Recursos | Títulos falsos


El caso del año: los títulos falsos

Antecedentes

Durante el año 2000 fueron múltiples las denuncias de que muchos abogados, incluyen a jueces y fiscales, habían obtenido sus títulos de manera irregular. En diciembre 2000, la Fiscalía y el Ministerio de Educación (MINED) comenzaron a investigar a 89 fiscales por esa causa. Luego el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) envió 200 títulos de jueces al MINED para que determinará su validez. En el mismo mes, el MINED anunció que había revisado 322 títulos de abogados y entre ellos más de 75 títulos no eran registrables porque a sus portadores les faltaban materias para poder graduarse o debido a otras anomalías.

En esa forma se inició el debate público sobre la legalidad de los títulos de los profesionales del derecho y la presión para que se hiciera una investigación integral del caso.

La Corte actúa pero se arrepiente

En base a un informe del CNJ, donde señalaba a 57 jueces que presuntamente habían obtenido su título en forma irregular, en noviembre 2000 la CSJ resolvió suspender solamente a cuatro jueces de paz y uno de primera instancia, pero luego decidió a finales de febrero volverlos a reinstalar tras restar méritos a los señalamientos del CNJ.

Según los magistrados de la CSJ la única irregularidad que observaron fue que los títulos no estaban registrados ante el Ministerio de Educación, pero por ser anteriores a 1996 no necesitan cumplir con ese requisito establecido en la Ley de Educación Superior, vigente desde ese año; un argumento que fue rebatido duramente por el CNJ.

La investigación del Fiscal Especial

Ante la resistencia de la CSJ para investigar los títulos fraudulentos, en marzo el Fiscal General de la República, Belisario Artiga, en un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, decidió nombrar a un Fiscal Especial, figura que no se utilizaba desde hace 50 años, para investigar el caso.

En el cargo designó a Roberto Vidales, miembro del Centro de Estudios Jurídicos, una de las organizaciones de la sociedad civil que más certera y duramente ha criticado la corrupción en el sistema judicial.

Vidales identificó 2 mil 800 títulos sospechosos de los cuales, en tres meses de trabajo, investigó 819. Como resultado estableció que 169 abogados tenían títulos falsos u obtenidos irregularmente, entre los que se encontraban 14 jueces de primera instancia, 56 jueces de paz, 7 jueces suplentes y 12 fiscales.

Además de la acciones correspondientes que lleva la Fiscalía contra los 164 abogados, también la CSJ abrió expedientes administrativos en su Departamento de Investigación Profesional, y en los casos de jueces, también en el Departamento de Investigación Judicial.

Las universidades cuestionadas

Los abogados señalados en el Informe Vidales, obtuvieron sus títulos en las siguientes universidades:

A inicios de mayo, fueron allanadas casas y locales de los ex-rectores de la ULAES, Rodrigo Contreras Teos (quien actualmente es concejal de la Alcaldía de San Salvador), y de la USAL, Tomas Hernández. La Fiscalía declaró que sospechaba que los ex-rectores habían estado vendiendo certificaciones de notas después de que las universidades fueron cerradas.

Aunque el MINED anunció en diciembre que había ordenado el cierre de la Universidad "Dr. Manuel Luis Escamilla" a partir de enero próximo, por emitir títulos en forma fraudulenta, violaciones a la Ley de Educación Superior e infraestructura deficiente, la Fiscalía aún no ha emprendido ninguna acción legal contra autoridades de esta universidad, ni de las ya cerradas "Las Américas" y "Salvadoreña", ni de las otras que se emitieron títulos fraudulentos.

Los casos judicializados

De los 169 títulos irregulares detectados por Vidales, la Fiscalía ha presentando ante los tribunales únicamente los siguientes 13 casos:

La cuestionable intervención de la Asamblea Legislativa

En la Asamblea Legislativa se conoció la propuesta, que pretendía aprobarse a finales de diciembre, de un decreto para legalizar los procesos de equivalencia y de graduación realizados en las universidades con anterioridad a la vigencia de la Ley de Educación Superior (1996). Con ello, todos los títulos que han sido cuestionados quedarían por decreto legalizados. Cabe mencionar que la Comisión de Educación, impulsora del señalado decreto, está presidida por Hernán Contreras, rector de la UNSSA, una de las universidades cuestionadas.

Un decreto de esta naturaleza había sido solicitado por la Asociación de Mujeres Abogados de El Salvador. Es esa oportunidad, magistrados de la CSJ y el FGR refutaron la solicitud de la gremial de abogados y se pronunciaron en favor de continuar las investigaciones y si corresponde, sancionar a los implicados.

En está ocasión, diversos sectores rechazaron de inmediato la iniciativa legislativa y 26 asociaciones profesionales pidieron al Presidente de la República, en caso de que la Asamblea aprobare dicho decreto, ejercer su facultad de veto. Esas organizaciones también se pronunciaron para que se continúen investigando a las universidades privadas, advirtiendo que los mecanismos para obtener títulos en forma fraudulenta pueden estar aún operando.

El 26 de diciembre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, manifestó su rechazó a la iniciativa de legalizar títulos irregulares. Las discusiones sobre el decreto continuarán el próximo 21 de enero, cuando la Comisión de Cultura y Educación escuche la opinión del Fiscal General al respecto.

Las investigaciones pendientes

Después de que el Informe de Vidales fuera hecho público, la Fiscalía propuso a la CSJ y al CNJ conformar una comisión insterinstitucional para continuar con las investigaciones de los otros títulos sospechosos. Sin embargo la CSJ se negó a participar, abortando así la iniciativa de la Fiscalía.

En octubre, la CSJ, obligada por la fuertes críticas que se le hacían, designó en octubre a una Comisión Investigadora de Títulos Irregulares. Dicha Comisión quedó conformada por Carlos Molina Fonseca, ex-procurador de Derechos Humanos (1992-1995); Orlando Baños Pacheco, ex-magistrado de la CSJ; Eduardo Urquilla, ex-procurador adjunto de Derechos Humanos; María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); y los abogados José Rodríguez y Ernesto Criollo. Está Comisión aún no ha hecho público ningún informe de sus investigaciones.

Además, muchos se han pronunciado porque las investigación no se limiten únicamente a profesionales de derecho, sino a otras carreras que se sospecha han sido escenarios de la emisión de títulos en forma fraudulenta.


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