Recursos | Títulos falsos


MAS ALLA DE LOS TITULOS IRREGULARES: EL SISTEMA DE JUSTICIA DEL PAÍS MANTIENE RETOS INCONCLUSOS Y URGENTES

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), preocupada por la circunstancia motivada por el informe de la Fiscalía General de la República sobre los denominados “títulos irregulares de abogados” considera necesario contextualizar la problemática y proponer acciones que, enmarcadas en el ordenamiento constitucional del país, aseguren un fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de Derecho.

La sociedad salvadoreña no debe olvidar que la polarización social y política que se vivió en las últimas tres décadas en El Salvador repercutió negativamente en la educación superior. Dentro de las políticas impulsadas en la década de los ochenta, en el contexto de la guerra que se vivió, el Estado salvadoreño se encargó de legalizar y luego tolerar y complacer a las universidades privadas que operaban sin verificación alguna de sus estándares académicos y de su funcionamiento administrativo.

En los últimos años, el Estado ha comenzado a interesarse por la calidad de la educación superior, estableciendo la obligación de registrar los títulos universitarios, y ejerciendo potestades de investigación y sanción a las universidades que no satisfacen el estándar mínimo exigido por la ley para garantizar un adecuado nivel académico.

El reciente informe de la Fiscalía General de la República sobre irregularidades en los títulos universitarios de algunos abogados del país, ha actualizado, por un lado, la problemática de la educación superior, y por el otro, el ineludible saneamiento del Órgano Judicial, que es un capítulo inconcluso del proceso de Paz.

Ante esta situación, las instancias concernidas deben asumir de manera responsable y ponderada sus respectivas funciones:

El sistema de justicia debe enfrentar este momento de manera tal que salga fortalecido, que sirva para dar impulso a su propia depuración, pero el reto va más allá de la revisión de los atestados académicos de los operadores judiciales. La depuración debe asumirse profunda y permanentemente: debe atacarse frontalmente la corrupción; garantizarse efectivamente el acceso a la justicia a todas las personas; hacer vigente el principio constitucional de pronta y cumplida justicia, y asegurar frente a cualquier circunstancia la independencia judicial.

San Salvador, 4 de septiembre de 2001


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