento que sus carros se habían arruinado.

También fue detenido en Santa Rosa de Lima Manuel Antonio Solís Magaña, motorista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien según el reporte policial transportaba un contrabando de queso valorado en 3 mil 771 dólares en un microbus propiedad de la CSJ. Magaña es procesado por los delitos de contrabando de mercadería y defraudación a la hacienda pública. En septiembre se conoció que la CSJ suspendió sin goce de sueldo al jefe y subjefe de transporte por haber autorizado el uso del microbus en el que fue detenido Solís Magaña.

En octubre, se conoció que un informe de auditoría preparado por la Corte de Cuentas reveló que en el ex-ministerio de Seguridad Pública (ahora integrado al Ministerio de Gobernación) la existencia de irregularidades en el uso de dos vehículos que no poseen logotipo del ente y son utilizados después de horas laborales y los fines de semana por un director y un jefe de área.

El domingo 4 de noviembre fue visto saliendo de la carretera que viene de la playa El Espino y llevando "maletines, envases con agua purificada, hieleras y otros objetos" el vehículo nacional placas N 6-111. Un ciudadano tomó fotografías del vehículo pero no pudo captar el logo de la institución a la que pertenece. El ciudadano avisó a La Prensa Gráfica del acto de corrupción y pidió a las autoridades investigar este caso.

El pick up placas P-348-531, propiedad de la Asamblea Legislativa, fue robado el martes 13 de noviembre en la jurisdicción del puerto de La Libertad. Se presume que el vehículo estaba siendo utilizado para fines particulares, en violación a la ley, ya que en la Asamblea Legislativa no pudieron demostrar quien había autorizado la salida del vehículo y cuál era la misión a la que había sido asignado.

Cuando la Policía detecta vehículos nacionales que están siendo usados en asuntos particulares, y estos no cuentan con una autorización para su uso, prepara un reporta que envía a la Corte de Cuentas para la investigación correspondiente. No se sabe si el ente ha hecho las investigaciones y si los implicados han pagado una multa o han sufrido otra sanción.

La única investigación que se hizo pública Caso de los vehículos de la Corte Suprema de Justicia

La Prensa Gráfica publicó los resultados de un examen especial realizado por la Corte de Cuentas a la CSJ, referente al uso de los vehículos y del combustible. Entre los hallazgos, el reportaje mencionaba que:

A pesar de que la ley solo autoriza a los presidentes de los tres órganos del Estado a hacer uso discrecional de vehículos nacionales, en la CSJ mediante regulaciones internas dicho beneficio ha sido extendido a los magistrados, así como a asesores, gerentes, directores y jefes de unidades. Según se informó a estos funcionarios se les han asignado vehículos de los que puedan hacer uso irrestrictamente.

De los vehículos de la CSJ, 69 usan placas particulares, 122 no tiene el logotipo institucional, 91 no tienen placas y 7 no cuentan con tarjetas de circulación.

El juez de sentencia de Chalatenago, de quien no se proporcionó el nombre, chocó en marzo 2001 el vehículo que tenía asignado y siguió retirando vales de combustible durante ese mes y el siguiente.

Los jueces de instrucción y de sentencia de San Vicente y Santa Ana usaron 25 mil colones en vales de combustible para sus vehículos particulares.

Hay funcionarios, que independientemente del uso que hagan de los vehículos, tienen cuotas de entre 15 y 25 vales de combustible asignadas de manera personal, como el gerente general, el secretario general y jefaturas de departamentos y secciones.

En el taller de mecánica no se llevan registros de las existencias de repuestos y accesorios para los vehículos, y en consecuencia no hay ningún control sobre el destino de tales bienes.

FEDEFUT: El juego de la impunidad

El faltante

La Corte de Cuentas realizó una auditoria a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), durante el período 1996-98 y en un primer momento reportó un faltante de 90 millones de colones. En agosto 1999 la Corte de Cuentas anunció la disminución del faltante a 35 millones de colones y nunca respondió del por qué de la disminución. Un año después, la Corte de Cuentas desvaneció 32 de los 35 millones de colones.

Otros señalamientos

Además del faltante reportado por la Corte de Cuentas, a los ex-directivos de la FEDEFUT también se les atribuye:

La suscripción irregular dos contratos con la firma internacional Interforever, por 470 mil dólares y 10 millones de colones respectivamente.

Pagos a jugadores extranjeros por nacionalizarse y poder así integrarlos a la selección nacional de fútbol.

Falsificación de firmas: En enero el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó realizar un peritaje poligráfico a los futbolistas Jorge Alberto Rodríguez y Raúl Díaz Arce para determinar si eran sus firmas las que aparecían en los cheques y recibos presentados como comprobantes por la FEDEFUT para desvanecer el faltante ante la Corte de Cuentas. El tribunal también ordenó practicar la misma prueba a los ex- técnicos de la selección nacional Milovan D\'joric y Kiril Djosinovski, quienes residen en el extranjero.

También, el Director de Responsabilidades de la Corte de Cuentas y un asesor jurídico de la misma fueron procesados por avalar documentación presuntamente falsa o alterada que favorecía a los sospechosos.

Los vínculos entre la Corte de Cuentas y la FEDEFUT

Es de conocimiento común que hay relaciones estrechas entre el ex presidente de la FEDEFUT y altos funcionarios de la Corte de Cuentas, que pertenecen del mismo partido político, y la Fiscalía ha sospechado que el ente contralor ha alterado o encubierto evidencia para favorecer los implicados. En septiembre 2000, la Fiscalía tuvo que intervenir en las oficinas del ente contralor y secuestrar documentación relacionada al caso de la FEDEFUT, después de haberla pedido en varias ocasiones.

Los implicados y el proceso judicial

En el año 2000 los implicados fueron acusados por la Fiscalía por los siguientes delitos:

Juan Torres (ex-presidente de la FEDEFUT): peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas y uso de documentos falsos.

Federico García Prieto, Pedro Valencia, Roberto Gamero, Fidel González, Roberto Mathies, Fredy Vega, Roger Barberena, Guillermo Valiente y Pablo Recinos: administración fraudulenta, falsedad documental agravada, uso de documentos falsos, peculado, negociaciones ilícitas y apropiación indebida.

Juan de Dios Pérez y Ricardo Antonio Mena, funcionarios de la Corte de Cuentas: actos arbitrarios.

La jueza Décimo Primero de Paz, Paula Patricia Velásquez, exoneró en octubre 2000 a los ex miembros de la FEDEFUT y a los empleados de la Corte de Cuentas ocupando el argumento de que la FEDEFUT no era una institución pública. En febrero 2001 la Cámara Primero de lo Penal rechazó los argumentos esbozados por la jueza Velásquez y dio por anulada su actuación. Así el proceso judicial volvió a su punto inicial.

A inicios de mayo se realizó la nueva audiencia inicial en el caso de la FEDEFUT. En esta nueva audiencia la jueza Velázquez se basó principalmente en el informe final de la Corte de Cuentas, es decir, en el que se desvanecieron 32 de los 35 millones de colones cuestionados, omitiendo otras investigaciones realizadas por auditores y fiscales. Como resultado decretó instrucción formal contra el ex-presidente de la FEDEFUT, Juan Torres, y el ex-directivo Fredy Barberena, por los delitos de peculado y administración fraudulenta respectivamente. Por los otros delitos y a los demás imputados la jueza resolvió el sobreseimiento.

El 22 de noviembre, los ex-directivos Juan Torres, Pedro Joaquín Valencia, Fredy Vega, Guillermo Machón y Roger Barberena fueron exonerados por el juez primero de instrucción, Levis Italmir Orellana. Está vez el juez desestimó la prueba presentada por la Fiscalía y argumentó violación al debido proceso. Según el juzgador, la Fiscalía no podía emprender acciones contra los imputados sin tener un informe de indicios de responsabilidades penales emitido por el Presidente de la Corte de Cuentas. La Fiscalía aún tiene la opción de apelar la más reciente resolución judicial.

También en noviembre la Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas exoneró a los implicados en el caso de la FEDEFUT de responsabilidad patrimonial. Dicha Cámara declaró "improponible" la demanda de la Fiscalía porque los documentos presentados fueron copias simples. La Fiscalía declaró que presentó los documentos en esa forma porque los originales habían sido presentados a la instancia penal.

En esta forma, después de más de 2 años desde que las irregularidades en la FEDEFUT fueran del conocimiento público, el caso finalmente quedó en la impunidad.

Instituto Nacional de los Deportes

En mayo, la Corte de Cuentas dio a conocer su informe de auditoría a la gestión de varias federaciones del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), correspondiente al año 1996. En el informe se consigna que un monto de 510 mil 998 colones que no han sido justificados de las federaciones de Lima Lama, Remo y Canotaje y Esgrima. La gerente financiero del INDES declaró que han habido problemas en los controles, pero que no falta dinero.

La Corte de Cuentas no explicó por qué hasta después de cuatro años da a conocer su informe, cuando la mayoría de juntas directivas de las federaciones que fungían en 1996 han concluido sus períodos y es difícil que respondan por los señalamientos. Se sabe que el ente "contralor" no tiene la política ni experiencia en rendir cuentas, por ejemplo, de hacer público sus informes de auditoría de manera oportuna y comprensiva

Corrupción en el transporte público

En septiembre 1981 la Junta Revolucionaria de Gobierno emitió el decreto No. 862 mediante el cual se les concedió a los transportistas un subsidio de diesel, que ha sido financiado por los usuarios de vehículos particulares a través de un impuesto a los combustibles. Dicho subsidio le ha costado al país en los últimos 10 años 2 mil 500 millones de colones, según cifras oficiales.

Actualmente hay registrados 3 mil 16 buses urbanos, de los cuales 2 mil 507 recibían subsidio, y 4 mil 994 buses interdepartamentales, de los cuales 3 mil 926 tenían subsidio, según declaró el diputado René Figueroa (ARENA). Independientemente recibieran o no el subsidio todos los buses trabajan en base a las mismas tarifas, las cuales son reguladas por el gobierno.

Por dos años han sido múltiples las denuncias de corrupción - en la entrega de diesel, viajes fantasmas y anomalías en los trámites de permisos de línea de buses y microbuses - debido a una extensa red de corrupción, en la que están implicados funcionarios y empleados de la dependencia de Transporte (actualmente Viceministerio de Transporte/VMT) de los gobiernos de la Democracia Cristiana (década de los 80) y las tres administraciones del partido ARENA (desde 1989).

Las principales prácticas de corrupción en el sistema de transporte público incluyen:

Buses y viajes fantasmas. Una auditoría de la Corte de Cuentas, realizada en 1996, sobre una muestra de 864 buses que recibían subsidio de diesel, determinó que el 52% de dichas unidades, es decir 451, no existían. Ninguna institución dio seguimiento a este hallazgo. Por otro lado en 1999, una controladora de rutas, Rosa Álvarez, hizo denuncias públicas sobre varias unidades que cobraban el subsidio del diesel sin realizar los viajes que reportaban.

El mercado de permisos de línea. La concesión de permisos de línea ha sido gratuito, conforme a la ley. Sin embargo, las autoridades del ente regulador del Transporte y los empresarios crearon un sistema a través del cuál eran los transportistas los que decidían a quienes se les podía concesionar los permisos. Esto originó un mercado, donde los permisos de línea eran vendidos por miles de colones, y cuyos ingresos iban a parar a manos de los dirigentes de las gremiales y funcionarios gubernamentales.

Como ejemplo, La Prensa Gráfica publicó la declaración de Mario Privado, el presidente de la ruta 33-B. Según Privado en 1998 solicitó al VMT 10 permisos de líneas. El director y el subdirector de Transporte, Armando Cienfuegos y Numas Pompilio respectivamente, le sugirieron que para agilizar el trámite se pusiera en contacto con Eduardo Mendoza, actual vicepresidente de la Alianza Intergremial del Transporte (AIT). Privado entregó a Mendoza 100 mil colones por los permisos de línea, que nunca obtuvo. Finalmente Privado demandó a Mendoza ante la Fiscalía General por el delito de fraude. Otro empresario reveló a La Prensa Gráfica que los permisos de línea costaban "desde15 mil hasta 25 mil colones", según la ruta.

El encubrimiento y la impunidad en el sistema de transporte. Denuncias de los mismos transportistas, auditorías de la Corte de Cuentas y del Ministerio de Obras Públicas (MOP), investigaciones legislativas y declaraciones de los funcionarios del VMT siempre han confirmado y han establecido los hallazgos de corrupción.

Sin embargo hasta la fecha la única sanción conocida fue la destitución en septiembre 2000 del director de Transporte Terrestre, Armando Cienfuegos (ex-diputado de ARENA 1994-1997); Fernando Villalobos, asesor de la Dirección General de Tránsito; Patricia de García, asesora de Tránsito; y Mayulin Alvarenga, jefa del Departamento Jurídico del VMT y otros dos funcionarios de quienes no se revelaron sus nombres. Las autoridades nunca expusieron cuáles eran las irregularidades concretas que se atribuían a estos funcionarios, ni emprendieron acciones para procesarlos judicialmente.

Actualmente se conoce que la Fiscalía tiene abiertos al menos cinco expedientes sobre casos de corrupción en el transporte público, pero no se sabe a qué casos se refieren, desde cuando están abiertos, ni cuál es su estado.

En diciembre se conoció que el partido FMLN y el PCN harían gestiones para interpelar al Ministro de Obras Públicas, José Ángel Quirós, de quien depende la oficina reguladora de transporte, para que brinde explicaciones sobre los cambios en el sistema de transporte público y la corrupción en los subsidios de diesel.

Diputados del PCN también han expresado interés en que el Viceministro de Transporte , Ricardo Yúdice, proporcione la lista de empresarios y funcionarios involucrados en la corrupción del diesel. Al respecto, Quirós ha advertido que es muy difícil identificar a los responsables en este delito.

El gobierno, aunque ha señalado que uno de los propósitos de la reforma al sistema de transporte es acabar con la corrupción en el sector, no ha dicho si va a investigar las numerosas denuncias y hallazgos que han sido reportados en los últimos años, ni tampoco si va a proceder contra los funcionarios de transporte que se hayan enriquecido ilícitamente. Se teme que nuevamente la impunidad prevalezca en estos casos y que las redes de corrupción que han controlado el transporte público del país durante los últimos 20 años queden intactas y encuentren la forma de seguirse lucrando ilícitamente con el nuevo sistema.

Ministerio de Obras Públicas

Durante 1999, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue criticado por gastos excesivos en la construcción de pasos a desnivel y de carreteras, anomalías en sus licitaciones y la falta de responsabilidad de las empresas que han dejado algunas obras incompletas. Algunos funcionarios del MOP dijeron que consideran como "errores administrativos" normales los gastos excesivos de proyectos de construcción de carreteras y puentes cuyos valores finales superan significativamente los montos contratados originalmente. En el 2000, las denuncias sobre gastos excesivos, anomalías en las adjudicación y obras mal construidas continuaron, siempre sin ser investigadas por parte del gobierno.

La Prensa Gráfica, tomando datos comprendidos entre los años 1998 y 2001, reportó en junio 2001 que en El Salvador, la construcción de un kilómetro de carretera cuesta en promedio 5 millones 400 mil colones. Un caso extremo es el de la carretera La Cuchilla-Sonsonate-Acajutla, cuyo costo por kilómetro fue de 8 millones de colones. En contraste, el costo en Guatemala es de 2 millones 800 mil colones y en Honduras 2 millones 600 mil colones. Por su parte, las autoridades del MOP declararon que los costos son similares a los de otros países de Centroamérica.

El mecanismo que sirve para incrementar sustancialmente el costo de las obras públicas son "las ordenes de cambio", a través de las cuales los contratistas renegocian los términos y su valor. A manera de ejemplo La Prensa Gráfica detalló las órdenes de cambio que había tenido el proyecto de la carretera La Libertad-Acajutla, cuyo costo inicial era de 157 millones de colones. A través de 5 órdenes de cambio su costo se elevó en 57 millones 46 mil colones. Además el Estado debe pagar 43 millones de colones más, después de perder dos arbitrios con la constructora.

Según los informes recabados por La Prensa Gráfica, en la década pasada se invirtieron en la construcción y rehabilitación de carreteras 2 mil 146 millones de colones. Lo grave es que la mayoría estas obras presentan un "severo deterioro". El viceministro de MOP, Mauricio Duque, ha declarado que la vida óptima de una carretera, con el mantenimiento adecuado, debe ser de 20 años.

A juicio del jefe de la Unidad Coordinadora de Proyectos de Obras Públicas (UCP-MOP), René Gómez, las causas del deterioro en las carreteras pueden ser "un mal estudio sobre proyección de tráfico vehicular, un diseño inapropiado, deficiente calidad de los materiales, incrementos de tráfico no previstos e incluso limitaciones presupuestarias". No se sabe si el MOP establece responsabilidades, y de que tipo, cuando estas causas son atribuibles a la negligencia o irregularidades en el cumplimiento de los contratos de los diseñadores, constructores y supervisores de las obras.

El Centro de Investigaciones Geotécnicas (CIG) está encargado de evaluar la ejecución de los proyectos viales, a través de estudios de suelos y materiales. Sin embargo, según lo reconoció su director, David Hernández, en las carreteras construidas en la década pasada las evaluaciones se hicieron ya cuando las obras estaban finalizadas. Para los nuevos contratos que se están adjudicando se aseguró que están exigiendo a las empresas constructoras tener su propio laboratorio de control para garantizar la calidad de la obra.

Sandra Barraza en una de sus columnas semanales se refirió a las irregularidades en MOP:

"¿Quién construyó la carretera hacia Sonsonate? Ésa que estuvo en construcción por casi tres años, causando tanto problema y costos a todos; ésa que no se inauguró y que antes de un año estaba dañada; ésa que con los terremotos tiene grietas en un buen trecho; esa que dejaron sin señalización y así la dieron por terminada y cancelada. ¿Y la de Santa Ana-Anguiatú? Esa de 50 ó 60 kilómetros que en menos de tres años no tiene sino pedazos de pavimento que parecen un cuero de lagarto. ¿Y el edificio de la Corte Suprema? ¿El anexo de la Asamblea Legislativa? ¿El Hogar del Niño en San Jacinto? ¿El Teatro David J. Guzmán? ¿Y los edificios de la UES, el INFRAMEN y el ITI? ... ¿Quién construyó esa obra? ¿Quién la supervisó? ¿Cuánto costó? ¿Para cuánto tiempo se construye? ¿Quién lo garantiza? Son cinco preguntas clave que debemos responder en cualquier obra pública. Es información que debería conocerse públicamente." Aunque esto es cierto, el MOP no proporciona tal información a los periodistas ni tampoco al público.

Ministerio de Gobernación

En mayo el presidente Francisco Flores ordenó la creación del nuevo Ministerio de Gobernación, al que quedaron integrados los antiguos ministerios de Seguridad Pública, del Interior y de Justicia. Como titular fue designado Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Seguridad Pública y partir de octubre, miembro del Consejo Nacional Ejectuvo del partido ARENA (COENA). Así, organismos que tienen que ver con la persecución del delito, como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), el control territorial (las gobernaciones departamentales) y la prevención desastres (Comité de Emergencia Nacional/COEN), quedaron bajo la dependencia de este nuevo ministerio.

Policía Nacional Civil

En abril se conoció que el segundo jefe del Grupo Aéreo Policial (GAP), capitán Hérctor Manuel Delgado, había sido suspendido por faltas cometidas cuando fungía como jefe de esa unidad policial. Delgado Velasco habría recibido entre mil y mil 500 colones de pilotos y aerotécnicos a cambio de gestionarles aumentos saláriales. También a Delgado Velasco se le señalaron responsabilidades por vuelos no autorizados, alteraciones en las bitácoras de vuelos e irregularidades en la licitación para la reparación de dos motores de helicópteros.

A inicios de mayo, el Tribunal de Apelaciones de la PNC ratificó la destitución del subcomisionado Marco Antonio Viana, el subinspector José Arnulfo Salmerón Canizales y el agente Pedro Guevara Argueta, por negligencia al no haber informado la supuesta participación de policías en el contrabando de café. Ellos, junto al agente José Adrián Mejía Martínez, que fue destituido por causas disciplinarias, también estaban acusados de tener vínculos con el tráfico de drogas y el contrabando, algo que no pudo comprobar el Tribunal.

Nueva Ley

En diciembre fue aprobada una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Dicha Ley contempla la conformación de un Consejo de Ética policial que tendrá entre sus funciones verificar el buen uso de los recursos; auditar el cumplimiento de las funciones de la Policía; fiscalizar la actuación del director; y, cuando se comprueben "graves irregularidades administrativas o financieras", dirigir los organismos internos de la PNC. El Consejo de Ética estará conformado por cuatro miembros, nombrados por el Presidente de la República.

Partida secreta

Por otro lado, contrario a la ética y a la transparencia, la nueva Ley de la PNC contempla la existencia una partida secreta al servicio del Director del ente, de cuyo uso solo tendrá que informar sobre los montos erogados pero sin rendir cuentas a nadie ni en momento alguno de la justificación, destino y detalle de los gastos.

Depuración

Entre el 2000 y el 2001 la PNC llevó a cabo un proceso de depuración que resultó en la separación de más de mil 500 de sus miembros y otros 840 han sido destituidos a largo del presente año por faltas disciplinarias, según informes oficiales.

El Inspector General de la PNC, Romeo Melara Granillo, declaró el 21 de diciembre, sin ofrecer estadísticas, que han disminuido durante el presente año las denuncias de hechos de corrupción en contra de policías. El funcionario atribuyó la balance positivo a la mayor disposición de la población a denunciar a policías corruptos y a la mejor aplicación de reglas disciplinarias.

Academia Nacional de Seguridad Pública

Talleres Moldtrok, una empresa vinculada con el terrorista Luis Posada Carriles, ganó una licitación de proporcionar municiones a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), a pesar de que no contaba con licencia para importar armas ni municiones. A inicios de marzo se conoció que la empresa introdujo al país de contrabando un cargamento de municiones, del cual una parte era para la ANSP.

En marzo 2001 el entonces ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo, afirmó que desde noviembre 2000 el Presidente de la República, Francisco Flores, había ordenado abrir una investigación sobre Posada Carriles, pero se negó a dar más información. Se esperaba que dichas investigaciones fueran sobre las actividades terroristas y vínculos de Posada Carriles en El Salvador; sin embargo las mismas solo se limitaron a determinar la forma en que él obtuvo documentos de identidad salvadoreños.

En mayo 2001, un fallo judicial resultó en el sobreseimiento definitivo contra los nueve imputados en el caso de Talleres Moldtrock, incluyendo a 4 de la ANSP. En julio, se conoció que tres funcionarios de la ANSP fueron destituidos de su cargo por su involucramiento en este caso. Antes de que la destitución tuviera efecto, Henry Paul Fino (asesor legal) y Yolanda Margarita Canales (jefe de adquisiciones) interpusieron su renuncia.

En otro caso relacionado con la ANSP, en mayo se conoció de un faltante de munición valorado en 135 mil 437 colones, del cual supuestamente serían responsables seis personas, entre empleados y ex-empleados. Como reportó en mayo La Prensa Gráfica, el faltante consiste en "cinco mil 607 ojivas para pistola 9 mm, 67 libras de pólvora de combustión rápida, 26 mil 30 fulminantes de distintos calibres, 19.58 libras de pólvora y 120 mil 354 vainillas para revólver calibre 38 especial". Con los antecedentes de vínculos entre algunos miembros de la fuerza policial y delincuentes, se sospecha que las municiones sustraídas hayan parado en manos de estos últimos.

ex Ministerio de Seguridad Pública

En octubre, La Prensa Gráfica reportó que un informe de auditoría preparado por la Corte de Cuentas se reveló que en el ex-ministerio de Seguridad Pública (ahora integrado al Ministerio de Gobernación) se habrían utilizado cotizaciones falsas para justificar la adquisición de suministros, así como la existencia de irregularidades en el uso de dos vehículos que no poseen logotipo del ente y son utilizados después de horas laborales y los fines de semana. Los vehículos están asignados a un director y un jefe de área, de quienes no se revelaron los nombres y los cargos específicos que ocupan.

Sobre las cotizaciones falsas, estás habrían sido detectadas en al menos tres compras de pintura por cantidades considerables. El reportaje de La Prensa Gráfica, donde se reportó el caso, no específico el nombre de la empresa favorecida con esas compras irregulares.

Corrupción en el penal de Gotera

El ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, anunció la destitución del director del Centro Penal de Gotera, Ángel Gabriel Aguirre, a partir del 1ro. de noviembre, por irregularidades administrativas que podrían constituir delitos. A Aguirre se le atribuyó, según reportó La Prensa Gráfica, permitir abusos y maltratos contra los internos por parte de los custodios, permitir el uso de celulares a reos de alta peligrosidad, mal manejo del patrimonio de los internos y traslados no autorizados a otros centro penales, entre otros.

Angel Aguirre fue diputado por el extinto partido opositor Renovación Social Cristiano durante el período 1994-1997. Cerca del final de su período se declaró independiente y en múltiples ocasiones fue señalado de ser un diputado "taxi", es decir, que vendía sus votos.

El Fiscal General, Belisario Artiga, declaró que ya había advertido sobre el "serio" nivel de corrupción existente en ese centro penal. La Fiscalía ya abrió un expediente contra Aguirre.

Instituto Nacional del Azúcar

El Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) fue fundado en 1981, cómo parte del proceso de nacionalizaciones que se aplicó durante la época. Su función era controlar la producción, procesamiento y comercio de la caña de azúcar. Con la llegada de ARENA al poder en 1989, se revirtieron las nacionalizaciones y entre ellas se inició la liquidación del INAZUCAR. Muchos fuera de ARENA han sospechado que las privatizaciones fueron desarrolladas en una manera para beneficiar a la élite económica que controla a ARENA.

A partir del 1ro. de julio la cartera de crédito del INAZUCAR dejó de estar bajo la administración de la Comisión Liquidadora - integrada con representantes de los ministerios de Economía y Hacienda y de la Corte de Cuentas - y pasó a la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN).

Esta situación reavivó el interés de los diputados y medios de comunicación por aclarar el estado de la liquidación del INAZUCAR, especialmente porque la Comisión Liquidadora ignoró la petición de la Comisión de Economía de la Asamblea de enviar informes mensuales y hasta la fecha aún no cuenta con un informe final. La Corte de Cuentas tampoco ha emitido ningún informe de auditoría aún cuando la Asamblea y la Fiscalía le solicitaron tales informes desde el año pasado.

Hasta ahora entre los hechos que se mencionan relacionados a la liquidación del INAZUCAR, y que dan cuenta de la gravedad de las irregularidades, se encuentran:

Para la privatización de los ingenios, el INAZUCAR financió hasta en un 90% la adquisición de acciones por parte de cañeros, trabajadores de los ingenios e inversionistas privados. Un 97% de los beneficiarios de tales créditos aún no los han cancelado.

En 1998 la Corte de Cuentas reportó un faltante de 16 millones 703 mil 971 colones, sin que se conozca si dicha cantidad fue recuperada o bien desvanecida con la presentación de los documentos de respaldo.

Firmas privadas de auditoría no han podido establecer la "razonabilidad de los estados financieros" del INAZUCAR debido a inconsistencias en los registros contables y la falta de documentación que sirva de soporte para justificar varias transacciones millonarias. Los informes de tales firmas fueron presentados a la Corte de Cuentas como insumo para sus investigaciones.

La pérdida de 16.3 millones de colones cuando el Ingenio El Carmen fue entregado al Banco de Fomento Agropecuario en pago a una deuda pendiente. Cabe mencionar el BFA también está cuestionado en relación a unos 100 millones de colones que habría concedido sin la debida garantía a los nuevos propietarios del ingenio El Carmen.

En julio 2001, ex-funcionarios del INAZUCAR, entre ellos el ex-presidente Ernesto Jaimes y el ex-director Romero Melara Granillo (actualmente Inspector General de la PNC, anteriormente Fiscal General y directivo del Banco de Fomento Agropecuario/BFA, y miembro del partido gobernante) se presentaron ante la Corte de Cuentas con el propósito de presentar pruebas de descargo a su favor.

Aún no se sabe cuándo la Corte de Cuentas emitirá su resolución final sobre este caso.

Incumplimiento de la Ley de licitaciones

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública entró en vigencia en julio 2000. Debido a que dicha Ley establece que los contratos para la adquisición de bienes y servicios de todo el Estado deben ser firmados por la Fiscalía, su titular, Belisario Artiga, declaró en septiembre que las 262 alcaldías y 25 instituciones gubernamentales no han cumplido con dicha normativa.

Para evitar esta ilegalidad, ya que no es conveniente está intervención de la Fiscalía debido a la concentración administrativa que supone y la perdida de independencia del ente si luego se detectan irregularidades en los procesos de adjudicación, Artiga sugirió a los diputados reformar la Constitución y la Ley de Licitaciones.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Licitaciones cuestionables

En julio 2001 la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos (INQUIFAR), con el respaldo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), denunció graves irregularidades en la adjudicación de licitaciones en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). INQUIFAR señaló que el ISSS compró a una firma extrajera un lote del analgésico Diclofenac Sódico a 56 centavos de dólar la unidad. Los productores locales venden el mismo medicamento a 10 centavos de dólar la unidad. Por esta transacción el ISSS habría pagado de más la suma de 2 millones 65 mil 876 dólares.

Hasta ahora ningún funcionario ha explicado por qué la licitación fue adjudicada a la firma extranjera - cuyo nombre no ha sido revelado - en lugar de otorgarla a los productores locales, cuando, según los denunciantes, además de tener un costo más bajo el producto fabricado en el país es de la misma calidad. Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los entes deben dar preferencia a los productos nacionales antes que a los internacionales, siempre que tengan la misma calidad.

Otros irregularidades

A través de un extenso reportaje a finales de diciembre 2001, El Diario de Hoy expuso una serie de prácticas irregulares y antiéticas que existen en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y que resultan en deficientes niveles en la calidad del servicio y maltrato hacia los usuarios. Entre los ejemplos que señaló se encuentran:

En nueve meses, 9 mil 899 empleados de los 11 mil 345 con que cuenta el ISSS, pidieron en promedio 15 días de licencia con goce de sueldo, con un costo de 22.4 millones de colones, adicionales a sus vacaciones y otros tiempos compensatorios a los que tienen derecho.

Setenta y dos trabajadores se dedican a tiempo completo a actividades sindicales. Sus salarios le cuestan al Estado 1.3 millones de colones al año.

Atrasos premeditados en los pagos a proveedores, a quienes luego ex-empleados del ISSS les ofrecían comprarles los "quedan" o compromisos de pago a un precio del 10% inferior a su valor real. Cuando ya habían comprado los quedan, empleados dentro del ISSS hacían rápidamente efectivo el pago.

Hace algunas semanas se detectó la desaparición de un lote del medicamento "cefalexina". El Diario de Hoy reportó que empleados del ISSS cambiaron los empaques de dicho medicamento para luego venderlo como "anoxilina" a través de farmacias y vendedores ambulantes.

Un médico hizo una referencia falsa de una operación de hernia, para que un paciente amigo suyo pudiera viajar por 15 días a Nueva York y gozar del subsidio correspondiente.

Una querella judicial por acoso sexual, en la que estaban implicados el presidente y otro directivo de la Cooperativa de la entidad, fue resuelta en una conciliación en la que con fondos de la misma Cooperativa pagaron un compensación de 5 mil colones a cada una de las dos ofendidas.

El diputado Douglas Alejandro Alas (ARENA) presentó una pieza de correspondencia para citar a la Asamblea Legislativa al director de ISSS, Mauricio Ramos, para dar explicaciones sobre los señalamientos de irregularidades en su institución y de las investigaciones y sanciones aplicadas para corregirlas. Hasta la fecha, no se sabe los resultados del citatorio.

Un pasado oscuro

Han sido numerosas las denuncias o hallazgos de corrupción en el ISSS. Por ejemplo, en 1995, más de 14 exámenes especiales de la Corte de Cuentas revelaron la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, estafas en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa fantasma) y peculado por un monto superior a los 21 millones de colones. Sin embargo, los involucrados, como el ex director Romeo Majano Araujo, quedaron totalmente libres.

Tampoco se sabe qué seguimiento dio al gobierno a los señalamientos del año 2000:

de la ex directora del ISSS, María Julia Castillo, que pidió que la Corte de Cuentas investigara a 20 médicos para averiguar si son culpables de incumplimiento de horarios debido a que están contratados en el ISSS y en otros lugares al mismo tiempo.

del Colegio Médico que pidió a la Fiscalía General y a la Corte de Cuentas que investiguen lo que considera como irregularidades en la adjudicación de servicios de cirugía. Según la denuncia, la licitación favoreció a "hospitales predeterminados" que presentaron las mismas ofertas, el Ministerio de Salud Pública adjudicó a las ofertas más caras, y entre otras criticas, el proceso no fue transparente.

Hospital Bloom

El Hospital Benjamín Bloom es el centro gubernamental encargado de ofrecer atención hospitalaria a los niños. Funciona con presupuesto anual de 132 millones 278 mil 390 colones, que para las necesidades y demandas del hospital resultan insuficientes.

A principios de septiembre 2001 La Prensa Gráfica, a través de su revista de periodismo investigativo Enfoques, reveló los resultados de dos auditorías realizadas por la Corte de Cuentas y el Ministerio de Salud al Patronato de dicho hospital. Según estas auditorías, el Patronato recibió y administró ilegalmente 8 millones 425 mil 422 colones, bajo la responsabilidad del ex-director del Hospital, Rodolfo Calderón. La mayor parte de estos fondos provienen de cuotas canceladas por los pacientes, o sus familiares, a cambio de la atención médica recibida.

Entre los hallazgos se descubrió que durante 1998 y 1999 el patronato pagó ilegalmente 3 millones 544 mil colones en sueldos y horas extras para ejecutivos y personal del Hospital, entre quienes se encuentra el ex-director, que recibió 256 mil 440 colones.

Los fondos del patronato también fueron usados para ofrecer atenciones sociales, obsequios y gastos de representación ilegales a sus miembros y al personal del Hospital. Por ejemplo, el director ejecutivo del Patronato, José Vega Prado, recibía 10 mil colones mensuales como gastos de representación y 500 más para alimentación.

La Fiscalía General anunció que, a partir de la publicación periodística del caso, decidió abrir un expediente de investigación para establecer si se han cometido delitos y proceder judicialmente contra los responsables.

Hospital de Chalatenango: Malversación de los fondos de beneficencia

Una auditoría de la Corte de Cuentas reveló que en 1996 los fondos de beneficencia recaudados por el Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez" fueron malversados.

Ante la inexistencia de un patronato, dos directores administraron las cuotas voluntarias que pagan los pacientes por la atención que reciben. Los fondos fueron utilizados, entre otros usos, para fiestas, canastas navideñas, préstamos personales y sobresueldos. La auditoría atribuyó responsabilidad administrativa contra varios empleados del Hospital y las autoridades de Salud ordenaron a partir de este año la aplicación de los descuentos para cubrir el monto de las multas impuestas. Los nombres de los implicados y el monto de las multas no fueron revelados.

Aunque, según la Constitución, el servicio de atención médica ofrecida por el Estado debe ser gratuito para quienes carezcan de recursos, en la práctica los pacientes que la reciben deben pagar "cuotas voluntarias" que son determinadas discresionalmente por las autoridades de cada hospital. Según declaró este año el diputado Norman Quijano (ARENA), las cuotas voluntarias constituyen alrededor del 15 por ciento del presupuesto para los hospitales. La falta de regulaciones sobre el manejo de esos fondos permiten que sean malversados.

Ministerio de Educación

En febrero 2001, Julio César Trijullo anunció que renunció como director del Instituto Nacional "Gral. Francisco Menéndez" (INFRAMEN) para pasar a gozar de su jubilación. Trujillo era el principal implicado en irregularidades administrativas y financieras y gastos no justificables por más de 3 millones de colones, las cuales fueron identificadas por una auditoría conducida por el Ministerio de Educación (MINED). MINED dijo que presentaría su informe a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General para iniciar un proceso legal y determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial, pero a la fecha no se sabe cuál es el estado de este caso. A Trujullo lo sustituiría Ezequiel Rodríguez, quien se desempeñaba como subdirector y que también está cuestionado por señalamientos de acoso sexual en alumnas y personal administrativo de dicho centro educativo.

La Unidad de Procuración de la Fiscalía General de San Miguel ordenó en octubre la detención administrativa contra el subdirector de Instituto Nacional de Jiquilisco, Jorge Antonio Zelaya Nieto, acusado de peculado, y a los profesores Alberto Oliva y Cristóbal Manzanares, acusados de encubrimiento. A Zelaya Nieto le fueron decomisados nueve mil quinientos pliegos de láminas, presuntamente propiedad de la Alcaldía de esa localidad que habían sido depositados en el centro escolar.

En relación al caso de los títulos de abogados fraudulentos, el MINED ha colaborado activamente en las investigación y tomada resoluciones importantes como la anulación de 37 títulos de abogados y el cierre de la carrera de derecho en la Universidad Nueva San Salvador, la orden de cierre a partir de enero/2002 de la Universidad "Dr. Luis Escamilla". En años anteriores también ha resuelto el cierre de otras universidades cuestionados, como Las Américas, Salvadoreña y Militar.

En el 2000, el MINED ordenó auditorías internas en los 218 centros educativos para examinar el uso de los fondos públicos y como resultado reveló múltiples casos de malversación de fondos, faltantes, la venta de títulos y de plazas de docentes. También, se encontraron irregularidades financieras y administrativas (faltantes, el uso no justificado y requisiciones sin firma de autorizado) en el uso de combustible asignado a varias Direcciones Departamentales del MINED, en el suministro de uniformes para personal y en pagos indebidos a algunos directores. Según el MINED, los informes fueron enviados a la Fiscalía y la Corte de Cuentas pero no se sabe que seguimiento recibieron.

CONCULTURA y el saqueo del patrimonio cultural

Se sospecha que desde hace mucho tiempo piezas arqueológicas son sacadas ilegalmente del país para comercializarlas en mercados negros internacionales.

En la primera semana de enero 2001 la Fiscalía General decomisó 47 piezas en la casa de Marco Tulio Sulín, empleado del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), quien no fue capturado por no encontrarse en el momento del allanamiento. Un arqueólogo afirmó que las piezas databan del período clásico que va del 200 D.C. al 900 D.C., y son de un gran valor científico-cultural. La policía sospecha que Sulín vendía las piezas a precios elevados a coleccionistas nacionales y extranjeros.

Parque Zoológico Nacional

A finales de diciembre 2001, la Revista Vértice (de El Diario de Hoy) reveló los hallazgos de su investigación de corrupción e irregularidades en el Parque Zoológico Nacional. A partir de denuncias de empleados se investigó a la directora del Parque, Iliana Ochoa, contra quien pesan entre otros señalamientos:

Haber celebrado el cumpleaños de su hijo en el recinto del hipopótamo y haber permitido que los niños asistentes a la fiesta tocaran al animal, a pesar del peligro que ello representa.

La concesión ilegal de cafetines a dos jauleros, Francisco Argueta y Manuel Escalante, quienes dedican parte del tiempo en que deben laborar para el Estado para atender sus negocios.

Relaciones clientelistas con los empleados: Argueta y Escalante le prestan dinero a la directora para atender necesidades del zoológico y uno de ellos le presta su vehículo; además la directora come de fiado en uno de los cafetines de ellos, donde le hacen precio especial.

Negligencia en la atención a los animales. Según el reportaje, la mortalidad de animales ha aumentado durante la administración de Ochoa por falta de medicamentos o de accesorios para los recintos, a pesar de contar con los fondos para adquirirlos.

Uso de vigilantes del Parque para su cuidar su residencia particular.

Gastos innecesarios en equipo de poco uso.

La construcción de un pozo a un costo de 500 mil colones, sin hacer previamente estudios de calidad del agua que luego resultó contaminada e inutilizable.

Desorden administrativo y abusos de algunos empleados que no llegan a sus labores o lo hacen tarde, sin marcar tarjetas de tiempo ni rendir sus informes de trabajo.

Gustavo Herodier, presidente del CONCULTURA, institución de la que depende el Zoológico, ante la consistencia de los hallazgos de corrupción expuestos por El Diario de Hoy, anunció la directora del Parque será removida de su cargo a partir de enero próximo.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

A finales de diciembre se revelaron los hallazgos de una auditoría realizada por la Corte de Cuentas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la que se confirman graves irregularidades atribuibles al ex-procurador Eduardo Peñate Polanco. Entre otras:

Desvío de fondos: De donaciones recibidas de organismos internacionales estimadas en un millón 775 mil 978 colones, solo ingresó a la cuenta bancaria respectiva la suma de 643 mil 143 colones. Lo mismo ocurrió con otra donación de UNICEF por un monto 281 mil 692 colones, de la cual solo fueron depositados 225 mil 590 colones. No se sabe que pasó con el resto del dinero.

Pagos excesivos en telefonía móvil: En diciembre/1999, la PDDH pagó 19 mil 864 colones por el uso de teléfonos celulares. De esa suma 16 mil 634 colones correspondían a 4 cuatro teléfonos asignados al entonces Procurador Peñate, y el resto -tres mil 230 colones- al de su secretario privado.

Uso excesivo de combustible: En un mes Peñate y su personal de seguridad recibieron cupones de combustible por un monto de 86 mil 250 colones, cuando según la asignación oficial establecida solo debían recibir un mil colones.

Empleados fantasmas: Se reportó que hubo casos de empleados de la PDDH que solo asistían un día al mes a sus labores y sin embargo recibían su sueldo completo.

En febrero 2000 Peñate Polanco fue obligado a renunciar a su cargo de Procurador por numerosos señalamientos de abusos y corrupción.

Aduanas: desmantelan red de corrupción

La Policía desmanteló en diciembre 2001 una red de corrupción en la Dirección de Renta de Aduanas. Capturó al coordinador del sistema informático de esa dependencia, Josué Javier Blanco Salinas, acusado de delito informático; a los agentes aduanales Arcadio Alberto Aguilar Olano, Roberto Méndez Rugamas y Luis Alonso Navarrete, acusados de uso de documentos falsos; y a Jorge Alberto Alvarado Gómez, Ramón Rivas Zamora, Carlos Alberto Domínguez y Juan Pablo Polío Morales, también agentes aduanales, acusados de falsedad ideológica.

A los imputados se les atribuye la introducción en forma fraudulenta de 18 vehículos importados, cuya operación le habría costado al Estado 41 mil dólares en concepto de impuestos dejados de percibir. Según los reportes policiales, Blanco Salinas alteró los registros informáticos para reportar otro tipo de bienes exentos de revisión y con menor tasa de impuestos a la de los vehículos. La Policía declaró que los imputados pudieron haber recibido mil dólares por cada vehículo introducido fraudulentamente.

Presupuesto sin participación ciudadana

A finales de diciembre 2001, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2002 recomendado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que asciende a 2 mil 504 millones de dólares y del cual un 27% será financiado a través de préstamos.

En El Salvador las discusiones sobre la distribución del presupuesto únicamente se da a nivel de los partidos políticos con los titulares de cada institución, es decir, sin un proceso de consulta ciudadana. Tampoco existen mecanismos de rendición de cuentas a través de los cuales la población pueda evaluar el uso e impacto de los presupuestos, y la responsabilidad de los funcionarios públicos en su ejecución.

Corrupción Política-electoral

Una encuesta realizada este año por la empresa Unimer para La Prensa Gráfica, reveló que el 73.4% de los encuestados creen que los diputados responden a intereses personales o a los de sus partidos, y solo el 22.1% creen que responden al pueblo que los eligió.

Esta situación, entre otras consecuencias, ha producido perdida de credibilidad y confianza en el sistema político salvadoreño, tal como lo constató la encuesta de CID-Gallup/El Diario de Hoy, según la cual el 65% de los encuestados "se mostró indeciso o desinteresado en los partidos políticos en general".

A continuación se presenta alguna información sobre la corrupción política-electoral en El Salvador. Se advierte que aunque la mayoría de la información está referida al FMLN, el resto de partidos políticos sostienen prácticas similares. Lamentablemente los medios de comunicación no dan una cobertura más completa, que incluya a los otros partidos.

La gran trampa: cocientes y residuos

En declaraciones brindadas a La Prensa Gráfica, Pablo Antonio Cerna, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló varios vicios y deficiencias que caracterizan al sistema electoral salvadoreño. Reconoció que la Constitución establece un sistema de representación proporcional, pero con el sistema de cocientes y residuos que define el Código Electoral la distribución de diputados no es proporcional al número de votos que obtiene cada partido. Así es como, por ejemplo, el PCN obtuvo catorce diputados en las elecciones de marzo/2000, que con sistema realmente proporcional jamás hubiera logrado. Entre otros señalamiento, el magistrado Cerna dijo que:

"Los candidatos que presentan los partidos a diputados, alcaldes, presidente de la República o al Parlamento Centroamericano los nombran las cúpulas de los partidos que llevan a candidatos por pagar favores o porque no hayan (candidatos)...

La consecuencia es que lastimosamente en la Asamblea hay diputados que no saben ni lo que están haciendo. La Asamblea está cuestionada y eso todos lo sabemos y lo vemos por la calidad de diputados, y por eso decía que la Asamblea no será buena por la cantidad de diputados, sino por la calidad...

A los puestos públicos, en este momento, es utópico que lleguen ciudadanos honestos"

Las cúpulas hacen fraude para controlar sus partidos

En el partido de izquierda FMLN no hay una sola cúpula, sino dos, al menos las más importantes, los denominados "renovadores" y "ortodoxos". En las elecciones internas de noviembre, los ortodoxos se impusieron a los renovadores y ahora controlan los órganos de dirección del partido, y en esa forma los cargos públicos que ostenta el partido (31 diputados y 77 concejos municipales).

Para participar en las convenciones los militantes se sometieron a un proceso de reafiliación. Entre las irregularidades denunciadas por los renovadores estuvo la negativa de entregar a un gran número de militantes su ficha de afiliación. El líder renovador Facundo Guardado declaró que la diputada ortodoxa Zoila Quijada, encargada de la Comisión de Organización, "ha ido día tras día negando las fichas de inscripción... cuando llega la militancia (renovadora) y pide cien fichas les da cinco y les dice que regresen dentro de 15 días para darle otras cinco".

La cúpula impone a los candidatos

En el partido gobernante ARENA los candidatos a puestos públicos son designados el Consejo Ejecutivo. Desde el año anterior un autodenominado "movimiento de fundadores" y otros miembros del partido se venían pronunciado por la adopción de elecciones primarias para elegir a sus candidatos.

Al respecto, en mayo el entonces presidente de ARENA, Walter Araujo, descartó que se vaya a adoptar un sistema de selección de candidatos de esa naturaleza. Su argumento es que lo estatutos no contemplan ese mecanismo, lo cual fue respaldado por Milena Calderón de Escalón (ex-integrante del COENA y hermana del ex-presidente de la República, Armando Calderón Sol).

En septiembre se realizó la Asamblea General del partido, donde se eligió al nuevo COENA cuyos miembros fueron designados sin ninguna consulta ni muchos menos votación entre las bases.

Los nuevos integrantes del COENA, en su mayoría representes del sector empresarial y de la élite económica, son: Roberto Murray Meza, presidente; Francisco Bertrand Galindo, vicepresidente de Ideología; Archie Baldocchi, vicepresidente de Organización; Roberto Palomo, vicepresidente de Campaña; Guillermo Sol Bang, director de Actas y Acuerdos; Ricardo Sagrera, director de Asuntos Económicos y Sociales; Carlos Ernesto Boza Delgado, director de afiliación y Estadísticas; Manuel Arce, director de Asuntos Municipales; Carlos Enrique Araujo, director de Asuntos Políticos; Francisco Laínez, director de Comunicación y Transporte; Rolando Alvarenga, director de Asuntos Jurídicos; Amada de Angulo, directora de información; y Coralia de Schonenberg, directora ejecutiva.

¿Ética dentro los partidos?

Los partidos políticos manejan conceptos tergiversados sobre la ética, relacionándolo con la disciplina partidaria y el cumplimiento de los mandatos de la cúpula, como lo muestra el juzgamiento al que fue sujeto el dirigente del FMLN Facundo Guardado, y que resultó en su expulsión. Los cargos en contra de Guardado eran: acompañar a la delegación gubernamental que viajó a España para solicitar ayuda a raíz del terremoto del 13 de enero; posicionarse a favor de la ley de integración monetaria propuesta por el Presidente Flores y aprobada a finales del año anterior; realizar una "desconvocatoria" a la convención extraordinaria del 27 de mayo. En ese oportunidad denunció irregularidades en la afiliación de militantes y las intenciones de la Comisión Política de prolongar su mandato por seis meses más, en contradicción a lo que establecen los estatutos de ese partido; y aprovechar sus apariciones en los medios de comunicación para atacar a los miembros de su partido.

De acuerdo a la Constitución y con Tratados Internacionales toda persona tiene derecho a expresar libremente sus opiniones e ideas, que es en este caso precisamente lo que el Tribunal de Honor del FMLN juzgó. Además, dicho juzgamiento se manejó sin transparencia, como el mismo presidente del Tribunal de Honor, Roberto Melgar, lo declaró: "todo el proceso será confidencial hasta que tomemos una decisión".

Algunos miembros de ese partido cuestionaron al "Tribunal de Honor". Trascendió que los miembros de ese tribunal, a diferencia de la celeridad con atendieron el caso de Guardado, han mantenido estancado el caso contra Julio Hernández, magistrado del TSE en representación del FMLN. Hernández fue acusado desde las elecciones de marzo 2000 de avalar la inscripción de Yohalmo Varela, alcalde reelecto de San Luis Talpa, a pesar de haber un proceso judicial en contra de este por una venta ilícita de terrenos municipales. Según las denuncias, Hernández habría negociado a cambio la suspensión de la investigación y su exoneración por haber utilizado la imprenta del TSE para elaborar propaganda para su suegra, María Flores del Cid, en ese entonces candidata a alcalde de Mejicanos.

Fraude electoral en el 2000

Cuando aún lo era, el Fiscal Electoral, Arturo Cruz Salgado, señaló a los magistrados del TSE de haber cometido fraude al resolver en favor del PCN la disputa con el PDC por un diputado en el departamento de La Libertad. Según Cruz Salgado, los magistrados se limitaron a ver los votos impugnados pero no quisieron revisar varias actas alteradas.

Con la resolución del TSE el PCN completó 14 diputados que junto a los de su aliado, el partido gubernamental ARENA, sumaban los 43 requeridos para aprobar las leyes y elegir a algunos funcionarios, como el Presidente de la Corte de Cuentas, ente que el PCN ha dominado por 20 años.

Milagro Azcúnaga, militante del PDC que perdió la diputación contra el PCN, declaró que la dirigencia de su partido le pidió desistir de su batalla legal por el cargo ya que a cambió el PDC obtendría dos puestos en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

De esta forma ya no hubo parte ofendida y el Fiscal Electoral no pudo abrir el expediente para establecer responsabilidades en este fraude electoral.

Inscripción ilegal

Cruz Salgado también calificó de ilegal la inscripción como candidato del Alcalde de San Luis Talpa, Yohalmo Varela (ARENA), quien estaba inhabilitado por enfrentar un proceso judicial sobre la compra-venta ilícita de terrenos municipales, caso vinculado con el diputado Francisco Merino. El magistrado representante del partido opositor FMLN, Julio Hernández, dio su voto para aceptar la candidatura de Yohalmo Varela, presuntamente a cambio de que se cesarán las investigaciones en su contra por el uso ilegal de la imprenta del TSE.

Fiscal electoral removido

Cruz Salgado fue removido de su cargo de Fiscal Electoral en marzo 2001, después de denunciar que los magistrados del TSE de haber cometido irregularidades y abusos en sus cargos, y de propiciar un fraude electoral que le permitió al PCN ganar un diputado más en las pasadas elecciones de marzo 2000.

Aunque en la Fiscalía planteó la remoción de Cruz Salgado como cambios administrativos normales, se sospecha que la misma fue motivada por las denuncias Salgado en contra de los magistrados del TSE. En sustitución de Cruz Salgado fue nombrado Juan Gilberto Carmona, anteriormente asesor jurídico de la FGR.

Corrupción administrativa en el TSE

Entre otras graves denuncias, La Prensa Gráfica reportó en marzo que los magistrados del TSE se habían auto-aprobado a partir del 1ro. de febrero onerosos gastos de representación.

El presidente del TSE recibiría mensualmente 11 mil 400 colones; los otros 4 magistrados propietarios, 7 mil 900 colones; y los 5 magistrados suplentes, 6 mil 400 colones.

Tales honorarios eran adicionales a los casi 30 mil colones mensuales que recibían los magistrados propietarios, y a los 16 mil 405 que recibían los magistrados suplentes.

El presidente del TSE consideró la medida como normal aduciendo que "todos los funcionarios tienen asignados gastos de representación".

En el mismo organismo a pesar de estar congelados los aumentos salariales y la creación de nuevas plazas en el gobierno, lo magistrados decidieron crear 26 nuevas plazas que las ocuparon para ascender a algunos empleados. Una de las plazas fue ocupada por Karym Aleyda Méndez Fuentes, sobrina del presidente del TSE. Entre otros movimientos de personal realizados por los magistrados del TSE está el nombramiento de Edgar Mejía como gerente general, quien fungía como encargado del Proyecto Electoral, plaza que solo se justifica cuando se realizan elecciones.

Mal uso de los fondos electorales

Este año Hernán Contreras, ex-presidente de la Corte de Cuentas (1989- 1998), declaró a La Prensa Gráfica que "en el TSE ocurren cosas increíbles, como los 20 millones de colones que se gastaron en un proyecto de acercamiento de urnas y nunca se conoció resultados". Los magistrados del TSE fueron citados para dar explicaciones a la Asamblea Legislativa, pero no se conoció se se continuaría con la investigación sobre este caso.

Corrupción en las alcaldías

Los casos de corrupción más destacados en los municipios aparecen abajo. Hay otros casos señalados en la sección "Terremotos: Anomalías en la distribución de la asistencia humanitaria".

Ayutuxtepeque

En medio de acusaciones mutuas de corrupción entre el alcalde y los concejales del municipio de Ayutuxtepeque, el FMLN decidió en agosto 2001 desconocer y censurar al alcalde José Lorenzo Rosa. Los concejales acusaron a Rosa de abuso de poder y de utilizar los recursos de la alcaldía para asuntos personales. Por su parte, el alcalde acusó a estos de malversar fondos y declaró haber puesto la denuncia ante la Corte de Cuentas. Sin embargo, hasta ahora no se sabe si esa institución ya intervino y cuál es su resolución.

Debido a la crisis entre las autoridades de esta alcaldía, la recolección de la basura y el pago de salarios a los empleados sufrieron interrupciones.

Chapeltique

Este año los miembros del concejo municipal de Chapeltique, del partido ARENA, denunciaron al alcalde Elmo Marcoina Chavarría por supuestas anomalías en las compras y despilfarro de fondos públicos. Entre las irregularidades denunciadas se encuentra la limpieza de los cementerios por la que se habría pagado 65 mil colones cuando su costo real era de 2 mil colones, y pagos por más 130 mil colones a una empresa por el balastreo de calles, cuyos trabajos se habrían realizado con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas. Los denunciantes cuestionaron también la adquisición de dos vehículos. El alcalde dijo que tenía todos los documentos para desvanecer los señalamientos.

Chinameca

En noviembre 2001 se conoció que el síndico y el secretario de la Alcaldía de Chinameca, Eulalio Romero y Carlos Cáceres respectivamente, podrían ser suspendidos por el Concejo Municipal (FMLN), por haber presuntamente difamado al alcalde Juan Pablo Osorio. Romero y Cáceres denunciaron un faltante en la Alcaldía, por 462 mil 97 colones, detectados en una auditoría de la Corte de Cuentas. El alcalde Osorio declaró que las pruebas de descargo fueron presentadas en su momento y el faltante fue desvanecido.

El informe de la Corte de Cuentas cuestionó el uso de 229 mil dólares en la Alcaldía de Chinameca. Gastos por 177 mil dólares no contaban con la documentación de soporte debidamente legalizada y de los otros 52 mil no se conoce el paradero. Los fondos corresponden a la ayuda para los damnificados por los terremotos. Se presume que el responsable de la irregularidad es el alcalde, Juan Carlos Osorio (FMLN).

Osorio también fue denunciado ante la Fiscalía por el Síndico de esa localidad, Eulalio Romero, quien lo acusa de falsificación de firmas y otras irregularidades.

Mejicanos

A finales de diciembre, la Corte de Cuentas reportó sobre hallazgos de irregularidades en la Alcaldía de Mejicanos, controlada por el FMLN, detectados a través de una auditoría correspondiente al período de mayo/97 a marzo/2001. Entre los señalamientos destacan:

Uso indebido de los fondos del FODES: La Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) establece que un porcentaje del Presupuesto del Estado sea transferido a los municipios y que el 80% de de esa transferencia sea utilizado en obras de infraestructura, pudiendo ocuparse el 20% restante en gastos de funcionamiento. Sin embargo, la Alcaldía de Mejicanos en 1998 de 1 millón 357 mil 130 colones que recibió del FODES, solo destinó 427 mil 35 colones a proyectos de infraestructura; en 1999 recibió 1 millón 684 mil 131 colones, destinando 647 mil 831 colones; y en el 2000 recibió 3 millones 34 mil 500 colones, invirtiendo únicamente 1 millón 754 mil 183 colones. Los fondos restantes presuntamente fueron utilizados en gastos de funcionamiento.

Licitaciones cuestionables: A principios del año 2000 la Alcaldía adjudicó a la empresa CONSEL la ejecución de un proyecto para el mejoramiento del alumbrado público, con un costo de 22 9 mil 880 colones. CONSEL presentó su oferta hasta el 6 de junio y en la Alcaldía se alteraron las fechas de las ofertas de otras seis empresas, que habían sido presentadas en 1999 en enero/2000, para uniformarlas con la de CONSEL. También fueron falsificadas firmas en letras de cambio que presuntamente entregaron las empresas participantes en la licitación.

Faltantes de fondos: La auditoría de la Corte de Cuentas estableció un faltante de 113 mil 762 colones. Según la Corte de Cuentas el dinero fue utilizado para asuntos distintos a los fines municipales.

Préstamos personales: Usando fondos destinados a las fiestas patronales, festivales de salud y campañas contra el dengue, la Alcaldía concedió préstamos personales. Supuestamente el dinero ya fue reintegrado.

Moncagua

El concejo municipal de Moncagua destituyó en marzo 2001 al alcalde de dicha localidad, Carlos Ernesto Campos del FMLN. El concejo acusaba a Campos de tener secuestrado en su casa el libro de actas de acuerdos municipales y también de haber continuado pagando el sueldo a ex-secretario municipal Melvin Araniva, destituido en septiembre 2000. Campos argumentó que Araniva había continuado cumpliendo con sus funciones; además acusó a seis miembros del concejo de entorpecer el trabajo de la municipalidad. Según Campos la alcaldía poseía 3 millones y medio de colones sin invertir porque los miembros del concejo no aprobaban los proyectos. Ante la Fiscalía Campos acusado por los delitos de actos arbitrarios y falsedad documental agravada. Sin embargo, el 29 de marzo, Campos volvió a ocupar nuevamente su puesto de alcalde, después de que auditores de la Corte de Cuentas emitieron un dictamen en su favor.

Nahuizalco

El alcalde de Nahuizalco, José Carlos Estrada Hernández (FMLN), podría ser destituido de su cargo, según anunciaron ocho concejales que lo acusan de actos de corrupción. Entre las irregularidades de las que se acusa a Estrada Hernández se encuentra haber erogado 200 mil colones para ayudar a los afectados por el terremoto, a pesar de que el Concejo Municipal solo autorizó 100 mil colones. Además, según los denunciantes, en este caso el gasto real fue de 86 mil colones.

En mayo 2001, el Concejo Municipal de Nahuizalco (FMLN) decidió separar de su cargo al alcalde, José Carlos Estrada Hernández, acusado de actos de corrupción. Entre las irregularidades de las que se acusa a Estrada Hernández se encuentra haber erogado 200 mil colones para ayudar a los afectados por el terremoto, a pesar de que el Concejo Municipal solo autorizó 100 mil. Además, según los denunciantes, en este caso el gasto real fue de 86 mil colones. Por la misma causa también fue destituido el secretario municipal, Walter Cardona.

A pesar de la decisión del Concejo Municipal, Estrada Hernández continua hasta la fecha ejerciendo su cargo y se desconoce si la Corte de Cuentas y la Fiscalía han investigado las denuncias.

San Agustín

La Corte de Cuentas cuestionó al concejo municipal de San Agustín, Usulután, en la contratación de una empresa de transporte. El alcalde José Ignacio Carranza, del partido ARENA, declaró que por la demanda de los pobladores se vieron forzados a utilizar a la empresa contratada para reparar algunos caminos rurales que quedaron dañados con los terremotos de este año, lo que ha sido calificado por el ente contralor como un "gasto inapropiado" por un monto de 38 mil cincuenta y siete dólares. Carranza se comprometió a aclarar las observaciones antes de agosto 2001.

San Luis Talpa

El ex-presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) y actual diputado y jefe de fracción del Partido de Conciliación Nacional (PCN), José Francisco Merino López, está implicado en este caso de una compra-venta ilícita de terrenos municipales a través de un "prestanombre". Un informe de auditoría de la Corte de Cuentas encontró anormalidades con respecto a la venta, pero durante la gestión de Merino como su presidente, fueron exonerados el alcalde, su concejo y el mismo Merino.

En febrero 1999, la Fiscalía General presentó la acusación contra el Concejo Municipal de San Luis Talpa por el delito de actos arbitrarios al vender zonas verdes sin seguir el procedimiento legal. En febrero 2001, peritos del Ministerio de Hacienda realizaron una nueva evaluación en dos de las zonas verdes vendidas. Aunque la Fiscalía ha mostrado interés en revivir el caso, hasta la fecha no se ha realizado una vista pública.

Aunque según el artículo 222 del Código Electoral, no pueden postularse como candidatos a miembros de concejos municipales quienes pendiente "juicio contencioso administrativo o controversia judicial con la municipalidad o con el establecimiento que de ella dependa o administre", el Tribunal Supremo Electoral autorizó la inscripción de el alcalde Yohalmo González y varios concejales de San Luis Talpa en las elecciones del año 2000, en las que resultaron reelectos.

San Miguel

En diciembre 2000 salieron a la luz pública acusaciones mutuas de corrupción entre el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado (PDC), y los miembros de su concejo municipal. Los concejales acusaban a Salgado de no dar ingreso en las arcas municipales a ganancias obtenidas por la municipalidad en eventos públicos. Mientras tanto el Alcalde acusaba a los concejales de obstaculizarle la ejecución de los proyectos y de aprovecharse de sus cargos para beneficio personal. Como ejemplo citó que los concejales aprobaron un incremento salarial para el año 2001: de ganar 5,500 colones por asistir a cuatro reuniones al mes pasaron a ganar 11,500 colones.

En enero los concejales cuestionaron al Alcalde por crear plazas con salarios de 10,000 colones. Salgado dijo que buscaría a ciudadanos para integrar las comisiones de trabajo, ante la negativa de los concejales a colaborar. En ese momento, a pesar de tener al menos 5 millones de colones en las arcas municipales y después de ocho meses en posesión de la alcaldía, aún no habían ejecutado los proyectos prometidos en su campaña.

El canal de televisión TVDoce mostró el 23 de junio un video donde se observan camiones municipales transportando material de construcción para una edificación propiedad del alcalde ubicada en Santa Rosa de Lima. El sindico del concejo municipal de San Miguel, Luis Morales Gill, denunció que Salgado había usado en varias oportunidades los camiones municipales para trasladar materiales de sus negocios. Salgado quien en oportunidades anteriores había negado estas acusaciones, ante la evidencia del video, aceptó -en una entrevista telefónica con TV Doce- haber usado los camiones en asuntos particulares. Aunque se disculpó públicamente, justificó su actuación argumentando que paga impuestos a la Alcaldía lo que le da derecho a usar los camiones y expresando que estos también son prestados a otras personas que los usan en asuntos particulares. A raíz de estos hechos, a finales de junio, y apoyándose en el derecho de petición establecido en el art. 18 de la Constitución, el ciudadano Marvin Aguilar solicitó al Concejo Municipal de San Miguel destituir al Salgado por "actos confesos de malversación de bienes públicos".

A inicios de julio se conoció que la Corte de Cuentas había descubierto más irregularidades en la comuna migueleña. Entre otras se mencionaron la ausencia de control en la asignación y uso de combustible, la falta de cobro de multas a los contribuyentes en mora y la contratación como empleada de una familiar de Salgado.

Salgado fue expulsado del PDC en junio por los señalamientos de corrupción en su contra. En la tercer semana de julio, dirigentes del partido PDC anunciaron la posibilidad de demandar judicialmente a Salgado por utilizar ilegalmente los distintivos del PDC. Según los denunciantes, Salgado, después de haber sido expulsado, se habría reunido con sus simpatizantes y estos habrían acordado designarlo secretario departamental del PDC en San Miguel.

Perfil de Willfredo Salgado

Entró al ejercito, al Batallón Arce, en 1982 y se retiró en 1985. A mediados de los noventa fue vinculado con el escuadrón de la muerte "Sombra Negra", que asesinaba pandilleros en el oriente del país, y estuvo en prisión por año medio hasta que fue exonerado judicialmente. Es propietario de la empresa Comercial Salgado, una cadena de tiendas de eletrodomésticos en el oriente del país. Su empresa ha sido investigada por el Ministerio de Hacienda, ente que este año le impuso una multa de un millón de colones por evasión de impuestos, según declaraciones que el mismo Salgado dio a El Diario de Hoy en diciembre. También es investigado por la Superintendencia del Sistema Financiero por posible lavado de dinero. Nunca había participado en un partido político hasta que aceptó ser candidato a alcalde para San Miguel por el PDC en las elecciones del año 2000, en las que resultó vencedor. Tras la expulsión de Salgado del PDC, actualmente se menciona que podría incorporarse al PCN, bajo la promesa de él será el candidato por dicho partido en las elecciones del año 2003.

San Salvador

Empleados despedidos

La Alcaldía de San Salvador destituyó y denunció ante la Fiscalía a 18 empleados acusados de corrupción. Los implicados eran motoristas y empleados del tren de aseo que supuestamente efectuaban desde octubre de 2000 cobros ilegales a varias empresas por el servicio de recolección de basura con una suma estimada en 16 mil colones mensuales.

El contrato del relleno sanitario

La Unidad Nacional Ecológica Salvadoreña (UNES) y los diputados del partido ARENA presentaron en enero denuncias ante la Asamblea Legislativa para que se investigaran supuestas irregularidades en el contrato firmado por la alcaldía de San Salvador con la empresa canadiense CINTEC, encargada de operar el relleno sanitario donde depositan los desechos 10 municipios de San Salvador.

Algunas de las denuncias presentadas fueron: la supuesta inconstitucionalidad del proceso de contratación que fue celebrado en Miami fuera del alcance de la Constitución; supuesto incumplimiento de la compañía respecto a los componentes del programa de manejo integral de desechos sólidos; cobros anticipados por servicios no prestados (como la capacitación de los antiguos pepenadores del basurero de Mariona) y que el alcalde Silva se rehusaba a entregar a la Comisión del Medio Ambiente y Salud Pública y al Ministerio del Medio Ambiente una copia del contrato que fue suscrito por un período de 20 años a un costo de 61.2 millones de dólares.

Silva manifestó que el contrato se encontraba a disposición de quien lo quisiera. Aclaró que los documentos relacionados con la contratación de CINTEC eran: el contrato de prestación de servicios entre la Alcaldía de San Salvador y la empresa MIDES, una carta de intenciones entre CINTEC y las 10 alcaldías (1997) y la escritura de constitución de la empresa de economía mixta MIDES, integrada por los municipios y CINTEC.

En diciembre de 2000 la Asamblea Legislativa formó una comisión especial para investigar el caso. Dicha Comisión fue disuelta en junio 2001, a iniciativa de la fracción del FMLN, sin lograr ningún resultado en la investigación. Con los votos de ARENA, PCN, PAN y el diputado sin partido Horacio Ríos, la Asamblea Legislativa conformó nuevamente en agosto 2001 una comisión especial para investigar supuestas irregularidades en el contrato del relleno sanitario. Quedó integrada por Horacio Ríos (presidente); Mario Ponce e Isidro Caballero, del PCN; Norman Quijano, Roberto D\'Aubuisson (hijo) y Donato Vaquerano, de ARENA; y Tomás Mejía, del PAN. Aunque esta Comisión tenía 90 días para concluir su investigación, hasta finales del año no había emitido ningún dictamen.

Hasta la fecha las denuncias de irregularidades, hechas por la ONG ecologista UNES y diputados de ARENA, siguen sin aclararse.

Soyapango

La Corte de Cuentas presentó en enero 2001 el informe de la auditoría realizada en la Alcaldía de Soyapango, cuyo concejo municipal pertenece al FMLN y señaló una serie de irregularidades publicadas en febrero por La Prensa Gráfica. Algunas de las 39 observaciones hechas fueron: la existencia 73 plazas ilegales, es decir de empleados que no tienen un contrato que respalde legalmente el pago de sus salarios que según la Alcaldesa, Marta Elena Rodríguez eran empleados contratados por la administración anterior del FMLN.

También se mencionó la contratación como jefe de Alumbrado y Espacios Públicos a Jorge Handal, hijo del diputado Schafik Hándal, quien contaba con un salario muy superior al devengado por otros jefes de la Alcaldía. La contratación fue hecha directamente por la Alcaldesa, sin someterlo a consideración del Concejo y sin realizar un concurso.

Otras observaciones fueron: la existencia de expedientes laborales vacíos, es decir sin currículos, constancias académicas y referencias laborales, entre otros documentos normalmente exigidos a las personas que trabajan en oficinas públicas; atraso y falta de firmas en las actas del Concejo Municipal, que constituyen el respaldo legal de las decisiones que se toman en las alcaldías; desorden administrativo, caracterizado por la duplicidad de funciones y falta de idoneidad de personas que ocupaban cargos gerenciales.

Villa El Sauce

A través de préstamos concedidos por el Banco Centroamericano de Integración (BCI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a un costo de un millón 137 mil colones, fue construido por el Fondo de Inversión de Social (FISDL) un puente en villa El Sauce, en 2000. En junio 2001 se conoció que el propósito del proyecto era comunicar a ocho comunidades de esa zona, algo que no puede lograrse porque las calles que uniría el referido puente no existen. Según el alcalde la localidad, José Ovidio García, las calles no se han construido porque aun no hay un acuerdo - por diferencias políticas - con el propietario del terreno por donde pasarán.

Este proyecto evidencia la irresponsabilidad y falta de criterio técnico en la construcción de obras públicas, que en el caso de un puente requieren como condición obvia la existencia de las calles a unir o al menos la construcción simultánea de las mismas. Mientras tanto las comunidades de la zona cargan con el costo de oportunidad de la obra y por su lado, los préstamos efectuados para realizarla están devengando los intereses respectivos.

Zacatecoluca

El ex-auditor interno de la Alcaldía de Zacatecoluca, Jose Daniel De la O, denunció que su despido de esa comuna se debió a que no aceptó las pretensiones del concejo municipal, cuyos miembros son del FMLN, de que no informará a la Corte de Cuentas sobre "algunas irregularidades en el manejo de fondos". Según De la O entre las irregularidades se encuentran: el uso, en febrero 2001, de fondos destinados a proyectos de desarrollo local para el pago de salarios y otros gastos corrientes de la Alcaldía; un faltante de 41 mil 192 dólares; y cuatro plazas fantasmas (empleados que solo cobran pero no asisten a sus labores).

Por su parte, uno de los concejales, Alejando Quevedo, negó los señalamientos y declaró que De la O fue despedido por deficiencia en el desempeño de sus funciones y por realizar auditorías en otras alcaldías. Rafael García, síndico de la Alcaldía, declaró que las terrenos y casas se están entregando "a las familias que no tienen donde vivir y que sean de escasos recursos".

Corrupción en el Sector Privado

BFA: El hoyo financiero en el Ingenio El Carmen

Aunque el Banco de Fomento Agropecuario es una institución financiera administrada por el Gobierno, los casos de corrupción en que se ha visto involucrado surgen de asociaciones ilícitas entre sus funcionarios con empresarios, como los propietarios del Ingenio El Carmen y otros.

La relación crediticia

El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) dio un préstamo de 96 millones de colones al Ingenio Azucarero El Carmen a finales de 1994. En agosto 1998 el BFA promovió un juicio mercantil por 45.9 millones de colones en capital, más intereses y costas procesales, contra el Ingenio El Carmen, por el incumplimiento en la amortización del crédito. Antes de recuperar esa deuda, el BFA otorgó nuevos créditos al Ingenio por 38.1 millones de colones. Finalmente los propietarios entregaron en pago el Ingenio al BFA, con un valor sobre-estimado de 59 millones (el valor real era de 18 millones de colones).

En 1998 el BFA vendió el Ingenio a la Administradora El Carmen, que está integrada por INCAÑA y Granja Los Patos. Los principales socios de esta última empresa, que fue registrada tres días antes de la transacción, son Enrique Rais y Héctor Cristiani, este último primo del ex-presidente de la República, Alfredo Cristiani. Rais y Cristiani únicamente le pagaron al BFA 5 millones de colones de abono, por los otros 54 millones que completaban el valor de la compra-venta el mismo BFA les concedió un crédito. Un informe de auditoría interna del BFA reveló que los 5 millones para la compra del Ingenio y 3 millones para la constitución de la Granja Los Patos también era fondos provenientes de préstamos con el BFA.

Se estima que la fecha el monto de la defraudación supera los 11 millones de dólares.

La auditoría de la Superintendencia

En abril 2001 fueron del conocimiento público hallazgos relacionados a este caso, identificados en auditoría realizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) al BFA, en la cual se señala entre otros aspectos que:

La deuda acumulada del ingenio El Carmen con el BFA, desde 1995 hasta el 10 de mayo 2000, ascendía a 92 millones 499 mil 400 colones. Además el BFA concedió otros 10 millones 983 mil 800 colones a empresas y personas vinculadas con el ingenio: Procemi, José Enrique Rais y Swiss Biochemical, entre otras.

La junta de directores del BFA, ignorando un oferta de 60 millones de colones hecha por el ingenio Chanmico, aprobó vender el ingenio El Carmen a las sociedades INCAÑA y Granja Los Patos por un monto de 59 millones de colones.

El ingenio El Carmen poseía a diciembre 1998 un déficit acumulado de 47.7 millones de colones, por lo que ya no podía cumplir con sus obligaciones crediticias.

El ingenio El Carmen, con la misma garantía que estaba a favor del BFA obtuvo otros créditos del Banco Promérica.

El informe de la Corte de Cuentas

En julio 2001, después de casi tres años de cometidas en que se produjo la compra-venta irregular del Ingenio, la Corte de Cuentas finalmente anunció la conclusión de su informe de auditoría. Dicho informe confirmó las irregularidades detectadas antes por la SSF y estableció presunciones de responsabilidad para, entre otros funcionarios del BFA, Raúl García Pretio (ex-presidente), Romeo Melara Granillo (ex-director suplente del BFA, ex Fiscal General y actual inspector general de la PNC) y el actual presidente, Guillermo Funes.

La defraudación al BFA y la quiebra del Ingenio

La Fiscalía sostiene que el ex-presidente del BFA, García Prieto, se asoció ilícitamente con Rais y Cristiani para defraudar al BFA y luego hacer quebrar al Ingenio. Según la Fiscalía, los fondos presuntamente fueron vaciados a través de altos salarios y la contratación de una empresa de seguridad que estaría vinculada con García Prieto.

El Fiscal dijo por más de un año se desembolsaron 42 millones de colones sin ninguna supervisión de las autoridades bancarias.

Las capturas

El 22 de noviembre 2001, después 19 meses de investigaciones, la Fiscalía ordenó la detención administrativa contra García Prieto; los interventores del BFA, Ricardo Edgardo Rivera Villalta y Raúl Esteban Castellón Lemus; el director ejecutivo del Ingenio El Carmen, Enrique Rais; el ex gerente financiero de dicho Ingenio, Luis Omar Cruz Guevara; y la contadora, Ruth Elizabeth Salazar Campos. También, desde el 24 de noviembre, Héctor Cristini ha sido custodiado en un centro hospitalario y al salir de ahí será puesto en prisión.

A los capturados se les acusó de los delitos de negociaciones ilícitas, defraudación a la economía pública, administración fraudulenta, asociaciones ilícitas y falsedad ideológica.

Además de las capturas, la Policía decomisó importante documentación que comprueba el entendimiento entre las autoridades del BFA y los propietarios del Ingenio El Carmen para defraudar a esa institución financiera. La Fiscalía también declaró que parte del dinero defraudado ha sido localizado en cuentas bancarias a nombre de los imputados o de sus empresas.

El proceso judicial

El 29 de noviembre 2001 se realizó la audiencia inicial contra los implicados en este caso. La jueza Quinta de Paz, María Margarita Reyes, determinó que había mérito y decretó la detención provisional contra García Prieto, Rais, Cristiani y el ex-gerente del BFA Juan Martínez Menéndez, esté último prófugo de la justicia. También se decretó instrucción formal contra Ruth Elizabeth Salazar, Luis Omar Cruz y Ricardo Edgardo Rivera, pero se les concedió libertad condicional. Otro implicado, Raúl Esteban Castellón obtuvo el sobreseimiento provisional.

El 6 de diciembre el juez Quinto de Instrucción, Edward Sidney Blanco, bajo cuya responsabilidad se encuentra el proceso judicial, confirmó la resolución de la jueza Reyes. Finalmente, frente a una apelación presentada por los abogados de los imputados, en diciembre la Cámara Segunda de lo Penal ratificó la orden de detención provisional en contra de los imputados.

Recuadro: abogado defensor señalado por tener un título fraudulento

La defensa de los imputados está a cargo de Manuel Chacón, uno de los abogados señalados por tener título profesional obtenido en forma fraudulenta. Chacón actualmente procesado en los tribunales de justicia.

BFA: Robo y venta irregular de fertilizante

Lo que fue reportado el 7 de mayo 2001 como un robo de 11 mil 418 sacos de sulfato de amonio, de un donativo de 300 mil sacos entregados por el gobierno de Japón, destapó otras graves irregularidades que involucraron al gobierno y a grandes comerciantes y agricultores del país asociados con el partido oficial.

Aunque los fertilizantes donados tenían por propósito beneficiar a los pequeños agricultores, al menos el 70% fueron a parar en manos de una empresa y dos cooperativas. UNIFERSA, la principal importadora y comercializadora de fertilizantes en el país, se habría quedado con 70 mil sacos y las cooperativas Cuzcachapa (Santa Ana) y la Marona (Usulután), con 40 mil y 100 mil sacos respectivamente.

Antecedentes

Desde 1993 el gobierno de Japón ha venido favoreciendo a El Salvador con donativos de fertilizantes, de los cuales, según declaró en junio el director de la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), Mauro Iraheta, han sido las grandes empresas distribuidoras de fertilizantes las beneficiadas.

Hasta 1997 SETEFE vendía el fertilizante, cuyos ingresos eran luego usados en obras sociales, a través de licitación al mejor postor. Luego en 1998, la venta comenzó a hacerse a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (BOLPROES), pero siempre usando el mismo mecanismo de licitación, donde abiertamente los ganadores eran las grandes empresas. A partir de 1999 se cambió el mecanismo estableciendo límites máximos de compra, con la idea de beneficiar a los pequeños agricultores, pero los hechos acontecidos este año revelan que ese objetivo no se cumplió.

UNIFERSA

La Fiscalía reportó en junio 2001 que en los registros de salida de fertilizantes, en la bodega del BFA en Acajutla, camiones propiedad de la Unión Nacional de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA) retiraron al menos 70 mil sacos de fertilizante.

La cantidad de fertilizante retirados por UNIFERSA es próxima a los 65 mil 989 sacos vacíos -con el sello que indicaba que eran parte del donativo de Japón- que fueron encontrados en una finca propiedad de Victoriano Moreira, localizada en Santiago Nonualco, quien según las autoridades está estrechamente vinculado con UNIFERSA.

UNIFERSA en un primer momento desmintió que haya adquirido sacos del fertilizante donado por el gobierno de Japón, alegando que los sacos almacenados en sus bodegas era propiedad de varios de sus clientes. La Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (BOLPROES), que estuvo encargada de hacer las ventas del fertilizante, confirmó que UNIFERSA no aparecía como comprador en sus registros, no obstante tampoco descartó que esta empresa haya adquirido el fertilizante a través de intermediarios.

Ese mismo mes, el director ejecutivo de UNIFERSA, Ricardo Montenegro, se vio obligado a reconocer públicamente que su empresa si había adquirido el fertilizante a través de diez empresas relacionadas con la suya: Maquinaria, RAMPA Inversiones, Montecayo, Rigafer, Inversiones El Macotal, Excafé, Exagrico, M.G. Mercantil, Valcara e Inv. El Cipresón.

El Diario de Hoy reportó que los directivos o representantes de las empresas que compraron el fertilizante para luego venderlo a UNIFERSA son propiedad del mismo Montenegro o de sus parientes. Por ejemplo, de la Sociedad Montecayo sus integrantes son Ana Isabel Lacayo de Montenegro y Ricardo Montenegro Palomo; en RAMPA inversiones participa Raúl Antonio Montenegro, hermano del director de UNIFERSA; y por su parte Eduardo y Gabriel Montenegro integran la sociedad Maquinaria.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones públicas de Montenegro, los diputados y autoridades gubernamentales hasta la fecha no han establecido algún tipo de responsabilidad para UNIFERSA, debido a lo que muchos consideran la impunidad existente en el país que protege y favorece los intereses de la pequeña élite económica.

Otro funcionario que ha resultado involucrado en este caso es el director ejecutivo del Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO), Oscar Adán Burgos Gómez, quien en el registro de comercio aparece como representante legal y miembro de Excafé. Burgos Gómez negó tener relación con esa empresa.

Montenegro: un viejo actor de la corrupción salvadoreña

No es la primera vez que Ricardo Montenegro, el director ejecutivo de UNIFERSA, está involucrado en escándalos de corrupción.

En el gobierno del ex-presidente Armando Calderón Sol (1994-1999) se desempeño como Ministro de Hacienda hasta el 29 de noviembre de 1994, fecha en que se vio obligado a renunciar. Fue acusado de hacer uso de tráfico de influencias para que una de sus empresas de fertilizantes, SERTESA, se beneficiara con la adjudicación de otra donación japonesa.

En esa época, la ex-ministra de planificación Mirna Liévano de Marques declaró a la Fiscalía que la adjudicación se le otorgó a SERTESA por la oposición de la Asociación de Nacional de Proveedores Agrícolas (ANPA) y la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), a que la misma fuera adjudicada a otra empresa que la había ganado antes (FERTICA).

Además Montenegro fue denunciado por encubrir a SERTESA en la evasión de impuestos y por favorecer ilegalmente con aranceles preferenciales, en común acuerdo con el ministro de Agricultura y primer designado presidencial de ese entonces, Carlos Mejía Alferez, a empresas importadoras de arroz. Mejía Alferez también fue forzado a renunciar a su cargo por las denuncias en su contra.

Aunque la Fiscalía General y la Corte de Cuentas estuvieron investigando estas denuncias hechas en 1994, nunca se conocieron los resultados ni se levantaron cargos en contra de Montenegro y Mejía Alferez. Se supone que en este caso el ex-presidente Armando Calderón Sol permitió a sus ministros una "salida honrosa", una práctica ilegal común en El Salvador mediante la cual cuando un funcionario se ve involucrado en irregularidades se le dispensan las sanciones a cambio de renunciar a su cargo. Las "salidas honrosas", además de usarse para encubrir a los responsables de actos de corrupción, le sirven al gobierno para evitar que su imagen sea dañada y diluir las conmoción y presiones sociales que surgen como reacción a los perjuicios que tales irregularidades provocan.

¿El gobierno es cliente de UNIFERSA?

Siempre relacionado a estos hechos, se conoció que UNIFERSA le vendió al Ministerio de Agricultura y Ganadería 30 mil sacos de sulfato de amonio.

En julio 2001 se reportó que el Ministro de Agricultura (MAG), Salvador Urrutia, solicitó el 19 de enero que se le adjudicara 30 mil sacos del abono donado por Japón, que serían repartidos a unos 27 mil pequeños agricultores. Once días después, el 30 de enero 2001 el vicecanciller de la República le respondió que todo el fertilizante ya había sido comercializado a través de Bolsa de Productos Agropecuarios de El Salvador (BOLPROES). Según los registros fue precisamente entre el 19 y 29 de enero de este año en que BOLPROES comercializó la mayor parte del abono, es decir, el mismo período que dilató la respuesta a Urrutia. Luego el MAG compró el fertilizante que necesitaba (27 mil 209 sacos) a UNIFERSA, habiendo pagado en exceso de más de dos millones de colones, con relación a los precios de BOLPROES.

Ante el temor que este fertilizante sea del mismo donado por el gobierno de Japón, el titular de ese ministerio, Salvador Urrutia, declaró haber solicitado a UNIFERSA certificar el origen del producto entregado. No se sabe cuál fue el resultado de esta gestión.

La cooperativa Cuzcachapa

Esta cooperativa es otra de las implicadas en la compra irregular del abono, y es investigada por presunto fraude por parte de la Fiscalía. El vicepresidente de la misma es el diputado y ex-presidente de la Asamblea Legislativa Juan Duch (ARENA).

La cooperativa adquirió 40 mil sacos de fertilizantes en BOLPROES, presentando mandatos suscritos por el presidente y un notario, con los cuales efectuaron la compra en nombre de sus asociados. Sin embargo algunos de estos han declarado que no se adhirieron como compradores y que no han recibido ningún saco de abono. Otros, aparecen en tales mandatos con 400 sacos, cantidad máxima por agricultor que estableció vender el gobierno, pero sus pedidos reales fueron por cantidades menores. Según las evidencias algunos asociados se habrían quedado hasta con 10 mil sacos. Además, dos de los beneficiarios de estas cantidades son comerciantes de fertilizantes, ampliamente conocidos en la zona occidental del país.

También, la Cooperativa poseía más de 3 mil sacos de fertilizante sin comprobante de compra-venta, por cuya posesión sus directivos podrían ser acusados del delito de receptación.

Otro beneficiario ilícito del donativo

Una persona de nombre Daniel Rivera, en representación de la Asociación Salvadoreña de Productores Agropecuarios (ASPAU), adquirió 18 mil sacos del fertilizante donado por Japón. Luego Rivera vendió una parte del fertilizante - 12 mil sacos- al agroservicio "Los Tocayos", ubicado en San Juan Opico.

Más recientemente, por investigaciones periodísticas se confirmó que ASPAU es una asociación que legalmente no existe, y que el teléfono y dirección de contacto que Rivera hizo constar en los documentos de compra-venta del fertilizante tampoco son de ASPAU. Otra irregularidad es que Rivera retiró el producto de las bodegas del BFA el 6 de febrero, pero el pago lo efectuó hasta 19 días después.

Las omisiones del BFA

Las autoridades del BFA, representadas en el presidente de ese ente, Guillermo Funes, en todo momento se presentaron ante la opinión pública como víctimas del robo de los 11 mil 418 sacos de fertilizantes, evadiendo su responsabilidad por la adecuada custodia del donativo y por la obligación, que como toda autoridad gubernamental tiene según la ley, de mantener un efectivo control interno.

Antes de que se conocieran las irregularidades sobre UNIFERSA y las dos cooperativas mencionadas antes, el BFA comenzó a publicar en los diarios una "advertencia" para que los que hubieran comprando irregularmente el fertilizante lo devolvieran y se dispensarían las acciones legales contra ellos. El Diario de Hoy reportó que fue el presidente de la República, Francisco Flores, el que pidió a las autoridades del BFA hacer este anuncio. A inicios de junio 2001, después de escuchar la opinión del Fiscal General, Belisario Artiga, la Asamblea Legislativa recomendó al BFA desistir en su decisión de aceptar la devolución del fertilizante, porque con ello se estarían entorpeciendo las investigaciones.

Durante el período en que se mantuvo almacenado el abono japonés en la bodega del BFA, hubo tres responsables de la misma. Según reportes al menos uno de ellos presentó problemas de conducta por su adicción al alcohol, y aunque fue despedido en febrero 2001 se sabe que las autoridades del BFA durante varios meses le dispensaron sus faltas.

Además se conoció que el BFA no estaba legalmente autorizado a brindar el servicio de almacenaje, según una reforma de 1995 a la Ley de Bancos, que prohibe a los bancos y financieras prestar este tipo de servicios.

Bajo riesgo de quedar en la impunidad

La Fiscalía declaró sobre las dificultades para establecer los delitos en que habrían incurrido las empresas y personas que compraron irregularmente el fertilizante. Según se informó no existen las figuras penales para castigar a los responsables en este caso. Por ejemplo, un delito aplicable podría ser el de "acaparamiento", pero el mismo solo se refiere a granos y productos de la canasta básica. Tampoco ha logrado determinar plenamente si ha habido falsificación de documentos o si puede proceder contra las personas que actuaron como "prestanombres".

Aunque la Fiscalía ha dicho que pedirá la ampliación de la aplicación de los delitos a la Asamblea Legislativa, según la ley salvadoreña las reformas penales no tienen efecto retroactivo a menos que favorezcan a los imputados.

Los únicos imputados

A inicios de agosto se conoció la captura de Mario Edgardo Alvarenga Molina, propietario del agroservicio "El Agricultor", con agencias en Sonsonate y Cara Sucia, donde se decomisaron 107 quintales del fertilizante robado. Alvarenga sería procesado por el delito de receptación. No se sabe cuál es actualmente el estado de de su caso.

Mientras que por parte del BFA, la única imputada en el caso es Alba Isolina Mancía, ex-secretaria de la bodega Acajutla, quien presuntamente habría permitido la salida de los sacos del fertilizante robado. A fines de noviembre 2001 Mancía fue beneficiada con medidas cautelares en lugar de la detención provisional, quedando así en libertad mientras continúa su proceso judicial.

Las investigación legislativa

En agosto 2001 la comisión especial legislativa, encargada de investigar las irregularidades en torno al robo y venta fraudulenta del fertilizante donado, hizo público su informe, en el cuál concluyó, entre otras cosas, que es "claro, evidente y público, que el producto donado por el gobierno del Japón ha llegado a favorecer a intermediarios, personas o a terceros como grandes distribuidores y agroservicios". También reclamó a la Fiscalía por no haber dado la suficiente importancia a la investigación sobre la venta irregular del fertilizante.

FINSEPRO/INSEPRO

El fraude

El mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador fue hecho público en junio de 1997. El monto de la estafa ascendió a más de 145 millones de dólares. Involucró a miembros de prominentes familias salvadoreñas afiliadas con el partido gobernante y afectó a 6,000 personas e instituciones que depositaron sus fondos en la Financiera de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Seguras Productivas (INSEPRO).

El desenlace penal

Después de cuatro años de investigaciones, el 7 de junio 2001 los principales implicados en el caso, Roberto Mathies Hill y Mario Galdámez, fueron declarados inocentes de cargos penales por un tribunal de conciencia que ignoró las evidencias presentadas por la Fiscalía y el hecho aún más contundente, los mil trescientos millones de colones que hasta la fecha continúan desaparecidos. A raíz de este falló Mathies Hill recobró su libertad el mismo día.

En octubre 2001, Galdaméz fue condenado otras estafas a 19 años de prisión y a pagar otro millón y medio de dólares a los afectados. Además, Roberto Annicchiarico, de los involucrados en este caso, fue condenado a tres años de cárcel y el pago de 50 mil dólares. Tanto Galdaméz como Annicchiarico resultarán beneficiados de los leyes penales, que establecen reducciones en las penas en proporción al tiempo en que los imputados hayan permanecido en prisión sin recibir condena.

Las sombras de la investigación

Aunque el caso por la vía penal quedó cerrado, en la opinión pública se mantienen muchas dudas sobre el proceso judicial, las diligencias de la Fiscalía y la voluntad del gobierno para esclarecer el caso y reparar el daño. Desde un inicio la investigación estuvo marcada por vicios, el más grave fue quizás el atraso intencional en la decisión de intervenir las financieras, cuya responsabilidad recae en el anterior presidente, Armando Calderón Sol. Como escribió el editorialista de La Prensa Gráfica en junio:

"... fue la falta de controles responsables por parte de las instituciones encargadas del control de las actividades financieras, que dio lugar a que se desarrollaran distorsiones tan graves como las que se dieron en varios casos seguidos y escandalosos: CREDICLUB, FINSEPRO-INSEPRO, CREDISA. Cuando las irregularidades comenzaron a ser detectadas, las influencias hicieron que el Ejecutivo, en vez de actuar de manera correctiva, simplemente cambiara al Superintendente. Esto le dio largas al asunto, hasta que ya no había cómo detener la avalancha."

Según Manuel Párraga, representante de los afectados, el Estado tuvo "una responsabilidad relevante en el fraude", ya que informes de auditoría han revelado que las irregularidades en las financieras se conocieron mucho tiempo antes de que fueran de dominio público.

A pocos días del juicio en que fueron declarados inocentes Mathies Hill y Galdámez, apareció una investigación realizada por el gobierno salvadoreño, con el apoyo de la INTERPOL, en que se revelan las operaciones financieras y detalles de las cuentas bancarias en el extranjero de los responsables del fraude. Dicha investigación supuestamente era desconocida por la Fiscalía y el juez de la causa, y consecuentemente la misma no fue considerada como elemento de prueba en contra de los imputados. El mismo juez, Levis Italmir Orellana, reveló de haberse enterado antes de esa investigación, además de sumarla al proceso, hubiera pedido el congelamiento de las cuentas bancarias.

Otra irregularidad fue la pérdida, por casi cuatro años, de un expediente que contenía una demanda presentada por el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, institución que habría perdido unos 15 millones de colones en las financieras. Extrañamente los documentos aparecieron en junio, y de igual forma, por la falta de oportunidad en su presentación, el juez no pudo incorporarla al proceso.

Tampoco han sido investigadas o aclaradas las denuncias de los afectados, quienes aseguran que la estafa inicial era de 800 ó 900 millones de colones, pero que fue inflada a mil 300 millones de colones para que algunas instituciones gubernamentales pudieran fácilmente recuperar -de un fideicomiso creado por el Estado- el cien por ciento de lo defraudado o para beneficiar a personas que no eran afectadas.

La última esperanza: la vía civil

En octubre 2001, Mathies Hill y Galdámez fueron condenados por la vía civil a pagar cerca de 90 millones de dólares a 675 personas afectadas por el fraude millonario de FINSEPRO/INSEPRO, aunque el juez Edward Sidney Blanco advirtió que no hay forma de obligar a Mathies Hill a pagar la indemnización que le ha sido impuesta.

Recuadro: Mathies Hill enfrenta otra demanda por estafa

En diciembre 2001 se reportó que Mathies Hill además es procesado por otra estafa, cometida en perjuicio de Roberto Bukele (propietario de Servipronto), por unos 5.4 millones de dólares invertidos en las empresas Autosal y Caribe Motors. Bukele ha declarado nunca haber recibido beneficios por dicha inversión, tal como se lo prometió Mathies Hill. La audiencia preliminar por este otro caso será en marzo 2002.

Caso CREDISA

En enero 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario/CREDISA decidieron liquidar la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. El quebranto financiero se atribuyó a la mala administración.

En julio de ese mismo año, el Banco Central de Reserva (BCR) aprobó una línea de crédito para CREDISA por 1 mil 239 millones de colones con un interés anual del uno por ciento, pagadero mensualmente y por un plazo de dos años a partir de su desembolso. Los depósitos individuales fueron protegidos inicialmente con la asistencia del BCR, de tal manera que se pudo atender, hasta ciertos límites, el retiro masivo de fondos.

Hasta junio de este año había cancelado el 18.9% del capital adeudado, es decir, 234.4 millones de colones. Aunque el Gobierno anunció que embargaría a CREDISA, muchos temen que el dinero adeudado por CREDISA al BCR no será recuperado y cuestionan las condiciones bajo las cuales fue otorgado ese millonario crédito. Por ejemplo en abril 2001 el analista político y columnista de El Diario de Hoy, Herman Bruch, escribió que:

"Nos preguntamos, los que somos incautos, ¿de qué sirvió esa medida, si de todas formas CREDISA parece incapaz de pagar su deuda? ¿A quién o quiénes verdaderamente fue dirigida dicha operación de salvataje "salvaje" con dineros de nosotros, el pueblo? Porque, que yo sepa, el Banco Central de Reserva administra nuestro dinero, supuestamente para lograr una estabilidad monetaria, pero es obvio que en el caso CREDISA, esa no fue la intención, por lo que debiéramos estar recibiendo explicaciones."

Por su parte, un grupo de accionistas minoritarios de CREDISA presentó, a fines de julio 2001, una demanda ante la Fiscalía General de la República contra las dos últimas juntas directivas de dicho banco, a las que acusan de cometer "fraude financiero". Según ellos, los ex-directivos habrían realizado préstamos sin garantía a empresas fantasmas y de familiares y amigos que llevaron al banco a la quiebra. Estos accionistas también demandaron por el delito de apropiación y retención indebida de dinero a los ex-directivos de FINCORP, una compañía paralela a CREDISA en la que también tenían inversiones, que luego de la quiebra de CREDISA dejó de repartir utilidades.

Los medios de comunicación no han revelado los nombres de los ex-directivos de CREDISA y FINCORP. Solo se conoce que entre ellos se encuentran Jorge Sansivirini, ex-ministro de Obras Públicas y Hans Bodewig, ex viceministro de Vivienda, ambos vinculados con el partido gobernante, ARENA. Entre otras irregularidades en que Bodewig ha estado involucrado se encuentran una violación a la ley de bancos por haberse desempeñado simultáneamente como presidente de FONAVIPO y directivo de CREDISA, las anomalías detectadas en el caso FONAVIPO-PROCADES y un juicio que enfrentó el año pasado por la tala ilegal de 700 árboles en Santa Elena que resultó en un fallo cuestionable a su favor.

Caso Crediclub

En junio 1997 se detectó una estafa por 116 millones de colones en la empresa Crediclub, propiedad de prominentes familias vinculadas con el partido gobernante. Como resultado fueron procesados los ex-miembros de su junta directiva: Ricardo Ernesto Gutiérrez, Raymundo Ernesto Rodríguez, Mauricio Alberto Guirola Meardi, Federico Enrique Guirola Salazar, Guillermo Antonio Mendoza, Gabriel Rivera, José Roberto Martínez, María Elena Guirola, Juan Orlando Valencia, Alfredo Sosa, Antonio José Ferracutti, Ana Olga Monedero y Mauricio Peñate Calderón,

En septiembre 2000, el Juez 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, anunció que la Fiscalía General no presentó suficientes pruebas para sustanciar los delitos de estafa y defraudación a la economía pública en Crediclub, exonerando en consecuencia a todos los imputados.

Ante la apelación de la Fiscalía, en febrero 2001 una cámara de segunda instancia sobreseyó en forma definitiva a los implicados en este caso. Como reportó La Prensa Gráfica, la cámara resolvió "que los directivos no cometieron la defraudación porque la empresa no aparece en el Centro Nacional de Registros como institución de crédito o de seguros, y tampoco se dedicaba a parcelar terrenos, como lo requieren las leyes para cometer ese delito."

Constructoras corruptas

En octubre 2001 se realizó la audiencia inicial contra 12 representantes de las empresas constructoras TERRATRACTO, COVELIRA y TERRYCOLA, a las cuales la Fiscalía general acusó del delito de falsedad ideológica, pidiendo una indemnización a favor del Estado por 51 millones de colones.

Dichas empresas presuntamente habían alterado sus estados financieros y los inventarios de su maquinaria para tomar ventaja en licitaciones de reconstrucción de carreteras convocadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía presentó ante el juez 12o. de Paz, Mario Mira Montes, balances donde se evidenciaban las alteraciones, este consideró que las pruebas eran insuficientes y resolvió el sobreseimiento provisional en favor de los imputados.

El negocio del arroz: evasión de impuestos y tráficos de influencias

En marzo 2001, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores de Arroz (ASALBAR) y la Arrocera San Francisco, demandaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Economía por permitir la triangulación de arroz y la evasión de impuestos.

Según la demanda, la empresa "Arrocera Los Corrales" de Guatemala habría introducido al país arroz estadounidense, haciéndolo pasar por guatemalteco y aprovechando de la exención de impuestos que aplica a los granos centroamericanos. Si el arroz hubiera sido estadounidense la empresa guatemalteca hubiera pagado un 35% de impuestos.

Según se conoció, desde 1998 dichas gremiales y empresas vienen interponiendo recursos administrativos por este caso.

Se sospecha que este caso es una manifestación pública de los conflictos entre grupos empresariales y el tráfico de influencias para evadir el pago de los aranceles de importación que por años han gozado de la protección gubernamental.

Millonaria defraudación en Oriente

El abogado Óscar Geofredo Carranza Posada, conocido en el oriente del país como "El Pacho", está acusado ser el responsable de la mayor defraudación financiera ocurrida en esa zona. Según la Unidad de Procuración de la Fiscalía en San Miguel, unas 50 personas se han presentado a denunciar al abogado, y se presume que el monto de la defraudación podría superar los 50 millones de colones.

Carranza Posada comenzó a captar fondos del público en 1986, para lo cual creó tres sociedades: Inversiones Carranza, Bufette Carranza Posada y Vásquez Carranza. Carranza ofrecía a los depositantes intereses que oscilaban entre el 18 y 24 por ciento anual. Los préstamos eran a cambio de garantías hipotecarias, que el mismo Carranza notariaba, y que en algunos casos, según las denuncias, a pesar que las personas pagaran la deuda, el abogado señalado procedía a hacer los embargos.

En diciembre, una fuente de La Prensa Gráfica, cercana a la familia de Carranza, explicó que el abogado ofrecía costosas fiestas en honor de diputados legislativos y magistrados de la CSJ y que las autoridades estaban enteradas de las operaciones fraudulentas del abogado, pero que nadie se atrevió a denunciarlo o a investigarlo.

Actualmente las sociedades de Carranza han sido desautorizadas para captar fondos por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Por su parte, la jueza Segundo de lo Civil de San Miguel, María Esther Ferrufino de Parada, giró una orden judicial, a petición de la SSF por medio de la Fiscalía, para embargar los bienes de Carranza y congelar sus cuentas bancarias y las de su hijo, Óscar David Carranza Vásquez, aunque al parecer los fondos ya fueron retirados de los bancos con anticipación por los imputados.

Químicas Aliadas/Central de Licores: muertes y evasión de impuestos

El Instituto de Medicina Legal anunció que en julio 2001 que habían muerto, por intoxicación con metanol, 15 personas en la zona occidental del país. En octubre 2000, otras 128 personas murieron por la misma causa. En ese época se vinculó a las empresas Químicas Aliadas y Central de Licores como las responsables de haber vendido aguardiente adulterado con metanol. También estas empresas fueron señaladas por fabricar alcohol bebible y camuflajearlo luego como producto farmacéutico para evadir hasta un 30% en impuestos.

La empresa química y la licorera se unieron en junio 2000, bajo el control de la misma persona, Óscar Alberto Ramírez Smith, quien fungía como presidente de Químicas Aliadas (creada en 1977) y administrador de la Central de Licores. Desde febrero 1997, la Central de Licores había sido manejada por Ramírez Smith - quien se sospecha huyó del país luego del escándalo -, como administrador único y Patricia Beatriz Panzacchi de Ramírez (suplente).

Con las nuevas muertes por intoxicación metílica, los medios de comunicación retomaron el tema y preguntaron a la Fiscalía cuál es el estado de las investigaciones sobre las muertes y la evasión fiscal. La Fiscalía respondió que aún no tiene resultados ni responsables debido a "lo complejo del caso".

Corrupción en la "sociedad civil"

Politizando a las organizaciones de la sociedad civil

Una las características más notorias de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña -ONGs, gremios profesionales, sindicatos, universidades, etc.- es su politización. Muchas fueran creadas o funcionan para servir a los intereses de un partido político, captar fondos u ofrecer empleos a sus militantes. Otras han sido utilizadas por individuos con aspiraciones políticas para mantenerse en la luz pública y ganar un puesto público.

Por eso, estas organizaciones han desnaturalizado sus fines dejando de servir a las comunidades a las que se deben, o se han aprovechado de estas comunidades para ganar votantes. Además, en estas organizaciones la afiliación partidista usualmente es exigida a sus miembros y no cuentan con mecanismos para depurarse internamente.

Una muestra de esta situación la protagonizaron la Asociación de Abogados de Sonsonate y los ex-diputados Kirio Waldo Salgado y Arturo Argumedo. Ellos, después de ofrecer una conferencia pública en un evento organizado por esa Asociación el 16 de junio 2001, solicitaron ser miembros de la gremial e ipso facto fueron aceptados y juramentados por su presidenta, Kattia María Castro. Asistentes al evento cuestionaron que se haya utilizado la actividad para darle relevancia pública a la incorporación de estos ex-diputados a la Asociación. Cabe mencionar que ni Salgado ni Argumedo residen en el departamento de Sonsonate.

[Para otros ejemplos, consultar el ensayo "Un camino difícil: las iniciativas anticorrupción de la sociedad civil salvadoreña" sobre la corrupción en la anticorrupción salvadoreña: http://www.probidad.org/ediciones/009/art10.html publicado en la Edición 9 (julio-agosto 2000) de la Revista Probidad.]

¿Corrupción en la Cruz Roja?

A finales de noviembre 2001, Fredy Armando López Molina, presidente de la Cruz Roja de San Vicente, declaró la existencia de un faltante de más de 18 mil dólares destinados para la ayuda a los damnificados por los terremotos. También reportó la pérdida de equipo de oficina y de comunicaciones. El presunto responsable de los faltantes de dinero y de equipo es Antonio Ramírez Carranza, ex-presidente de esa seccional. Una auditoría preliminar comprobó un faltante y el extravío de equipo de la filial. Supuestamente habrá una segunda auditoría para verificar el faltante.

Ex-paramilitares: Protagonistas de estafas y cobros ilegales

Directivos de dos organizaciones que aglutinan a los ex-paramilitares que sirvieron al gobierno durante el pasado conflicto armado - el Partido Acción Nacional (PAN) y la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS) - fueron acusados del delito de estafa según el cual habrían estafado a varios miembros de APROAS con 300 colones por persona con la promesa de conseguirles un crédito de 15 mil colones.

Gustavo Rogelio Salinas, Adán Crespín García, Carlos Antonio Cortés y José Alberto Guzmán, directivos de PAN, y Santos Isabel Tino Gutiérrez, Alfredo Cruz García, Felipe Campos y Agustín Flores, de APROAS, están acusados del delito de estafa. En marzo, se realizó la audiencia contra los nueve imputados, pero no se decreto su detención, quedando en libertad condicional mientras esperan una resolución definitiva.

En 2000, dirigentes de APROAS declararon que el gobierno le entregó a sus miembros dos mil colones a cada uno, diez millones de colones en total, para que votaran en las elecciones de marzo/1999 por el candidato del partido gobernante, el actual presidente, Francisco Flores. La posición del gobierno, desmentida por APROAS, fue que los beneficiados eran afectados del huracán Mitch. Hasta la fecha el gobierno no ha investigado si APROAS, una asociación de ex paramilitares, es una organización legal, si sus miembros son agricultores, si fueron afectados por el Mitch y si el dinero fue recibido en concepto de una indemnización o de una compra de votos.

Falta de Transparencia

Las organizaciones de la sociedad salvadoreña - ONGs, gremios profesionales, universidades, iglesias, etc. - típicamente no rinden cuentas; no difunden información sobre la identidad, antecedentes profesionales, nexos políticos ni solvencia moral de sus fundadores, socios y dirigentes; y no generan otra tipo de información necesaria para enterarse de los fondos que reciben y su origen, cómo fueron asignados y gastados en actividades específicas, ni para medir su transparencia, ética y desempeño. Quizás por esto, la participación de estas organizaciones en la anticorrupción salvadoreña ha sido muy mínima.

Terremotos: Anomalías en la distribución de la asistencia humanitaria

Todavía no se conoce el destino final de las donaciones relacionadas al huracán Mitch de 1998. Solamente se sabe de la realización de varias obras de infraestructura y del "caso APROAS". Referente a este último, el gobierno erogó 10 millones de colones a una asociación de ex paramilitares (APROAS) haciéndolos pasar por damnificados. APROAS dijo que no fueron afectados y que el dinero les fue entregado a cambio de sus votos en favor del partido gobernante en las elecciones presidenciales de 1999. Hasta la fecha, el gobierno no ha mostrado interés en rendir cuentas por el uso de la ayuda humanitaria y de reconstrucción, ni por aclarar las denuncias de corrupción con relación a ella, tales como el caso APROAS.

En 2001, El Salvador fue víctima de destructivos terremotos el 13 de enero (7.6 - 7.9, escala Richter) y el 13 de febrero (6.6, escala Richter). Entre y después de esas fechas se han registrado más de 7,000 sismos, algunos con magnitudes mayores a los 5.0 grados en la escala de Ritcher.

Hasta la fecha ni el gobierno ni otros receptores y distribuidores de la asistencia humanitaria - como organizaciones de la sociedad civil e iglesias - han rendido cuentas para que la ciudadanía conozca cuál fue el valor total de la asistencia humanitaria recibida y cómo fue utilizada. Aunque varios donantes internacionales promueven la transparencia y ética en sus ponencias, en la práctica, por lo menos en El Salvador, no hay evidencia que cumplan con sus estándares ni que exijan a los receptores de su ayuda que los cumplan.

La falta de transparencia gubernamental

Un día después del primer terremoto el Presidente de la República, Francisco Flores, formó la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), la cual tuvo a su cargo el manejo de la ayuda humanitaria. Sus integrantes fueron: el primer Designado a la Presidencia, Roberto Murray Meza; la ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia B. de Avila; y el presidente Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán.

La Prensa Gráfica reportó el 17 de enero que CONASOL había contratado a dos firmas de auditoría para garantizar la correcta recepción y distribución de la asistencia humanitaria. Según CONASOL, Peat Marwick se encargaría de los bienes y Pricewaterhouse de los fondos. Los informes de auditoría de las citadas firmas no han sido hechos del conocimiento público. En abril, El Diario de Hoy reportó que los donativos recibidos por CONASOL sobrepasaron los cuatro millones 600 mil dólares. Esa fue la única información que se tuvo al respecto. En mayo el ente fiscalizador del Estado, la Corte de Cuentas, presentó un informe, por el período del 15 al 31 de enero 2001, avalando la gestión financiera de CONASOL: "los estados financieros presentan, razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos recibidos, costos incurridos y las disponibilidades a la fecha". El informe no especificó qué cantidad de dinero recibió CONASOL ni cómo lo utilizó, ni información sobre el resto del tiempo en que funcionó esa comisión.

El Presidente de la República también conformó una comisión para manejar las ayudas económicas que el país recibiera. Dicha comisión quedó integrada por el entonces Ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, el presidente del Banco Central de Reserva, Rafael Barraza, el director de ABANSA (la asociación de bancos), Claudio de Rosa, y el empresario Ricardo Hill. Nunca se conoció públicamente del trabajo de esta comisión.

A inicios de marzo, durante la reunión del Grupo Consultivo de Donantes, en Madrid, el secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboud, anunció la creación de una contraloría social para asegurar el buen uso de las donaciones. Según reportó El Diario de Hoy, entre los principios para fiscalizar la ayuda, Daboud anunció "libertades para que los periodistas fiscalicen, si lo desean, los planes de reconstrucción". Esa promesa nunca se concretizó.

También en marzo Miguel Angel Simán, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), dijo que el proceso de entrega de la asistencia humanitaria había sido "transparente", que habían contratado a una empresa de auditoría para supervisar el uso que hagan de los fondos destinados a las alcaldías y que señalaría legal y públicamente las anormalidades. Sin embargo, hasta la fecha no se ha visto informes de FISDL sobre cuáles municipios han recibido fondos, recursos y servicios y cómo los han ocupado, y menos aún, sobre las irregularidades.

A principios de septiembre, en un programa radial en California, el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, confirmó que la Corte de Cuentas y una firma de auditoría estuvieron a cargo de la fiscalización de la asistencia humanitaria y que el gobierno ha habilitado un sitio en Internet para dar cuenta de cómo se manejo la asistencia humanitaria recibida. El reportaje no indicó la dirección donde se encuentra el referido sitio web.

A la fecha los únicos sitios gubernamentales con información sobre el manejo de la ayuda recibida en ocasión de los terremotos son:

Sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores\ http://www.rree.gob.sv/sitio/sitio.nsf/pages/HomePage13Febrero2001

Sitio web del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local\ http://www.fisdl.gob.sv/fis_static/paginas/wcon_emergencia3.htm

La información que contienen es incompleta y desactualizada.

En diciembre 2001, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció que donará \$57 millones más a El Salvador para un total de \$167 millones en concepto de ayuda por los terremotos. Según un reportaje por El Diario de Hoy, Andrew Natsios, administrador de USAID, "expresó que AID se encarga de verificar que el gasto del dinero se haga de la manera correcta. ? En el país no ha encontrado ninguna anormalidad". No se sabe cómo USAID está controlando estos fondos, aunque algunos refieren que lo hace a través de la Corte de Cuentas, el ente fiscalizador que no goza de credibilidad en el país.

Encuestas de CID-GALLUP

El 30 de mayo, El Diario de Hoy hizo públicos los resultados de la última consulta efectuada por la empresa CID-GALLUP. En ella se confirma la falta de credibilidad de los partidos políticos y que el manejo de la asistencia humanitaria, incluyendo su politización por los partidos políticos, está cuestionado y vinculado con la falta de ética y transparencia de todos políticos salvadoreños a nivel nacional y municipal. Algunos de los resultados más importantes incluieron:

Una gran parte de los salvadoreños entrevistados consideró que el gobierno del presidente Francisco Flores no había manejado con transparencia el destino de la ayuda internacional que llegó al país tras los terremotos de enero y febrero pasados.

La mitad de la población adulta, independiente de cualquier variable sociodemográfica, manifestó tener dudas sobre la honestidad y transparencia con que ha sido utilizada la asistencia que se recibió por parte de países amigos.

La mitad de la población adulta encuestada tuvo desde leves a grandes dudas, en cuanto a la honestidad y transparencia en el manejo de la ayuda internacional que llegó al país.

Un 51 por ciento del universo consideraron que los alcaldes politizaron la entrega de la ayuda internacional, especialmente los alcaldes pertenecientes a ARENA y el FMLN.

El 65 por ciento de los encuestados por CID-Gallup no apoyó a ningún partido. ARENA, a pesar de bajar cuatro puntos, sigue a la cabeza de las preferencias, con 19. El FMLN bajó de 15 a 10 puntos.

Una cantidad importante estaría dispuesta a abandonar el país. Opinan que tras los terremotos, la situación se está poniendo más difícil en el país, por lo que el 46 por ciento de los encuestados muestra un claro interés.

En octubre 2001, El Diario de Hoy reportó los resultados de otra encuesta de Gallup, realizada entre el 10 y 16 de octubre. Sobre la asistencia humanitaria, "cuatro de cada diez personas encuestadas consideró que la ayuda se ha manejado con honradez. El 7 por ciento consideró que se ha hecho \'más o menos\' con alguna honradez. Mientras tanto, el 44 por ciento afirma que esas contribuciones se manejaron con poca o ninguna honradez".

La politización en la entrega de la ayuda

Hubo muchas denuncias y críticas hacia los partidos, por haberse aprovechado de la ayuda humanitaria para favorecer a sus partidarios o promover sus agendas políticas. Entre otras se mencionaron:

En enero, La Prensa Gráfica observó en Cojutepeque (Cuscatlán) a vehículos adornados con las banderas del FMLN y de ARENA repartiendo víveres.

En San Francisco Javier (Usulután), vecinos del lugar acusaron al alcalde Alberto Alejo (ARENA) de dar ayuda únicamente a sus partidarios.

En Tecoluca (San Vicente) los vecinos señalaron al alcalde, Carlos Cortez, por favorecer a los miembros del FMLN.

Pobladores de Zacatecoluca (La Paz) acusaron al concejo municipal, del partido de izquierda FMLN, de desviar las donaciones recibidas a otros municipios controlados por dicho partido. El alcalde de esa localidad, Italo Agustín Orellana, negó los señalamientos, los cuales según él, tienen motivaciones políticas.

Por su parte Carlos Antonio Luna Pozo de ARENA, alcalde de Alegría (Usulután) acusó a los alcaldes de los poblados vecinos de Santiago de María, Mercedes Umaña y Berlín, de estar aprovechando la crisis en favor de sus intereses políticos. Estos alcaldes brindaron asistencia a algunas comunidades de Alegría, lo que según Luna Pozo, era por ganar adeptos para las próximas elecciones.

En mayo damnificados de Ahuachapan acusaron a la alcaldía, controlada por el FMLN, de haber beneficiado a las personas a su partido. Autoridades de la alcaldía explicaron que hubo más de 7,000 viviendas dañadas, pero que el FISDL solo consideró 4 mil.

También en mayo afectados de San Juan Nonualco de La Paz denunciaron la alcaldesa María Inés Miranda de Ayala (PDC) por no ocupar los donativos como fueron destinados y por favorecer "sólo a sus amigos" y a los partidarios del PCN.

Además, durante ese mismo mes el Concejo Municipal de Nahuizalco (FMLN) en Sonsonate decidió separar de su cargo al alcalde, José Carlos Estrada Hernández, acusado de actos de corrupción. Entre las irregularidades de las que se acusó a Estrada Hernández se encuentra haber erogado 200 mil colones para ayudar a los afectados por el terremoto, a pesar de que el Concejo Municipal solo autorizó 100 mil. Además, según los denunciantes, en este caso el gasto real fue de 86 mil colones. Por la misma causa también fue destituido el secretario municipal, Walter Cardona. A pesar de la decisión del Concejo Municipal, Estrada Hernández continua hasta la fecha ejerciendo su cargo y se desconoce si la Corte de Cuentas y la Fiscalía han investigado las denuncias.

En julio pobladores de San Julián (Sonsonate), denunciaron al concejo municipal de esa localidad, al que acusaron de beneficiar únicamente a los seguidores de los partidos FMLN y PDC con la asignación de terrenos para la construcción de viviendas. En ese municipio se construirían 400 casas para los damnificados, gracias al apoyo de la comunidad internacional.

En agosto unos pobladores de Apaneca (Ahuachapán) denunciaron al concejo municipal (ARENA) de esa localidad, de adjudicar sin sorteo lotes en la colonia Regalo de Dios, destinada a beneficiar a los afectados por los terremotos ocurridos a inicios del año. Los denunciantes también aseguraron que dos de las concejales, Blanca Bessy Pérez y Arely Ruiz, se habían apropiado de varios lotes usando nombres de sus parientes. El alcalde municipal, Osmín Antonio Guzmán, desmintió los señalamientos pero no aclaró en que forma habían sido adjudicados los lotes.

A inicios de febrero 2001 se reportó que en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había al menos 160 denuncias contra alcaldes por el mal uso de la ayuda para los damnificados. No se sabe cuántas más recibió ni si la PDDH investigó dichas denuncias ni cuáles fueron las resoluciones.

Otras anomalías en el uso de las donaciones

Como ejemplo de otras irregularidades denunciadas:

Hubo un hurto de donativos para los damnificados en el municipio de Monte San Juan (Cuscatlán) en el mes de febrero. Un cateo por la PNC de las casas de seis miembros del Concejo Municipal resultó en el hallazgo de víveres y otras donaciones para los afectados del terremoto. El alcalde, Lucas García Campos, manifestó que todo fue un mal entendido: "Un grupo de jóvenes de un comité, bien organizado, decidieron trasladar esos donativos a una casa particular, debido a que la humedad los estaba arruinando", aclaró el edil.

En febrero miembros de la Asociación Pro Desarrollo Integral de Tenancingo (Cuscatlán) denunciaron al Concejo Municipal de esa localidad por haber tomado ayuda - de dos camiones que llegaron a repartir víveres y laminas - "para politizar a la población". Según la asociación, el municipio no sufrió daños.

En Santa María Ostuma, el militar retirado Cnel. Aquilino Díaz Hernández acusó públicamente al párroco de la localidad, José Roberto González, de robarse 305 mil colones que CONCULTURA le entregó para reparar los daños sufridos por el templo a causa de los terremotos. Por su parte, el sacerdote González desmintió los señalamientos y procedió a denunciar ante el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca a Hernández Díaz por el delito de calumnias. No sabe si algún ente gubernamental, como la Corte de Cuentas o la Fiscalía, están investigando este hecho para determinar si efectivamente ocurrió el robo de fondos.

Caso los militares venezolanos y la comunidad de Comasagua: No ha sido muy clara la razón por la cual el gobierno salvadoreño pidió a la delegación venezolana, que se encontraba apoyando los esfuerzos de reconstrucción en Comasagua, que abandonara el país, decisión que tuvo que rectificar ante el cuestionamiento de los medios de comunicación y el reclamo de los mismos pobladores de Comasagua. Muchos están de acuerdo con el diario virtual El Faro que: "Más parece, en realidad, que la decisión de retirar a los venezolanos de Comasagua obedeció a malos cálculos influenciados por una combinación de política interna y presiones de Washington, ansiosa de bajar el perfil del mandatario bolivariano".

En noviembre 2001 Fredy Armando López Molina, presidente de la Cruz Roja de San Vicente, declaró la existencia de un faltante de más de 18 mil dólares destinados para la ayuda a los damnificados por los terremotos. También reportó la perdida de equipo de oficina y de comunicaciones. El presunto responsable de los faltantes de dinero y de equipo es Antonio Ramírez Carranza, ex-presidente de esa seccional. Carranza por su parte desmintió los señalamientos y declaró tener la documentación que comprueba el uso de los fondos.

La responsabilidad del gobierno en los daños

Ha faltado interés en los medios de comunicación por investigar las vinculaciones entre el gobierno, los constructores y sus gremios profesionales, vinculaciones a las que se atribuye el no cumplimiento de la normativa antisísmica en las construcciones y la concesión de permisos para urbanizar en zonas protegidas o de alto riesgo. Hubo pocos casos que fueron reportados, entre ellos:

Sobre las construcciones en La Libertad, uno de los departamentos más afectados por los terremotos y el más poblado, desde 1998 ha habido un pleito jurídico alrededor de la Cordillera de El Bálsamo, área con alto riesgo de derrumbes, para que sea declarada una "Zona de Protección Ecológica y Reserva Forestal". Empresas de construcción como la del ex viceministro de Vivienda, Hans Bodewig, han transformado la cordillera en proyectos de viviendas para personas de clase alta. En el caso de Posada Magaña Constructores (POSAMACO), fue favorecida por un fallo jurídico y la alcaldía de Santa Tecla fue condenada por entorpecer la venta de casas que cuestan más de 500 mil colones.

Las Colinas es una urbanización de La Libertad donde hubo la mayor concentración de muertos y daños por el primer terremoto. Un propietario de casa, entrevistado por El Diario de Hoy en enero 2001, observó: "Nosotros, como habitantes de la colonia, denunciamos en muchas ocasiones el daño del cerro por las construcciones que se hacían en la parte alta... Arriba había como cinco residencias, cada una con su piscina. Se habían construido muchas calles de acceso y hace como un año se estuvieron escuchando explosiones. Todo eso fue deteriorando el terreno y nosotros lo denunciamos en varias ocasiones. No hicieron caso". En octubre 2001 habitantes de "Las Colinas" mostraron un mapa de riesgos de 1996, elaborado por el Viceministerio de Vivienda, donde se declaraba a esa zona de "alto peligro de derrumbes". Sin embargo el ente estatal nunca tomó medidas para alertar, prevenir y controlar los riesgos. Los sobrevivientes de esa comunidad, con el respaldo de una organización de la sociedad civil, FESPAD presentaron una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber permitido la urbanización de la zona.

En marzo la constructora La Fortuna demandó judicialmente al alcalde de Santa Ana, Orlando Mena Delgado, por obstaculizar un proyecto de urbanización en dicha localidad. Los vecinos se quejaron que con los terremotos la tierra se había aflojado y que temen derrumbes. Los representantes de la constructora afirman que tienen los permisos legales y que la paralización de la obra les ha ocasionado pérdidas por más seis millones de colones.

Vecinos de los condominios Montecristo, en el municipio de Mejicanos, denunciaron que sus edificios fueron construidos sin columnas de soporte por la empresa I.P.Q. Constructores. Dichos edificios quedaron inhabitables con los terremotos.

Productos de exportación: Corruptos salvadoreños en el extranjero

El caso Llort

El salvadoreño José Armando Llort Quiteño, ex-presidente del banco gubernamental guatemalteco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y amigo del Presidente Portillo quien lo nombró a ese cargo, está acusado de malos manejos administrativos y financieros. En abril, la Revista de la Cámara de Industria de Guatemala reportó que Llort "desvió fondos del banco estatal para empresas suyas y de sus amigos, en un monto calculado en más de 45 millones de quetzales. Según el Superintendente de Bancos, Douglas Borja, el CHN otorgó 80 sobregiros para beneficiar a empresas vinculadas a directivos del CHN".

Además, Llort ha sido denunciado en Guatemala y por organizaciones internacionales de ser el autor intelectual de amenazas a muerte en contra de la editora y varios periodistas del matutino elPeriódico que habían reportado sobre sus actos de corrupción en el CHN y sus vínculos con el el Presidente Portillo. Miembros del partido gobernante también fueron señalados por sus ataques contra el diario.

Ya que Llort debió haber declarado en los tribunales del vecino país el 17 de julio, pero no se presentó, el Juzgado Quinto dictó orden de captura contra él. Esta no ha sido ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) y hay temor de que haya abandonado Guatemala.

Mario Villatoro

La primera semana de enero fue detenido en Costa Rica el salvadoreño Mario Villatoro Jiménez, dueño de una cadena de tiendas, acusado de evadir cerca de 943 mil dólares en impuestos a través del contrabando de mercaderías procedentes de Panamá.

Las autoridades han dicho que Villatoro es una lo principales evasores del fisco en ese país y hasta el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, expresó su satisfacción por la captura.

Salvadoreños que ayudaron a terroristas

Desde finales de los años 70s, cuando los salvadoreños comenzaron huir fuera del país para evitar ser víctimas la guerra civil y luego cuando las razones económicas motivaron su salida, la obtención y uso de documentos falsos en El Salvador y en otros países, como los Estados Unidos, ha sido común para muchos de estos inmigrantes.

Tras los acontecimientos terroristas de 11 septiembre, las autoridades estadounidenses han estado investigando por lo menos cuatro salvadoreños presuntamente vinculados con terroristas. Según la agencia noticiera EFE, una "está relacionada con un médico jordano presuntamente involucrado en los atentados contra el Pentágono y el Centro Mundial de Comercio, en Nueva York". Luis Martínez Flores y Víctor López Flores fueron acusados por un tribunal de Alejandría, Virginia, de conseguir documentos falsos para dos terroristas que estrellaron un avión en el Pentágono. No se conoce la identidad de los otros salvadoreños investigados por el FBI.

Vicecónsul destituido

En octubre 2001 el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la destitución como Vicecónsul en Lona Island (Nueva York) de Dinamo Gutiérrez Guirola, a quien se le atribuye haber ordenado la elaboración de pasaportes sin autorización de esa dependencia. Esta semana la Ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila, confirmó que tanto su dependencia como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, están investigando a Gutiérrez Guirola, quien aunque ya no funge como funcionario diplomático sigue siendo empleado de esa dependencia.

Corrupción y el terrorismo

Unas investigaciones realizadas por los medios de comunicación revelaron una serie de irregularidades en las que se implicaba a entes gubernamentales y fortalecía las sospechas sobre los vínculos entre algunos salvadoreños con terroristas internacionales.

Se cree que Luis Posada Carriles, Ricardo Caballo y otros individuos y organizaciones criminales internacionales tuvieron una relación estrecha con los escuadrones de la muerte salvadoreños - y con sus patrocinadores de la élite económica - que aterrorizaron al país desde los años 70 hasta los Acuerdos de Paz (1992) y por esto han tenido facilidades para operar desde El Salvador.

También muchos consideran que el tratamiento de los casos Talleres Moldtrok y SERTRACEN por parte de los medios y del gobierno fue limitado por personas y grupos a quienes no les conviene que los vínculos y las actividades oscuras de estas empresas sean revelados.

Talleres Moldtrok

El contrabando de municiones

Un cargamento de municiones, propiedad de Talleres Moldtrok, una fabricante y distribuidor de maquinaria agroindustrial, fue decomisado el 7 marzo. Las municiones procedían de Bilbao (España) e ingresaron en el occidente del país por la frontera de Angiatú, de donde tuvieron que haber sido llevadas a la Aduana Terrestre de San Bartoleo, en San Salvador, para la respectiva inspección fiscal y el pago del arancel de importación. En su lugar el cargamento fue descubierto en las instalaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Desde que el cargamento ingresó al país tuvo que haber sido custodiado por la PNC, tal como lo manda la ley, sin embargo eso no ocurrió.

Parte del cargamento sería vendido a la ANSP gracias a una licitación en que Talleres Moldtrok había resultado favorecido. La empresa, que actuó como representante en El Salvador de la firma española Trust Gibar, participó en la licitación sin contar con autorización para la importación de armas y municiones ni con depósitos especiales para su resguardo. Algunas fuentes de la ANSP declararon que Talleres Moldtrok presentó a Vetement Tropical, dedicada a la confección de ropa, como la empresa importadora. Vetement Tropical sí contaba con autorización para importar armas y municiones y según el propietario Orlando Chaín llevaban tres años haciendo este tipo de transacciones con Talleres Moldtrok.

Hugo Granadino, ex-director de la ANSP, dijo que no investigó si Talleres Moldtrok podía importar municiones porque la compra supuestamente fue local, es decir con existencias en el país. Luego el contrato de compra fue cancelado porque la empresa no cumplió con el plazo de entrega. Sin embargo nunca se aclaró por qué Rodolfo Majano, ex subdirector de la ANSP, ordenó que el cargamento de municiones fuera llevado a las instalaciones de la Academia, sin que Talleres Moldtrok hubiera pagado los impuestos.

En marzo 2001, La Prensa Gráfica consultó el Registro de Comercio, si Distribuidora Moldtrok S.A. de C.V. y Outdoors Vetament Tropical S.A. de C. V. estaban registradas. La respuesta fue que estas sociedades anónimas no existen.

Vinculación de Talleres Moldtrok con Posada Carriles

Talleres Moldtrok fue vinculada por el gobierno de Cuba con Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo y de preparar un atentado contra el presidente de ese país. Ramón Sanfeliú, el principal propietario de Talleres Moldtrock, admitió conocer a Posada Carriles desde 1986, aunque negó cualquier vínculo con sus actividades delictivas, y declaró que lo conoció por medio del coronel Luis Orlando Rodríguez, asesor de la embajada estadounidense.

Ante la relación entre Senfeliú y Posada Carriles, Cuba expresó que desde la pasada administración presidencial de Armando Calderón Sol, había entregado información al gobierno salvadoreño para investigar a Posada Carriles, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta. En marzo 2001, el ministro de Seguridad Pública, Francisco Bertrand Galindo, afirmó que desde noviembre 2000 el Presidente de la República, Francisco Flores, había ordenado abrir una investigación, pero se negó a dar más información. Se esperaba que dichas investigaciones fueran sobre las actividades terroristas y vínculos de Posada Carriles en El Salvador, sin embargo las mismas solo se limitaron a determinar la forma en que obtuvo documentos de identidad salvadoreños. En mayo, Bertrand Galindo declaró que el caso estaba oficialmente cerrado.

Según informes de la CIA, el anticastrista y terrorista internacional Luis Posada Carriles habría llegado a El Salvador en 1986 para participar en una operación de trasiego de armas a la Contra Nicaragüense desde la base militar de Ilopango. Posada Carriles fue capturado en Panamá en noviembre 2000, cuando llegó a ese país procedente de El Salvador y con un pasaporte salvadoreño.

El proceso judicial

En abril 2001 la Fiscalía presentó un requerimiento pidiendo la detención de Ramón Sanfeliú; Iván Pastor Cruz y Benjamín Roberto Aparicio, subadministrador y contador vista respectivamente de la Aduana Aérea de Comalapa; y Oscar Antonio Romero y Juan Manuel Marroquín, administrador y contador vista de la aduana terrestre de Anguiatú. Los delitos que se les imputaban eran contrabando de mercadería y falsedad documental agravada. Sanfeliú también fue acusado de evadir 300 mil 107 colones en impuestos.

Además, por el delito de contrabando de mercadería la Fiscalía pidió el procesamiento de cuatro empleados de la ANSP: Yolanda de Magaña, jefa de adquisiciones; José Antonio Girón, motorista; Henry Fino, asesor legal del director y del comité de compras; y Arístides García, subjefe de adquisiciones.

En abril 2001 un juez interino de Ilopango, Ernesto Benítez, anuló la audiencia inicial contra los nueve imputados en este caso, argumentando que los defensores no habían tenido acceso a las diligencias realizadas por la Fiscalía cuando, según el fiscal, él mismo había ordenado que estas se dieran a conocer hasta el día en que se realizara la audiencia.

El 24 de mayo la jueza de paz de Ilopango, María Delma Zelada, resolvió el sobreseimiento definitivo contra los nuevos imputados, argumentando que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de los delitos señalados. En julio 2001 un tribunal de apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo en favor de los imputados.

Cuando las acciones legales ya habían finalizado, se conoció que tres funcionarios de la ANSP fueron destituidos de su cargo por su involucramiento en este caso. Antes de que la destitución tuviera efecto, Henry Paul Fino (asesor legal) y Yolanda Margarita Canales (jefe de adquisiciones) interpusieron su renuncia.

SERTRACEN - Ricardo Caballo

El gobierno salvadoreño no ha mostrado interés en investigar los nexos en el país del ex-militar argentino Ricardo Caballo, detenido en México en agosto/2000 bajo cargos de genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Caballo es socio de la empresa argentina Talsud, que a su vez era socia de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN), la empresa que está encargada en El Salvador del registro vehicular, la emisión de licencias de conducir y la distribución de placas. SERTRACEN también fue una de las dos empresas calificadas en la apertura de ofertas económicas para manejar el registro de armas en el año 2000.Cavallo es hermano del gerente general de SERTRACEN, Óscar Eduardo Caballo.

En México, después de la captura de Caballo, el gobierno intervino la empresa que este administraba, el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), y fueron requisados sus registros y derechos - según reportó el semanario Proceso - con el propósito de "resguardar la seguridad de vehículos, usuarios e información confidencial ante los malos manejos administrativos detectados". El secretario de Economía de México, Ernesto Derbez, confirmó que el registro de vehículos pasaría nuevamente bajo control y administración del Estado y declaró que: "No permitiremos que el involucramiento de un criminal internacional, como Ricardo Miguel Caballo, se repita jamás dentro de un organismo con información propiedad de los mexicanos".

A inicios de junio 2001, diputados de oposición en la Asamblea Legislativa acordaron investigar los contratos o convenios a través de los cuales el gobierno salvadoreño otorgó a SERTRACEN el registro de vehículos y de licencias de conducir. Aunque anteriormente la Asamblea Legislativa le había pedido al Órgano Ejecutivo que le enviara los contratos o convenios con SERTRACEN, está petición había sido desatendida. Por su lado, el FMLN solicitó al ministro de Hacienda, Juan José Daboub, que informara a la Asamblea Legislativa sobre los criterios que su utilizaron para otorgar a SERTRACEN la prestación el servicio de cobro de las nuevas placas de vehículos. Hasta la fecha no hay ningún resultado de estas investigaciones.

Ese mismo mes, el vicepresidente de SERTRACEN, Roberto Siegrist, anunció que en diciembre 2000 Talsud transfirió sus acciones a otros inversionista y rompió su vínculo con SERTRACEN. En ese momento, según el de comercio, los directivos de SERTRACEN eran: Juan José Borja Papini, presidente; Roberto Armando Siegrist, vicepresidente-secretario; José Ernesto Borja Papini, director; suplentes: Francisco Manuel Borja Rodríguez; Arturo Argüello Oertel; Julia Margarita Borja de González y Graciela Lucía Diego de Siegrist.

Aunque otros países han realizado investigaciones de los negocios de Caballo, aquí en El Salvador se muestra poca voluntad de aclarar cómo SERTRACEN ganó las licitaciones para implementar los registros de tránsito, quiénes participaron en el comité que seleccionó a esta empresa y cuáles son sus vínculos con personalidades salvadoreñas.

De la mano con la corrupción: Lavado de dinero, contrabando y tráfico de drogas

Casos en la Fiscalía

Aunque judicialmente solo se ha conocido de dos casos de lavado de dinero en el país, el jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía, Nelson Mena, encargada de investigar este delito, declaró, sin dar mayores detalles, que para finales de mayo su unidad procesaba entre 90 y 100 casos, asociados principalmente con el narcotráfico y los secuestros.

En el mes de julio 2001, por primera vez en la historia del país, la Fiscalía General anunció que estaba investigando unos 50 casos de funcionarios públicos presuntamente vinculados con el lavado de dinero proveniente de actos de corrupción y actividades de narcotráfico. Aún no se sabe cuando la Fiscalía concluirá las investigaciones y presentará los casos ante los tribunales.

\$30, 000 en billetes falsos

En enero 2001 la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revocó la detención de Edin Orlando Pimentel Guardado, por el delito de lavado de dinero, aunque el acusado estuvo detenido por el delito de falsificación de moneda. Pimentel Guardado fue capturado después de cambiar 30 mil dólares falsos en un banco.

Nelson Mena, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, señaló falta de capacidad de los magistrados de la Cámara para manejar estos casos y afirmó la complejidad de estos delitos y la dificultad de probar este tipo de hechos requieren conocimientos especiales. Para fines de octubre la Fiscalía presentó ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación, para que se revise el proceso mediante el cual se exoneró de responsabilidad penal a Pimentel, por considerar que el tribunal respectivo aplicó incorrectamente la Ley Contra el Lavado de Dinero y no valoró apropiadamente las pruebas presentadas.

Dinero de Guatemala

En un presunto caso de lavado de dinero, la Policía decomisó el 16 de agosto una maleta con 319 mil 110 dólares durante la inspección a un autobús procedente de Guatemala. Se sospecha que la maleta era transportada por Manuel Antonio Gómez Alvarado, de nacionalidad guatemalteca, quien huyó del lugar.

Caso Guth Zapata

Guth Zapata fue asesinado en septiembre de 1996 y se ha sospechado que su homicidio estuvo vinculado con una estafa millonaria a la casa de cambio Lafise y con el lavado de dólares en El Salvador y en Miami. En febrero 2001, el juez Roberto Arévalo Ortuño ordenó el caso fuera archivado por falta de pruebas para establecer quienes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen.

El juez Arévalo Orduño cuestionó el papel de la Fiscalía en las investigaciones quien declaró para La Prensa Gráfica que "la investigación fue pobre e incapaz de establecer la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales."

Este caso se suma a la larga lista de procesos que quedan sin resolver en el sistema judicial salvadoreño.

Contrabando en la zona oriental

En enero 2001 La Prensa Gráfica publicó que el Departamento de Investigación Judicial, a través de un auditoría correspondiente al período 1996-2000, realizada en los tribunales de Santa Rosa de Lima (Morazán), había descubierto "serias anomalías" en procesos donde estaban implicados contrabandistas. La investigación fue realizada debido a múltiples denuncias hechas por la población.

La Prensa Gráfica a través de un extenso reportaje en febrero mostró cómo operan las bandas de contrabandistas en el oriente del país y los vínculos que tienen con policías, fiscales y jueces. Una fuente de la Fiscalía declaró que son bandas que tenían contactos en Aduana, en la Policía y en otras instituciones públicas.

El reportaje señalaba la carencia de recursos humanos y logísticos en los puestos de la Policía y Fiscalía en la zona. Por ejemplo la Fiscalía contaba con 6 fiscales para procesar todos los casos de contrabando en el oriente del país y la policía contaba con solo dos vehículos para vigilar la zona fronteriza de El Amatillo.

Cercanos a la frontera de El Amatillo se encuentran sin vigilancia al menos cinco zonas donde pasa el contrabando: Las Pilas, El Tablón, El Volcancito, Piedras Brancas y El Conchal.

Se sabe que en el terretorio salvadoreño los contrabandistas van acompañados de escoltas que los previenen de retenes policiales. También hay comerciantes en Santa Rosa de Lima y pueblos cercanos, donde los comerciantes locales ayudan a los contrabandistas a legalizar fraudulentamente sus mercancías, principalmente los productos lácteos, haciéndolos pasar como producidos en el país.

En mayo 2001, se abrió un proceso judicial contra tres imputados acusados de contrabando: Juan José Umanzor, Noé Vásquez y Carlos Lazo en la zona de Santa Rosa de Lima. En el caso de Umanzor, fue capturado en posesión de 2 mil 492 bultos de ropa, cuyo valor supera los 10 millones de colones, ingresados ilegalmente al país en 9 furgones. A pesar de la magnitud del delito y la evidencia, el juez de la causa lo dejó en libertad provisional. Por su parte, cientos de comerciantes, incluyendo a la alcaldesa de la localidad, acompañaron a Umanzor en la audiencia, sosteniendo su inocencia.

Contrabando de cigarrillos

En mayo 2001 La Prensa Gráfica reportó sobre supuestas pérdidas que sufrirían las compañías de cigarrillos en el país a causa del contrabando. Según el reportaje, unos 20 millones de cajetillas de cigarrillos al año, que representan un 35 por ciento del consumo, estarían entrando ilegalmente al país. La evasión fiscal por esta causa podría ascender a 72 millones de colones por año.

El representante local de British American Tobacco, distribuidora de la marca Delta, afirmó que sus ventas habrían decaído en un 55 por ciento, mientras que Philip Morris, distribuidora de Malboro, solo reporta un 5 por ciento de reducción en sus ventas. Según los empresarios, los impuestos en los países vecinos son más bajos y eso estimula el contrabando.

Lamentablemente La Prensa Gráfica omitió hacer mención de investigaciones recientes, que han sido ampliamente conocidas a nivel internacional, en las cuales las mismas empresas British American Tobacco y Philip Morris han sido señaladas de ser las responsables del contrabando de cigarrillos, la evasión fiscal y sobornos a funcionarios públicos. Según las denuncias, estas tabacaleras acostumbran introducir ilegalmente cigarrillos en los países como parte de su guerra comercial y para obtener mayores ganancias fruto de la evasión fiscal.

Grandes mafias

Con el decomiso de 8 toneladas de cocaína en Estado Unidos, en el que se capturaron a ocho nicaragüenses, un salvadoreño y un ucraniano, se confirmaron las advertencias de la INTERPOL sobre la operación en la región centroamericana de mafias provenientes de la ex Unión Soviética, vinculadas a los narcotraficantes del cartel de Calí. Gerson Pérez, jefe de la División Antinarcotráfico (DAN), declaró que: "El Salvador no escapa de lo que pueden estar haciendo las mafias rusas y coreanas, que están operando desde el año pasado en América Central".

El barco donde se transportaba la droga decomisada, "Siempre Amigos", estuvo en el puerto salvadoreño de Acajutla en noviembre 1999. En esa oportunidad, un barco que lo remolcó, el "Kastor", derramó aceite diesel en el puerto, combustible que según el jefe de la DAN, fue pagado por la empresa salvadoreña Prestomar. Por el derrame fueron procesados y luego absueltos el nicaragüense Pedro Pablo Gómez Trejos, representante de Pesca Export, propietaria de los dos barcos, y Roger Fabián Vargas Urbina, capitán del "Kastor". Se sabe que el juez del caso previno en más de una oportunidad a los fiscales de la Unidad de Medio Ambiente de Santa Ana, Héctor Ulises Munguía y Ricardo Alberto Hernández, para subsanar deficiencias en el proceso. Los fiscales niegan haber actuado con negligencia. También, según reportajes de La Prensa Gráfica, se conoció que ambos barcos, originalmente de bandera beliceña, fueron comprados en El Salvador a la empresa panameña Consorcio Naviero Albatros Internacional.

Puente de drogas

Un reportaje de agosto 2000 de La Prensa Gráfica reveló que cada año, 600 toneladas de cocaína de Sudamérica llegan a los mercados estadounidenses. El Salvador ha servido como puente para el narcotráfico. Se transportan unas 10 toneladas de cocaína por El Salvador a través de lanchas, aviones y vehículos.

En abril 2001 se conocieron reportes de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) que señalan que las playas La Chepona y El Espino funcionan como centros de reabastecimiento para lanchas rápidas que llevan droga de Colombia a Manzanillo (México). Asegura que el puerto de Acajutla es utilizado para abastecimiento de combustible. A pesar de esto, un miembro de la División Antinarcóticos de la PNC declaró que no cuentan con embarcaciones para vigilar estas zonas y dar persecución a los narcotraficantes

El subjefe de la División Antinarcóticos (DAN) de la PCN, subcomisionado Hernán Pérez, declaró que dicha unidad tiene operativos en 79 puestos fronterizos por donde se cree ingresa la droga a El Salvador. Según él una parte de la droga ingresada, que va con destino a los Estados Unidos, es comercializada en el país.

El mercado local de la droga

Supuestamente una tonelada de droga es consumida en el mercado local cada año.

Al respecto, El Diario de Hoy reportó cómo en la ciudad de San Miguel, al oriente del país, es fácil comprar droga:

"Los distribuidores de estas sustancias la venden con tranquilidad a personas de todas las edades. Los menores de edad son sus favoritos. El "crack", el preferido. El parque David J. Guzmán es una de esas zonas ideales para las transacciones. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Paz y el Palacio Municipal son testigos mudos de ese comercio ilegal.

Otras zonas que figuran en los listados de los consumidores migueleños son la terminal de buses, la línea férrea, La Presita, la Milagro de la Paz, o Curruncha, en la calle que conduce a la colonia España y el Triángulo (a la entrada de la ciudad), entre otras."

Solamente en el área metropolitana de San Salvador, los investigadores antinarcóticos han identificado más de 100 puestos de venta de cocaína, marihuana, heroína y crack, entre ellos: el Hoyo en el Barrio Santa Anita; la Fortaleza; las cuatro Tutunichapas; sectores inmediatos al cementerio La Bermeja; Montemaría en la colonia Escalón; el barrio San Esteban; la colonia Miranda en San Antonio Abad; la Zona Rosa y algunas discotecas.

Como una muestra de que el tráfico y consumo de drogas ha crecido en el país, el 23 de diciembre la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó varios decomisos, valorados en más de 89 mil colones, en operativos antidrogas realizados en distintos puntos del país. Según La Prensa Gráfica:

En San Francisco Gotera (Morazán) la Policía le decomisó a una persona, de nombre Rudy Vladimir M., tres libras y media de marihuana y dos porciones de crack, valoradas en 18 mil colones.

En la frontera de La Hachadura (Santa Ana) fue detenido Dimas Rubún M. P. con 36 libras de marihuana, valoradas en 36 mil colones. Este sujeto había sido detenido también en marzo por vender cuatro libras de droga.

En Santa Ana, a Zoila Esperanza R. le fueron decomisadas seis pastillas de crack, valoradas en 34 mil 232 colones.

En la colonia El Triunfo (Mejicanos), a Gilder Alberto B.S. se le decomisaron 52 porciones de marihuana y 135 piedras de crack, valoradas en mil 500 colones.

Respaldo antidrogas de los EEUU

En febrero 2001 se conoció un acuerdo con los Estados Unidos, a través del cual El Salvador recibirá tres millones de dólares para fortalecer a los entes encargados de enfrentar el narcotráfico. El Diario de Hoy reportó que el dinero se utilizará en "la compra de equipo para la búsqueda, detección e interdicción de narcóticos, así como la mejora de las comunicaciones internas y el entrenamiento especializado para la Policía,Fiscalía, y el Sistema Judicial. "

La actual embajadora de Estados Unidos en Colombia y ex-embajadora ante El Salvador, Anne Patterson, declaró que su país dará a El Salvador 3 millones de dólares provenientes del presupuesto aprobado - de mil 300 millones de dólares- por Washignton para el Plan Colombia. Dicho Plan busca erradicar el 50% de los cultivos de coca y amapola en Colombia en los próximos cinco años.

En julio 2001, el director de la PNC, Mauricio Sandoval, anunció el fortalecimiento de las investigaciones antinarcóticos de la institución policial y el aumento de los patrullajes en conocidos centros de distribución. Sandoval se comprometió a presentar resultados concretos entre agosto y septiembre de este año. Según él, "aún cuando puede haber resultados iniciales, éstos son menores, pero a medida que se va avanzando en el tiempo, se va profundizando y vamos ir agarrando \'peces más gordos\'".

Violencia, armas y corrupción

La violencia y la corrupción tienen muchas raíces, manifestaciones e impactos en común como el individualismo y el desinterés por los demás y en el bienestar del país, la impunidad, la desintegración de los valores y otros patrones culturales negativos.

Estudio de la Fundación Arias

A finales de noviembre 2001 fue divulgado un estudio preparado por la Fundación Arias (Costa Rica) en el que se señaló que Guatemala y El Salvador "tienen las tasas de homicidios más altas del mundo" debido a alto número de armas de fuego que se encuentran de manera ilegal en manos particulares. Según la Fundación, en Centroamérica hay unos dos millones de armas ilegales. También señaló que "en Centroamérica es sencillo evadir uno o más requisitos para obtener un permiso para portar armas, sea por amistad o por soborno. Inclusive, en algunos países un solo permiso sirve para portar tres o cinco armas a la vez".

La violencia de la impunidad

Como la violencia, la corrupción en El Salvador es omnipresente. Estudios internacionales han señalado que El Salvador es el país más violento que no está en guerra. Juan José Daltón se refirió a este tema en su columna, escribiendo: "... como lo han dicho muchos especialistas en la materia de Derechos Humanos, esta violencia delincuencial y social tiene antecedentes en la impunidad en que quedaron los crímenes que se cometieron en la guerra; además cuenta la fragilidad de nuestro sistema de justicia, que está plagado de corrupción y cruzado por el crimen organizado, tal como lo demuestran abogados narcotraficantes o traficantes de personas; jueces, fiscales y policías sobornables. La lista pudiera ser interminable."

La violencia de la pobreza y las desigualdades

El 15 de octubre 2001, CNN reportó que 50,000 salvadoreños enfrentan hambre, que 1 de cada 5 padece de malnutrición, relación que en las zonas rurales se eleva a 3 de cada 5. Cabe recordar que en julio 2001, las Naciones Unidas publicó su informe sobre desarrollo humano en El Salvador, que señaló que el 50% de la población recibe ingresos inferiores al costo de la canasta básica; que los sismos de este año dejaron más de 225.000 nuevos pobres; que unas 164.000 viviendas quedaron inhabitables; que el 40% de los establecimientos de salud fueron afectados; y que más del 30% de los centros educativos públicos sufrieron graves daños.

El reportaje de CNN resaltó también que El Salvador presenta una de las desigualdades más altas del mundo en la distribución del ingreso: "El 20% más rico de la población percibe, en promedio, ingresos 18 veces más altos que el 20% de los más pobres. En los países de alto desarrollo humano, dicha relación es solamente de cinco veces\'\'.

Fallos judiciales

Caso BFA-El Carmen: En diciembre 2001 el juez Quinto de Instrucción, Edward Sidney Blanco, confirmó la detención provisional -decretada una semana anterior por otro juez- contra Raúl García Prieto, Enrique Rais y Héctor Cristiani, quienes son procesados por el delito de defraudación a la economía pública, y denegó la petición de libertad condicional en favor este último, interpuesta por sus abogados. Además se ha giró una orden de captura contra el ex-gerente del BFA, Juan Martínez Menéndez. También en diciembre, la Cámara Segunda de lo Penal ratificó la orden de detención provisional en contra de los imputados, decretada el 29 de noviembre por la Jueza Quinto de Paz, María Margarita Reyes. Mientras tanto, Luis Omar Cruz, Ruth Elizabeth Salazar, Ricardo Rivera Villalta y Raúl Esteban Castellón, también implicados en el caso, seguirán bajo libertad condicional.

Caso de los Casinos: En octubre 2001, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la decisión de la Alcaldía de San Salvador para cerrar los casinos Bingo de París, Izalco\'s Video y Tropicana. La Fiscalía declaró en noviembre que los referidos casinos ya no estaban funcionando. Sin embargo El Diario de Hoy reportó en diciembre que al menos dos de esos casinos habían reabierto en desacato a la resolución judicial y sin que la Alcaldía, la Fiscalía o la Asamblea Legislativa (que estudia una propuesta de ley sobre la materia) hicieran algo para hacer cumplir el fallo de la CSJ.

Caso Constructoras Corruptas: Las empresas constructoras TERRATRACTO, COVELIRA y TERRYCOLA, fueron acusadas por la Fiscalía General del delito de falsedad ideológica, que pidió una indemnización a favor del Estado por 51 millones de colones. Dichas empresas presuntamente habrían alterado sus estados financieros y los inventarios de su maquinaria para tomar ventaja en licitaciones de reconstrucción de carreteras convocadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). A pesar de que la Fiscalía presentó ante el juez 12o. de Paz, Mario Mira Montes, balances donde se evidenciaban las alteraciones, este consideró que las pruebas eran insuficientes y resolvió, en octubre 2001, el sobreseimiento provisional a favor de los imputados.

Caso Contrabando: En mayo, se abrió un proceso judicial contra tres imputados acusados de contrabando: Juan José Umanzor, Noé Vásquez y Carlos Lazo, en la zona de Santa Rosa de Lima. En el caso de Umanzor, fue capturado en posesión de 2 mil 492 bultos de ropa, cuyo valor supera los 10 millones de colones, ingresados ilegalmente al país en 9 furgones.

A pesar de la magnitud del delito y la evidencia, el juez de la causa lo dejó en libertad provisional en mayo 2001. Por su parte, cientos de comerciantes, incluyendo a la alcaldesa de la localidad, acompañaron a Umanzor en la audiencia, sosteniendo su inocencia.

Caso Crediclub: En junio 1997 se detectó una estafa por más de 10 millones de dólares en la empresa Crediclub. En septiembre 2000, el Juez 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, anunció que la Fiscalía General no presentó suficientes pruebas para sustanciar los delitos de estafa y defraudación a la economía pública en Crediclub. En febrero 2001, una cámara de segunda instancia sobreseyó en forma definitiva a los implicados en este caso.

Caso FEDEFUT: Este caso consiste en numerosos actos de corrupción involucrando a los ex-directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Durante una audiencia de mayo, la jueza Paula Patricia Velázquez se basó principalmente en el informe final de la Corte de Cuentas, es decir, en el que se desvanecieron 32 de los 35 millones de colones cuestionados, omitiendo otras investigaciones realizadas por auditores y fiscales. Como resultado decretó instrucción formal contra el ex-presidente de la FEDEFUT, Juan Torres, y el ex-directivo Fredy Barberena, por los delitos de peculado y administración fraudulenta respectivamente. Por otros delitos y a los demás imputados la jueza les resolvió el sobreseimiento. El 22 de noviembre, los ex-directivos Juan Torres, Pedro Joaquín Valencia, Fredy Vega, Guillermo Machón y Roger Barberena fueron exonerados por el juez primero de instrucción, Levis Italmir Orellana. Está vez el juez desestimó la prueba presentada por la Fiscalía y argumentó violación al debido proceso. Según el juzgador, la Fiscalía no podía emprender acciones contra los imputados sin tener un informe de indicios de responsabilidades penales emitido por el Presidente de la Corte de Cuentas. También en noviembre, la Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas exoneró a los implicados en el caso de la FEDEFUT de responsabilidad patrimonial. Dicha Cámara declaró "improponible" la demanda de la Fiscalía porque los documentos presentados fueron copias simples. La Fiscalía declaró que presentó los documentos en esa forma porque los originales habían sido presentados a la instancia penal.

Caso FINSEPRO/INSEPRO: Después de cuatro años de investigaciones, hubo un fallo en el caso del mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador. En junio 2001 los principales implicados en el caso, Roberto Mathies Hill y Mario Galdámez, fueron declarados inocentes por un tribunal de conciencia que ignoró las evidencias presentadas por la Fiscalía y el hecho aún más contundente, los mil trescientos millones de colones que hasta la fecha continúan desaparecidos. A raíz de este fallo Mathies Hill recobró su libertad el mismo día. Galdámez aún debe enfrentar otros nueve cargos de estafa, pero independiente de la resolución en estos casos pronto recobrará su libertad por beneficios que otorga a ley penal.

Caso Guth Zapata: El empresario Guth Zapata fue asesinado el 3 de septiembre de 1996. Siempre se sospechó que su homicidio estuvo vinculado con una estafa de 26 millones de colones a su casa de cambio Lafise y con el lavado de dinero en El Salvador y en Miami. En septiembre 2001 su caso fue declarado cerrado, porque nunca se logró establecer quienes fueron los responsables del crimen. En diciembre 2001, el juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, envió a la Fiscalía, para su investigación, una certificación de la declaración del abogado Francisco Esquivel, quien estuvo procesado por la estafa y luego fue exonerado, donde afirma que la casa de cambios llevaba una doble contabilidad y que así lavaba dinero. La Fiscalía declaró que tiene un expediente abierto sobre el presunto lavado de dinero en Lafise, aunque no aclaró cuál es el estado de su investigación. El juez Arévalo Orduño también declaró improcedente la petición para considerar como imputado por la muerte de Guth Zapata al presidente de Lafise en Miami, Robert Zamora, debido a que el caso ya fue cerrado. Se tienen reportes que Zamora amenazó a través de correos electrónicos a Guth Zapata.

Casos Jueces Corruptos: En julio 2001 fue sobreseído definitivamente el ex-juez segundo de instrucción de la ciudad de Zacatecoluca, Eduardo Morales Martínez, quien estaba acusado del delito de peculado. Según la Fiscalía, el ex-juez se habría apropiado y cobrado 10 depósitos de fianzas. En las pruebas realizadas a las firmas en los documentos de cobro, no se pudo comprobar que estás fueran de Morales Martínez, aunque hubo varios testimonios de empleados de su tribunal que lo incriminaban.

Caso Lavado de Dinero: En enero 2001 la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revocó la detención de Edin Orlando Pimentel Guardado, por el delito de lavado de dinero, aunque el acusado estuvo detenido por el delito de falsificación de moneda. Pimentel Guardado fue capturado después de cambiar 30 mil dólares falsos en un banco. Este es el primer caso de lavado de dinero procesado por el sistema judicial salvadoreño.

Caso Talleres Moldtrok: Talleres Moldtrok, fabricante de maquinaria agroindustrial vinculada con Luis Posada Carriles, reconocido terrorista y traficante de armas, fue implicado en la importación de armas sin autorización que, según la empresa, iban a vender a la Academia Nacional de la Securidad Pública (ANSP). Los imputados incluyeron: Ramón Sanfeliú, uno de los propietarios de Talleres Moldtrock; Iván Pastor Cruz y Benjamín Roberto Aparicio, subadministrador y contador vista respectivamente de la Aduana Aérea de Comalapa; Oscar Antonio Romero y Juan Manuel Marroquín, administrador y contador vista de la aduana terrestre de Anguiatú; Yolanda de Magaña, jefa de adquisiciones de la ANSP; José Antonio Girón, motorista de la ANSP; Henry Fino, asesor legal del director y del comité de compras de la ANSP; y Arístides García, subjefe de adquisiciones de la ANSP.

En abril 2001 un juez interino de Ilopango, Ernesto Benítez, anuló la audiencia inicial contra los nueve imputados en este caso, argumentando que los defensores no habían tenido acceso a las diligencias realizadas por la Fiscalía cuando, según el fiscal, él mismo había ordenado que estas se dieran a conocer hasta el día en que se realizara la audiencia.

El 24 de mayo la jueza de paz de Ilopango, María Delma Zelada, resolvió el sobreseimiento definitivo contra los nueve imputados: En julio un tribunal de apelaciones ratificó la resolución de la jueza Zelada.

Cuando las acciones legales ya habían finalizado, se conoció que tres funcionarios de la ANSP fueron destituidos de su cargo por su involucramiento en este caso. Antes de que la destitución tuviera efecto, Henry Paul Fino (asesor legal) y Yolanda Margarita Canales (jefe de adquisiciones) interpusieron su renuncia.

Además, en relación a los involucrados en facilitar documentación falsa a Posada Carriles, el juez de paz de Tecapán resolvió en abril el sobreseímiento a Rafael Antonio Santos, párroco de esa ciudad, fallecido en junio 2000, y a Raúl Bermúdez Landaverde. El primero le extendió una fé de bautismo a Posada Carriles y el segundo le sirvió de testigo para que pudiera obtener fraudulentamente otros documentos de identidad personal salvadoreños.

Caso Títulos Falsos: En noviembre 2001 se produjo la primera derrota judicial para la Fiscalía en estos casos. El juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana, declaró inadmisible la acusación contra el juez de Paz de Suchitoto, Carlos Héctor Tobar Campos, y envió su caso al archivo. También el mismo juez resolvió el sobreseimiento provisional a favor del juez de Paz de Arcatao, José Luis Osorio Núñez, porque según él, la Fiscalía no sometió a peritajes la documentación presentada como prueba por lo que no se pudo establecer si efectivamente era falsa.

A fines de noviembre 2001 la Cámara Primero de lo Penal cambió de definitiva a provisional la exoneración de Manuel Chacón, uno de los señalados de tener títulos irregulares. Este abogado había sido sobreseido definitivamente por el Juzgado Primero de Paz, pero con la nueva resolución judicial la Fiscalía cuenta con un año adicional para recopilar más evidencias. Chacón es reconocido por actuar como defensor en casos controversiales, como el del Tnte. Rafael Coreas (acusado de robar un camión blindado), la matanza de "Valle Nuevo" y ahora con los implicados en el caso BFA-El Carmen. En diciembre el juez Orellana suspendió la audiencia preliminar contra Chacón quien ya había sido exonerado en forma definitiva anteriormente por otro tribunal. La Fiscalía apeló y la Cámara Primera de lo Penal resolvió cambiar el sobreseimiento de definitivo a provisional por el delito de uso de documentos falsos, con lo cual el caso volvió a primera instancia. El juez argumentó no haber recibido aún la resolución de la Cámara, suspendiendo en consecuencia la audiencia contra Chacón.

Iniciativas anticorrupción

Nombramiento del Fiscal Especial

Ante la resistencia de la CSJ para investigar los títulos fraudulentos, en marzo 2001 el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, en un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, decidió nombrar a un Fiscal Especial, figura que no se utilizaba desde hace 50 años, para investigar el caso. En el cargo designó a Roberto Vidales, miembro del Centro de Estudios Jurídicos, una de las organizaciones de la sociedad civil que más certera y duramente ha criticado la corrupción en el sistema judicial. Vidales identificó 2 mil 800 títulos sospechosos de los cuales, en tres meses de trabajo, investigó 819. Como resultado estableció que 169 abogados tenían títulos falsos u obtenidos irregularmente, entre los que se encontraban 14 jueces de primera instancia, 56 jueces de paz, 7 jueces suplentes y 12 fiscales.

Capacitación para aspirantes a jueces en CNJ

El Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ) anunció en mayo 2001 que los aspirantes a jueces deberán someterse a una capacitación de dos años para garantizar su calidad académica y ética.

Como una medida para garantizar la idoneidad profesional y ética de los futuros jueces el Consejo Nacional de la Judicatura ha iniciado un "Programa de Formación Inicial", que fue reconocido por el Centro de Estudios Jurídicos en su columna editorial:

"Recientemente, hemos conocido una iniciativa que ejecuta el Consejo Nacional de la Judicatura conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, con el afán de revertir el estado de cosas en que se encuentra el estamento judicial. Se trata de un nuevo sistema de aprendizaje teórico y práctico que se impartirá a los aspirantes a desempeñar el cargo de jueces, el sistema se denomina: Programa de Formación Inicial (PFI).

... Consideramos que el Programa de Formación Inicial es una de las mejores ideas que hemos visto en mucho tiempo por lo que debe dársele todo el apoyo necesario."

Nuevas gremios judiciales

Varias asociaciones fueron integradas en 2001 con el propósito de restituir la credibilidad en el sistema judicial salvadoreño, entre ellas Foro de Jueces Democráticos e Independientes, Jueces por la Democratización de la Justicia en El Salvador y el Movimiento de Jueces Democráticos de Morazán. Sobre estas asociaciones, Francisco Díaz, miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, escribió en su columna editorial que:

"Los objetivos de estos agrupamientos giran en torno a valores e ideales de primer orden semejantes: plena vigencia de la Constitución, los tratados internacionales y la ley; fortalecimiento de la administración de justicia y el Estado de Derecho; denuncia de la corrupción, el enriquecimiento ilícito y cualquier acto que obstruya la confianza en el Órgano Judicial; promoción de la dignidad, imparcialidad, independencia y respeto del juez; generación crítica y opinión en temas relacionados con la administración de justicia, y, siempre subordinadas a los anteriores, las reivindicaciones constitucionales de estabilidad, remuneración y nivel de vida acordes a la dignidad del cargo."

Depuración de la Policía

Desde el año anterior la Policía Nacional Civil ha estado realizando un proceso de depuración para separar de la institución a elementos implicados en faltas, delitos y corrupción. En el 2000 fueron separados 963 policías y en 2001, 124 más.

Depuración de la Fiscalía General

En el 2000 el Fiscal General, Belisario Artiga, decidió no renovar 40 contratos a fiscales y personal administrativo y resolvió la destitución de 14 fiscales. En el 2001, 63 empleados fueron sometidos al proceso de depuración, de los cuales 15 fueron confirmados en sus cargos, 11 aceptaron la destitución y 37 apelaron. De las apelaciones, el Tribunal de Apelaciones, una instancia especial creada para este proceso, solo ratificó la destitución para 13, decidiendo que los otros 24 fueran restituidos. También se conoció que durante el proceso de depuración varios fiscales habían presentado en forma voluntaria su renuncia, aunque no se reveló el número. Otros 50 fiscales fueron trasladados a diferentes puestos.

Iniciativa ciudadana por la transparencia electoral

En enero 2001, el Movimiento Independiente Pro Reformas Electorales (MIRE), que busca lograr mayor transparencia en el sistema electoral, propuso reducir el número de diputados de 84 a 37 y dividir los 262 municipios en distritos a los cuales corresponderían las candidaturas con personas residentes en sus comunidades para lograr una mejor representación. Asimismo han propuesto que se permitan las candidaturas independientes, es decir, sin partido político. Uno de sus miembros, Oscar Valdéz, dijo que mientras "nos gobiernan las cúpulas de los partidos, y los diputados se comportan como cualquier pistolero o borracho".

CSJ: Ahorrando los fondos públicos

En julio 2001 la Corte Suprema de Justicia anunció que durante el primer año de gestión de su titular, Agustín García Calderón, se habían ahorrado cinco millones de colones. El ahorro se produjo, entre otros rubros, al reducir las llamadas telefónicas al exterior y la suspensión de los viajes en primera clase de los magistrados cuando salen al exterior. García Calderón mencionó que con estos ahorros y economías de salarios comprarán computadoras para todos los tribunales.

Cabe mencionar que El Diario de Hoy, a través de un extenso reportaje en octubre 2001 expuso a los hallazgos de una auditoría realizada al Almacén Central del Órgano Judicial. En el informe correspondiente se señaló que la CSJ gastó 57 mil cuatrocientos cincuenta y cuatro colones, entre el 1ro. de enero y 30 de abril de este año, en bebidas alcohólicas y en comidas rápidas, de los cuales más de 28 mil colones fueron para la compra de vinos y licores. La Corte de Cuentas recomendó a los magistrados de la CSJ "abstenerse de requerir esta clase de compras que no contribuyen a los fines institucionales". El Diario de Hoy también reportó que en bebidas embriagantes la CSJ gasto durante 1999, 28 mil 960 colones y en el 2001, 94 mil 557 colones.

Siguiendo a los vehículos del Estado

En una acción ejemplar, en ocasión de las vacaciones de Semana Santa, José María Monterrey, ex-director de la Policía Nacional Civil, con el objeto de promover la denuncia ciudadana, ofreció un premio de cinco mil colones a la mejor fotografía de empleados públicos haciendo mal uso de los vehículos nacionales.

Otra iniciativa ciudadana ocurrió el domingo 4 de noviembre cuando fue visto el vehículo nacional placas N 6-111saliendo de la carretera que viene de la playa El Espino y llevando "maletines, envases con agua purificada, hieleras y otros objetos". Un ciudadano tomó fotografías del vehículo pero no pudo captar el logo de la institución a la que pertenece. El ciudadano avisó a La Prensa Gráfica del acto de corrupción y pidió a las autoridades investigar el caso.

El Grupo de Acción de Alto Nivel

En agosto 2001, representantes de la Fiscalía General, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva (BCR), el Centro Nacional de Registro (CNR), la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), acordaron conformar el Grupo de Acción de Alto Nivel, que tendrá por propósito coordinar acciones para enfrentar el lavado de dinero en el país.

Denunciando a los diputados irresponsables

En junio 2001, el jefe de fracción del partido ARENA, René Figueroa, dio un inusual ejemplo de rendición de cuentas al divulgar públicamente un informe sobre la asistencia de los diputados de su fracción a las reuniones de las comisiones legislativas. Con la salvedad de que algunos tienen conflictos de horarios por pertenecer a más de una comisión, el informe revela que los diputados Juan Duch, Hermes Flores, Gerardo Suvillaga, Milena Calderón de Escalón, Roberto Villatoro, Carlos Borja Letona, Agustín Calderón, Jesús Grande, Roberto d\'Abuisson, Norman Quijano y Mauricio López Parker, entre otros llevan entre 6 y 19 inasistencias en lo que va del año.

Alcaldías que rinden cuentas

Acajutla

El concejo municipal de Acajutla, departamento de Sonsonate, realizó el 23 de diciembre 2000 una rendición del uso de los fondos municipales durante ese año ante representantes de 209 comunidades de dicho municipio. El informe incluyó datos sobre los fondos municipales, donaciones recibidas del exterior y los salarios del alcalde y los concejales. Según reportó El Diario de Hoy el concejo municipal de Acajutla (CDU) "es el primero que ha rendido cuentas a la población como una forma de garantizar la transparencia".

La Reina

En agosto 2001 el concejo municipal de La Reina, Chalatenago, efectuó una rendición pública de cuentas, donde detalló ante los pobladores los fondos captados por la alcaldía y el uso de los mismos. Según el alcalde municipal, Salvador Rodríguez Valle (ARENA), los fondos han sido gastados en proyectos solicitados por los mismos ciudadanos.

San Salvador

A través de un editorial, publicado en El Diario de Hoy, el alcalde de San Salvador, Héctor Silva (FMLN), expuso los mecanismos que su administración ha adoptado para rendir cuentas sobre el uso de los fondos: "Al final de nuestro primer período 1997-2000, rendimos cuentas sobre el estado financiero durante una reunión especial del Concejo, abierta al público y a los periodistas. Lo hicimos al final del año 2000 y en el año 2001 lo hacemos cada trimestre. Y todos los informes son difundidos en la página web de la Alcaldía (www.amss.gob.sv), a fin de que puedan ser vistos por todos los ciudadanos que lo deseen."

Presentación de modelos de leyes de la OEA

El 11 de junio, delegados de la OEA estuvieron en el país para presentar cinco modelos de leyes que buscan desarrollar la Convención, que abarcan las siguientes materias: acceso a información, participación de la sociedad civil, regímenes disciplinarios y de conflictos de intereses para los servidores públicos, declaraciones de patrimonio y protección para quienes denuncien actos de corrupción. Para tal efecto, la Vicepresidencia de la República, con el apoyo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS) y la Universidad José Matías Delgado, está última vinculada con el partido gobernante, organizaron un evento donde hicieron su presentación los delegados de la OEA.

El evento fue cerrado al público y muchos de los participantes salieron después del almuerzo. No se sabe cuál va a ser el seguimiento de está actividad.

Actividades de Probidad

Actividades anticorrupción locales. En octubre 2001 Probidad arrancó su iniciativa "Concientización Anticorrupción Ciudadana", que resultó en la preparación y difusión de materiales informativos y de desarrollo anticorrupción y su difusión a través de Internet; un panel "Información vrs. Corrupción: Abriendo el acceso a la información pública en El Salvador" y otro "Transparencia e información pública en los municipios"; talleres con funcionarios municipales y líderes de comunidades; encuentros públicos con ciudadanos; además de la exploración de una alianza entre personas y organizaciones para coordinar esfuerzos e impulsar iniciativas efectivas de combate a la corrupción. También junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) facilitó los talleres "Control social de la gestión pública y privada", dirigido a líderes comunales de diferentes zonas del país, y "Transparencia e información en el sistema judicial", dirigido a periodistas que cubren las fuentes judiciales.

Probidad continuó con su monitoreo de denuncias y hallazgos de corrupción y de iniciativas anticorrupción; su recopilación diaria de artículos sobre la corrupción salvadoreña y en base a ellos, la preparación y difusión de sus resúmenes semanales y la Memoria Anual circulados por email e Internet; recibió denuncias sobre la corrupción y las canalizó a periodistas; y atendió consultas proporcionando información, contactos y recursos sobre la corrupción y la anticorrupción salvadoreña.

Actividades anticorrupción regionales. Probidad siguió con la publicación de las ediciones bimensuales de la Revista Probidad, nominada al premio internacional "Integridad 2000"; con el manejo de su Centro de Monitoreo, Recursos y Asesoría (PAL); y con la administración de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) que fue uno de 7 finalistas del premio internacional Betinho. También participó en varios encuentros y otras actividades en América Latina y Washington, D.C.

Propuestas de legislación

Código de ética legislativa

La Asamblea Legislativa ratificó a inicios de febrero 2001 un préstamo para si misma concedido por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), cuyo monto asciende a 3.5 millones de dólares. El préstamo contempla: la contratación de juristas para la elaboración de proyectos de un código de ética legislativa y un nuevo reglamento interno; una investigación para una ley de partidos políticos; y la implementación de un sistema electrónico de conteo de votos.

El Centro de Estudios Jurídicos en su editorial de 19 febrero, además de cuestionar las injustificadas y elevadas cifras que contempla el préstamo, señaló que:

"No es por medio de la emisión de un código de ética que los diputados van a mejorar su conducta y la imagen que de ellos tiene la ciudadanía y menos ocultar los instintos criminales que afloran bajo los efectos del alcohol.

El proyectado código de ética tampoco les ayudará a ocultar la forma en que "arreglan" los antejuicios, la falta de visión nacional de los problemas del país, la inconsistencia de las posiciones de muchos diputados, que sin explicación racional experimentan cambios radicales, la falta de civismo en las elecciones de segundo grado, y el reparto de las instituciones públicas entre los partidos políticos."

El texto del convenio de préstamo puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: http://www.iadb.org/exr/doc98/apr/es1203e.pdf

Con respecto a la propuesta de código de ética, a través de una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea conformaría un tribunal de honor, integrado por dos ex-diputados y un diputado propietario en funciones, cuyo propósito sería vigilar la vida pública y privada de los legisladores y sancionar las infracciones. Se prohibiría a los diputados, entre otros actos, aceptar regalos y recibir beneficios de franquicias. Además se consideraría como una falta el llegar tarde a las reuniones y plenarias. Entre otras reformas se prohibe a los diputados aprobar aumentos de salarios para si mismos, a excepción de que dichos incrementos sean para una futura legislatura, y se establecen fechas límites para llevar a cabo las elecciones de segundo grado. La Junta Directiva de la Asamblea sería la encargada de imponer las sanciones, que incluyen amonestaciones -verbales, escritas y públicas-, días sin goce de sueldo e inhabilitación para integrar misiones oficiales.

También la reforma abriría al público y a los medios de comunicación el acceso a toda la información y documentos en la Asamblea, algo indispensable para medir el desempeño del tribunal de honor y generar credibilidad en la reforma.

Reformas a la Ley de la Carrera Judicial

En mayo 2001, la CSJ presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar a la Ley de la Carrera Judicial, con la intención de imponer castigos más severos a los jueces involucrados en casos de corrupción. Entre los cambios propuestos se mencionan: la facultad para remover a los jueces que hayan sido suspendido dos o más veces dentro de un período de dos años; la ineptitud e ineficiencia, así como el abuso de autoridad, serán considerados causales de destitución; la presentación un título falso a simulado para ejercer la abogacía, también se considerará causal de destitución; y la incorporación de los jueces al sistema de vigilancia contra el enriquecimiento ilícito.

Esa ley continúa en estudio en la Asamblea Legislativa.

Leyes electorales y de partidos políticos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Mena Méndez (ARENA), anunció en agosto 2001 que el ente que dirige se encontraba preparando cuatro nuevas propuestas de leyes: Código Electoral, Ley para Ejercer el Sufragio, Ley Orgánica del TSE y Ley General de Partidos Políticos.

El TSE no ha proporcionado detalles sobre las propuestas ni ha indicado si el proceso de prepararación de los anteproyectos estará abierto a la participación de ciudadanos y de otros interesados.

Reformas a la ley contra el lavado de dinero

El encargado de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Nelson Mena, anunció este año que se está trabajando en una propuesta de reforma a los 4 y 5 de la Ley Anti-Lavado de Dinero, para que la descripción de este delito sea más técnica y clara.

La Convención Interamericana contra la Corrupción

El 29 de marzo de 1996 en Venezuela, el entonces presidente Armando Calderón Sol suscribió, junto a los demás mandatarios del Continente, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual fue ratificada por la Asamblea Legislativa el 26 de octubre de 1998.

La Convención es el principal instrumento jurídico a nivel regional para enfrentar la corrupción. En ella los Estados se obligaron a tipificar en su legislación delitos de corrupción y a implementar medidas preventivas que incluyen incorporar o revisar: las normas de conducta de los funcionarios y servidores públicos; los sistemas de contratación de personal, bienes y servicios; los sistemas para la declaración de patrimonio y su publicidad; eliminación de beneficios tributarios; protección a personas que denuncien actos de corrupción; transformación de los órganos superiores de control (Corte de Cuentas); medidas para impedir el soborno interno y transnacional; y mecanismos para facilitar la participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción.

A pesar que la Convención es una ley de la República, no hay ningún ente gubernamental encargado de coordinar, vigilar y evaluar su cumplimiento y las acciones de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial han reflejado muy poca voluntad para frenar la corrupción.

Desde el nombramiento en 1999 de José Eduardo Cáceres como jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos no han apoyado su propuesta para reformar la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que data de 1959. Tampoco han mostrado mayor interés por conocer y vigilar el seguimiento - o la ausencia del mismo - dado por la Corte de Cuentas y la Fiscalía General a las denuncias públicas y a los hallazgos de auditorías, ni han prestado atención a los fallos judiciales controversiales que perpetúan la tradición de impunidad.

Aunque la ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor, desde que fue creada en 1939, nunca ha sido auditada.

Mucho menos dan importancia al incumplimiento y la falta de integración de las reformas de la Corte de Cuentas y del sistema de administración financiera, que fueron aprobadas en 1995, ni a la ausencia de una relación respetuosa, colaboradora y productiva entre la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General, la Sección de Probidad y otros entes gubernamentales claves en la lucha contra la corrupción.

Desde que la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos fue aprobada en 1998, habían sido menos de 5 procesos judiciales por este delito y en ninguno se ha emitido sentencia.

Sobre la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, aprobada en 2000, no hay mecanismos para monitorear su aplicación ni información para evaluar su cumplimiento. En septiembre el Fiscal General, Belisario Artiga, declaró que las 262 alcaldías y 25 instituciones gubernamentales no han cumplido con dicha normativa.

La mayor parte de las disposiciones de la Ley del Servicio Civil - que data de 1961 y que regula entre otros aspectos los mecanismos para la selección, el ingreso, la permanencia y el retiro de la carrera administrativa y los deberes, derechos y obligaciones de los servidores públicos - especialmente en cuanto a los mecanismos para asegurar la idoneidad de los servidores públicos, no son conocidas ni se cumplen. Se sabe que entre 1994 y 1998, el Banco Mundial invirtió tiempo, una cantidad significativa de fondos y proporcionó consultores expertos y aún capacitaciones en el extranjero, para ayudar al Ministerio de Hacienda a desarrollar e implementar un nuevo sistema de Servicio Civil. El principal propósito era despolitizar el empleo público, garantizar la profesionalización e idoneidad de los empleados y mejorar la calidad y humanizar los servicios públicos.

Dentro del Código Penal se establecen 9 delitos de corrupción: peculado; peculado por culpa; concusión: negociaciones ilícitas; exacción; cohecho propio; cohecho impropio; malversación; y enriquecimiento ilícito. Hasta la fecha no se conoce de ningún caso en el que se hayan aplicado las penas establecidas en el Código Penal por los delitos de corrupción. Y existen numerosas conductas de corrupción que no están tipificadas como delitos o faltas y por esto, quedan en la impunidad.

Las propuestas de reformas que facilitarían un gobierno basado en estos valores han sido diluidas con la aprobación de versiones significativamente menos fuertes o con la falta de acciones para lograr su implementación o aplicación rigurosa y completa.

Reparto de las instituciones públicas entre los partidos políticos: En las elecciones legislativas de funcionarios de segundo grado, el mismo partido ha promovido candidatos que dan continuidad a la politización de la Fiscalía General, la Corte de Cuentas, instancias de justicia y otros entes gubernamentales cuya eficacia depende de su independencia partidista. Sin funcionarios capaces, que actúen sin nexos partidistas y con voluntad política, no se puede esperar una tenaz aplicación de la ley ni otro cumplimiento de convenciones anticorrupción y de antinarcoactividad

Dentro del Órgano Ejecutivo el único funcionario que la ha mencionado la CICC en sus declaraciones es el Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, quien a su vez está coordinando el establecimiento de un código y una oficina de ética en El Salvador.

Sobre este proyecto, además haber pasado más de dos años desde que el entonces candidato presidencial Francisco Flores lo prometiera, hay muchas dudas de que exista la voluntad real para exigir a los funcionarios el cumplimiento de normas éticas y menos aún, de imponer sanciones por su incumplimiento. Para muchos esto quedó demostrado con los casos Lacayo y Merino. En el primero, la prensa expuso como el Ministro de Economía ha favorecido a sus empresas con la exoneración de impuestos de importación. El presidente Flores defendió en todo momento al ministro Lacayo y ni siquiera investigó las denuncias contra él. Sobre el segundo, en diciembre se decidió conformar una subcomisión legislativa encargada de preparar un anteproyecto de código de ética parlamentaria, la cual desde su inicio fue desacreditada al anunciar que uno de sus miembros sería el diputado Francisco Merino, involucrado en varios de actos de corrupción y responsable de intento de homicidio tras haber herido de bala a una agente policial el año pasado.

El texto de la Convención se encuentran en:\ http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-58.html

Una Evaluación del Cumplimiento Salvadoreño de la\ Convención Interamericana Contra la Corrupción:\ Apuntando las Variables\ http://probidad.org/local/boletines/2001/020.html

Promesas

Asamblea Legislativa

Las promesas de Walter Araujo

Walter Araujo comienzó su gestión como presidente de la Asamblea Legislativa en mayo 2001.

Después aceptó que los gastos de viajes eran innecesarios o "superfluos". También confesó que la asignación de los diputados que viajan al exterior no se decidía por idoneidad, sino a través de cuotas que se le conceden a cada partido político representado en la Asamblea. Entre sus promesas se encuentran regular los viajes de los diputados al extranjero, evitar en estos viajes grupos numerosos de diputados o destinos turísticos, e igualar el salario entre directivos y diputados de la Asamblea. Para demostrar la reducción en los gastos de viaje, Araujo se ha comprometido a rendir un informe público. También ha anunciado que promoverá la incorporación de medidas, en el Reglamento Interno de la Asamblea, para regular los viajes al exterior, como por ejemplo que solo tres diputados puedan asistir a los viajes y que sean los que mas conozcan el tema a tratar. Algunos diputados expresaron su inconformidad con los planes del presidente de la Asamblea. Por ejemplo, Elizardo González Lovo, del PCN, declaró que "los viajes son uno de los pocos beneficios extras que tenemos, ¡y hoy Walter nos los quiere quitar! Ese argumento de austeridad no es válido". Hasta la fecha no se conoce de ninguna gestión de Araujo para regular los viajes al exterior.

En mayo 2001 Araujo anunció que donaría 4 mil 870 colones de su sueldo mensual a la Fundación "Techo para un Hermano". Con esto él desechó el compromiso público que asumió al tomar posesión de su cargo, de igualar su salario con el que devengan el resto de diputados, es decir, reducirlo en unos 15 mil colones.

También Aruajo prometió, al igual que lo hizo su antecesor, el pecenista Ciro Cruz Zepeda, darle prioridad a la auditoría que anualmente la Asamblea Legislativa debe realizarle a la Corte de Cuentas. La ley de 1995 de la Corte de Cuentas estipula que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de auditar al ente contralor. Sin embargo, desde su creación en 1939, la Corte de Cuentas nunca ha sido fiscalizada.

Además Aruajo se comprometió a dar más "apertura a los medios de comunicación para construir una gestión transparente, porque este estilo, sumado a la apertura ciudadana debe constituir el mecanismo que facilite la contraloría social por parte de la ciudadanía."

Comisión de Relaciones Exteriores

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores se comprometieron, para justificar sus viajes al exterior, a rendir un informe público ante los medios de comunicación de los resultados obtenidos en las misiones oficiales. Según los medios, no se sabe si la referida Comisión está cumpliendo esta promesa.

Rendición de cuentas sobre la asistencia humanitaria

Como se mencionó anteriormente en la sección "Terremotos: Anomalías en la distribución de la asistencia humanitaria" hubo numerosas promesas o pronunciamientos del Presidente de la República, de las comisiones que ha nombrado, de entes gubernamentales y de organizaciones internacionales que habría un control de la asistencia humanitaria.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), formada por el Presidente de la República, dijo que contrataría a dos empresas de auditoría para controlar las donaciones: Peat Marwick se encargaría de los bienes y Pricewaterhouse de los fondos. El Vice Presidente mencionó durante una entrevista en California que la Corte de Cuentas y una firma de auditoría estuvieron a cargo de la fiscalización de la asistencia humanitaria y que el gobierno ha habilitado un sitio en Internet para dar cuenta de cómo se manejo la asistencia humanitaria recibida. Entre otros, en marzo, durante la reunión del Grupo Consultivo de Donantes, en Madrid, el secretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboud, anunció la creación de una contraloría social para asegurar el buen uso de las donaciones y entre los principios para fiscalizar la ayuda, Daboud anunció "libertades para que los periodistas fiscalicen, si lo desean, los planes de reconstrucción".

Aparentemente, estas promesas nunca se concretizaron ya que hasta la fecha no se ha visto informes completos sobre quienes fueron los receptores de fondos, recursos y servicios y cómo los ocuparon.

Índice de Transparencia Internacional

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) y revelado en junio 2001, El Salvador ocupa este año el lugar 55 entre los 91 países analizados, lo que significa una caída de once posiciones en relación al índice del año pasado (44).

El puntaje obtenido por El Salvador fue de 3.6 dentro de una escala que califica con un máximo de 10 al país más transparente del mundo y con 1 al país donde se percibe que hay más corrupción en la administración pública. Entre otros países latinoamericanos, Bolivia fue el peor ubicado (se colocó en el lugar 84, con 2 puntos) y Chile fue el país mejor situado (en el 18, con 7.5).

Muchos critican el Índice porque es elaborado a partir de encuestas entre empresarios y analistas económicos o políticos - que muchas veces no son del país respectivo -, y por lo tanto no mide la percepción general de los ciudadanos. Además no considera otras formas de corrupción distintas al soborno que se dan en los países latinoamericanos, como: el uso vehículos, infraestructura y materiales propiedad del Estado para uso personal o partidista; la falta de controles e información y la apropiación indebida de la asistencia humanitaria; la censura publicitaria contra los medios que exponen la corrupción gubernamental; el trafico de influencias en las licitaciones y en el manejo de delitos y faltas; adjudicaciones a empresas cuyas juntas incluyen personas con antecedentes ilícitos; sobrepagos e incumplimientos de contratos en las obras públicas; y entre otras, el nepotismo en el empleo. Tampoco estas encuestas consideran la falta sistemática de seguimiento que deben dar los entes fiscalizadores a las denuncias y hallazgos de corrupción, ni las alarmantes incidencias de la impunidad.

A pesar de las limitantes del Índice, lo que queda debidamente aclarado al revisar la exposición y consideraciones que sobre el mismo hace TI, su principal valor reside en que ofrece a los países una oportunidad para reflexionar sobre el problema de la corrupción y la contribución que cada sector - gobierno, partidos políticos, empresas privadas, medios de comunicación, ONGs, universidades, iglesias y otros - hace para fomentarla/tolerarla ó bien para socavarla.

Lamentablemente en El Salvador la presentación de Indice pasó desapercibida, constituyéndose en el único país de Latinoamérica donde los medios de comunicación no le prestaron atención por la excepción de la publicación de dos opiniones, uno por Ricardo Cordova de la Fundación UNGO y otro por Probidad.

Libertad de expresión

El respeto y libre ejercicio de la libertad de expresión es una condición fundamental para facilitar el acceso a la información pública, proteger el periodismo investigativo y promover la denuncia pública y el debate crítico sobre los casos y actores de la corrupción. Sin embargo, en países como El Salvador, cuando los periodistas y medios de comunicación ejercen su papel fiscalizador muchas veces reciben a cambio amenazas o agresiones que buscan intimidarlos y socavar su labor.

Bloqueo a la información pública

La Constitución obliga al presidente, sus ministros y a otros funcionarios de elección secundaria a rendir informes de su gestión ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo los documentos que presentan, salvo el discurso del Presidente de la República, no son dados a conocer al público. Tampoco se sabe si la Asamblea Legislativa estudia dichos informes, o pide a la Corte de Cuentas una opinión sobre los mismos, para aprobarlos o desaprobarlos.

El Presidente de la República, Francisco Flores, ratificó el 24 de agosto 2000 la Declaración de Chapultepec, la que en 1994 había sido suscrita por su antecesor, Armando Calderón Sol. La Declaración de Chapultepec es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y entre sus principios, el número 3 establece que "Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información".

Sin embargo, en El Salvador la información gubernamental ha sido y continua siendo considerada por norma de carácter confidencial y hay leyes que establecen sanciones para los servidores públicos que rompan el secreto con que es manejada, como por ejemplo la Ley de la Corte de Cuentas: "Art. 107.- Sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal a que hubiere lugar, la Corte [de Cuentas] sancionará con multa, cuya cuantía se establecerá en las normas reglamentarias, según la gravedad de los casos, a los funcionarios o empleados del sector público que incurrieren en uno o más de los siguientes casos: ...15) No guardar la confidencialidad exigida por la Ley". También el artículo 324 del Código Penal tipifica como delito y castiga con prisión de seis meses a tres años a los funcionarios y empleados públicos que revelen o divulguen "hechos, actuaciones o documentos que debieran permanecer secretos".

Hubo numerosas críticas por parte de la prensa sobre el poco acceso a la información, entre ellas:

ENERO

En un reportaje del 11 enero titulado "Funcionarios tratan de imponer agenda a medios informativos", El Diario de Hoy denunció la actitud de algunos funcionarios, entre ellos el Fiscal General, Belisario Artiga, y la Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, Gladis de Borjas, quienes "evaden a los periodistas cuando no desean dar explicaciones sobre algún tema de interés público". Según El Diario de Hoy, funcionarios como estos "no se acostumbran a sus obligaciones de rendir cuentas a la sociedad que le paga con sus impuestos", y en el caso del Fiscal el referido medio señaló que a él "no le interesa hablar con los periodistas sobre otros temas que no son de su agrado, como el caso de Merino, Orlando Arévalo, su prima, las escuchas telefónicas y otros".

Entre el 14 al 20 de enero, la semana siguiente al primer terremoto, algunos medios de comunicación reportaron casos de censura sobre:

las cuestionables cifras de muertos y daños;

los nexos por la irresponsabilidad de los constructores de viviendas - quienes pertenecen a la élite económica salvadoreña y son afines al partido gobernante - y del gobierno - que no ha regulado sus prácticas de construir en zonas peligrosas o en otras que deben ser protegidas, ya que El Salvador es el país latinoamericano donde el medio ambiente ha sufrido la mayor tala de arboles; y

el pobre record del uso de la ayuda a los damnificados del terremoto de octubre 1986 y del huracán Mitch por el gobierno y el COEN, y los malos manejos por los terremotos de este año.

El 18 de enero, Noticiero " Hechos" de TVDoce se presentó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para demandar a la Secretaría de Información de la Presidencia por "el atropello y la clara violación a nuestro derecho de acceso a la información", un acción que había ocurrido un día antes cuando una representante de la referida Secretaría, Fermina Cárdenas, interrumpió a la periodista Milagro Vallecilos cuando esta quería hacer preguntas sobre el manejo de la asistencia humanitaria por la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL).

MARZO

En el artículo del 26 marzo, "Asamblea oculta información", La Prensa Gráfica reportó sobre los obstáculos que habían enfrentado sus periodistas para obtener la información de gastos en viajes al exterior de la Asamblea Legislativa. Entre los argumentos con que los diputados y empleados negaron y retardaron la entrega de información están algunas disposiciones legales que obstaculizan el libre acceso a la información pública, como el Reglamento de la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 214 dice: "Los funcionarios de la Administración Financiera tendrán la obligación de guardar reserva respecto de las operaciones realizadas a nivel institucional, como de la información a que tengan acceso en razón del cargo y no podrán divulgarla en tanto oficialmente lo determine la autoridad competente".

El 20 de marzo, en su artículo "Resurge iniciativa de LEY MORDAZA", El Diario de Hoy denunció propuestas para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, con las que se impondría a los diputados la obligación de guardar "la discreción debida con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones". Según El Diario de Hoy, "La medida afectaría, de manera directa, el derecho a la información que consagra la Constitución en su Artículo 6".

MAYO

El 05 de mayo La Prensa Gráfica señaló al Fiscal General, Belisario Artiga, por negarse a dar declaraciones a los periodistas. Según ese medio de comunicación el Fiscal desde el año pasado no había querido a concederle entrevistas.

JULIO

El periodista Juan José Daltón, denunció en su columna de La Prensa Gráfica al Coordinador general del FMLN, Fabio Castillo, por haber actuado con despotismo y rehuzar ofrecer información pedida durante una conferencia de prensa.

En su columna de El Diario de Hoy, Marvin Galeas, cuestionó al alcalde de San Salvador, Hector Silva (FMLN) por su actitud en el programa de televisión Frente a Frente donde "comenzó retando al entrevistador y cuestionando palabra por palabra sus preguntas. Esa entrada de fajador provocó que toda la entrevista transcurriera en un ambiente tenso, poco propicio para la libre fluidez de las ideas". Galeas reflexionó que: "... Algunos políticos viven aferrados a la obtusa idea de que son los medios de comunicación y los periodistas los que nos inventamos los problemas y desmadres internos que sufren los partidos... Hay una tercera y preocupante arista en este tema: la natural fobia de los intolerantes (de izquierda y derecha) a la prensa libre. Esa fobia explica el deseo de controlar a los medios".

OCTUBRE

El informe del fiscal especial Roberto Vidales, sobre los abogados cuestionados por títulos falsos, fue filtrado a los medios de comunicación la última semana de agosto. En octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó a la Fiscalía General de la República por inhibir el libre flujo de la información. Esto a raíz de declaraciones del Fiscal General, cuando anunció que investigaría quien era el responsable de filtrar a la prensa el informe de los títulos falsos.

La Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa realizó un foro donde se discutió la posibilidad de crear una ley para regular el contenido de los medios de comunicación, de cara a controlar los programas de violencia y fomentar los valores morales. Los asistentes al foro, que eran profesores universitarios y representes de APES, se pronunciaron en favor de una autoregulación o bien de un mecanismo de control con participación del gobierno, los medios y organizaciones de la sociedad civil.

La Prensa Gráfica denunció en la Asamblea General de la Sociedad Internamericana de Prensa (SIP), realizada entre el 12-16 de octubre, "dificultades que sus periodistas confrontan en oficinas públicas para acceder a la información en la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia". En el informe del evento se mencionó que: "En la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones de las diferentes salas del máximo tribunal son manipuladas por el jefe de comunicaciones, quien reparte a discreción las resoluciones a los medios de su conveniencia y ha expresado abiertamente su enojo con La Prensa Gráfica por lo que considera un \'mal trato\' a los magistrados de la Corte. Se refiere a críticas y reportajes que plantean deficiencias en la administración de justicia".

Fraude informativo: Caso del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia

En mayo La Prensa Gráfica, en su suplemento de periodismo investigativo "Enfoques", mostró cómo la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia llevó a cabo un fraude informativo junto a la mayoría de ministros del gobierno del presidente Flores. El fraude se cometió al contestar un cuestionario de 10 preguntas que La Prensa Gráfica había enviado a cada ministro para evaluar su trabajo y los logros del gobierno. Las sospechas del fraude surgieron cuando, al recibir contestadas las encuestas, las respuestas eran parecidas.

Carlos Perla, Presidente de ANDA, Juan Antonio Martínez Varela, ministro de Defensa, y Ana María Majano, ministra de Medio Ambiente, negaron que haya habido algún lineamiento o acuerdo entre los ministros para contestar en forma similar el cuestionario. Sobre las coincidencias, el ministro de Trabajo, Jorge Nieto, declaró que: "yo creo que eso responde a la unidad de criterio que se maneja en este equipo [de gobierno]".

Finalmente La Prensa Gráfica estableció que los ministros contestaron basándose en indicaciones del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Carlos Rosales, quien les envió el referido cuestionario ya contestado, con tres opciones posibles por cada pregunta y con el agravante - según La Prensa Gráfica - de que "todas [las respuestas] son evasivas y ambiguas".

La manipulación por parte del Secretario de Comunicaciones de la información que debían ofrecer los ministros y las declaraciones evidentemente falsas de algunos de estos, quienes negaron haber recibido lineamientos u la existencia de otro tipo de acuerdo para responder en forma similar, en otros países es considerado una falta grave y los responsables al menos están obligados a pedir disculpas públicas por su conducta. Sin embargo en este caso, ninguno de los implicados mostró vergüenza por su falta y el presidente Flores ignoró lo acontecido.

Demanda contra El Diario de Hoy

Desde 1999 el director y el gerente de información de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano y Lafitte Fernández respectivamente, venían enfrentando un proceso judicial bajo cargos de difamación. La demanda fue interpuesta por el coronel hondureño Leonidas Torres Arias, propietario de dos casinos en El Salvador, después de que ese matutino reportará sobre supuestos vínculos de Torres Arias con el narcotráfico internacional, basándose en informes del Senado estadounidense.

Al respecto, en un editorial publicado en marzo 2001 por El Diario de Hoy escribió que: "Es además un absurdo que no sean las "chiviaderas", los antros de vicio, los mafiosos que las operan, los daños que perpetran a la moral pública y a la salud mental del conglomerado las que estén enjuiciadas, sino los periodistas que investigan y exponen el resultado de sus averiguaciones. Los poderes públicos no se afligen por esto que se ha convertido en uno de los azotes de las familias salvadoreñas."

En julio, la demanda judicial fue retirada.

Las agresiones contra TVDoce

Con ocasión de los terremotos de enero y febrero 2001 se reportaron casos de censura sobre: las cuestionables cifras de muertos y daños; los nexos por la irresponsabilidad de los constructores de viviendas - quienes pertenecen a la élite económica salvadoreña y son afines al partido gobernante - y del gobierno - que no ha regulado sus prácticas de construir en zonas peligrosas o en otras que deben ser protegidas, como la Cordillera del Bálsamo; y el pobre record del uso de la ayuda a los damnificados del terremoto de octubre 1986 y del huracán Mitch, y los malos manejos actuales.

Entre los medios que dio amplia cobertura a estos temas fueron el canal 33 de la Universidad Tecnológica y el TVDoce. El último, que opera desde 1985, cuenta con espacios noticieros y de opinión que se han caracterizado por su apertura e independencia. Antes de la finalización del conflicto armado dio muestras de cómo los medios de comunicación debían negarse y resistir la censura y control oficial. Notables fueron los espacios que abrió entre 1994-1996 donde se denunciaron casos de corrupción, se respaldó a las nacientes iniciativas ciudadanas anticorrupción y se abordaron muy ampliamente estrategias y reformas para enfrentar la corrupción. Y durante 2001, con ocasión de los terremotos, se destacó al ofrecer espacios a los ciudadanos donde se podían hacer denuncias y quejas sobre la distribución de la asistencia humanitaria, los reportes de daños, la responsabilidad de los constructores y la politización de la tragedia, entre otros aspectos relevantes.

TVDoce ha sufrido represalias de sus anunciantes por sus reportajes sobre la corrupción (1994-1996) y sobre los terremotos y el uso de la asistencia humanitaria. El ahogamietno del que es víctima TVDoce muestra una tendencia de grupos empresariales y del gobierno a restringir la liberdad de expresión.

Ataques de otros medios

En enero 2001 El Diario de Hoy acusó a TVDoce de convertirse en "cómplices de una conjura para impedir que se socorra a El Salvador". Además, basándose en un video de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno en el que se observa un vehículo de ese canal transportando a damnificados, El Diario de Hoy señaló a TVDoce de estar montando reportajes: "los reporteros del Canal recogen en sus vehículos a mujeres y niños de villas marginales en la periferia de San Salvador, las llevan al recinto de la Feria y allí arman las patéticas escenas."

Por más de un mes el matutino atacaba en sus editoriales a TVDoce por sus reportajes críticos del manejo de la asistencia humanitaria. Unos canales televisivos y cadenas radiales oficialistas también participaron en la campaña de desprestigio contra el canal. Por ejemplo, un grupo radial perteneciente a la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) transmitió un comunicado que exhortaba a la población a hacer caso omiso a las declaraciones de Mauricio Funes, director de noticias de TVDoce, donde incluso lo tildaban de tener intenciones \'diabólicas\'.

Ataques del gobierno

El día del segundo terremoto, 13 de febrero, el Presidente de la República, Francisco Flores, atacó a TVDoce expresando que: "Hemos visto como el Canal 12 desde el inicio del terremoto del 13 de Enero se dedicó a desprestigiar al país diciendo que no íbamos a utilizar bien la ayuda. A raíz de eso se sembró una duda sobre el país entero, y al sembrar una duda sobre el país entero, hubieron niños que no recibieron ayuda, personas que no recibieron atención médica por haber creado esto que detuvo la ayuda".

Ahogamiento publicitario

No solamente hubo ataques verbales del gobierno, sino también la suspensión de las pautas de publicidad oficial en TVDoce. En mayo El Faro monitoreó por una semana el noticiero Hechos de TVDoce, el segundo más visto en El Salvador, y constató que ningún anuncio del gobierno fue pautado en ese espacio.

Además del gobierno, importantes grupos empresariales también suspendieron sus pautas publicitarias en TVDoce. Según fuentes de el periódico digital "El Faro", las empresas Embotelladora Salvadoreña, Kellogg\'s y Colgate, entre otras, retiraron la publicidad del canal.

Ante la disyuntiva del cierre

A finales de abril se conoció el posible cierre de los espacios de opinión y noticiosos en TV Doce. El boicot publicitario del canal, cuyo socio mayoritario era TV Azteca (México), causó una perdida de casi tres millones de colones.

Jorge Zedán, presidente del canal, advirtió la responsabilidad de grupos empresariales, que han boicoteado al canal suspendiendo su publicidad, y del gobierno, que lo ha atacado verbalmente por su línea editorial y por dar espacio a personas que adversan la política oficial. Zedán declaró que:

"Desde los últimos meses del año 2000 hemos tenido un cambio radical. Como siempre sucede con un medio independiente, entra un poder oscuro de empresarios de ultraderecha que quieren retroceder el país 20 años. Eso es absurdo. Muchos de ellos quisieran ver a Canal 12 fuera del escenario...

Con los gobiernos de Cristiani y de Calderón Sol nunca hubo órdenes de suspender la publicidad. En este gobierno sí ha habido órdenes específicas, inclusive de no venir a las entrevistas de Canal 12."

Contra ataque de TVDoce

El director del programa noticiero de TVDoce, Mauricio Funes, criticó duramente las posiciones de El Diario de Hoy y de otros medios, acusándolos de favorecer la imagen del gobierno y de encubrir las anomalías en la asistencia humanitaria y otros problemas que afectaron al país durante el año. En uno de sus editoriales Funes expresó: "¿y que saben los periodistas travestis de lo que es un boicot publicitario si viven de los favores y de una especie de coqueteo esquizofrenico con los grupos de poder...?"

Otras agresiones

Entre otras agresiones registradas durante 2001 se encuentran:

MARZO

Caso Merino. Francisco Merino es ex-vicepresidente de la República (1989-1994), ex-presidente de la Corte de Cuentas (1998-1999) y actualmente diputado y jefe de fracción por el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN). Con el apoyo del PCN y el partido gobernante, logró en 2000 mantener su fuero constitucional y escapar acusaciones de homicidio imperfecto, lesiones graves y daños agravados.

El 6 de marzo 2001, Merino denunció ante la Fiscalía General de la República por el delito de calumnia a los periodistas Mauricio Bolaños, Gregorio Morán, José Zometa y Alfredo Hernández, de La Prensa Gráfica, y a Camila Calles, de diario El Mundo. Estos periodistas reportaron sobre las amenazas que Merino habría hecho en contra la jueza Ana Marina Guzmán, a través de una llamada telefónica. La jueza Guzmán ventilaba el proceso judicial en contra de los miembros del concejo municipal de San Luis Talpa por la compra-venta ilícita de terrenos, en la que está implicado Merino.

En abril 2001 el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador archivó la demanda y se negó a resolver la petición de la Fiscalía, de declarar el sobreseimiento definitivo de los periodistas, argumentando que el diputado Merino debió haber hecho la demanda a través de un abogado particular y no por la Fiscalía. De esa forma, el tribunal dejo abierta la posibilidad para que Merino presente nuevamente la demanda contra los periodistas.

ABRIL

El 23 de abril, José Gregorio Ascencio, magistrado suplente de la Cámara Segunda de Usulután, chocó su vehículo contra un microbús. En lugar de responder por el accidente se dio a la fuga, hasta que el motorista del microbús lo alcanzó y juntos protagonizaron un escándalo en la vía pública. Los agentes de seguridad del magistrado amenazaron con disparar contra el cobrador y el motorista del microbús. El chofer por su parte desenfundó un machete que le costó la detención. El magistrado también agredió a periodistas que llegaron a dar cobertura al hecho.

René Hurtado, jefe de comunicaciones en la Corte de Cuentas, de quien son reconocidos sus vínculos estrechos con dirigentes del PCN, atacó en su columna del diario Co-Latino del 26 de abril a los periodistas Alfredo Hernández y Gregorio Morán, de La Prensa Gráfica, a quienes acusó de reportar noticias falsas. Estos periodistas de La Prensa Gráfica han participado en las investigaciones periodísticas sobre las irregularidades en el BFA, FIGAPE y FEDEFUT y de las auditorias correspondientes, así como los conflictos de intereses entre los funcionarios de la Corte de Cuentas y los responsables en este caso, todos vinculados con el PCN.

MAYO

El 5 de mayo, la jueza Décimo Primero de Paz, Paula Patricia Velásquez, que ventiló el proceso contra los ex-directivos de la FEDEFUT, reprendió públicamente al periodista Jaime García de El Diario de Hoy, y lo acusó de irresponsable. García publicó una nota sobre la audiencia inicial en el caso de la FEDEFUT donde comparaba la actuación de los fiscales, abogados, acusados y la jueza, con una escena de teatro, donde en los recesos conversaban amistosamente pero al volver a la audiencia asumían cada uno su papel.

JUNIO

Se conoce que existían tensiones entre el periodista Elder Gómez y su medio, El Diario de Hoy. Gómez fue despido en junio después de la publicación de uno de sus reportajes involucrando al ex presidente Alfredo Cristiani en un escándalo de corrupción, el "caso del abono y el BFA".

En su reportaje del 16 de junio, "México y C.A. firman Plan Puebla-Panamá", sobre la reunión de los presidentes de Centroamérica y México, La Prensa Gráfica reportó que su fotoperiodista Mauricio Martínez fue agredido por la espalda por Eduardo Cañas, miembro de Protocolo de Casa Presidencial, "quien le gritaba que se fuera. Cañas dañó parte del equipo digital y le invitó a salir a la calle para \'arreglarse\', sin previa provocación por parte del fotoperiodista".

JULIO

El 31 de julio, el "día de periodista" en El Salvador, el Editor del periódico Más, Alvaro Cruz Rojas, denunció a la Asociación de Periodistas (APES) durante el programa " Frente a Frente", de la Telecorporación Salvadoreña, diciendo: "Si uno ve los comunicados de la Asociación de Periodistas de El Salvador ... están siempre cargados hacia la izquierda, siempre van en esa línea... como que si el objetivo de la APES fuera una permanente pugna con los dueños de medios de comunicación, dándole un sentido más sindical, que un digamos, Colegio de Periodistas, porque aquí no existe, pero debería existir."

SEPTIEMBRE

La Prensa Gráfica reportó el 14 de septiembre, en su artículo "Ordenan instrucción contra juez" que en ocasión de la audiencia en contra del juez de paz de Aguilares, Edgar Amílcar Sánchez Turcios (uno de los abogados implicados en el caso de los títulos fraudulentos), tres sujetos - presuntos familiares del juez - atacaron a un camarógrafo de Cuatro Visión y a un fotoperiodista de La Prensa Gráfica cuando captaban imágenes del imputado.

NOVIEMBRE

Durante la celebración del carnaval de dicha ciudad, dos mujeres periodistas de El Diario de Hoy llegaron a dar cobertura a un incidente entre la policía y jóvenes que estaban causando escándalos. Al percatarse de la presencia de la prensa, además de agredirlas verbalmente, uno de los agente policiales golpeó con su bastón en la boca a una de las periodistas y otro trató de quitarle el equipo fotográfico a la otra periodista, provocando el velo de varios rollos. Luego las periodistas fueron perseguidas por cerca de diez agentes de la UMO hasta la sede del medio de comunicación para el que ellas trabajan.

DICIEMBRE

La periodista Claudia Zavala, de El Diario de Hoy, realizó un investigación y reportajes sobre negligencia, mal manejo de fondos y otras irregularidades en el Parque Zoológico Nacional. El 18 de diciembre, cuando acompañaba a otra periodista del mismo medio, la oficina de comunicaciones de CONCULTURA le negó participar en una entrevista con las autoridades responsables del parque y la acusó de realizar la investigación "con dolo".

Salvadoreño ataca periodistas guatemaltecos

En Guatemala ha causado mucha conmoción el caso del salvadoreño José Armando Llort, quien fungía como presidente del banco gubernamental Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Llort está acusado de malos manejos administrativos en el referido banco y de haber autorizado sobregiros por 47.7 millones de quetzales. Además Llort está implicado en amenazas a muerte contra el presidente y periodistas de elPeriódico, el medio de comunicación guatemalteco que destapó el escándalo de corrupción en el CHN.

El 27 de marzo la periodista Sylvia Gereda fue agredida por un hombre que la agarró del cuello y le dijo que los mataría a ella y a sus colegas Luis Escobar y Enrique Castañeda si escribían más artículos sobre el banco. También, el 30 de marzo el periodista Walter Martín Juárez Ruiz fue amenazado por sujetos encapuchados que apuntándole a la cabeza con un arma le dijeron que los iban a matar a él y al presidente del periódico, José Rubén Zamora, así como a otros tres periodistas, por los artículos que habían escrito sobre las irregularidades en el Banco de Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Iniciativas legislativas para socavar el papel fiscalizador de los medios

El diputado Hernán Contreras (PCN), recomendó en enero 2001 que sea revisada la Ley de Imprenta que exonera a los periódicos de pagar impuestos por la importación de papel. El diputado Jorge Villacorta (CDU) estuvo de acuerdo y expresó: "...(los periódicos) son \'business\' como cualquier otro \'business\' y por tanto tienen que pagar..." En respuesta, El Diario de Hoy señaló en un editorial que:

"Los periódicos son, efectivamente, negocios como otros, pero a diferencia de fabricar camisas o vender repuestos, participan además de una dimensión superior, que les concede su propia y única calidad y razón de ser... El hecho de transmitir información esencial a un conglomerado, convierte a los periódicos en un elemento vital de la vida económica, política, cultural e intelectual de las sociedades.... La Ley de Imprenta, tan antigua como la existencia del automóvil en el mundo, fue decretada para salvaguardar a los periódicos, y por extensión al sistema democrático, de las amenazas, coacciones, venganzas y atropellos de parte de gobiernos y de politicastros como el grupo de Villacorta."

El Partido de Conciliación Nacional (PCN) encabeza la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa y ha ocupado esta posición para promover un anteproyecto de "Ley Reguladora de los Contenidos de los Mensajes". En octubre 2001 dicha Comisión realizó un foro donde se discutió la posibilidad aprobar esa ley para regular el contenido de los medios de comunicación, de cara a controlar los programas de violencia y fomentar los valores morales. Los asistentes al foro, que eran profesores universitarios y representes de APES, se pronunciaron en favor de una autoregulación o bien de un mecanismo de control con participación del gobierno, los medios y organizaciones de la sociedad civil.

Piden derogar artículo del Código Penal

En su Asamblea General, realizada en octubre 2001, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recomendó la derogación del art. 324 del Código Penal, por considerarlo violatorio a la libertad de prensa. Dicha disposición tipifica como delito y castiga con prisión de seis meses a tres años a los funcionarios y empleados públicos que revelen o divulguen "hechos, actuaciones o documentos que debieran permanecer secretos". El jefe de la fracción legislativa de ARENA, René Figueroa, anunció que su fracción estudiará la petición hecha por la SIP. También el Fiscal General, Belisario Artiga, se pronunció en favor de revisar el mencionado artículo "porque ningún funcionario debe ampararse (a él) para no dar información", dijo. Asimismo, Probidad y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dirigieron cartas a la Asamblea Legislativa respaldando la petición de la SIP.

Las omisiones y conflictos de la prensa salvadoreña

El 3 de mayo se celebró el Día Mundial para la Libertad de Prensa. En el país, los dos matutinos impresos más importantes - La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy - no dedicaron ningún espacio al tema del estado de los medios de comunicación en El Salvador. Esto contrastó con los otros países de la región que publicaron editoriales, artículos y hasta suplementos especiales para abordar este importante tema anticorrupción.

En mayo 2001, un artículo del New York Times titulado "Los medios monocromáticos de América Latina" señaló que "en El Salvador, un propietario controla los canales que tienen el 90 por ciento del mercado televisivo, y los únicos periódicos con circulación hablan en pos de la diminuta clase alta de ese país". Este tema también fue abordado en un ensayo de octubre 2001, "Periodismo de investigación en El Salvador, por las presiones y los temores", escrito por Mario Alfredo Cantarero, investigador y profesor de la Universidad "Dr. José Matías Delgado":

"... en nuestro país todavía privan las estructuras de poder de manera directa, en el tejido del sistema de "compadrazgos", sobre el compromiso de servir a la población con noticias rigurosas.

Por ejemplo, uno de los que participó en la investigación sobre los escándalos de FINSEPRO e INSEPRO y FOMI-EXPOR, narra que, después de haber realizado una indagación exhaustiva, con toda la documentación pertinente y muchas de las fuentes involucradas, se descubrió que hubo muertes de personas que investigaban esos hechos; por supuesto, asesinatos pintados como homicidios. A pesar del esfuerzo realizado y de su importancia para la sociedad, los artículos jamás fueron publicados, por obra y gracia de la influencia política de los sujetos involucrados.

Por este tipo de situaciones: a) no todos los medios de comunicación nacionales retoman el periodismo de investigación como parte de su política informativa, b) cuando lo concretan, lo hacen en algunos casos por conveniencia política, y c) cuando les conviene toman posiciones periodísticas bastante excluyentes y reduccionistas, como se ha evidenciado con el tema de los casinos, de los secuestros, el de la "ley seca" o el del Procurador de Derechos Humanos".

Además, sobre las limitaciones del periodismo salvadoreño, el Centro de Estudios Jurídicos reconoció en julio que: "Es obvio que al frente de los medios existen personas que definen la agenda noticiosa y editorial. Es decir, que el contenido de la información, las opiniones y el propósito de sus alcances depende de las personas que controlan dichos medios".

Otros temas relacionados

Casinos

Desde 1996, cuando fueron autorizados por primera vez, han habido muchas protestas en contra de los casinos. Se les señala por centros propicios para el lavado de dinero, el comercio de drogas, el financiamiento sucio a partidos políticos y la corrupción de funcionarios. En junio 2000, El Diario de Hoy en uno de sus editoriales escribió que "se sabe, además, que los casinos, en conjunto, formaron un fondo con el propósito de influir en política, respaldando candidaturas".

Desde 1999 el director y el gerente de información de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano y Lafitte Fernández respectivamente, enfrentaron un proceso judicial bajo cargos de difamación. La demanda fue interpuesta por el coronel hondureño Leonidas Torres Arias, propietario de dos casinos en El Salvador, después de que ese matutino reportará sobre supuestos vínculos de Torres Arias con el narcotráfico internacional, basándose en informes del Senado estadounidense. Altamirno y Lafitte fueron exonerados de responsabilidad este año.

En febrero 2001 se conoció que los casinos Colonial y Febos, ambos de San Miguel, adeudaban a la municipalidad de esa localidad más dos millones y medio de colones. Según reportó El Diario de Hoy, esos casinos tenían un acuerdo firmado con el anterior concejo municipal, de ARENA, "con el que se autorizaba a los propietarios de dichos negocios a funcionar libres de impuestos por tiempo indefinido". El acuerdo fue revocado por las actuales autoridades municipales las que amenazaron con cerrar esos casinos en caso de que no cancelarán su deuda.

En junio, en la Asamblea Legislativa fue emitido un dictamen para aprobar una ley que regularía los casinos, a través de la cual sería el Ministerio de Gobernación el que se encargaría de otorgar los permisos para el funcionamiento de estos negocios. El dictamen fue preparado por Francisco Merino (PCN), uno de los diputados más cuestionados en la presente legislatura, a espaldas -según denunciaron algunos diputados- de los miembros de la comisión que estudia este proyecto de ley. Por su parte, ese mismo mes, El Diario de Hoy denunció algunas modificaciones que la fracción del PDC intentaba introducir en la referida ley en beneficio de los propietarios de casinos, como el omitir el requisito de buena reputación y la legalización automática de los casinos que operan actualmente. Las anomalías en relación a este nueva ley, protagonizadas por Francisco Merino y el PDC, despertaron sospechas sobre la influencia, como el pago de sobornos, que podrían haber ejercido los propietarios de los casinos para lograr una ley que favoreciera sus intereses. El proyecto de ley aún sigue en estudio.

A fines de octubre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la decisión tomada por la Alcaldía de San Salvador en agosto 2000, cuando ordenó el cierre de los casinos Bingo de París, Izalco\'s Video y Tropicana. La resolución de la CSJ fue con base en un recurso interpuesto por los representantes de dichos casinos, donde solicitaban declarar improcedente la decisión de la Alcaldía.

En diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC), basándose en la resolución de la CSJ, procedió al cierre de los casinos Tropicana y Bingo de País. En el Tropicana, uno de los clientes que se mantenía en el lugar al momento del operativo policial de cierre fue encontrado en posesión de drogas. Edward McMurphy, presidente de Crown Group, la corporación propietaria de del casino Colonial, advirtió que han iniciado gestiones ante el Congreso de los Estados Unidos para proteger sus inversiones en el país.

Actualmente en la Asamblea Legislativa se estudia un propuesta de ley para regular el funcionamiento de los casinos. Según reportó La Prensa Gráfica el 24 de diciembre, en dicha propuesta se contempla que el Ministerio de Gobernación será el encargado de extender las licencias para estos negocios, debiendo para tal efecto investigar y controlar a sus propietarios. Por su parte, las Alcaldías serán las que otorgarán los permisos de operación en sus localidades. Por el momento las fracciones legislativas mayoritarias, ARENA y FMLN, han declarado que no darán sus votos para aprobar tal ley ya que ellos quieren una que en lugar de regular los casinos, los prohiba.

Historias no contadas en el país: Las maquilas

Hay temas a los que los medios de comunicación locales no prestan atención, tal es el caso de las inhumanas condiciones laborales que sufren miles de obreras en las maquilas de ropa, bajo la complicidad y encubrimiento de las autoridades gubernamentales.

En mayo, los prestigiosos diarios New York Times y El Miami Herald publicaron reportajes en los que retoman las denuncias de un grupo de legisladores y dirigentes obreros norteamericanos sobre las maquilas en El Salvador. Las denuncias, que incluyen la exigencia de pruebas de embarazo, jornadas de 11 horas de trabajo, salarios excesivamente bajos y temperaturas entre 32 y 37 grados que deben soportar las obreras en las instalaciones maquileras, entre otras, las hicieron en base a un informe del gobierno salvadoreño, realizado con el financiamiento de AID. Dicho informe nunca fue hecho público en el país y, según los denunciantes, fue retirado por el gobierno un día después de su presentación.


Probidad - El Salvador, C.A. (archivo histórico)
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